Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Jorge Hank Rhon se libró de una larga permanencia en la cárcel gracias a los errores jurídicos de un comando militar que irrumpió ilegalmente en su casa antes de acusarlo de violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Su salida no fue discreta ni humilde. Celebró en el palco durante el juego del seleccionado juvenil de México y el Independiente de Medellín, y fanfarronamente declaró que si su partido el PRI lo reclamaba, contendería por la gubernatura de Baja California.
Era Hank en uno de sus momentos de gloria. Se sentía un triunfador. Soberbio. Sobrado. Prepotente. ¿Pero no así ha sido siempre el más joven de la dinastía política-empresarial Hank? El priísta con la peor fama pública de todos los priístas de la actualidad y con el menor recato para esconder la larga cola hedienta que arrastra hace años.
El presidente Felipe Calderón admitió hace unos días que el episodio de su arresto no terminó como lo hubiera deseado, pero el fondo de todo, subrayó, es que sí estaba en posesión ilegal de armas.
Las autoridades mexicanas y las de Baja California investigan presuntos delitos que se cometieron con armas que estaban en su propiedad. Asimismo, la PGR pidió información al Gobierno de Estados Unidos sobre el empresario del juego y de transportes sobre el cual, junto con su familia, han hurgado desde hace más de dos décadas por sospechas de estar relacionados con el crimen organizado.
Sobre Hank y su familia se han abierto dos decenas de investigaciones federales en Estados Unidos que no han concluido por insuficiencia de evidencias. La más famosa es “Operación Tigre Blanco”, iniciada en 1997 por el Departamento de Justicia, con apoyo del Departamento del Tesoro –su unidad de crímenes financieros y Aduanas, que hoy se encuentra bajo otra dirección-, cuyo nombre está inspirado en un cachorro de tigre blanco siberiano, especie en extensión, que le fue decomisado a Hank y varios asociados en una acción contra el tráfico de animales exóticos.
“Operación Tigre Blanco” llevó a Carlos Hank Rhon, presidente del Grupo Hermes, y a su socio Gary Jacobs, presidente del Laredo National Bank, a demandar al entonces profesor de la Escuela de Guerra, Donald Shulz, por 88 millones de dólares por “invasión de propiedad”, al haber filtrado a The Washington Post, el Dallas Morning News y El Financiero, el sumario de la operación que buscaba vincular a la familia Hank –Jorge, Carlos y al patriarca, Carlos Hank González- con el crimen organizado.
La demanda se extendió a los medios, y una corte en Estados Unidos protegió la libertad de prensa y falló en contra de los demandantes. En el caso de Shulz, el profesor llegó a un acuerdo fuera de tribunales y la demanda se redujo a 8 millones de dólares. El académico no tenía opción. La entonces procuradora Janet Reno, declaró que el informe que apareció en la versión de su sumario en la prensa, no había sido autorizado. Es decir, que la información no había sido corroborada, por lo que no se tenían pruebas en contra de la familia Hank.
Sin embargo, “Operación Tigre Blanco” no se cerró. En el momento de la demanda el expediente sumaba alrededor de 800 páginas, y se desconoce cuántas sean ahora. Pero no era el banco, en ese entonces propiedad del mexicano y litis de la demanda contra Shulz, lo único sobre la familia Hank, sobre la cual han buscado desde hace años las pruebas de corrupción política, soborno, evasión fiscal, lavado de dinero y actividades ilegales relacionadas con el crimen organizado.
La información que se ha vertido en lo que se conoce de esas investigaciones, omite conclusiones que sobre casos que involucran a la familia Hank, han emitido en su descargo, como en la investigación de la procuraduría suiza sobre lavado de dinero en contra de Salinas de Gortari, donde se involucraba a Carlos Hank Rhon, que nunca prosperó. Pero todo esto no significa nada, salvo que hay una tenaz, sistemática y permanente vigilancia sobre los negocios de la familia, en particular sobre Jorge, y una vieja cruzada para encarcelarlo.
Las autoridades federales en Estados Unidos lo han investigado desde 1989 a través de la llamada “Operación Línea Verde”, que involucraba a narcotraficantes colombianos. Esa investigación no derivó en acusaciones con el empresario y político de Tijuana, pero comenzó una larga lista de acciones en su contra. Son 30 las investigaciones pendientes sobre él en Estados Unidos, de las cuales 18 están enfocadas con personas relacionadas a él –no familiares-, y 12 a empresas que se vinculan con él. Son muchos casos abiertos, y es muy voluminoso el expediente.
El ríe y se comporta como bufón. ¿Pensará que su última aventura donde fue liberado de tres cárceles en menos de ocho horas es el blindaje perfecto? Jorge Hank ha campeado todo tipo de temporal en 20 años y navegado a puerto seguro. Pero en su caso, no hay futuro cierto. Los reflectores sobre él, con brazos judiciales por debajo, es algo no puede soslayar, aunque por fuera carcajee.
Jorge Hank Rhon se libró de una larga permanencia en la cárcel gracias a los errores jurídicos de un comando militar que irrumpió ilegalmente en su casa antes de acusarlo de violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Su salida no fue discreta ni humilde. Celebró en el palco durante el juego del seleccionado juvenil de México y el Independiente de Medellín, y fanfarronamente declaró que si su partido el PRI lo reclamaba, contendería por la gubernatura de Baja California.
Era Hank en uno de sus momentos de gloria. Se sentía un triunfador. Soberbio. Sobrado. Prepotente. ¿Pero no así ha sido siempre el más joven de la dinastía política-empresarial Hank? El priísta con la peor fama pública de todos los priístas de la actualidad y con el menor recato para esconder la larga cola hedienta que arrastra hace años.
El presidente Felipe Calderón admitió hace unos días que el episodio de su arresto no terminó como lo hubiera deseado, pero el fondo de todo, subrayó, es que sí estaba en posesión ilegal de armas.
Las autoridades mexicanas y las de Baja California investigan presuntos delitos que se cometieron con armas que estaban en su propiedad. Asimismo, la PGR pidió información al Gobierno de Estados Unidos sobre el empresario del juego y de transportes sobre el cual, junto con su familia, han hurgado desde hace más de dos décadas por sospechas de estar relacionados con el crimen organizado.
Sobre Hank y su familia se han abierto dos decenas de investigaciones federales en Estados Unidos que no han concluido por insuficiencia de evidencias. La más famosa es “Operación Tigre Blanco”, iniciada en 1997 por el Departamento de Justicia, con apoyo del Departamento del Tesoro –su unidad de crímenes financieros y Aduanas, que hoy se encuentra bajo otra dirección-, cuyo nombre está inspirado en un cachorro de tigre blanco siberiano, especie en extensión, que le fue decomisado a Hank y varios asociados en una acción contra el tráfico de animales exóticos.
“Operación Tigre Blanco” llevó a Carlos Hank Rhon, presidente del Grupo Hermes, y a su socio Gary Jacobs, presidente del Laredo National Bank, a demandar al entonces profesor de la Escuela de Guerra, Donald Shulz, por 88 millones de dólares por “invasión de propiedad”, al haber filtrado a The Washington Post, el Dallas Morning News y El Financiero, el sumario de la operación que buscaba vincular a la familia Hank –Jorge, Carlos y al patriarca, Carlos Hank González- con el crimen organizado.
La demanda se extendió a los medios, y una corte en Estados Unidos protegió la libertad de prensa y falló en contra de los demandantes. En el caso de Shulz, el profesor llegó a un acuerdo fuera de tribunales y la demanda se redujo a 8 millones de dólares. El académico no tenía opción. La entonces procuradora Janet Reno, declaró que el informe que apareció en la versión de su sumario en la prensa, no había sido autorizado. Es decir, que la información no había sido corroborada, por lo que no se tenían pruebas en contra de la familia Hank.
Sin embargo, “Operación Tigre Blanco” no se cerró. En el momento de la demanda el expediente sumaba alrededor de 800 páginas, y se desconoce cuántas sean ahora. Pero no era el banco, en ese entonces propiedad del mexicano y litis de la demanda contra Shulz, lo único sobre la familia Hank, sobre la cual han buscado desde hace años las pruebas de corrupción política, soborno, evasión fiscal, lavado de dinero y actividades ilegales relacionadas con el crimen organizado.
La información que se ha vertido en lo que se conoce de esas investigaciones, omite conclusiones que sobre casos que involucran a la familia Hank, han emitido en su descargo, como en la investigación de la procuraduría suiza sobre lavado de dinero en contra de Salinas de Gortari, donde se involucraba a Carlos Hank Rhon, que nunca prosperó. Pero todo esto no significa nada, salvo que hay una tenaz, sistemática y permanente vigilancia sobre los negocios de la familia, en particular sobre Jorge, y una vieja cruzada para encarcelarlo.
Las autoridades federales en Estados Unidos lo han investigado desde 1989 a través de la llamada “Operación Línea Verde”, que involucraba a narcotraficantes colombianos. Esa investigación no derivó en acusaciones con el empresario y político de Tijuana, pero comenzó una larga lista de acciones en su contra. Son 30 las investigaciones pendientes sobre él en Estados Unidos, de las cuales 18 están enfocadas con personas relacionadas a él –no familiares-, y 12 a empresas que se vinculan con él. Son muchos casos abiertos, y es muy voluminoso el expediente.
El ríe y se comporta como bufón. ¿Pensará que su última aventura donde fue liberado de tres cárceles en menos de ocho horas es el blindaje perfecto? Jorge Hank ha campeado todo tipo de temporal en 20 años y navegado a puerto seguro. Pero en su caso, no hay futuro cierto. Los reflectores sobre él, con brazos judiciales por debajo, es algo no puede soslayar, aunque por fuera carcajee.
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