José Carreño Carlón
Una verdadera vuelta al pasado -más que un eventual triunfo priista- es la insistencia presidencial en interrumpir la alternancia a toda costa. Pero lo más grave es que ello podría conducir a poner en juego el curso mismo de las elecciones. Y eso podría ocurrir si en el IFE se insiste, a marchas forzadas, en adecuar las normas del proceso electoral de 2012 al desenlace deseado en Los Pinos.
Esta operación forma parte de otras más inscritas en este mismo juego peligroso. En primer lugar está la retórica de deslegitimación del contrario, que lo presenta como un peligro para la vida y las libertades. A partir de allí se justifican las demás operaciones, todas en las fronteras de la legalidad: el uso de recursos públicos con fines partidistas, patentado en la época del partido dominante, pero vigente en los gobiernos de la alternancia, o el uso de la justicia para descarrilar proyectos electorales, célebre en la era panista de Fox con el desafuero contra AMLO, frecuentado por Calderón en elecciones estatales, y en vías de ser detonado nuevamente en la actual lucha por el poder presidencial.
VIEJOS CONTROLES
Pero lo que puede hacer crisis hoy -con todo lo demás- es el regreso al control del órgano electoral, como ocurría hasta antes de las reformas de los noventa que ciudadanizaron al IFE. Aquellas reformas fueron a su vez desnaturalizadas con las reformas de 2007, que entregaron el órgano regulador a los regulados, a los partidos. Y todavía esa situación se agravó con la decisión del Presidente y sus aliados en la Cámara de Diputados de no mantener al menos el equilibrio a la hora de sustituir a dos consejeros propuestos por el PRI y a uno propuesto por el PAN. Y esto mantiene en el actual, incompleto consejo del IFE, una correlación favorable al proyecto presidencial de evitar el regreso del PRI a la Presidencia.
Con esa correlación, este consejo se dispone, de aquí al lunes, acordar una serie de reglas que pueden afectar libertades informativas de los medios y libertades de expresión de los particulares, con sus proyectos insuficientemente discutidos en materia de réplica, de quejas y denuncias y de radio y televisión, que podrían generar obligaciones técnicamente incumplibles para las empresas informativas. Y todo, en buena medida, para darle al PAN y a sus aliados las posiciones que no obtuvieron en los medios, conforme a las actuales normas, en la más reciente elección federal.
Pero con estas operaciones para descarrilar al PRI, el riesgo está en que se provoque el descarrilamiento del proceso electoral, un recurso ciertamente extremo -que ya se sondeó en Michoacán con el argumento de la violencia- para negociar posiciones sin competencia electoral, otra forma de frenar la vuelta del PRI en las urnas.
LA DESLEGITIMACIÓN COMO MENSAJE En este punto, la operación del discurso de Stanford es el eje que mueve y justifica las demás operaciones. Calderón desenterró allá la retórica de situaciones límite o de gobiernos y partidos autoritarios, con frecuencia producto de movimientos revolucionarios o fundamentalistas. Una retórica basada en la deslegitimación histórica del contrario, cuyo triunfo se anticipa como la derrota inaceptable de la causa legítima y por ello hay que abortarlo a cualquier costo.
El mensaje de Calderón que equipara al PRI con los momentos más opresivos de los gobiernos posrevolucionarios -para negarle legitimidad a su lucha por el poder- equivale al viejo discurso priista de deslegitimación del PAN para justificar el bloqueo a sus intentos de acceso al poder. Hijos de Maximiliano vs Hijos de Díaz Ordaz. Pero si esta retórica ya era deleznable en la última década del partido dominante, y ya era lamentable en la sucesión de 2006 (Espurio vs Peligro para México), hoy resulta aberrante en voz del Presidente de la República, a la cabeza de un sistema democrático con el cual arribó al poder, pero a cuyo desconocimiento apuntaría ahora la exhumación de aquella retórica y sus efectos.
Una verdadera vuelta al pasado -más que un eventual triunfo priista- es la insistencia presidencial en interrumpir la alternancia a toda costa. Pero lo más grave es que ello podría conducir a poner en juego el curso mismo de las elecciones. Y eso podría ocurrir si en el IFE se insiste, a marchas forzadas, en adecuar las normas del proceso electoral de 2012 al desenlace deseado en Los Pinos.
Esta operación forma parte de otras más inscritas en este mismo juego peligroso. En primer lugar está la retórica de deslegitimación del contrario, que lo presenta como un peligro para la vida y las libertades. A partir de allí se justifican las demás operaciones, todas en las fronteras de la legalidad: el uso de recursos públicos con fines partidistas, patentado en la época del partido dominante, pero vigente en los gobiernos de la alternancia, o el uso de la justicia para descarrilar proyectos electorales, célebre en la era panista de Fox con el desafuero contra AMLO, frecuentado por Calderón en elecciones estatales, y en vías de ser detonado nuevamente en la actual lucha por el poder presidencial.
VIEJOS CONTROLES
Pero lo que puede hacer crisis hoy -con todo lo demás- es el regreso al control del órgano electoral, como ocurría hasta antes de las reformas de los noventa que ciudadanizaron al IFE. Aquellas reformas fueron a su vez desnaturalizadas con las reformas de 2007, que entregaron el órgano regulador a los regulados, a los partidos. Y todavía esa situación se agravó con la decisión del Presidente y sus aliados en la Cámara de Diputados de no mantener al menos el equilibrio a la hora de sustituir a dos consejeros propuestos por el PRI y a uno propuesto por el PAN. Y esto mantiene en el actual, incompleto consejo del IFE, una correlación favorable al proyecto presidencial de evitar el regreso del PRI a la Presidencia.
Con esa correlación, este consejo se dispone, de aquí al lunes, acordar una serie de reglas que pueden afectar libertades informativas de los medios y libertades de expresión de los particulares, con sus proyectos insuficientemente discutidos en materia de réplica, de quejas y denuncias y de radio y televisión, que podrían generar obligaciones técnicamente incumplibles para las empresas informativas. Y todo, en buena medida, para darle al PAN y a sus aliados las posiciones que no obtuvieron en los medios, conforme a las actuales normas, en la más reciente elección federal.
Pero con estas operaciones para descarrilar al PRI, el riesgo está en que se provoque el descarrilamiento del proceso electoral, un recurso ciertamente extremo -que ya se sondeó en Michoacán con el argumento de la violencia- para negociar posiciones sin competencia electoral, otra forma de frenar la vuelta del PRI en las urnas.
LA DESLEGITIMACIÓN COMO MENSAJE En este punto, la operación del discurso de Stanford es el eje que mueve y justifica las demás operaciones. Calderón desenterró allá la retórica de situaciones límite o de gobiernos y partidos autoritarios, con frecuencia producto de movimientos revolucionarios o fundamentalistas. Una retórica basada en la deslegitimación histórica del contrario, cuyo triunfo se anticipa como la derrota inaceptable de la causa legítima y por ello hay que abortarlo a cualquier costo.
El mensaje de Calderón que equipara al PRI con los momentos más opresivos de los gobiernos posrevolucionarios -para negarle legitimidad a su lucha por el poder- equivale al viejo discurso priista de deslegitimación del PAN para justificar el bloqueo a sus intentos de acceso al poder. Hijos de Maximiliano vs Hijos de Díaz Ordaz. Pero si esta retórica ya era deleznable en la última década del partido dominante, y ya era lamentable en la sucesión de 2006 (Espurio vs Peligro para México), hoy resulta aberrante en voz del Presidente de la República, a la cabeza de un sistema democrático con el cual arribó al poder, pero a cuyo desconocimiento apuntaría ahora la exhumación de aquella retórica y sus efectos.
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