Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El presidente Felipe Calderón regresó al Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para instaurar oficialmente el 2 de junio como el Día del Policía. Merecido el reconocimiento, aunque el contexto general en el cual se decreta la celebración anual tiene que ver con otro tipo de consentimiento, que es para con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, arquitecto de la estrategia contra los cárteles de la droga. Pero fue un día de claroscuros. Diecinueve líderes políticos y financieros en el mundo difundieron un reporte donde afirman que su guerra contra los cárteles de la droga está mal, es un error, y crea una carrera armamentista y muerte.
El presidente Calderón y su gobierno están en las antípodas de donde camina el mundo. Su gran amigo, el presidente colombiano Fernando Santos, inició en Europa una negociación secreta con las FARC para lograr la paz en su país tras más de medio siglo de violencia, donde las consideraciones éticas de negociar con una narcoguerrilla definida como “terrorista” son puestas de lado.
Igualmente, el presidente Barack Obama modificó la doctrina del presidente Richard Nixon de combatir criminalmente al narcotráfico por un enfoque de salud y prevención.
Este miércoles, una Comisión de Líderes del Mundo urgió el fin de la fallida guerra contra las drogas y reformas fundamentales al régimen de prohibición al uso de drogas.
La Comisión tiene un peso específico, al figurar el primer ministro de Grecia, los ex presidentes de Brasil, Colombia, México, Suiza, el secretario general de la ONU, ex ministros europeos, funcionarios de la Unión Europea y un ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la presidencia honoraria de George Shultz, el canciller de Ronald Reagan.
Su http://www.globalcommissionondrugs.org/Report reporte argumenta que los grandes gastos en medidas de represivas y de criminalización dirigidas contra productores, traficantes y consumidores, han fracasado en la reducción del suministro y el consumo (Estados Unidos, Colombia y México mismo, serían estudios de caso), y que las victorias aparentes al eliminar una fuente de abastecimiento o a una organización de narcotraficantes, son neutralizadas ante la emergencia de otras fuentes y cárteles (que es la lógica de realineamiento, cada vez con más violencia, de las bandas criminales en México desde 2007).
En el caso específico de México, los líderes afirman: “Prácticas policiales mal diseñadas contra las drogas, pueden incrementar el nivel de violencia, la intimidación y la corrupción asociada con los mercados de la droga.
Las fuerzas de seguridad y las organizaciones de narcotraficantes se han visto involucradas en una especie de carrera armamentista en la cual los mayores esfuerzos policiales tienden a un incremento similar de los traficantes en la fuerza y la violencia. De esta forma, se crean las condiciones para una mayor brutalidad y violencia de las organizaciones de narcotráfico”.
La descripción del grupo de líderes responde indirectamente a la racional de la estrategia, planteada por el Presidente y el gabinete de seguridad de combatir a todos los grupos para desmantelar los cárteles, provocar una diáspora y forzar el achicamiento de las nuevas organizaciones, para que sean más fáciles de controlar. Esa estrategia sí rompió cárteles y en algunos casos su casi desaparición, como “La Familia Michoacana”, que se encuentra descabezada y desdoblándose en pequeñas bandas criminales, Tijuana que se tuvo que reinventar en una nueva organización con base en San Diego, u otros grupos que para sobrevivir tuvieron que expandirse a Centroamérica.
El argumento central del reporte es que ante el fracaso del enfoque policial en la guerra contra las drogas, debe modificarse por uno que aborde el tema de salud, con modelos de regulación de las drogas, especialmente la mariguana, que mine el poder del crimen organizado y salvaguarde la salud e integridad de los ciudadanos. En México, como referencia, la exportación de mariguana a Estados Unidos es lo que sostiene la operación diaria de los cárteles de la droga, no la cocaína, de donde salen las grandes utilidades.
Esta regulación modificaría la criminalización de, por ejemplo, los campesinos que producen drogas porque no tienen cultivos alternos para subsistir, los consumidores, e inclusive narcomenudistas, cuya lucha por territorios generan buena parte de la violencia en México, que perderían los incentivos de ganancia ante un mercado regulado de drogas.
Las reformas que plantea el reporte afectaría también la asignación de presupuestos, reorientando el énfasis de la seguridad a políticas públicas que ataquen, en el análisis de los expertos, los factores que contribuyen al desarrollo de la problemática y patrones de dependencia, como traumas y negligencias durante la niñez, las difíciles condiciones de vida de sus entornos, la marginación social y los problemas emocionales (en el núcleo familiar).
Todas estas propuestas chocan con la HYPERLINK “http://www.presidencia.gob.mx/blog-alejandro-poire/primer-mito-no-hay-estrategia-solo-us/” estrategia del Gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, que consta de cinco componentes:
1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional.
Es cierto, como se afirma en el reporte, que la política policial es parte de la solución, pero no es la solución ni la forma como debe enfocarse el fenómeno. “No podemos ignorar más que la extensión de la violencia relacionado con el narcotráfico, el crimen y la corrupción, son resultado del fracaso de las políticas de la guerra contra las drogas”, dijo uno de los líderes miembros, César Gaviria, que como presidente de Colombia naufragó en su guerra contra narco.
“Es tiempo de romper el tabú sobre la discusión de todas las opciones de políticas contra las drogas, incluidas las alternativas a la prohibición de drogas”.
Este es un gran documento para, como ha propuesto el presidente Calderón, discutir opciones estratégicas al combate contra las drogas. Pero hay que hacerlo, a partir de estudios, evidencias y planteamientos, no cimentadas en actos de fe ni en descalificaciones a priori, o ante la cerrazón de los interlocutores.
El presidente Felipe Calderón regresó al Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para instaurar oficialmente el 2 de junio como el Día del Policía. Merecido el reconocimiento, aunque el contexto general en el cual se decreta la celebración anual tiene que ver con otro tipo de consentimiento, que es para con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, arquitecto de la estrategia contra los cárteles de la droga. Pero fue un día de claroscuros. Diecinueve líderes políticos y financieros en el mundo difundieron un reporte donde afirman que su guerra contra los cárteles de la droga está mal, es un error, y crea una carrera armamentista y muerte.
El presidente Calderón y su gobierno están en las antípodas de donde camina el mundo. Su gran amigo, el presidente colombiano Fernando Santos, inició en Europa una negociación secreta con las FARC para lograr la paz en su país tras más de medio siglo de violencia, donde las consideraciones éticas de negociar con una narcoguerrilla definida como “terrorista” son puestas de lado.
Igualmente, el presidente Barack Obama modificó la doctrina del presidente Richard Nixon de combatir criminalmente al narcotráfico por un enfoque de salud y prevención.
Este miércoles, una Comisión de Líderes del Mundo urgió el fin de la fallida guerra contra las drogas y reformas fundamentales al régimen de prohibición al uso de drogas.
La Comisión tiene un peso específico, al figurar el primer ministro de Grecia, los ex presidentes de Brasil, Colombia, México, Suiza, el secretario general de la ONU, ex ministros europeos, funcionarios de la Unión Europea y un ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la presidencia honoraria de George Shultz, el canciller de Ronald Reagan.
Su http://www.globalcommissionondrugs.org/Report reporte argumenta que los grandes gastos en medidas de represivas y de criminalización dirigidas contra productores, traficantes y consumidores, han fracasado en la reducción del suministro y el consumo (Estados Unidos, Colombia y México mismo, serían estudios de caso), y que las victorias aparentes al eliminar una fuente de abastecimiento o a una organización de narcotraficantes, son neutralizadas ante la emergencia de otras fuentes y cárteles (que es la lógica de realineamiento, cada vez con más violencia, de las bandas criminales en México desde 2007).
En el caso específico de México, los líderes afirman: “Prácticas policiales mal diseñadas contra las drogas, pueden incrementar el nivel de violencia, la intimidación y la corrupción asociada con los mercados de la droga.
Las fuerzas de seguridad y las organizaciones de narcotraficantes se han visto involucradas en una especie de carrera armamentista en la cual los mayores esfuerzos policiales tienden a un incremento similar de los traficantes en la fuerza y la violencia. De esta forma, se crean las condiciones para una mayor brutalidad y violencia de las organizaciones de narcotráfico”.
La descripción del grupo de líderes responde indirectamente a la racional de la estrategia, planteada por el Presidente y el gabinete de seguridad de combatir a todos los grupos para desmantelar los cárteles, provocar una diáspora y forzar el achicamiento de las nuevas organizaciones, para que sean más fáciles de controlar. Esa estrategia sí rompió cárteles y en algunos casos su casi desaparición, como “La Familia Michoacana”, que se encuentra descabezada y desdoblándose en pequeñas bandas criminales, Tijuana que se tuvo que reinventar en una nueva organización con base en San Diego, u otros grupos que para sobrevivir tuvieron que expandirse a Centroamérica.
El argumento central del reporte es que ante el fracaso del enfoque policial en la guerra contra las drogas, debe modificarse por uno que aborde el tema de salud, con modelos de regulación de las drogas, especialmente la mariguana, que mine el poder del crimen organizado y salvaguarde la salud e integridad de los ciudadanos. En México, como referencia, la exportación de mariguana a Estados Unidos es lo que sostiene la operación diaria de los cárteles de la droga, no la cocaína, de donde salen las grandes utilidades.
Esta regulación modificaría la criminalización de, por ejemplo, los campesinos que producen drogas porque no tienen cultivos alternos para subsistir, los consumidores, e inclusive narcomenudistas, cuya lucha por territorios generan buena parte de la violencia en México, que perderían los incentivos de ganancia ante un mercado regulado de drogas.
Las reformas que plantea el reporte afectaría también la asignación de presupuestos, reorientando el énfasis de la seguridad a políticas públicas que ataquen, en el análisis de los expertos, los factores que contribuyen al desarrollo de la problemática y patrones de dependencia, como traumas y negligencias durante la niñez, las difíciles condiciones de vida de sus entornos, la marginación social y los problemas emocionales (en el núcleo familiar).
Todas estas propuestas chocan con la HYPERLINK “http://www.presidencia.gob.mx/blog-alejandro-poire/primer-mito-no-hay-estrategia-solo-us/” estrategia del Gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, que consta de cinco componentes:
1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional.
Es cierto, como se afirma en el reporte, que la política policial es parte de la solución, pero no es la solución ni la forma como debe enfocarse el fenómeno. “No podemos ignorar más que la extensión de la violencia relacionado con el narcotráfico, el crimen y la corrupción, son resultado del fracaso de las políticas de la guerra contra las drogas”, dijo uno de los líderes miembros, César Gaviria, que como presidente de Colombia naufragó en su guerra contra narco.
“Es tiempo de romper el tabú sobre la discusión de todas las opciones de políticas contra las drogas, incluidas las alternativas a la prohibición de drogas”.
Este es un gran documento para, como ha propuesto el presidente Calderón, discutir opciones estratégicas al combate contra las drogas. Pero hay que hacerlo, a partir de estudios, evidencias y planteamientos, no cimentadas en actos de fe ni en descalificaciones a priori, o ante la cerrazón de los interlocutores.
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