Rubén Cortés
Al líder del PRI, Humberto Moreira, le faltó tino al achacar la responsabilidad del accidente que mató a 14 hombres en la mina de Sabinas Coahuila a “la falta de un reglamento que permita sacar el gas grisú de las minas de carbón”.
¿No sabe Moreira que la propuesta de reforma laboral que su partido pospuso para el próximo Periodo de Sesiones de la actual Legislatura (“porque no hay prisa”) incluye modificaciones que pretenden proteger la salud y la vida de los trabajadores?
Pareciera que no: la propuesta otorga facultades a los inspectores federales del trabajo para que, en caso de peligro para la salud o la vida (como en el reciente caso de Sabina) puedan clausurar inmediatamente cualquier centro de trabajo.
Actualmente, para cerrar una mina se requieren cuatro visitas:
–La primera, para identificar las violaciones y ordenar su corrección.
–La segunda, para verificar que se corrigieron las violaciones y, en caso que no se hubieran remediado, imponer una sanción.
–La tercera, para revisar la corrección y, de lo contrario, imponer otro castigo.
–La cuarta, para, si continúa el incumplimiento, escuchar la opinión de la Comisión de Seguridad e Higiene para poder ordenar la clausura.
Y luego de todo este cansadísimo proceso, el cierre se debe notificar tres días antes de ejecutarlo, período que abre espacio a las empresas para ampararse contra la suspensión.
Esa reforma, para la que “no hay prisa”, plantea la figura de inspectores que comprueben si los trabajos en las minas de carbón son conducidos con competencia técnica, imparcialidad y confidencialidad, así como el cumplimiento de toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.
También prevé incrementar los montos de las sanciones por infracciones a la Ley, de los 18 mil 843 pesos establecidos actualmente, a 2 millones 999 mil 100 pesos.
Por ejemplo, los responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos durante la explosión del 19 de febrero de 2006, sólo tuvieron que pagar un millón 700 mil pesos, a razón de:
– 857 mil 174 pesos de Industrial Minera México (IMMSA, la titular de la concesión).
–769 mil 608 pesos de General de Hulla (una operadora de la mina).
–76 mil 960 pesos de una segunda operadora, Industrial Minera Agujita.
En cambio, con la reforma para la que “no hay prisa”, ésas empresas deberían haber abonado 27 millones de pesos.
Peor todavía, las compañías involucradas en el reciente caso de Sabinas, la multa será de unos 18 mil pesos, que es el máximo permitido por la ley actual.
Es decir, poquitito más de mil pesos por cadáver.
O sea, quizá si haya prisa para, cuando menos, analizar la propuesta de reforma laboral.
Al líder del PRI, Humberto Moreira, le faltó tino al achacar la responsabilidad del accidente que mató a 14 hombres en la mina de Sabinas Coahuila a “la falta de un reglamento que permita sacar el gas grisú de las minas de carbón”.
¿No sabe Moreira que la propuesta de reforma laboral que su partido pospuso para el próximo Periodo de Sesiones de la actual Legislatura (“porque no hay prisa”) incluye modificaciones que pretenden proteger la salud y la vida de los trabajadores?
Pareciera que no: la propuesta otorga facultades a los inspectores federales del trabajo para que, en caso de peligro para la salud o la vida (como en el reciente caso de Sabina) puedan clausurar inmediatamente cualquier centro de trabajo.
Actualmente, para cerrar una mina se requieren cuatro visitas:
–La primera, para identificar las violaciones y ordenar su corrección.
–La segunda, para verificar que se corrigieron las violaciones y, en caso que no se hubieran remediado, imponer una sanción.
–La tercera, para revisar la corrección y, de lo contrario, imponer otro castigo.
–La cuarta, para, si continúa el incumplimiento, escuchar la opinión de la Comisión de Seguridad e Higiene para poder ordenar la clausura.
Y luego de todo este cansadísimo proceso, el cierre se debe notificar tres días antes de ejecutarlo, período que abre espacio a las empresas para ampararse contra la suspensión.
Esa reforma, para la que “no hay prisa”, plantea la figura de inspectores que comprueben si los trabajos en las minas de carbón son conducidos con competencia técnica, imparcialidad y confidencialidad, así como el cumplimiento de toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.
También prevé incrementar los montos de las sanciones por infracciones a la Ley, de los 18 mil 843 pesos establecidos actualmente, a 2 millones 999 mil 100 pesos.
Por ejemplo, los responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos durante la explosión del 19 de febrero de 2006, sólo tuvieron que pagar un millón 700 mil pesos, a razón de:
– 857 mil 174 pesos de Industrial Minera México (IMMSA, la titular de la concesión).
–769 mil 608 pesos de General de Hulla (una operadora de la mina).
–76 mil 960 pesos de una segunda operadora, Industrial Minera Agujita.
En cambio, con la reforma para la que “no hay prisa”, ésas empresas deberían haber abonado 27 millones de pesos.
Peor todavía, las compañías involucradas en el reciente caso de Sabinas, la multa será de unos 18 mil pesos, que es el máximo permitido por la ley actual.
Es decir, poquitito más de mil pesos por cadáver.
O sea, quizá si haya prisa para, cuando menos, analizar la propuesta de reforma laboral.
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