Raúl Trejo Delarbre / Sociedad y poder
Hace un par de meses, en un seminario sobre el sistema electoral mexicano, aseguré que el TRIFE se está convirtiendo en un obstáculo para la democracia en nuestro país. El desempeño reciente del Tribunal Federal Electoral y especialmente la decisión que la mayor parte de sus magistrados tomó antier acerca de las infracciones cometidas por el gobernador del Estado de México, lamentablemente confirman esa afirmación.
El miércoles 4 de mayo, el Tribunal Electoral consideró que el gobernador Enrique Peña Nieto no tuvo la culpa de que los anuncios con motivo de su informe anual, en septiembre pasado, fueran difundidos en todo el país y no solamente en el Estado de México. Los spots pagados por el gobierno mexiquense y que mostraban a Peña Nieto hablando más de sí mismo que de lo que ha hecho en esa entidad, quebrantaron la legislación porque llegaban a un público más amplio que el que constituyen los ciudadanos del Estado de México.
En enero pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución que prohíbe a los funcionarios hacer campaña personalizada con recursos públicos, así como el Código Federal Electoral que permite la promoción de los informes anuales de gobierno solamente unos días antes y después de la presentación de tales documentos. Como la legislación no establece sanciones específicas a esa falta, el IFE envió el asunto al Órgano Superior de Fiscalización y a la Contraloría del Estado de México.
El problema para Peña Nieto no era la multa que le podían asignar, sino el hecho de que sería declarado infractor electoral y su candidatura a la presidencia de la República podía estar en riesgo. Por eso tanto la dirección nacional del PRI, como los operadores políticos del gobernador mexiquense, se dieron a la tarea de impugnar la decisión del IFE.
Igual que muchas otras resoluciones del Instituto Federal, el acuerdo contra Peña Nieto sería revisado por el Tribunal Federal Electoral. Igual que en tantas otras ocasiones recientes, el TRIFE terminaría tomando una decisión contraria a la aplicación estricta de la ley. Por eso se puede asegurar que la mayor parte de los magistrados del TRIFE, comenzando por su presidenta la señora María del Carmen Alanís, llevan una retahíla de acuerdos contrarios a la democracia.
El cabildeo del PRI delante de los magistrados y la obsecuencia de la presidenta del Tribunal fueron tan evidentes, que en marzo pasado se supo que varios representantes de ese partido se habían reunido con ella en el domicilio de la señora Alanís. El periodista Roberto Zamarripa publicó en su columna de Reforma los detalles de aquel convivio, ocurrido el 9 de marzo.
El representante priista ante el IFE Sebastián Lerdo de Tejada, el diputado y representante del gobernador mexiquense Luis Videgaray, así como el consejero electoral Marco Antonio Baños, participaron en ese encuentro además de Enrique Ochoa, uno de los candidatos propuestos por el PRI para consejero en el IFE y empleado de Alanís en el Tribunal Electoral.
Zamarripa relató, acerca de aquella reunión: “Una espléndida vista del Bosque de Tlalpan enmarcó el encuentro en el cual, un invitado adicional –Frank del Río– habría recibido una encomienda: hacer jugosos ofrecimientos a los magistrados del Tribunal Electoral para tratar de revertir en esa instancia la decisión del IFE que castigó a Peña por violar la Constitución al promover su imagen con spots sobre su Quinto Informe de Gobierno, convertidos en mensajes de precampaña presidencial pagados con recursos de la ciudadanía mexiquense”.
Aquella reunión, que indudablemente no era para discutir de futbol y literatura, constituía motivo suficiente para que Alanís se abstuviera de participar en la decisión del TRIFE acerca de la resolución contra Peña Nieto. El hecho de que varios operadores políticos de ese gobernador se reunieran con ella en su propia casa, indicaba una colusión inaceptable. El periodista Zamarripa sugirió, incluso, que el consejero Marco Baños tenía que renunciar al IFE por participar en el intento para revertir una decisión tomada por mayoría, y con suficientes argumentos, por el consejo general del que forma parte.
Pero en vez de distanciarse de la revisión de la resolución sobre el gobernador mexiquense, la presidenta del Tribunal Electoral estuvo a cargo de presentar la propuesta que fue examinada el miércoles en ese organismo. Las evidencias aportadas por el IFE resultaron irrebatibles. El Tribunal tuvo que aceptar que los spots del Quinto Informe de Peña Nieto constituyeron una infracción legal. Pero al establecer las responsabilidades por esa falta, Alanís elaboró una marometa argumental: la culpa no fue del gobernador, ni de funcionarios de su administración, sino de las empresas televisoras que transmitieron a todo el país anuncios que sólo tenían que haber sido difundidos en el Estado de México.
Conociendo los mecanismos de trabajo y los intereses comerciales que imperan en Televisa y Televisión Azteca, ¿alguien podrá creer que esas empresas se equivocaron, o que por simple inercia llevaron a todo el país la señal de spots que solamente habían sido contratados para verse en el Estado de México? ¿Habrá motivos para entender por qué, al unísono, ese descuido ocurrió simultáneamente en los canales de ambas empresas y se mantuvo sin que nadie en ninguna de ellas lo remediara durante las varias semanas que se difundieron tales spots? Y ¿cómo puede ser verosímil la hipótesis de la señora Alanís, que supone inocentes a los responsables de comunicación del gobierno del Estado de México al haber contratado espacios en la televisión nacional sin advertir que se trata de canales que difunden a todo el país?
Los endebles argumentos de la presidenta del TRIFE fueron compartidos por tres de sus colegas: Flavio Galván, Manuel González Oropeza y Constancio Carrasco.
Otros magistrados votaron en contra. Se trata de Pedro Esteban Penagos, Alejandro Luna Ramos y Salvador Nava Gomar. Esos tres magistrados sostuvieron que el Código Federal Electoral sería violentado con el argumento de que hay contratos entre el gobierno mexiquense y Televisa y Televisión Azteca.
El voto de Alanís hizo la mayoría de 4 a 3 para eximir a Peña Nieto. Las sanciones a las televisoras tendrán que ser establecidas por el Instituto Federal Electoral. Los consejeros del IFE no podrán olvidar que, cada vez que les imponen sanciones cuantiosas a las televisoras, el Tribunal Electoral sale en auxilio de Televisa y Televisión Azteca para que las multas sean atenuadas.
De la decisión del TRIFE, iniciada con una pertinente resolución del IFE, hay un resultado virtuoso que tendrá consecuencias relevantes. En los años recientes gobernadores de todas las entidades (e incluso cada vez más presidentes municipales) han acostumbrado gastar toneladas de dinero para anunciarse en la televisión nacional cada vez que presentan su informe anual. De ahora en adelante esos spots tendrán que difundirse únicamente en los estados en donde gobiernan, porque de lo contrario habrá denuncias por violación a la ley electoral. Uno de los afectados con esa decisión es Enrique Peña Nieto, cuyos publicistas ya preparaban una campaña nacional con motivo de su último informe en septiembre próximo. A ver qué subterfugios buscan los asesores del gobernador mexiquense para no dejar de gastar especialmente en Televisa, de la que son clientes tan distinguidos.
El día que aseguré que el TRIFE se ha convertido en uno de los obstáculos para la democracia en México, durante un seminario organizado por el propio Tribunal Federal Electoral y que se realizó en El Colegio de México, supuse que gran parte de la audiencia estaría en desacuerdo. La mayoría de los asistentes eran funcionarios, asesores y empleados del TRIFE. Para mi sorpresa, nadie me reclamó tal opinión. Más aún, cuando salía del auditorio se me acercaron varios funcionarios y empleados para decirme que compartían mi punto de vista. Algunos más, durante los días siguientes, me enviaron mensajes de respaldo a esa opinión.
Esa actitud de no pocos miembros del TRIFE me permite reconocer que, a pesar de la deslealtad de algunos de sus magistrados con la aplicación de la ley, no todo está perdido en el Tribunal Federal. Los trabajadores del TRIFE que conocen la importancia de la imparcialidad y la escrupulosidad para que ese sea un organismo responsable y respetable, deploran profundamente el comportamiento de la magistrada Alanís y de quienes, como ella, privilegian en sus decisiones los intereses de las televisoras y del PRI.
ALACENA: Inconsecuencia panista
Ayer, el Partido Acción Nacional difundió un duro comunicado contra la magistrada Alanís y la exoneración de Peña Nieto. Sin embargo los dirigentes nacionales del PAN no tienen autoridad alguna para cuestionar la infracción de Peña Nieto. Como les consta a los telespectadores de todo el país, varios gobernadores de ese partido han difundido propaganda de sus informes anuales en la televisión nacional.
Si Acción Nacional quisiera enfrentar los abusos de las televisoras que tan ostensiblemente favorecen a Peña Nieto, podría haber aprobado las reformas legales para que hubiera pluralidad y calidad en los medios y las telecomunicaciones. El ahora presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, no podrá olvidar que hace un año se desentendió de los compromisos que había adoptado con la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales que poco antes respaldó. A fines de abril de 2010, Madero ofreció que en pocos meses reemprendería el impulso a esa reforma de ley.
Hace un par de meses, en un seminario sobre el sistema electoral mexicano, aseguré que el TRIFE se está convirtiendo en un obstáculo para la democracia en nuestro país. El desempeño reciente del Tribunal Federal Electoral y especialmente la decisión que la mayor parte de sus magistrados tomó antier acerca de las infracciones cometidas por el gobernador del Estado de México, lamentablemente confirman esa afirmación.
El miércoles 4 de mayo, el Tribunal Electoral consideró que el gobernador Enrique Peña Nieto no tuvo la culpa de que los anuncios con motivo de su informe anual, en septiembre pasado, fueran difundidos en todo el país y no solamente en el Estado de México. Los spots pagados por el gobierno mexiquense y que mostraban a Peña Nieto hablando más de sí mismo que de lo que ha hecho en esa entidad, quebrantaron la legislación porque llegaban a un público más amplio que el que constituyen los ciudadanos del Estado de México.
En enero pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución que prohíbe a los funcionarios hacer campaña personalizada con recursos públicos, así como el Código Federal Electoral que permite la promoción de los informes anuales de gobierno solamente unos días antes y después de la presentación de tales documentos. Como la legislación no establece sanciones específicas a esa falta, el IFE envió el asunto al Órgano Superior de Fiscalización y a la Contraloría del Estado de México.
El problema para Peña Nieto no era la multa que le podían asignar, sino el hecho de que sería declarado infractor electoral y su candidatura a la presidencia de la República podía estar en riesgo. Por eso tanto la dirección nacional del PRI, como los operadores políticos del gobernador mexiquense, se dieron a la tarea de impugnar la decisión del IFE.
Igual que muchas otras resoluciones del Instituto Federal, el acuerdo contra Peña Nieto sería revisado por el Tribunal Federal Electoral. Igual que en tantas otras ocasiones recientes, el TRIFE terminaría tomando una decisión contraria a la aplicación estricta de la ley. Por eso se puede asegurar que la mayor parte de los magistrados del TRIFE, comenzando por su presidenta la señora María del Carmen Alanís, llevan una retahíla de acuerdos contrarios a la democracia.
El cabildeo del PRI delante de los magistrados y la obsecuencia de la presidenta del Tribunal fueron tan evidentes, que en marzo pasado se supo que varios representantes de ese partido se habían reunido con ella en el domicilio de la señora Alanís. El periodista Roberto Zamarripa publicó en su columna de Reforma los detalles de aquel convivio, ocurrido el 9 de marzo.
El representante priista ante el IFE Sebastián Lerdo de Tejada, el diputado y representante del gobernador mexiquense Luis Videgaray, así como el consejero electoral Marco Antonio Baños, participaron en ese encuentro además de Enrique Ochoa, uno de los candidatos propuestos por el PRI para consejero en el IFE y empleado de Alanís en el Tribunal Electoral.
Zamarripa relató, acerca de aquella reunión: “Una espléndida vista del Bosque de Tlalpan enmarcó el encuentro en el cual, un invitado adicional –Frank del Río– habría recibido una encomienda: hacer jugosos ofrecimientos a los magistrados del Tribunal Electoral para tratar de revertir en esa instancia la decisión del IFE que castigó a Peña por violar la Constitución al promover su imagen con spots sobre su Quinto Informe de Gobierno, convertidos en mensajes de precampaña presidencial pagados con recursos de la ciudadanía mexiquense”.
Aquella reunión, que indudablemente no era para discutir de futbol y literatura, constituía motivo suficiente para que Alanís se abstuviera de participar en la decisión del TRIFE acerca de la resolución contra Peña Nieto. El hecho de que varios operadores políticos de ese gobernador se reunieran con ella en su propia casa, indicaba una colusión inaceptable. El periodista Zamarripa sugirió, incluso, que el consejero Marco Baños tenía que renunciar al IFE por participar en el intento para revertir una decisión tomada por mayoría, y con suficientes argumentos, por el consejo general del que forma parte.
Pero en vez de distanciarse de la revisión de la resolución sobre el gobernador mexiquense, la presidenta del Tribunal Electoral estuvo a cargo de presentar la propuesta que fue examinada el miércoles en ese organismo. Las evidencias aportadas por el IFE resultaron irrebatibles. El Tribunal tuvo que aceptar que los spots del Quinto Informe de Peña Nieto constituyeron una infracción legal. Pero al establecer las responsabilidades por esa falta, Alanís elaboró una marometa argumental: la culpa no fue del gobernador, ni de funcionarios de su administración, sino de las empresas televisoras que transmitieron a todo el país anuncios que sólo tenían que haber sido difundidos en el Estado de México.
Conociendo los mecanismos de trabajo y los intereses comerciales que imperan en Televisa y Televisión Azteca, ¿alguien podrá creer que esas empresas se equivocaron, o que por simple inercia llevaron a todo el país la señal de spots que solamente habían sido contratados para verse en el Estado de México? ¿Habrá motivos para entender por qué, al unísono, ese descuido ocurrió simultáneamente en los canales de ambas empresas y se mantuvo sin que nadie en ninguna de ellas lo remediara durante las varias semanas que se difundieron tales spots? Y ¿cómo puede ser verosímil la hipótesis de la señora Alanís, que supone inocentes a los responsables de comunicación del gobierno del Estado de México al haber contratado espacios en la televisión nacional sin advertir que se trata de canales que difunden a todo el país?
Los endebles argumentos de la presidenta del TRIFE fueron compartidos por tres de sus colegas: Flavio Galván, Manuel González Oropeza y Constancio Carrasco.
Otros magistrados votaron en contra. Se trata de Pedro Esteban Penagos, Alejandro Luna Ramos y Salvador Nava Gomar. Esos tres magistrados sostuvieron que el Código Federal Electoral sería violentado con el argumento de que hay contratos entre el gobierno mexiquense y Televisa y Televisión Azteca.
El voto de Alanís hizo la mayoría de 4 a 3 para eximir a Peña Nieto. Las sanciones a las televisoras tendrán que ser establecidas por el Instituto Federal Electoral. Los consejeros del IFE no podrán olvidar que, cada vez que les imponen sanciones cuantiosas a las televisoras, el Tribunal Electoral sale en auxilio de Televisa y Televisión Azteca para que las multas sean atenuadas.
De la decisión del TRIFE, iniciada con una pertinente resolución del IFE, hay un resultado virtuoso que tendrá consecuencias relevantes. En los años recientes gobernadores de todas las entidades (e incluso cada vez más presidentes municipales) han acostumbrado gastar toneladas de dinero para anunciarse en la televisión nacional cada vez que presentan su informe anual. De ahora en adelante esos spots tendrán que difundirse únicamente en los estados en donde gobiernan, porque de lo contrario habrá denuncias por violación a la ley electoral. Uno de los afectados con esa decisión es Enrique Peña Nieto, cuyos publicistas ya preparaban una campaña nacional con motivo de su último informe en septiembre próximo. A ver qué subterfugios buscan los asesores del gobernador mexiquense para no dejar de gastar especialmente en Televisa, de la que son clientes tan distinguidos.
El día que aseguré que el TRIFE se ha convertido en uno de los obstáculos para la democracia en México, durante un seminario organizado por el propio Tribunal Federal Electoral y que se realizó en El Colegio de México, supuse que gran parte de la audiencia estaría en desacuerdo. La mayoría de los asistentes eran funcionarios, asesores y empleados del TRIFE. Para mi sorpresa, nadie me reclamó tal opinión. Más aún, cuando salía del auditorio se me acercaron varios funcionarios y empleados para decirme que compartían mi punto de vista. Algunos más, durante los días siguientes, me enviaron mensajes de respaldo a esa opinión.
Esa actitud de no pocos miembros del TRIFE me permite reconocer que, a pesar de la deslealtad de algunos de sus magistrados con la aplicación de la ley, no todo está perdido en el Tribunal Federal. Los trabajadores del TRIFE que conocen la importancia de la imparcialidad y la escrupulosidad para que ese sea un organismo responsable y respetable, deploran profundamente el comportamiento de la magistrada Alanís y de quienes, como ella, privilegian en sus decisiones los intereses de las televisoras y del PRI.
ALACENA: Inconsecuencia panista
Ayer, el Partido Acción Nacional difundió un duro comunicado contra la magistrada Alanís y la exoneración de Peña Nieto. Sin embargo los dirigentes nacionales del PAN no tienen autoridad alguna para cuestionar la infracción de Peña Nieto. Como les consta a los telespectadores de todo el país, varios gobernadores de ese partido han difundido propaganda de sus informes anuales en la televisión nacional.
Si Acción Nacional quisiera enfrentar los abusos de las televisoras que tan ostensiblemente favorecen a Peña Nieto, podría haber aprobado las reformas legales para que hubiera pluralidad y calidad en los medios y las telecomunicaciones. El ahora presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, no podrá olvidar que hace un año se desentendió de los compromisos que había adoptado con la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales que poco antes respaldó. A fines de abril de 2010, Madero ofreció que en pocos meses reemprendería el impulso a esa reforma de ley.
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