martes, mayo 10, 2011

Se queda el secretario

Francisco Garfias

Genaro García Luna no se va. “No hay ninguna razón para ello”, nos dijo un alto funcionario en Los Pinos, cuando le pedimos una reacción a la exigencia de Javier Sicilia.

Y no se va, entre otras cosas, porque si el Presidente obsequia la renuncia de García Luna, abonaría a la desestabilización de su gabinete.

Marchas y manifestaciones se convocarían cada que a los activistas se les ocurriera tumbar a un secretario de Estado.

¿O se busca alimentar la percepción, ya muy extendida, de que Felipe no escucha a los ciudadanos? Es pregunta.

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, defendió incluso el trabajo del titular de la SSP federal.

“Si alguien ha impulsado la formación de una policía civil profesional, apegada a la ley, bien equipada y con las capacidades de inteligencia que garanticen la seguridad de la población, esa persona es el ingeniero García Luna”, destacó.

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No son pocos los que creen –me apunto entre ellos– que el poeta se equivocó al solicitar la renuncia, precisamente en ese foro. La convocatoria hablaba de la Marcha Nacional por La Paz y La Justicia con Dignidad. Nada que ver con destituciones de un secretario de Estado.

El hartazgo de Sicilia es compartido por una aplastante mayoría de mexicanos. Es cierto que estamos hasta la madre de no vivir tranquilos, de saber que a diario, en algún punto del país, hay baños de sangre provocados por delincuentes sin escrúpulos, sin códigos, sin piedad.

Entendemos su rabia, su coraje, su impotencia. No alcanzamos a imaginar el dolor de perder a un hijo. Pero lo de ayer francamente nos desconcertó.

La vigorosa respuesta de la sociedad al llamado del poeta no merecía tener, como corolario, peticiones que nada tienen que ver una paz y justicia con dignidad.

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En la SSP Federal acusan recibo de la exigencia de Sicilia. No entienden muy bien porqué el poeta quiere destituir al titular de la secretaría, luego de que policías federales detuvieran a El Manos y El Guasón, presuntos autores del homicidio de su hijo Juan Francisco y otros seis chavos

“¿Cómo se nos ocurre capturar a los presuntos homicidas de siete jóvenes en Morelos y dar con la casa de Seguridad donde los mataron?” preguntan con ironía.

Y agregan: “El asunto es del fuero común, los involucrados son ex funcionarios del Estado de Morelos y la zapatiza es para nosotros”, observan.

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Sicilia barrió parejo con todos los partidos. No hizo concesiones ni a la izquierda, ni a la derecha. Quizá por eso, su discurso provocó un desconcierto en el mundo de la política.

De muy buena fuente sabemos que hasta Gerardo Fernández Noroña se preocupó por las generalizaciones del poeta.

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La presión mediática ya hizo su efecto en la Cámara de Diputados. Todos se dicen dispuestos a convocar un período extraordinario para sacar adelante las reformas que quedaron pendientes, en particular la Ley de Seguridad Nacional.

Hablamos ayer con Armando Ríos Piter, coordinador de los diputados del PRD. Pero también con los vice coordinadores José Ramón Martell, PRI, y Carlos Alberto Pérez Cuevas, PAN. Los 3 reportan listas a sus bancadas para legislar, en un periodo extraordinario, la controvertida Ley.

El perredista nos dio incluso una posible fecha para convocarlo: el 28 de mayo. El problema es que para que haya extraordinario, es requisito que haya “materia”. Es decir, que el tema este dictaminado.

La bola está en la cancha del diputado panista Javier Corral. Le toca convocar, en una primera instancia, a los miembros de la Comisión de Gobernación, que él preside. Las comisiones de Defensa y de Derechos Humanos también deberán dictaminarla.

Pérez Cuevas nos dijo que el 15 de mayo se enviará un oficio a la Comisión de Gobernación, para que informe cómo van los trabajos “a ver si tenemos materia para convocar al período extraordinario.”

Ríos Piter reveló, por separado, que la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro, se reunirá dos días después -el 17- para hacer “un corte de caja”.

El PRD está de acuerdo con la controvertida Ley, que otorga marco jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas, a condición de que, en el dictamen final se salvaguarden las garantías individuales, así como el equilibrio de poderes.

El coordinador del amarillo busca, incluso, ir más lejos: Agendar la Reforma Política, con un agregado amarillo: la transformación del Distrito Federal en el Estado 32. Demasiado ambicioso para un Congreso condicionado desde fuera.

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