Martha Anaya / Crónica de Política
Son ya muchas las voces y los indicios que apuntan hacia la intención –proveniente de Los Pinos—de cancelar las elecciones en Michoacán y sacar a un candidato único con el consenso de los distintos actores políticos.
La Presidencia de la República hace y deja correr la historia. No niega ni marca un alto a las versiones que apuntan hacia la posibilidad de omitir los comicios, cuando está a punto de comenzar oficialmente el proceso electoral.
Partidos y precandidatos están ya en movimiento. El proceso electoral ha comenzado, están por iniciar los registros a las candidaturas, y Felipe Calderón simplemente calla después de haber echado a rodar la bolita.
La incertidumbre campea.
La intención presidencial es grave. Omitir un proceso de elección, aún con todas sus fallas, no deja de ser un ejercicio de la ciudadanía. Es un derecho político.
En cambio, una decisión cupular “en el que una junta de notables políticos encerrados en sus intereses y su miopía social” decidan el futuro de Michoacán es, como escribe Pablo Alarcón, “dar paso a inaugurar nuevas y sutiles formas de golpes de Estado”.
Y si esto es, como algunos sostienen, no sólo una manera de Felipe Calderón de cuidar a su hermana Luisa María –que va en busca de la candidatura panista por la gubernatura del Estado—, sino un ensayo de la Presidencia con vistas a la elección presidencial de 2012, peor aún.
Sea cual sea la intención de Calderón, esta nueva historia michoacana –tierra del Presidente– comenzó hace semanas con cabildeos entre las principales fuerzas partidistas y grupos de poder.
¿Qué les planteaba el habitante de Los Pinos? Lo que su hermana Luisa María ha repetido una y otra vez: que los candidatos, los equipos de campaña, los periodistas y hasta los ciudadanos que acudan a los mítines corren peligro por la inseguridad que prevalece en la entidad.
Los priistas no vieron mal la idea de cancelar los comicios e ir con un candidato “de consenso”, pero no dijeron ni sí ni no en un principio. Más tarde, Humberto Moreira confirmó los cabildeos presidenciales pero pareció desmarcarse al afirmar, a pregunta expresa, que “estamos trabajando para que se pueda desarrollar un proceso electoral en el que participemos todos en el cuidado y elección de los candidatos”.
Los perredistas –actualmente en el poder—la rechazaron de inmediato.
Los empresarios se sumaron encantados a la propuesta de los Calderón Hinojosa y la hicieron suya.
Al panorama anterior, sumaron la estrategia del miedo la Procuradora General de la República, Marisela Morales –quien orquestó el Michoacanazo que llevó a prisión a decenas de ediles y funcionarios y que hoy están libres por falta de pruebas— y José Luis Vargas, fiscal especial para Delitos Electorales.
Ellos se reunieron con un grupo de legisladores –Federico Doring y Blanca Judith Díaz, del PAN; Rubén Velázquez, del PRD; Ricardo Fidel Pacheco, del PRI; y Jorge Legorreta del Verde—a los que se entregó un diagnóstico en el que se ubican los “focos rojos” en los estados que tendrán comicios este año y les advirtieron que el crimen organizado podría intervenir en los distintos procesos electorales mediante prácticas sofisticadas de compra y coacción del voto, impedir el traslado de documentación electoral, amenazar a funcionarios electorales, e incluso usar las precampañas y campañas para el lavado de dinero.
El Instituto Electoral de Michoacán respondió que está “cuidando muy bien” a los precandidatos y poniendo atención a todas las personas que puedan interferir en la elección.
El senador Marko Cortés llamó a la PGR a no usar “supuesta información reservada” para descalificar a los precandidatos o candidatos en Michoacán y pidió que si existen datos que involucren en investigaciones judiciales a alguno de los aspirantes a la gubernatura, “los den a conocer antes o después de las elecciones para no ensuciar el proceso electoral con declaraciones difamatorias”.
Por lo pronto, muchos se preguntan por qué esta idea de aplicar el estado de excepción en su tierra –cancelando comicios– no se ha intentado en otros puntos del país donde la violencia y la criminalidad han superado con creces lo que ocurre hoy en día en Michoacán.
Son ya muchas las voces y los indicios que apuntan hacia la intención –proveniente de Los Pinos—de cancelar las elecciones en Michoacán y sacar a un candidato único con el consenso de los distintos actores políticos.
La Presidencia de la República hace y deja correr la historia. No niega ni marca un alto a las versiones que apuntan hacia la posibilidad de omitir los comicios, cuando está a punto de comenzar oficialmente el proceso electoral.
Partidos y precandidatos están ya en movimiento. El proceso electoral ha comenzado, están por iniciar los registros a las candidaturas, y Felipe Calderón simplemente calla después de haber echado a rodar la bolita.
La incertidumbre campea.
La intención presidencial es grave. Omitir un proceso de elección, aún con todas sus fallas, no deja de ser un ejercicio de la ciudadanía. Es un derecho político.
En cambio, una decisión cupular “en el que una junta de notables políticos encerrados en sus intereses y su miopía social” decidan el futuro de Michoacán es, como escribe Pablo Alarcón, “dar paso a inaugurar nuevas y sutiles formas de golpes de Estado”.
Y si esto es, como algunos sostienen, no sólo una manera de Felipe Calderón de cuidar a su hermana Luisa María –que va en busca de la candidatura panista por la gubernatura del Estado—, sino un ensayo de la Presidencia con vistas a la elección presidencial de 2012, peor aún.
Sea cual sea la intención de Calderón, esta nueva historia michoacana –tierra del Presidente– comenzó hace semanas con cabildeos entre las principales fuerzas partidistas y grupos de poder.
¿Qué les planteaba el habitante de Los Pinos? Lo que su hermana Luisa María ha repetido una y otra vez: que los candidatos, los equipos de campaña, los periodistas y hasta los ciudadanos que acudan a los mítines corren peligro por la inseguridad que prevalece en la entidad.
Los priistas no vieron mal la idea de cancelar los comicios e ir con un candidato “de consenso”, pero no dijeron ni sí ni no en un principio. Más tarde, Humberto Moreira confirmó los cabildeos presidenciales pero pareció desmarcarse al afirmar, a pregunta expresa, que “estamos trabajando para que se pueda desarrollar un proceso electoral en el que participemos todos en el cuidado y elección de los candidatos”.
Los perredistas –actualmente en el poder—la rechazaron de inmediato.
Los empresarios se sumaron encantados a la propuesta de los Calderón Hinojosa y la hicieron suya.
Al panorama anterior, sumaron la estrategia del miedo la Procuradora General de la República, Marisela Morales –quien orquestó el Michoacanazo que llevó a prisión a decenas de ediles y funcionarios y que hoy están libres por falta de pruebas— y José Luis Vargas, fiscal especial para Delitos Electorales.
Ellos se reunieron con un grupo de legisladores –Federico Doring y Blanca Judith Díaz, del PAN; Rubén Velázquez, del PRD; Ricardo Fidel Pacheco, del PRI; y Jorge Legorreta del Verde—a los que se entregó un diagnóstico en el que se ubican los “focos rojos” en los estados que tendrán comicios este año y les advirtieron que el crimen organizado podría intervenir en los distintos procesos electorales mediante prácticas sofisticadas de compra y coacción del voto, impedir el traslado de documentación electoral, amenazar a funcionarios electorales, e incluso usar las precampañas y campañas para el lavado de dinero.
El Instituto Electoral de Michoacán respondió que está “cuidando muy bien” a los precandidatos y poniendo atención a todas las personas que puedan interferir en la elección.
El senador Marko Cortés llamó a la PGR a no usar “supuesta información reservada” para descalificar a los precandidatos o candidatos en Michoacán y pidió que si existen datos que involucren en investigaciones judiciales a alguno de los aspirantes a la gubernatura, “los den a conocer antes o después de las elecciones para no ensuciar el proceso electoral con declaraciones difamatorias”.
Por lo pronto, muchos se preguntan por qué esta idea de aplicar el estado de excepción en su tierra –cancelando comicios– no se ha intentado en otros puntos del país donde la violencia y la criminalidad han superado con creces lo que ocurre hoy en día en Michoacán.
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