Andy Novell F.
Hace unos días los senadores de la República aprobaron la derogación del llamado Renaut que buscó meter en la cartera de las corporaciones policiacas todos los números telefónicos de los mexicanos, con el argumento de evitar las llamadas extorsiones u otros delitos.
Sin embargo, queda una pregunta. ¿Dónde y quién tiene los registros de todos los números de celulares que se registraron? Una duda que debería de ser aclarada por las autoridades que nos forzaron a registrarlos bajo amenazas de cancelar nuestras líneas.
En México, como siempre, se han creado leyes inservibles, como es el caso del Renaut, una ley que según era para evitar delitos como el secuestro y las llamadas de extorsión, las cuáles no han disminuido, así lo demuestran las recientes estadísticas que señalan que en el país se intentan más de seis mil 500 extorsiones cada 24 horas, 52% de los celulares empleados para extorsiones, son del D.F., 31% de las víctimas paga la extorsión. Del 2001 a la fecha se han intentado más de 21 millones de extorsiones.
Muchas de estas llamadas realizadas en el Distrito Federal se realizaron con chips comprados en Tepito o el Eje Central que en su momento fueron dados de alta con RFC que se consiguieron en las imprentas de Santo Domingo.
En su momento estos chips llegaron a tener un costo que oscilaba entre los 250 y 300 pesos; además se estuvieron clonando líneas telefónicas en algunos negocios instalados a lo largo del Eje Central y en las plazas comerciales de la zona.
Estos datos no fueron investigados por las autoridades que realizaron esta Renaut y tampoco por algunos asesores de legisladores que tratan de poner en marcha algunas modificaciones al código penal federal que busca inhibir los delitos mencionados en estas líneas.
Hace días me llamó la atención un análisis que dio a conocer el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C donde mencionaban que algunas las reformas que se tratan de modificar esta la de equipar a los centros penitenciarios, de equipos que permitan bloquear señales de celular, cuando se ha demostrado que dichos equipos son manipulados por el personal de custodios para que se logre realizar llamadas desde el interior de penales.
Un ejemplo, cuando esto se intento instalar en los penales capitalinos, caso concreto en el Reclusorio Norte, algunos delincuentes internados en este centro penitenciario a través de familiares contrataron líneas fijas con el servicio de número privado en las viviendas cercanas. Usted dirá con que finalidad, sencillo para seguir con el negocio de extorsión, de acuerdo a diversos testimonios de custodios, los familiares de algunos delincuentes pasaban teléfonos inalámbricos de largo alcance a las celdas.
Otra modificación que se propone la geolocalización en tiempo real de los equipos celulares, lo que es totalmente imposible, la tecnología actual, no permite ubicar en forma precisa un equipo, sólo permite un aproximado que, en casos como la ciudad de México, que cupa el primer lugar en extorsiones y secuestros, en nada servirá saber si un celular está en la Colonia Roma o Condesa, al final será imposible detener al que usa el equipo.
Algunas propuestas son tan absurdas debido a que los asesores no tienen ni la reverenda idea de cuál es el modus operandi de los delincuentes. Otro ejemplo en el caso de un secuestros; el del político panista Diego Fernández de Cevallos quien contaba con un chip para ser localizado en caso de que alguien lo privara de su libertad.
Dicho chip fue extraído de su brazo y no lo pudieron localizar por meses; los delincuentes saben cómo inhabilitar los chips o GPS o en su defecto como evitar que sus llamadas sean rastreadas o grabadas, llamadas cortas y concisas de diversos teléfonos fijos, principalmente casetas telefónicas en distintas zonas de la ciudad.
Para evitar estos delitos se debe aplicar la ley de manera estricta y no crear leyes al vapor que lo único que hacen es darles atole con el dedo a los ciudadanos, para que crean que los legisladores sí trabajan. En México se crean leyes muy absurdas y nadie dice nada.
Hace unos días los senadores de la República aprobaron la derogación del llamado Renaut que buscó meter en la cartera de las corporaciones policiacas todos los números telefónicos de los mexicanos, con el argumento de evitar las llamadas extorsiones u otros delitos.
Sin embargo, queda una pregunta. ¿Dónde y quién tiene los registros de todos los números de celulares que se registraron? Una duda que debería de ser aclarada por las autoridades que nos forzaron a registrarlos bajo amenazas de cancelar nuestras líneas.
En México, como siempre, se han creado leyes inservibles, como es el caso del Renaut, una ley que según era para evitar delitos como el secuestro y las llamadas de extorsión, las cuáles no han disminuido, así lo demuestran las recientes estadísticas que señalan que en el país se intentan más de seis mil 500 extorsiones cada 24 horas, 52% de los celulares empleados para extorsiones, son del D.F., 31% de las víctimas paga la extorsión. Del 2001 a la fecha se han intentado más de 21 millones de extorsiones.
Muchas de estas llamadas realizadas en el Distrito Federal se realizaron con chips comprados en Tepito o el Eje Central que en su momento fueron dados de alta con RFC que se consiguieron en las imprentas de Santo Domingo.
En su momento estos chips llegaron a tener un costo que oscilaba entre los 250 y 300 pesos; además se estuvieron clonando líneas telefónicas en algunos negocios instalados a lo largo del Eje Central y en las plazas comerciales de la zona.
Estos datos no fueron investigados por las autoridades que realizaron esta Renaut y tampoco por algunos asesores de legisladores que tratan de poner en marcha algunas modificaciones al código penal federal que busca inhibir los delitos mencionados en estas líneas.
Hace días me llamó la atención un análisis que dio a conocer el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C donde mencionaban que algunas las reformas que se tratan de modificar esta la de equipar a los centros penitenciarios, de equipos que permitan bloquear señales de celular, cuando se ha demostrado que dichos equipos son manipulados por el personal de custodios para que se logre realizar llamadas desde el interior de penales.
Un ejemplo, cuando esto se intento instalar en los penales capitalinos, caso concreto en el Reclusorio Norte, algunos delincuentes internados en este centro penitenciario a través de familiares contrataron líneas fijas con el servicio de número privado en las viviendas cercanas. Usted dirá con que finalidad, sencillo para seguir con el negocio de extorsión, de acuerdo a diversos testimonios de custodios, los familiares de algunos delincuentes pasaban teléfonos inalámbricos de largo alcance a las celdas.
Otra modificación que se propone la geolocalización en tiempo real de los equipos celulares, lo que es totalmente imposible, la tecnología actual, no permite ubicar en forma precisa un equipo, sólo permite un aproximado que, en casos como la ciudad de México, que cupa el primer lugar en extorsiones y secuestros, en nada servirá saber si un celular está en la Colonia Roma o Condesa, al final será imposible detener al que usa el equipo.
Algunas propuestas son tan absurdas debido a que los asesores no tienen ni la reverenda idea de cuál es el modus operandi de los delincuentes. Otro ejemplo en el caso de un secuestros; el del político panista Diego Fernández de Cevallos quien contaba con un chip para ser localizado en caso de que alguien lo privara de su libertad.
Dicho chip fue extraído de su brazo y no lo pudieron localizar por meses; los delincuentes saben cómo inhabilitar los chips o GPS o en su defecto como evitar que sus llamadas sean rastreadas o grabadas, llamadas cortas y concisas de diversos teléfonos fijos, principalmente casetas telefónicas en distintas zonas de la ciudad.
Para evitar estos delitos se debe aplicar la ley de manera estricta y no crear leyes al vapor que lo único que hacen es darles atole con el dedo a los ciudadanos, para que crean que los legisladores sí trabajan. En México se crean leyes muy absurdas y nadie dice nada.
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