Jorge Zepeda Patterson
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Durante 70 años no encontramos la forma de quitarnos de encima un presidencialismo asfixiante; ahora somos presa de una partidocracia profundamente corrupta y abismalmente impune. Lo que sucedió en Michoacán con lo del candidato único no es para festejarse; revela que no hay límite a los excesos en que pueden incurrir las dirigencias de los partidos para monopolizar el poder político.
Los presidentes del PRI, PAN y PRD lo confirmaron con un gesto de beatitud, como si hubiesen donado a los huérfanos su cuentas bancarias o sus residencias de playa. A mediados de semana los mandamases de los tres principales partidos nos informaron que estaban considerando la posibilidad de presentar un candidato común para el gobierno de Michoacán. Adornaban la propuesta con alusiones a la necesidad de un pacto de civilidad, y aseguraban que la mera exploración mostraba la madurez de los actores y su disposición al sacrificio en aras del bien común. Ajá, el bien común. Lo sorprendente es que la comentocracia haya visto con buenos ojos el aviso de los partidos.
Se supone que la medida sería una respuesta a la inseguridad que vive Michoacán y la supuesta imposibilidad para asegurar comicios pacíficos en esa entidad el 13 de noviembre. El diagnóstico es terrible, pero la supuesta solución es aberrante.
Después de pensarlo dos veces, el primer inconforme fue Felipe Calderón. Su gobierno tiene dos años de argumentar en todos los foros posibles nacionales e internacionales que el Estado no ha perdido el control del territorio. La eliminación de facto de los comicios por motivos de inseguridad en Michoacán, simplemente confirmaría que, como en un árbol de navidad, se le comienzan a apagar los focos a zonas completas del mapa nacional. Por lo demás, su hermana María Luisa es la puntera de los precandidatos panistas que aspiran a la gubernatura. Difícilmente los otros partidos querrían llevar en su boleta tan conspicuo apellido, por decir lo menos.
El PRD fue el siguiente en quejarse. Habiendo perdido Zacatecas y Baja California Sur, dos de las cuatro entidades que gobernaba, a los perredistas les hizo poca gracia la posibilidad de perder Michoacán por default.
Pero al margen de las mezquindades particulares, por una vez coincido con Calderón, aunque por razones totalmente distintas. Una candidatura común de parte de todas las fuerzas políticas es una traición a la esencia misma de una elección democrática. Una burla para el votante y su derecho a elegir entre varias opciones.
Nunca se precisó si la "alianza" se refería a la posición de gobernador, o si se extendería a todos los puestos en disputa (40 diputaciones y 113 alcaldías). Pero si el argumento es la inseguridad, la medida tendría que aplicarse a la mayoría de las presidencias municipales michoacanas, atosigadas por el crimen organizado.
Tampoco se precisó el método que se seguiría para encontrar al "mejor abanderado" como suele decirse. Pero si hemos de atenernos a otras experiencias, en las que las élites de los partidos tienen la prerrogativa para definir , las perspectivas son deprimentes.
Allí están los nombramientos de los consejeros del IFE, que se han convertido en una rebatinga facciosa y han hecho del instituto electoral un comité de personeros políticos. El organismo clave para evitar los abusos de los partidos está en manos de las élites de esos partidos. Las distintas comisiones de competencia van por el mismo camino. O peor, la designación de consejeros se convierten en moneda da cambio con la que los actores políticos compran favores de los monopolios.
El hecho de que ahora pudieran repartirse las alcaldías y las diputaciones equivale a descender un escalón más de nuestra muy devaluada democracia electoral. Porque no tengo ninguna duda que independientemente del método de "consulta" al que se recurriera para elegir a los candidatos, en última instancia sería una decisión muy parecida a una partida del juego de mesa Monopolio: "dos de Tierra Caliente por una del Bajío michoacano".
Todo indica que el proyecto de candidaturas unitarias para Michoacán fue cancelado antes de volar, aunque haya sido por las malas razones, no por las buenas. Pero el mero anuncio nos debería llevar a reflexionar sobre la manera en que estos dirigentes conciben a la cosa pública como cosa nostra. ¿Para que necesitamos elecciones en zona de riesgo si nosotros podemos decidir por los ciudadanos?
Urge introducir frenos a esta partidocracia apabullante y no mediante el regreso del presidencialismo, como argumentan algunos. Candidaturas ciudadanas, referéndums, plebiscitos, movilización y participación de la sociedad civil, mecanismos de rendición de cuentas. De otra manera la única salida a la disfuncionalidad y parálisis parlamentaria será el autoritarismo del pasado.
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Durante 70 años no encontramos la forma de quitarnos de encima un presidencialismo asfixiante; ahora somos presa de una partidocracia profundamente corrupta y abismalmente impune. Lo que sucedió en Michoacán con lo del candidato único no es para festejarse; revela que no hay límite a los excesos en que pueden incurrir las dirigencias de los partidos para monopolizar el poder político.
Los presidentes del PRI, PAN y PRD lo confirmaron con un gesto de beatitud, como si hubiesen donado a los huérfanos su cuentas bancarias o sus residencias de playa. A mediados de semana los mandamases de los tres principales partidos nos informaron que estaban considerando la posibilidad de presentar un candidato común para el gobierno de Michoacán. Adornaban la propuesta con alusiones a la necesidad de un pacto de civilidad, y aseguraban que la mera exploración mostraba la madurez de los actores y su disposición al sacrificio en aras del bien común. Ajá, el bien común. Lo sorprendente es que la comentocracia haya visto con buenos ojos el aviso de los partidos.
Se supone que la medida sería una respuesta a la inseguridad que vive Michoacán y la supuesta imposibilidad para asegurar comicios pacíficos en esa entidad el 13 de noviembre. El diagnóstico es terrible, pero la supuesta solución es aberrante.
Después de pensarlo dos veces, el primer inconforme fue Felipe Calderón. Su gobierno tiene dos años de argumentar en todos los foros posibles nacionales e internacionales que el Estado no ha perdido el control del territorio. La eliminación de facto de los comicios por motivos de inseguridad en Michoacán, simplemente confirmaría que, como en un árbol de navidad, se le comienzan a apagar los focos a zonas completas del mapa nacional. Por lo demás, su hermana María Luisa es la puntera de los precandidatos panistas que aspiran a la gubernatura. Difícilmente los otros partidos querrían llevar en su boleta tan conspicuo apellido, por decir lo menos.
El PRD fue el siguiente en quejarse. Habiendo perdido Zacatecas y Baja California Sur, dos de las cuatro entidades que gobernaba, a los perredistas les hizo poca gracia la posibilidad de perder Michoacán por default.
Pero al margen de las mezquindades particulares, por una vez coincido con Calderón, aunque por razones totalmente distintas. Una candidatura común de parte de todas las fuerzas políticas es una traición a la esencia misma de una elección democrática. Una burla para el votante y su derecho a elegir entre varias opciones.
Nunca se precisó si la "alianza" se refería a la posición de gobernador, o si se extendería a todos los puestos en disputa (40 diputaciones y 113 alcaldías). Pero si el argumento es la inseguridad, la medida tendría que aplicarse a la mayoría de las presidencias municipales michoacanas, atosigadas por el crimen organizado.
Tampoco se precisó el método que se seguiría para encontrar al "mejor abanderado" como suele decirse. Pero si hemos de atenernos a otras experiencias, en las que las élites de los partidos tienen la prerrogativa para definir , las perspectivas son deprimentes.
Allí están los nombramientos de los consejeros del IFE, que se han convertido en una rebatinga facciosa y han hecho del instituto electoral un comité de personeros políticos. El organismo clave para evitar los abusos de los partidos está en manos de las élites de esos partidos. Las distintas comisiones de competencia van por el mismo camino. O peor, la designación de consejeros se convierten en moneda da cambio con la que los actores políticos compran favores de los monopolios.
El hecho de que ahora pudieran repartirse las alcaldías y las diputaciones equivale a descender un escalón más de nuestra muy devaluada democracia electoral. Porque no tengo ninguna duda que independientemente del método de "consulta" al que se recurriera para elegir a los candidatos, en última instancia sería una decisión muy parecida a una partida del juego de mesa Monopolio: "dos de Tierra Caliente por una del Bajío michoacano".
Todo indica que el proyecto de candidaturas unitarias para Michoacán fue cancelado antes de volar, aunque haya sido por las malas razones, no por las buenas. Pero el mero anuncio nos debería llevar a reflexionar sobre la manera en que estos dirigentes conciben a la cosa pública como cosa nostra. ¿Para que necesitamos elecciones en zona de riesgo si nosotros podemos decidir por los ciudadanos?
Urge introducir frenos a esta partidocracia apabullante y no mediante el regreso del presidencialismo, como argumentan algunos. Candidaturas ciudadanas, referéndums, plebiscitos, movilización y participación de la sociedad civil, mecanismos de rendición de cuentas. De otra manera la única salida a la disfuncionalidad y parálisis parlamentaria será el autoritarismo del pasado.
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