Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El Impuesto Empresarial a Tasa Única forma parte del paquete de Reforma Fiscal propuesto por el presidente Felipe Calderón en 2007. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró constitucional, pero también reconoció que es un impuesto distinto al Impuesto sobre la Renta. Hasta aquí lo tengo claro.
Lo que no entiendo, es cómo los causantes cautivos apergollados por los patrones, la Secretaría de Hacienda y una modalidad laboral establecida a través del outsourcing, con el propósito de facilitar a las empresas el incumplimiento de responsabilidades todavía legales -aunque no se cumplan- para eludir la seguridad social y la vivienda, al sujetar a los empleados de distinta jerarquía y profesión a contratos por honorarios, lo que de ninguna manera indica que sean empresarios con obligación de pagar a Hacienda el IETU.
El sábado 30 de abril fue el último día para que las personas físicas cumpliesen con sus responsabilidades fiscales. Esa semana no dejó de sonar el teléfono ni se espaciaron las visitas de jóvenes profesionistas que creyeron cumplir puntualmente, mes a mes, con su declaración parcial ante el SAT por los recibos de honorarios profesionales que -para poder recibir retribución de sus empleadores, con un trabajo fijo y un único patrón- entregaron a las direcciones de recursos humanos de las empresas donde se parten el lomo para sobrevivir, sin seguro social, fondo de ahorro, fondo para vivienda, por lo menos.
Causantes cautivos que además de enterar mensualmente sus declaraciones parciales, al instante de presentar su declaración anual se topan con la sorpresa de que el SAT les requiere otro 17.5 por ciento de su salario porque, dicen, el IETU es aplicable a ellos. ¿Cómo puede ser posible que esos jóvenes que desean integrarse a la fuerza económicamente activa de este país, sean expoliados de tal manera? ¿Pagan los ministros de la SCJN y los consejeros de la Judicatura Federal el IETU además del ISR? ¿Cuántos mexicanos tienen que cubrir al SAT ese doble impuesto combinado entre el ISR y el IETU, lo que los despoja de más del 50 por ciento de sus ingresos?
Algo muy malo ocurre en México cuando para que sobreviva, aunque no funcione, el agonizante presidencialismo, el inestable y fallido modelo político requiera expoliar a buena parte de sus gobernados, como ocurre con esos profesionistas, contratados por medio del outsourcing y sin prestación social alguna, que se ven obligados a retribuir al SAT con parte del pan que quitan de la boca de sus hijos.
El artículo 87 constitucional es preciso cuando mandata al presidente de la República comprometerse con sus gobernados: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Algo habrá que hacer al respecto, porque el presidente Felipe Calderón, en opinión de este analista, incumple con el mandato del artículo 25 constitucional, que a la letra dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
Entre esos individuos, grupos y clases sociales están los causantes cautivos a los que además del ISR se les obligó a cumplir con el IETU, como si sus servicios profesionales contratados exclusivamente por un patrón, fuesen actividad empresarial. Sobre el expolio que los han hecho del seguro social, los fondos de ahorro y de la vivienda, al ser contratados vía outsourcing, ahora les quitan buena tajada de sus ingresos, y con ellos les llevan la libertad y la dignidad que el mandato constitucional establece como parte de la responsabilidad del Estado, cuya conducción está a cargo del presidente de la República en funciones.
La explicación lógica a lo que hoy padecen los mexicanos, se encuentra en los textos de Alain Touraine, de ninguna manera un izquierdista recalcitrante. Escribe: “La situación actual puede tornarse análoga a la que caracterizó el periodo más negro de la industrialización, tanto capitalista como comunista, cuando se enfrentaban el dinero y el trabajador, y la vida pública se reducía a la defensa de los poderosos por los tribunales, las intervenciones del Estado gendarme y las amonestaciones de los filántropos. Nuestro sistema de protección social está amenazado, pero experimentamos sobre todo un vacío político inquietante que no llenan los llamados de las organizaciones humanitarias, que tomaron el relevo de los filántropos sobre las ruinas de las políticas de integración social”.
Que no nos vengan con el cuento de que lo que hoy se padece es herencia de ese nefasto priismo; no pueden continuar culpando a los demás de lo que se mostraron incapaces de articular: la transición, la reforma integral del modelo político y económico. Pero no entienden que el daño es sistémico, y no parcial.
Aunque la respuesta puede ser menos elaborada. Se trata del empeño del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, por enseñar a las familias mexicanas a vivir con seis mil pesos mensuales, pagando hipoteca, luz, teléfono, colegiatura, alimentos, vacaciones, ropa. Suena lógico.
El Impuesto Empresarial a Tasa Única forma parte del paquete de Reforma Fiscal propuesto por el presidente Felipe Calderón en 2007. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró constitucional, pero también reconoció que es un impuesto distinto al Impuesto sobre la Renta. Hasta aquí lo tengo claro.
Lo que no entiendo, es cómo los causantes cautivos apergollados por los patrones, la Secretaría de Hacienda y una modalidad laboral establecida a través del outsourcing, con el propósito de facilitar a las empresas el incumplimiento de responsabilidades todavía legales -aunque no se cumplan- para eludir la seguridad social y la vivienda, al sujetar a los empleados de distinta jerarquía y profesión a contratos por honorarios, lo que de ninguna manera indica que sean empresarios con obligación de pagar a Hacienda el IETU.
El sábado 30 de abril fue el último día para que las personas físicas cumpliesen con sus responsabilidades fiscales. Esa semana no dejó de sonar el teléfono ni se espaciaron las visitas de jóvenes profesionistas que creyeron cumplir puntualmente, mes a mes, con su declaración parcial ante el SAT por los recibos de honorarios profesionales que -para poder recibir retribución de sus empleadores, con un trabajo fijo y un único patrón- entregaron a las direcciones de recursos humanos de las empresas donde se parten el lomo para sobrevivir, sin seguro social, fondo de ahorro, fondo para vivienda, por lo menos.
Causantes cautivos que además de enterar mensualmente sus declaraciones parciales, al instante de presentar su declaración anual se topan con la sorpresa de que el SAT les requiere otro 17.5 por ciento de su salario porque, dicen, el IETU es aplicable a ellos. ¿Cómo puede ser posible que esos jóvenes que desean integrarse a la fuerza económicamente activa de este país, sean expoliados de tal manera? ¿Pagan los ministros de la SCJN y los consejeros de la Judicatura Federal el IETU además del ISR? ¿Cuántos mexicanos tienen que cubrir al SAT ese doble impuesto combinado entre el ISR y el IETU, lo que los despoja de más del 50 por ciento de sus ingresos?
Algo muy malo ocurre en México cuando para que sobreviva, aunque no funcione, el agonizante presidencialismo, el inestable y fallido modelo político requiera expoliar a buena parte de sus gobernados, como ocurre con esos profesionistas, contratados por medio del outsourcing y sin prestación social alguna, que se ven obligados a retribuir al SAT con parte del pan que quitan de la boca de sus hijos.
El artículo 87 constitucional es preciso cuando mandata al presidente de la República comprometerse con sus gobernados: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Algo habrá que hacer al respecto, porque el presidente Felipe Calderón, en opinión de este analista, incumple con el mandato del artículo 25 constitucional, que a la letra dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
Entre esos individuos, grupos y clases sociales están los causantes cautivos a los que además del ISR se les obligó a cumplir con el IETU, como si sus servicios profesionales contratados exclusivamente por un patrón, fuesen actividad empresarial. Sobre el expolio que los han hecho del seguro social, los fondos de ahorro y de la vivienda, al ser contratados vía outsourcing, ahora les quitan buena tajada de sus ingresos, y con ellos les llevan la libertad y la dignidad que el mandato constitucional establece como parte de la responsabilidad del Estado, cuya conducción está a cargo del presidente de la República en funciones.
La explicación lógica a lo que hoy padecen los mexicanos, se encuentra en los textos de Alain Touraine, de ninguna manera un izquierdista recalcitrante. Escribe: “La situación actual puede tornarse análoga a la que caracterizó el periodo más negro de la industrialización, tanto capitalista como comunista, cuando se enfrentaban el dinero y el trabajador, y la vida pública se reducía a la defensa de los poderosos por los tribunales, las intervenciones del Estado gendarme y las amonestaciones de los filántropos. Nuestro sistema de protección social está amenazado, pero experimentamos sobre todo un vacío político inquietante que no llenan los llamados de las organizaciones humanitarias, que tomaron el relevo de los filántropos sobre las ruinas de las políticas de integración social”.
Que no nos vengan con el cuento de que lo que hoy se padece es herencia de ese nefasto priismo; no pueden continuar culpando a los demás de lo que se mostraron incapaces de articular: la transición, la reforma integral del modelo político y económico. Pero no entienden que el daño es sistémico, y no parcial.
Aunque la respuesta puede ser menos elaborada. Se trata del empeño del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, por enseñar a las familias mexicanas a vivir con seis mil pesos mensuales, pagando hipoteca, luz, teléfono, colegiatura, alimentos, vacaciones, ropa. Suena lógico.
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