Miguel Ángel Granados Chapa
Es probable que carezca de toda utilidad. Que no sean más que legajos de oficios y acuses de recibo, en los que suelen agotarse las indagaciones ministeriales. Pero la desaparición del expediente BRA/SC/02/17512011, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero es un acontecimiento grave, que excede los límites de las insuficiencias burocráticas en cuyos laberintos suelen extraviarse constancias e investigaciones penales. Significa la prolongación, y acaso la culminación del procedimiento para dotar de impunidad a quienes mataron al diputado Armando Chavarría.
Líder del Congreso guerrerense, como presidente que era de la Comisión de Gobierno (en que a su vez figuraba en tanto que cabeza de la fracción perredista), Chavarría fue asesinado a las afueras de su domicilio en Chilpancingo, la mañana del 20 de agosto de 2009. Varios agresores le dispararon siete balazos que le arrebataron la vida inmediatamente. Hacía poco le había sido retirada la escolta de que suele dotarse a un representante de su posición.
Chavarría se encaminaba, según varios indicadores, a ser el candidato del PRD a la gubernatura de su estado natal. Si bien faltaba más de un año para que ese partido tomara la decisión que llevaría a su candidato a participar en la elección de enero de 2011, no se avizoraba en el horizonte político local ninguna figura capaz de disputarle la postulación. Culminaría con ella una carrera iniciada en sus años juveniles, como dirigente estudiantil, y que lo había conducido a las dos cámaras del Congreso federal. Derrotado por Zeferino Torreblanca en el proceso interno para escoger candidato del PRD en 2005, y no obstante la rudeza de la contienda, Chavarría se avino a ser secretario de Gobierno cuando Torreblanca puso fin a la hegemonía priista en Guerrero, sostenida no sólo con los medios tradicionales de burla al sufragio, sino mediante violencia que nunca fue castigada.
La relación entre Torreblanca y Chavarría era ambigua, oscilante, según convenía a los intereses de cada quien. Pero subyacía en ella una disparidad conceptual respecto de cómo debía obrar un gobierno de izquierda en una entidad como Guerrero, tan castigada por la pobreza y la represión. El gobernador, quien había llegado a la política electoral como dirigente empresarial en Acapulco, donde fue alcalde, era en realidad un conservador al estilo priista. Chavarría, en cambio, mantenía una vocación popular, acaso atenuada por las exigencias de la institucionalidad en que se adentraba.
El asesinato de su correligionario y rival pareció no importar a Torreblanca. No acudió a la escena del crimen, ni se presentó a ofrecer condolencias a la familia. Aun si hubiera sido rechazada su presencia en el ámbito privado, pudo apersonarse en el recinto legislativo donde se honró al legislador ultimado. Tampoco acudió a encabezar las primeras diligencias ministeriales el procurador Eduardo Murueta, caracterizado por la negligencia de su desempeño, notoria por el abandono en que mantuvo las averiguaciones de líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Con todo, la presión del comité nacional del PRD y la de las bases próximas a Chavarría obligaron al gobernador a prescindir de Murueta, al que despidió antes de un mes después del crimen, sin que avanzara en la indagación, si es que pretendió hacerlo. El 14 de septiembre presentó su renuncia, carente de la confianza pública para enfrentar el delicado caso al que él no concedió relevancia. Una semana después, como nueva muestra de su desinterés por el asunto, Torreblanca nombró subprocurador encargado del despacho a un abogado que, si bien nació en Guerrero, había hecho carrera fuera de la entidad. Con el nombramiento de Albertico Guinto Sierra (de verdad, así se llama) en la segunda línea de la Procuraduría, Torreblanca burló al Congreso local, al que no reconoció su prerrogativa de confirmar la designación. Y de paso evitó asumir un compromiso público, político además de jurídico, sobre el asesinato de Chavarría.
Ignorando la petición de que fuera nombrado un fiscal especial para el caso, Torreblanca hizo que el responsable del Ministerio Público en la zona centro, Jesús Miranda Rodríguez, se ocupara del expediente. Cuando se tuvo noticia de que la documentación no aparecía, Miranda Rodríguez, quien había dejado de trabajar en la Procuraduría, fue buscado en su domicilio, donde no hay rastro de su paradero.
La averiguación trazó cuatro líneas de investigación, según se informó de manera oficial: ámbito político, delincuencia organizada, grupos armados y entorno personal. No obstante la ubicación y la proyección de Chavarría, se puso el acento no en la primera, sino en la última línea. Por lo menos el subprocurador Guinto se esmeró en filtrar presuntas actuaciones relativas al entorno personal, con la obvia intención de demeritar la figura de la víctima. Se deslizó la insinuación de que habían sido convocadas a declarar 60 mujeres con las que Chavarría mantuvo alguna relación. Y también se sugirió que se hurgaba en las finanzas del político sacrificado. En un aspecto de la confusa participación de la Procuraduría General de la República en la investigación, esta dependencia averiguó si la señora Marta Obeso, viuda de Chavarría, poseía bienes inmuebles, y se la señaló por su propio pasado político, como militante de agrupaciones radicales.
Chismes en vez de datos integraban el expediente. Y en vez de detener a los asesinos, fueron capturados para someterlos a interrogatorios desconsiderados José Higuera, amigo cercano de Chavarría, y el director del diario El Sur, Juan Angulo, quien el 29 de diciembre de 2009 tuvo que responder 50 preguntas en presencia del subprocurador.
Sin que constara formalmente que la PGR haya atraído el caso, se dice ahora que el 4 de junio de 2010 se le turnó el expediente. Cuando el 1 de julio finalmente Torreblanca nombró a un procurador, David Sotelo, ya no halló el legajo en su oficina, sino que ahora ha dicho que estaba en la PGR. Ello significa que, sin decirlo expresamente, el Ministerio Público local se desentendió del caso entonces. Y no se sabe que la procuraduría federal lo hubiera asumido a plenitud. Lo que sí se sabe es que Albertico Guinto Sierra no entregó copia de las actuaciones a los abogados de la familia, reconocidos como coadyuvantes,
Triunfante en las elecciones de enero, después de un tortuoso proceso interno, el gobernador priista Ángel Heladio Aguirre, postulado por el PRD, designó procurador a Alberto Rosas López, quien al tomar posesión y querer ocuparse del caso descubrió la falta del expediente. Tendrá que comenzar de cero la investigación, dijo. Exalcalde de Acapulco, exdiputado federal, hijo del legendario Rey Lopitos, dirigente de colonos invasores en ese puerto, el nuevo procurador goza de la confianza de la familia, y de un sector relevante del perredismo guerrerense. Debe hacer rendir ese su capital político al conducir directamente la búsqueda del expediente Chavarría o al encabezar las diligencias que nunca se realizaron para saber quién mató a quién, a esta fecha, acaso fuera gobernador de Guerrero.
Es probable que carezca de toda utilidad. Que no sean más que legajos de oficios y acuses de recibo, en los que suelen agotarse las indagaciones ministeriales. Pero la desaparición del expediente BRA/SC/02/17512011, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero es un acontecimiento grave, que excede los límites de las insuficiencias burocráticas en cuyos laberintos suelen extraviarse constancias e investigaciones penales. Significa la prolongación, y acaso la culminación del procedimiento para dotar de impunidad a quienes mataron al diputado Armando Chavarría.
Líder del Congreso guerrerense, como presidente que era de la Comisión de Gobierno (en que a su vez figuraba en tanto que cabeza de la fracción perredista), Chavarría fue asesinado a las afueras de su domicilio en Chilpancingo, la mañana del 20 de agosto de 2009. Varios agresores le dispararon siete balazos que le arrebataron la vida inmediatamente. Hacía poco le había sido retirada la escolta de que suele dotarse a un representante de su posición.
Chavarría se encaminaba, según varios indicadores, a ser el candidato del PRD a la gubernatura de su estado natal. Si bien faltaba más de un año para que ese partido tomara la decisión que llevaría a su candidato a participar en la elección de enero de 2011, no se avizoraba en el horizonte político local ninguna figura capaz de disputarle la postulación. Culminaría con ella una carrera iniciada en sus años juveniles, como dirigente estudiantil, y que lo había conducido a las dos cámaras del Congreso federal. Derrotado por Zeferino Torreblanca en el proceso interno para escoger candidato del PRD en 2005, y no obstante la rudeza de la contienda, Chavarría se avino a ser secretario de Gobierno cuando Torreblanca puso fin a la hegemonía priista en Guerrero, sostenida no sólo con los medios tradicionales de burla al sufragio, sino mediante violencia que nunca fue castigada.
La relación entre Torreblanca y Chavarría era ambigua, oscilante, según convenía a los intereses de cada quien. Pero subyacía en ella una disparidad conceptual respecto de cómo debía obrar un gobierno de izquierda en una entidad como Guerrero, tan castigada por la pobreza y la represión. El gobernador, quien había llegado a la política electoral como dirigente empresarial en Acapulco, donde fue alcalde, era en realidad un conservador al estilo priista. Chavarría, en cambio, mantenía una vocación popular, acaso atenuada por las exigencias de la institucionalidad en que se adentraba.
El asesinato de su correligionario y rival pareció no importar a Torreblanca. No acudió a la escena del crimen, ni se presentó a ofrecer condolencias a la familia. Aun si hubiera sido rechazada su presencia en el ámbito privado, pudo apersonarse en el recinto legislativo donde se honró al legislador ultimado. Tampoco acudió a encabezar las primeras diligencias ministeriales el procurador Eduardo Murueta, caracterizado por la negligencia de su desempeño, notoria por el abandono en que mantuvo las averiguaciones de líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Con todo, la presión del comité nacional del PRD y la de las bases próximas a Chavarría obligaron al gobernador a prescindir de Murueta, al que despidió antes de un mes después del crimen, sin que avanzara en la indagación, si es que pretendió hacerlo. El 14 de septiembre presentó su renuncia, carente de la confianza pública para enfrentar el delicado caso al que él no concedió relevancia. Una semana después, como nueva muestra de su desinterés por el asunto, Torreblanca nombró subprocurador encargado del despacho a un abogado que, si bien nació en Guerrero, había hecho carrera fuera de la entidad. Con el nombramiento de Albertico Guinto Sierra (de verdad, así se llama) en la segunda línea de la Procuraduría, Torreblanca burló al Congreso local, al que no reconoció su prerrogativa de confirmar la designación. Y de paso evitó asumir un compromiso público, político además de jurídico, sobre el asesinato de Chavarría.
Ignorando la petición de que fuera nombrado un fiscal especial para el caso, Torreblanca hizo que el responsable del Ministerio Público en la zona centro, Jesús Miranda Rodríguez, se ocupara del expediente. Cuando se tuvo noticia de que la documentación no aparecía, Miranda Rodríguez, quien había dejado de trabajar en la Procuraduría, fue buscado en su domicilio, donde no hay rastro de su paradero.
La averiguación trazó cuatro líneas de investigación, según se informó de manera oficial: ámbito político, delincuencia organizada, grupos armados y entorno personal. No obstante la ubicación y la proyección de Chavarría, se puso el acento no en la primera, sino en la última línea. Por lo menos el subprocurador Guinto se esmeró en filtrar presuntas actuaciones relativas al entorno personal, con la obvia intención de demeritar la figura de la víctima. Se deslizó la insinuación de que habían sido convocadas a declarar 60 mujeres con las que Chavarría mantuvo alguna relación. Y también se sugirió que se hurgaba en las finanzas del político sacrificado. En un aspecto de la confusa participación de la Procuraduría General de la República en la investigación, esta dependencia averiguó si la señora Marta Obeso, viuda de Chavarría, poseía bienes inmuebles, y se la señaló por su propio pasado político, como militante de agrupaciones radicales.
Chismes en vez de datos integraban el expediente. Y en vez de detener a los asesinos, fueron capturados para someterlos a interrogatorios desconsiderados José Higuera, amigo cercano de Chavarría, y el director del diario El Sur, Juan Angulo, quien el 29 de diciembre de 2009 tuvo que responder 50 preguntas en presencia del subprocurador.
Sin que constara formalmente que la PGR haya atraído el caso, se dice ahora que el 4 de junio de 2010 se le turnó el expediente. Cuando el 1 de julio finalmente Torreblanca nombró a un procurador, David Sotelo, ya no halló el legajo en su oficina, sino que ahora ha dicho que estaba en la PGR. Ello significa que, sin decirlo expresamente, el Ministerio Público local se desentendió del caso entonces. Y no se sabe que la procuraduría federal lo hubiera asumido a plenitud. Lo que sí se sabe es que Albertico Guinto Sierra no entregó copia de las actuaciones a los abogados de la familia, reconocidos como coadyuvantes,
Triunfante en las elecciones de enero, después de un tortuoso proceso interno, el gobernador priista Ángel Heladio Aguirre, postulado por el PRD, designó procurador a Alberto Rosas López, quien al tomar posesión y querer ocuparse del caso descubrió la falta del expediente. Tendrá que comenzar de cero la investigación, dijo. Exalcalde de Acapulco, exdiputado federal, hijo del legendario Rey Lopitos, dirigente de colonos invasores en ese puerto, el nuevo procurador goza de la confianza de la familia, y de un sector relevante del perredismo guerrerense. Debe hacer rendir ese su capital político al conducir directamente la búsqueda del expediente Chavarría o al encabezar las diligencias que nunca se realizaron para saber quién mató a quién, a esta fecha, acaso fuera gobernador de Guerrero.
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