Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
En cuanto a la existencia ilegal de los monopolios, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es preciso. Desde que recuerdo, todos los presidentes, el Congreso y el mismísimo Poder Judicial, que aspira a convertirse en tribunal constitucional, se hacen de la vista gorda. Existen y se toleran porque así ha convenido a los intereses políticos de quienes nos gobernaron, primero, después porque desde diciembre de 2000 se transformaron en servidores de los poderes fácticos que determinan la agenda nacional.
El choque de titanes que hoy presenciamos puede obedecer a dos consideraciones: convertirlo en un espectáculo para subrayar que al contrario de lo ocurrido durante el priismo, Acción Nacional sí observa el cumplimiento de la Constitución; la segunda sería establecer, de una vez por todas, las alianzas que definen el proyecto de nación conceptualizado a lo largo de la praxis política de Felipe Calderón, que va directamente en sentido contrario a su discurso, al menos en materia económica y en cumplimiento del mandato constitucional.
Esforzarse por imponer una multa de mil millones de dólares al grupo Carso, sin considerar siquiera los costos y beneficios que uno y otro monopolio hacen gravitar sobre la sociedad, me parece de una irresponsabilidad absoluta, de una arrogancia sólo conferida por el poder.
¿Cómo calcular lo que cuesta a la nación la estupidización de las jóvenes generaciones que definirían el futuro de México? No debe olvidarse la célebre frase de Emilio Azcárraga Milmo: Hacemos televisión para los jodidos, y en esas están TV Azteca y Televisa, empresas que en su televisión abierta se dedican a modificar pautas culturales que fueron indispensables para la identidad nacional; transforman comportamientos y valores para hacerles tolerables la mediocridad y la corrupción en que viven. Esto no puede calcularse, no puede tasarse con valor ni con medida. Es la iniquidad bíblica.
Por el contrario, las cuotas de interconexión son fácilmente tasables, pero como en esta aterida patria optaron por el libre mercado y decidieron que la regulación económica por parte del Estado es aberrante, no viola norma alguna, a menos que el gobierno de Felipe Calderón decida establecer dos pesas y dos medidas, con el propósito de facilitar el camino a los aliados que en materia de comunicación necesita para sobrevivir a las elecciones presidenciales de 2012.
Lo aprobado por el Congreso en materia de sanción a los monopolios, es claro:
El Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación prevén saltar de una sanción económica máxima de 85 millones de pesos al cobro de 10% de los ingresos generados en el mercado nacional por las empresas responsables de prácticas monopólicas.
La ley establece sanciones cuando se acredite “el poder sustancial conjunto”, es decir, cuando dos o más empresas juntas sean capaces de imponer condiciones en el mercado, sin que los competidores puedan contrarrestar este fenómeno.
¿Está la sociedad mexicana preparada para vivir, desarrollarse y crecer con perspectivas de futuro, en el modelo económico impuesto desde el gobierno? ¿Están los empresarios dispuestos a transformarse, o sólo buscarán los beneficios que la irresuelta contradicción entre modelo económico globalizado y transición política postergada arrojan a sus arcas, pero cuyo costo cae en las espaldas de los mexicanos?
Alaine Touraine en ¿Podremos vivir juntos? apunta una respuesta: “El paso de la sociedad industrial a la sociedad programada, donde en gran medida ya hemos entrado, radicalizó nuestra imagen de la modernidad… (Hoy) se quiere construir la sociedad sobre la libertad del Sujeto personal y no ya sobre un bien común o un interés general que son cada vez más las caras del poder.
“… Mientras las ideologías políticas se agotan o dan miedo -a tal punto se valieron de ellas los regímenes totalitarios-, los debates económicos se profesionalizan a tal extremo que la gestión del Estado apenas parece ya diferente de la de las empresas privadas: en ambos lados hay que adaptarse a una competencia mundializada y a unas transformaciones tecnológicas aceleradas. A la inversa, son los temas de la vida privada los que alimentan los grandes debates públicos. El tema del Sujeto, sobre el que se asientan las reivindicaciones éticas, sustituyó al de las clases, como éste había reemplazado al de la nación”.
Quizá con educación pública eficiente, con medios de comunicación a precios accesibles, con diversión que alimente la cultura y no que la destruya o denigre, pudiésemos aspirar a la integración cabal en la globalización, pero “el desarrollo de la modernidad no es lineal”, y los gobiernos panistas encontraron acomodo en los beneficios de la contradicción que tienen al país en el impasse, porque sí saben que la quiebra del proyecto de nación es sistémica, pero no les interesa resolverla de manera integral, porque sirven a intereses ajenos a los de la nación.
En cuanto a la existencia ilegal de los monopolios, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es preciso. Desde que recuerdo, todos los presidentes, el Congreso y el mismísimo Poder Judicial, que aspira a convertirse en tribunal constitucional, se hacen de la vista gorda. Existen y se toleran porque así ha convenido a los intereses políticos de quienes nos gobernaron, primero, después porque desde diciembre de 2000 se transformaron en servidores de los poderes fácticos que determinan la agenda nacional.
El choque de titanes que hoy presenciamos puede obedecer a dos consideraciones: convertirlo en un espectáculo para subrayar que al contrario de lo ocurrido durante el priismo, Acción Nacional sí observa el cumplimiento de la Constitución; la segunda sería establecer, de una vez por todas, las alianzas que definen el proyecto de nación conceptualizado a lo largo de la praxis política de Felipe Calderón, que va directamente en sentido contrario a su discurso, al menos en materia económica y en cumplimiento del mandato constitucional.
Esforzarse por imponer una multa de mil millones de dólares al grupo Carso, sin considerar siquiera los costos y beneficios que uno y otro monopolio hacen gravitar sobre la sociedad, me parece de una irresponsabilidad absoluta, de una arrogancia sólo conferida por el poder.
¿Cómo calcular lo que cuesta a la nación la estupidización de las jóvenes generaciones que definirían el futuro de México? No debe olvidarse la célebre frase de Emilio Azcárraga Milmo: Hacemos televisión para los jodidos, y en esas están TV Azteca y Televisa, empresas que en su televisión abierta se dedican a modificar pautas culturales que fueron indispensables para la identidad nacional; transforman comportamientos y valores para hacerles tolerables la mediocridad y la corrupción en que viven. Esto no puede calcularse, no puede tasarse con valor ni con medida. Es la iniquidad bíblica.
Por el contrario, las cuotas de interconexión son fácilmente tasables, pero como en esta aterida patria optaron por el libre mercado y decidieron que la regulación económica por parte del Estado es aberrante, no viola norma alguna, a menos que el gobierno de Felipe Calderón decida establecer dos pesas y dos medidas, con el propósito de facilitar el camino a los aliados que en materia de comunicación necesita para sobrevivir a las elecciones presidenciales de 2012.
Lo aprobado por el Congreso en materia de sanción a los monopolios, es claro:
El Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación prevén saltar de una sanción económica máxima de 85 millones de pesos al cobro de 10% de los ingresos generados en el mercado nacional por las empresas responsables de prácticas monopólicas.
La ley establece sanciones cuando se acredite “el poder sustancial conjunto”, es decir, cuando dos o más empresas juntas sean capaces de imponer condiciones en el mercado, sin que los competidores puedan contrarrestar este fenómeno.
¿Está la sociedad mexicana preparada para vivir, desarrollarse y crecer con perspectivas de futuro, en el modelo económico impuesto desde el gobierno? ¿Están los empresarios dispuestos a transformarse, o sólo buscarán los beneficios que la irresuelta contradicción entre modelo económico globalizado y transición política postergada arrojan a sus arcas, pero cuyo costo cae en las espaldas de los mexicanos?
Alaine Touraine en ¿Podremos vivir juntos? apunta una respuesta: “El paso de la sociedad industrial a la sociedad programada, donde en gran medida ya hemos entrado, radicalizó nuestra imagen de la modernidad… (Hoy) se quiere construir la sociedad sobre la libertad del Sujeto personal y no ya sobre un bien común o un interés general que son cada vez más las caras del poder.
“… Mientras las ideologías políticas se agotan o dan miedo -a tal punto se valieron de ellas los regímenes totalitarios-, los debates económicos se profesionalizan a tal extremo que la gestión del Estado apenas parece ya diferente de la de las empresas privadas: en ambos lados hay que adaptarse a una competencia mundializada y a unas transformaciones tecnológicas aceleradas. A la inversa, son los temas de la vida privada los que alimentan los grandes debates públicos. El tema del Sujeto, sobre el que se asientan las reivindicaciones éticas, sustituyó al de las clases, como éste había reemplazado al de la nación”.
Quizá con educación pública eficiente, con medios de comunicación a precios accesibles, con diversión que alimente la cultura y no que la destruya o denigre, pudiésemos aspirar a la integración cabal en la globalización, pero “el desarrollo de la modernidad no es lineal”, y los gobiernos panistas encontraron acomodo en los beneficios de la contradicción que tienen al país en el impasse, porque sí saben que la quiebra del proyecto de nación es sistémica, pero no les interesa resolverla de manera integral, porque sirven a intereses ajenos a los de la nación.
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