Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Hace exactamente una semana, el presidente del PRI Humberto Moreira, iba a anunciar todo el nuevo Consejo Político Nacional, con el cual el partido arrancaría una larga temporada electoral. Los planes se cancelaron sin explicación alguna, con lo cual varios ex gobernadores se quedaron en el limbo. La decisión de Moreira se debió a que tras una consulta en los más altos niveles de la PGR, le sugirieron que nombrar a Eugenio Hernández de Tamaulipas y José Reyes Baeza de Chihuahua, no era una buena idea.
Los dos ex gobernadores se encuentran hace tiempo en la mira de las investigaciones sobre narcotráfico, y desde las elecciones federales en 2009, han vivido bajo el temor de ser expuestos y detenidos. Hernández y Reyes Baeza han viajado con frecuencia a la ciudad de México en las últimas semanas, y el de Chihuahua, particularmente, se muestra muy nervioso. A diferencia de Hernández, su principal enemigo público no es el gobierno federal sino el gobernador actual, también del PRI, César Duarte, que asegura que quiere meterlo a la cárcel.
Fuentes de la PGR dijeron que la respuesta a la consulta que hizo la dirigencia del PRI sobre Hernández y Reyes Baeza no fue contundente. Es decir, no se les informó si había o no una averiguación previa en su contra, sino que solamente se les dijo que, por razones de fama pública, podría no ser conveniente que los nombraran. A buen entendedor, pocas palabras.
Moreira detuvo todo mientras comenzaron a señalar con más insistencia algunas personalidades del PRI, que nunca han tenido relación con el narcotráfico y que ese vínculo es parte de una trama del gobierno contra el partido, dentro del contexto de la campaña presidencial de 2012.
Los casos de Hernández y Reyes Baeza no son los únicos que han salido en indagatorias preliminares en temas relacionados con el narcotráfico. Hay cuando menos dos ex gobernadores del PRI, un ex gobernador del PAN y uno del PRD, cuyos nombres han sido mencionados por presuntos narcotraficantes o por testigos protegidos en México y en Estados Unidos. Sin embargo, para que las autoridades puedan proceder judicialmente, esas menciones tienen que ser comprobadas y probadas ciertas, con evidencias.
En los casos de Tamaulipas y Chihuahua, la violencia que los agobia es resultado de la confrontación entre cárteles de la droga que se rompieron a partir de 2008, cuando la vieja Federación, que era el paraguas de todas las organizaciones criminales en el país salvo el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo-Zetas, se fracturó y provocó realineamientos que no han dejado de alterarse desde entonces.
La violencia en Tamaulipas tiene su germen en enero de 2007, cuando el gobierno extraditó a Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo, a Estados Unidos. Cárdenas, fue quien reclutó a desertores del Ejército para formar un brazo armado de su organización, Los Zetas, y que desde la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México, mantenía el equilibrio entre las dos ramas de su organización, que vivía en permanente tensión.
Hacia finales de ese 2007 Los Zetas se aliaron con Arturo Beltrán Leyva, uno de los brazos armados de la Federación, quien en enero de 2008 rompió con sus viejos socios del Cártel de Sinaloa, con lo que cambió el mapa del narcotráfico en México. La Comarca Lagunera, Durango y Chihuahua se incendiaron al convertirse el eje Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez, la ruta por donde atraviesa el 70% de la cocaína a Estados Unidos, un territorio en disputa, mientras que la implosión de los grupos tamaulipecos contaminó Nuevo León y el occidente de Coahuila.
El Cártel de Juárez permaneció aliado a Beltrán Leyva y a Los Zetas, que formaron su propio ejército narcotraficante, y a la muerte de Beltrán Leyva en diciembre de 2009, el Cártel del Golfo se alió con Sinaloa para enfrentar a Los Zetas. En todos estos casos, siempre hubo un cártel que aparecía como favorecido. En los centros motores de esos cárteles y sus principales campos de batalla se concentra la violencia derivada del narcotráfico, así como los arrestos que han producido nueva información de inteligencia e indicios para perseguir.
Los nombres de los ex gobernadores han aparecido en los interrogatorios, pero no pruebas que demuestren su probable responsabilidad. Por lo mismo, Hernández y Reyes Baeza tienen una ventana de oportunidad para limpiar su nombre ante quienes deben hacerlo: la PGR.
El camino lo enseñaron Liébano Sánez, cuando era secretario particular del entonces presidente Ernesto Zedillo, y el ex director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes. En el caso de Sáenz, su nombre fue mencionado por un inculpado con Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos” y a la sazón jefe del Cártel de Juárez, mientras que Yunes fue acusado públicamente de pederastia.
Los dos, en momentos diferentes, acudieron a la PGR, sin prensa ni reflectores, y pidieron a la autoridad que los investigara. La PGR procedió a partir de los indicios, y todas las imputaciones que se les hicieron, se desvanecieron. Después de meses de investigarlos, la PGR les comunicó oficialmente que no había nada en su contra que probara las acusaciones que se les habían hecho.
Esa es la ruta para Hernández y Reyes Baeza, sin politizar sus casos ni hacer litigios mediáticos. Antes que aparezca en algún diario la filtración de una averiguación previa que sólo los manchará, sería conveniente si son libres de toda culpa, que se vacunen de una vez por todas con la autoridad que puede acusarlos o exonerarlos, y regresen a dormir tranquilos.
Hace exactamente una semana, el presidente del PRI Humberto Moreira, iba a anunciar todo el nuevo Consejo Político Nacional, con el cual el partido arrancaría una larga temporada electoral. Los planes se cancelaron sin explicación alguna, con lo cual varios ex gobernadores se quedaron en el limbo. La decisión de Moreira se debió a que tras una consulta en los más altos niveles de la PGR, le sugirieron que nombrar a Eugenio Hernández de Tamaulipas y José Reyes Baeza de Chihuahua, no era una buena idea.
Los dos ex gobernadores se encuentran hace tiempo en la mira de las investigaciones sobre narcotráfico, y desde las elecciones federales en 2009, han vivido bajo el temor de ser expuestos y detenidos. Hernández y Reyes Baeza han viajado con frecuencia a la ciudad de México en las últimas semanas, y el de Chihuahua, particularmente, se muestra muy nervioso. A diferencia de Hernández, su principal enemigo público no es el gobierno federal sino el gobernador actual, también del PRI, César Duarte, que asegura que quiere meterlo a la cárcel.
Fuentes de la PGR dijeron que la respuesta a la consulta que hizo la dirigencia del PRI sobre Hernández y Reyes Baeza no fue contundente. Es decir, no se les informó si había o no una averiguación previa en su contra, sino que solamente se les dijo que, por razones de fama pública, podría no ser conveniente que los nombraran. A buen entendedor, pocas palabras.
Moreira detuvo todo mientras comenzaron a señalar con más insistencia algunas personalidades del PRI, que nunca han tenido relación con el narcotráfico y que ese vínculo es parte de una trama del gobierno contra el partido, dentro del contexto de la campaña presidencial de 2012.
Los casos de Hernández y Reyes Baeza no son los únicos que han salido en indagatorias preliminares en temas relacionados con el narcotráfico. Hay cuando menos dos ex gobernadores del PRI, un ex gobernador del PAN y uno del PRD, cuyos nombres han sido mencionados por presuntos narcotraficantes o por testigos protegidos en México y en Estados Unidos. Sin embargo, para que las autoridades puedan proceder judicialmente, esas menciones tienen que ser comprobadas y probadas ciertas, con evidencias.
En los casos de Tamaulipas y Chihuahua, la violencia que los agobia es resultado de la confrontación entre cárteles de la droga que se rompieron a partir de 2008, cuando la vieja Federación, que era el paraguas de todas las organizaciones criminales en el país salvo el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo-Zetas, se fracturó y provocó realineamientos que no han dejado de alterarse desde entonces.
La violencia en Tamaulipas tiene su germen en enero de 2007, cuando el gobierno extraditó a Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo, a Estados Unidos. Cárdenas, fue quien reclutó a desertores del Ejército para formar un brazo armado de su organización, Los Zetas, y que desde la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México, mantenía el equilibrio entre las dos ramas de su organización, que vivía en permanente tensión.
Hacia finales de ese 2007 Los Zetas se aliaron con Arturo Beltrán Leyva, uno de los brazos armados de la Federación, quien en enero de 2008 rompió con sus viejos socios del Cártel de Sinaloa, con lo que cambió el mapa del narcotráfico en México. La Comarca Lagunera, Durango y Chihuahua se incendiaron al convertirse el eje Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez, la ruta por donde atraviesa el 70% de la cocaína a Estados Unidos, un territorio en disputa, mientras que la implosión de los grupos tamaulipecos contaminó Nuevo León y el occidente de Coahuila.
El Cártel de Juárez permaneció aliado a Beltrán Leyva y a Los Zetas, que formaron su propio ejército narcotraficante, y a la muerte de Beltrán Leyva en diciembre de 2009, el Cártel del Golfo se alió con Sinaloa para enfrentar a Los Zetas. En todos estos casos, siempre hubo un cártel que aparecía como favorecido. En los centros motores de esos cárteles y sus principales campos de batalla se concentra la violencia derivada del narcotráfico, así como los arrestos que han producido nueva información de inteligencia e indicios para perseguir.
Los nombres de los ex gobernadores han aparecido en los interrogatorios, pero no pruebas que demuestren su probable responsabilidad. Por lo mismo, Hernández y Reyes Baeza tienen una ventana de oportunidad para limpiar su nombre ante quienes deben hacerlo: la PGR.
El camino lo enseñaron Liébano Sánez, cuando era secretario particular del entonces presidente Ernesto Zedillo, y el ex director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes. En el caso de Sáenz, su nombre fue mencionado por un inculpado con Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos” y a la sazón jefe del Cártel de Juárez, mientras que Yunes fue acusado públicamente de pederastia.
Los dos, en momentos diferentes, acudieron a la PGR, sin prensa ni reflectores, y pidieron a la autoridad que los investigara. La PGR procedió a partir de los indicios, y todas las imputaciones que se les hicieron, se desvanecieron. Después de meses de investigarlos, la PGR les comunicó oficialmente que no había nada en su contra que probara las acusaciones que se les habían hecho.
Esa es la ruta para Hernández y Reyes Baeza, sin politizar sus casos ni hacer litigios mediáticos. Antes que aparezca en algún diario la filtración de una averiguación previa que sólo los manchará, sería conveniente si son libres de toda culpa, que se vacunen de una vez por todas con la autoridad que puede acusarlos o exonerarlos, y regresen a dormir tranquilos.
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