Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Marisela Morales fue propuesta por el presidente Felipe Calderón para ocupar la Procuraduría General de la República, y de ser aprobada por el Senado, será la primera mujer que llega a ese cargo en su historia. El tercer relevo en la PGR se dará justo a días de que la arroparan en Washington la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la primera dama, Michelle Obama, al premiarla como la mujer más valiente de México. Pero no hay que perderse en la celebración y el oropel. Por años ha chapaleado en el lodo, como soldado incondicional del Presidente en turno, a costa de la Ley que está obligada a procurar.
Morales es la metáfora de la burócrata que por disciplinada y gris llega a la cúspide de su carrera. Fue revivida por el entonces procurador Eduardo Medina Mora, que la nombró jefa de la Subprocuraduría Especializada para Delitos contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), tras descubrir que sus mandos trabajaban para el narcotráfico. En una paradoja que marcó su destino, estaba tan excluida y arrumbada en la última fila de la SIEDO, que no fue contaminada por la corrupción imperante.
Entró al cargo empapada de miedo. No quería aparecer en conferencias de prensa y en las primeras en las que participó pedía que no le tomaran fotografías de la cara. Entró en la tormenta de la “Operación Limpieza”, pero no tuvo que hacer nada, pues cuando se supo públicamente del caso ya estaba en manos del juez. Lo que sí le encargaron fue el llamado “Michoacanazo”, la acción donde se detuvo a una treintena de políticos michoacanos por su presunta vinculación con los cárteles de la droga. Prácticamente todos los detenidos se encuentran en libertad, en parte porque no se integraron al expediente todas las pruebas de que disponían las autoridades. La jefa de la SIEDO no hizo bien su trabajo, debido a lo cual una operación judicial de gran envergadura se convirtió en un asunto meramente político. Jurídicamente, se puede argumentar que fue un fiasco. No importó en su designación. La forma como se ha prestado a la politización de casos jurídicos, parecen ser hoy una virtud.
El caso más famoso fue el desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel Lópéz Obrador, cuando lo acusaron de haber violado la suspensión de un amparo en el predio “El Encino“. El caso, paradigmático en el gobierno de Vicente Fox, lo construyó el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien responsabilizó de ello a Morales, que era la coordinadora general de Investigaciones de la PGR.
El alegato de Morales en contra de López Obrador fue que al negarse a detener las obras en “El Encino” -un camino para conectar a un hospital en Santa Fe-, había inutilizado el terreno y ocasionado graves perjuicios a los dueños de la propiedad. Para que pudiera ser juzgado ante el ministerio público, el Congreso lo desaforó. En vísperas de que se girara orden de aprehensión en contra de él, Fox fue persuadido del error político que estaba cometiendo -por una falta administrativa menor que alcanzaba fianza-, y reculó.
El desafuero de López Obrador causó el despido de Macedo de la Concha y el retiro temporal de la PGR de Morales, quien ya había abusado antes de su poder. En 2005 se le abrió una investigación por falsificación de pruebas y delitos contra la administración de justicia, por haber acusado a Benjamín Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada -antecesora de la SIEDO-, de sustracción de documentos del caso del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Morales lo acusó en 2003 de desaparecer la declaración del nuncio papal Jerónimo Prigione, por lo que lo arrestaron. Sánchez Magallán se amparó y la denunció por las irregularidades en su consignación.
Tampoco importó. Morales ha probado ser funcional al Ejecutivo, como no lo fueron sus antecesores. Medina Mora, renunció tras negarse a usar a la PGR políticamente y perseguir a gobernadores del PRI en vísperas de las elecciones federales de 2009. Arturo Chávez también se rehusó a politizar la justicia y mejor se fue. Morales no era la primera carta presidencial para la PGR, pero una vez consumado el relevo, dados sus antecedentes, no tendrá problema alguno, cuando sea necesario, de torcer políticamente la ley en beneficio del Ejecutivo. De ser así y el Senado no la frena, la nueva procuradora será el sueño que deseaban muchos panistas para 2012.
Marisela Morales fue propuesta por el presidente Felipe Calderón para ocupar la Procuraduría General de la República, y de ser aprobada por el Senado, será la primera mujer que llega a ese cargo en su historia. El tercer relevo en la PGR se dará justo a días de que la arroparan en Washington la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la primera dama, Michelle Obama, al premiarla como la mujer más valiente de México. Pero no hay que perderse en la celebración y el oropel. Por años ha chapaleado en el lodo, como soldado incondicional del Presidente en turno, a costa de la Ley que está obligada a procurar.
Morales es la metáfora de la burócrata que por disciplinada y gris llega a la cúspide de su carrera. Fue revivida por el entonces procurador Eduardo Medina Mora, que la nombró jefa de la Subprocuraduría Especializada para Delitos contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), tras descubrir que sus mandos trabajaban para el narcotráfico. En una paradoja que marcó su destino, estaba tan excluida y arrumbada en la última fila de la SIEDO, que no fue contaminada por la corrupción imperante.
Entró al cargo empapada de miedo. No quería aparecer en conferencias de prensa y en las primeras en las que participó pedía que no le tomaran fotografías de la cara. Entró en la tormenta de la “Operación Limpieza”, pero no tuvo que hacer nada, pues cuando se supo públicamente del caso ya estaba en manos del juez. Lo que sí le encargaron fue el llamado “Michoacanazo”, la acción donde se detuvo a una treintena de políticos michoacanos por su presunta vinculación con los cárteles de la droga. Prácticamente todos los detenidos se encuentran en libertad, en parte porque no se integraron al expediente todas las pruebas de que disponían las autoridades. La jefa de la SIEDO no hizo bien su trabajo, debido a lo cual una operación judicial de gran envergadura se convirtió en un asunto meramente político. Jurídicamente, se puede argumentar que fue un fiasco. No importó en su designación. La forma como se ha prestado a la politización de casos jurídicos, parecen ser hoy una virtud.
El caso más famoso fue el desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel Lópéz Obrador, cuando lo acusaron de haber violado la suspensión de un amparo en el predio “El Encino“. El caso, paradigmático en el gobierno de Vicente Fox, lo construyó el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien responsabilizó de ello a Morales, que era la coordinadora general de Investigaciones de la PGR.
El alegato de Morales en contra de López Obrador fue que al negarse a detener las obras en “El Encino” -un camino para conectar a un hospital en Santa Fe-, había inutilizado el terreno y ocasionado graves perjuicios a los dueños de la propiedad. Para que pudiera ser juzgado ante el ministerio público, el Congreso lo desaforó. En vísperas de que se girara orden de aprehensión en contra de él, Fox fue persuadido del error político que estaba cometiendo -por una falta administrativa menor que alcanzaba fianza-, y reculó.
El desafuero de López Obrador causó el despido de Macedo de la Concha y el retiro temporal de la PGR de Morales, quien ya había abusado antes de su poder. En 2005 se le abrió una investigación por falsificación de pruebas y delitos contra la administración de justicia, por haber acusado a Benjamín Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada -antecesora de la SIEDO-, de sustracción de documentos del caso del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Morales lo acusó en 2003 de desaparecer la declaración del nuncio papal Jerónimo Prigione, por lo que lo arrestaron. Sánchez Magallán se amparó y la denunció por las irregularidades en su consignación.
Tampoco importó. Morales ha probado ser funcional al Ejecutivo, como no lo fueron sus antecesores. Medina Mora, renunció tras negarse a usar a la PGR políticamente y perseguir a gobernadores del PRI en vísperas de las elecciones federales de 2009. Arturo Chávez también se rehusó a politizar la justicia y mejor se fue. Morales no era la primera carta presidencial para la PGR, pero una vez consumado el relevo, dados sus antecedentes, no tendrá problema alguno, cuando sea necesario, de torcer políticamente la ley en beneficio del Ejecutivo. De ser así y el Senado no la frena, la nueva procuradora será el sueño que deseaban muchos panistas para 2012.
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