Andy Novell
Se han cumplido nueve meses del hallazgo de 72 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas. Nueve meses de investigaciones de los tres niveles de gobierno, y hasta este sábado empezaron a rendir fruto con la detención de Martín Omar Estrada Luna (a) “El Kilo”, presunto jefe de plaza de los “zetas” en San Fernando, Tamaulipas. “El Kilo” está considerado presunto responsable en el secuestro y muerte de un gran número de personas, encontradas en fosas clandestinas.
Las investigaciones deben ir más allá de la detención de este delincuente, más allá de San Fernando y los 222 muertos encontrados en fosas clandestinas en las últimas semanas. Hasta el momento las primeras investigaciones, autopsias y reconocimiento de cadáveres, señalan que los ejecutados en su mayoría son jornaleros provenientes de Centroamérica y algunos estados de la República de acuerdo a la información que ha logrado proporcionar la Procuraduría General de la República (PGR).
La historia de secuestros de centroamericanos en el norte del país, no es nada nuevo; mucho menos que sean ejecutados por no querer colaborar con el crimen organizado e incluso por no ser parte de estas organizaciones criminales.
Desde principios del 2000, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con la PGR, el secuestro de jornaleros se inició en Durango, Jalisco, Sonora, Aguascalientes y Nayarit.
Estos secuestros se daban especialmente entre los meses de julio y agosto, tiempo en que los jornaleros eran trasladados en autobuses foráneos a cualquiera de los destinos que hayan sido contratados.
En algunos estados como Guanajuato e Hidalgo, se impulso un programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, el cual fue apoyado por el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).En este programa se reclutan campesinos para llevarlos a los campos de labranza en los estados de Jalisco, Sonora, Aguascalientes, Nayarit y la Comarca Lagunera, los meses de febrero y junio.
Los secuestros que se realizaban anteriormente, eran por células del cártel del Pacifico encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes los obligaban a trabajar en los campos de cultivo de amapola y marihuana, sin pago alguno.
Años después los “zetas” copiaron este modus operandi: secuestrar autobuses completos de jornaleros y en caso de que las víctimas no accedan a convertirse en parte de su organización o que sus familiares no paguen el monto del secuestro, son ejecutados.
Las investigaciones en el caso San Fernando continuarán y los resultados sorprenderán a más de uno e incluso a los propios investigadores del gobierno federal.
Se han cumplido nueve meses del hallazgo de 72 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas. Nueve meses de investigaciones de los tres niveles de gobierno, y hasta este sábado empezaron a rendir fruto con la detención de Martín Omar Estrada Luna (a) “El Kilo”, presunto jefe de plaza de los “zetas” en San Fernando, Tamaulipas. “El Kilo” está considerado presunto responsable en el secuestro y muerte de un gran número de personas, encontradas en fosas clandestinas.
Las investigaciones deben ir más allá de la detención de este delincuente, más allá de San Fernando y los 222 muertos encontrados en fosas clandestinas en las últimas semanas. Hasta el momento las primeras investigaciones, autopsias y reconocimiento de cadáveres, señalan que los ejecutados en su mayoría son jornaleros provenientes de Centroamérica y algunos estados de la República de acuerdo a la información que ha logrado proporcionar la Procuraduría General de la República (PGR).
La historia de secuestros de centroamericanos en el norte del país, no es nada nuevo; mucho menos que sean ejecutados por no querer colaborar con el crimen organizado e incluso por no ser parte de estas organizaciones criminales.
Desde principios del 2000, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con la PGR, el secuestro de jornaleros se inició en Durango, Jalisco, Sonora, Aguascalientes y Nayarit.
Estos secuestros se daban especialmente entre los meses de julio y agosto, tiempo en que los jornaleros eran trasladados en autobuses foráneos a cualquiera de los destinos que hayan sido contratados.
En algunos estados como Guanajuato e Hidalgo, se impulso un programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, el cual fue apoyado por el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).En este programa se reclutan campesinos para llevarlos a los campos de labranza en los estados de Jalisco, Sonora, Aguascalientes, Nayarit y la Comarca Lagunera, los meses de febrero y junio.
Los secuestros que se realizaban anteriormente, eran por células del cártel del Pacifico encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes los obligaban a trabajar en los campos de cultivo de amapola y marihuana, sin pago alguno.
Años después los “zetas” copiaron este modus operandi: secuestrar autobuses completos de jornaleros y en caso de que las víctimas no accedan a convertirse en parte de su organización o que sus familiares no paguen el monto del secuestro, son ejecutados.
Las investigaciones en el caso San Fernando continuarán y los resultados sorprenderán a más de uno e incluso a los propios investigadores del gobierno federal.
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