Rubén Cortés
Es preciso insistir en la pertenencia de Miguel Ángel Mancera a una nueva clase política mexicana, exigua, pero vigorosa que destaca por encontrarse menos anclada en el pasado y mucho menos ideologizada, lo cual le permite distanciarse de dogmatismos políticos y liderazgos tradicionales.
Por eso el Procurador del DF actuó rápido al consignar ante un juez penal del Reclusorio Oriente a los 11 integrantes del SME, detenidos tras incendiar coches, apedrear bomberos, golpear y desvalijar a reporteros y enfrentarse a la policía federal el lunes.
Imposible olvidar que la acción de Mancera fue contra miembros de una organización aliada no a su partido, el PRD, sino que cuenta con las simpatías políticas de su jefe, el mandatario capitalino Marceo Ebrard.
Durante la inauguración del Congreso Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, el Jefe de Gobierno criticó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y ratificó su “solidaridad y apoyo” al líder del SME, Martín Esparza.
Sin embargo, Mancera encarceló a 11 miembros del SME y giró orden de presentación contra el propio Esparza por los actos vandálicos de aquellos, acusados de motín en agravio del orden público, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena.
En ese sentido, contrasta la disposición de Mancera a impartir la ley con la pasividad de la Procuraduría del Gobierno Federal, que desde el 10 de octubre de 2009 mantiene abiertas mil 287 averiguaciones previas contra integrantes del SME y sólo detuvo a uno.
Y tendría que ser al revés, ya que vino el Gobierno Federal la disposición de extinguir Luz y Fuerza del Centro por ser una empresa improductiva, aun siendo subsidiaba con 41 mil millones de pesos del erario.
Recordemos que los líderes del SME vendían las plazas de ingenierías en 400 mil pesos, las de conexiones en 220 mil, las de análisis en 150 mil, las de cableado en 70 mil y las de intendencia en 50 mil, según el expediente 258/2009, abierto en el Juzgado Sexto de Ecatepec.
Los desmanes del SME obligaron a la PGR a abrir 60 actas circunstanciadas contra sus integrantes y llegó a detener a 22, pero al final apenas uno está en prisión, Miguel Marques Ríos, por secuestro, delitos contra el consumo y riqueza nacional, y daño a la propiedad.
En cambio, el Procurador capitalino encarceló a 11 y citó a su líder a comparecer ante el juez. Eso es lo que convierte a Miguel Ángel Mancera en un político distinto, a pesar de ser un funcionario incondicional de Ebrard.
Porque un buen procurador es aquel que basa su eficacia no en el uso político de la justicia sino en la aplicación simple y llana de la ley.
Es preciso insistir en la pertenencia de Miguel Ángel Mancera a una nueva clase política mexicana, exigua, pero vigorosa que destaca por encontrarse menos anclada en el pasado y mucho menos ideologizada, lo cual le permite distanciarse de dogmatismos políticos y liderazgos tradicionales.
Por eso el Procurador del DF actuó rápido al consignar ante un juez penal del Reclusorio Oriente a los 11 integrantes del SME, detenidos tras incendiar coches, apedrear bomberos, golpear y desvalijar a reporteros y enfrentarse a la policía federal el lunes.
Imposible olvidar que la acción de Mancera fue contra miembros de una organización aliada no a su partido, el PRD, sino que cuenta con las simpatías políticas de su jefe, el mandatario capitalino Marceo Ebrard.
Durante la inauguración del Congreso Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, el Jefe de Gobierno criticó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y ratificó su “solidaridad y apoyo” al líder del SME, Martín Esparza.
Sin embargo, Mancera encarceló a 11 miembros del SME y giró orden de presentación contra el propio Esparza por los actos vandálicos de aquellos, acusados de motín en agravio del orden público, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena.
En ese sentido, contrasta la disposición de Mancera a impartir la ley con la pasividad de la Procuraduría del Gobierno Federal, que desde el 10 de octubre de 2009 mantiene abiertas mil 287 averiguaciones previas contra integrantes del SME y sólo detuvo a uno.
Y tendría que ser al revés, ya que vino el Gobierno Federal la disposición de extinguir Luz y Fuerza del Centro por ser una empresa improductiva, aun siendo subsidiaba con 41 mil millones de pesos del erario.
Recordemos que los líderes del SME vendían las plazas de ingenierías en 400 mil pesos, las de conexiones en 220 mil, las de análisis en 150 mil, las de cableado en 70 mil y las de intendencia en 50 mil, según el expediente 258/2009, abierto en el Juzgado Sexto de Ecatepec.
Los desmanes del SME obligaron a la PGR a abrir 60 actas circunstanciadas contra sus integrantes y llegó a detener a 22, pero al final apenas uno está en prisión, Miguel Marques Ríos, por secuestro, delitos contra el consumo y riqueza nacional, y daño a la propiedad.
En cambio, el Procurador capitalino encarceló a 11 y citó a su líder a comparecer ante el juez. Eso es lo que convierte a Miguel Ángel Mancera en un político distinto, a pesar de ser un funcionario incondicional de Ebrard.
Porque un buen procurador es aquel que basa su eficacia no en el uso político de la justicia sino en la aplicación simple y llana de la ley.
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