Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Atento a las reacciones por la supuesta censura al documental Presunto Culpable, caigo en la cuenta que ninguna va a lo importante, a las lecciones que el suceso deja al Poder Judicial de la Federación y a la procuración de justicia.
Ante lo ocurrido sólo queda una conclusión: la reforma constitucional penal de la que tanto se ufanan los tres Poderes que encabezan el gobierno durante el actual sexenio, será un fracaso, porque no responde a las exigencias de transparencia para asegurar la “simbiosis” entre el modelo sajón y el que tratan de hacer desaparecer en México, como si la oralidad en la administración de justicia fuese garantía para cumplir con el mandato constitucional.
La transparencia en el mundo integral de la procuración y la administración de justicia sólo podrá obtenerse con lo que hicieron quienes decidieron filmar lo que se convirtió en Presunto culpable: video grabar las actuaciones judiciales, no sin antes hacerlo con las actuaciones periciales. En la medida en que el Ministerio Público y la judicatura -sean del orden común o del fuero federal- se sientan observadas, video grabadas en un testimonio “casi infalsificable”, pues siempre existe la edición, los funcionarios públicos de la procuración y administración de justicia cumplirán con su mandato constitucional.
Esto lo saben los ministros de la SCJN y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como los procuradores de justicia y los titulares de los tribunales superiores, pero sobre todo el Poder Ejecutivo: dejar constancia fílmica de un juicio, desde el inicio de la investigación hasta que se dicta sentencia, sea de índole penal o de cualquier otra materia, equivaldría a restarle autoridad al presidente de la República en funciones y a los gobernadores, pues no podría hacerse uso político de la procuración y administración de justicia, que también para eso sirven ministerios públicos y juzgadores, para hacer política.
Negar esa realidad es desconocer cómo funcionan los entresijos del poder, si no pregúntenselo a Carlos Avilés Allende, prácticamente nuevo Director General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, quien hasta antes de aceptar el modesto cargo público a que fue relegado, su trabajo periodístico de investigación publicado en El Universal y subido a la red en su blog, no sólo era leído y apreciado, sino consultado por su tinte de independencia, su agudeza en el análisis y el conocimiento del tema, por lo que para el Poder Judicial de la Federación resultaba un reportero de la fuente incómodo, tanto que decidieron sumarlo a sus filas.
¿Qué habría querido hacer público de la juez Blanca Lobo Domínguez el reportero Carlos Avilés? ¿Habría reconocido que se prestó a hacer de un contencioso entre particulares del fuero común, un litigio federal contra la autoridad que nada tenía que ver? ¿Era necesario intentar suspender la exhibición del documental para determinar cuánto de la taquilla corresponde al testigo incómodo? ¿Es correcto difuminar el rostro de Víctor Daniel Reyes, cuando él sin empacho alguno acusó a un inocente? ¿Podría ese inocente contrademandar por daños y perjuicios, para evitar que Víctor Daniel Reyes gane algún dinero con la desgracia que sólo él vivió?
En cuanto a la autoridad involucrada, nadie ha formalizado una demanda contra los policías que “pusieron” un culpable “a modo”, ni en contra de un juez que no hace su tarea. Ante la evidencia, ¿deben permanecer en su cargo?
En síntesis, el documental Presunto culpable nos abre los ojos sobre la inútil reforma constitucional penal, sobre la ineficaz oralidad y sobre la ausencia de voluntad política en los tres Poderes, para lograr la transparencia que el mandato constitucional de administración de justicia requiere para cumplirse.
Como colofón. ¿Está a gusto el reportero Carlos Avilés en su cargo, o se percató ya de que lo hicieron cómplice de lo mismo que denunció en El Universal, referente a la endogamia dentro del Poder Judicial de la Federación?
Atento a las reacciones por la supuesta censura al documental Presunto Culpable, caigo en la cuenta que ninguna va a lo importante, a las lecciones que el suceso deja al Poder Judicial de la Federación y a la procuración de justicia.
Ante lo ocurrido sólo queda una conclusión: la reforma constitucional penal de la que tanto se ufanan los tres Poderes que encabezan el gobierno durante el actual sexenio, será un fracaso, porque no responde a las exigencias de transparencia para asegurar la “simbiosis” entre el modelo sajón y el que tratan de hacer desaparecer en México, como si la oralidad en la administración de justicia fuese garantía para cumplir con el mandato constitucional.
La transparencia en el mundo integral de la procuración y la administración de justicia sólo podrá obtenerse con lo que hicieron quienes decidieron filmar lo que se convirtió en Presunto culpable: video grabar las actuaciones judiciales, no sin antes hacerlo con las actuaciones periciales. En la medida en que el Ministerio Público y la judicatura -sean del orden común o del fuero federal- se sientan observadas, video grabadas en un testimonio “casi infalsificable”, pues siempre existe la edición, los funcionarios públicos de la procuración y administración de justicia cumplirán con su mandato constitucional.
Esto lo saben los ministros de la SCJN y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como los procuradores de justicia y los titulares de los tribunales superiores, pero sobre todo el Poder Ejecutivo: dejar constancia fílmica de un juicio, desde el inicio de la investigación hasta que se dicta sentencia, sea de índole penal o de cualquier otra materia, equivaldría a restarle autoridad al presidente de la República en funciones y a los gobernadores, pues no podría hacerse uso político de la procuración y administración de justicia, que también para eso sirven ministerios públicos y juzgadores, para hacer política.
Negar esa realidad es desconocer cómo funcionan los entresijos del poder, si no pregúntenselo a Carlos Avilés Allende, prácticamente nuevo Director General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, quien hasta antes de aceptar el modesto cargo público a que fue relegado, su trabajo periodístico de investigación publicado en El Universal y subido a la red en su blog, no sólo era leído y apreciado, sino consultado por su tinte de independencia, su agudeza en el análisis y el conocimiento del tema, por lo que para el Poder Judicial de la Federación resultaba un reportero de la fuente incómodo, tanto que decidieron sumarlo a sus filas.
¿Qué habría querido hacer público de la juez Blanca Lobo Domínguez el reportero Carlos Avilés? ¿Habría reconocido que se prestó a hacer de un contencioso entre particulares del fuero común, un litigio federal contra la autoridad que nada tenía que ver? ¿Era necesario intentar suspender la exhibición del documental para determinar cuánto de la taquilla corresponde al testigo incómodo? ¿Es correcto difuminar el rostro de Víctor Daniel Reyes, cuando él sin empacho alguno acusó a un inocente? ¿Podría ese inocente contrademandar por daños y perjuicios, para evitar que Víctor Daniel Reyes gane algún dinero con la desgracia que sólo él vivió?
En cuanto a la autoridad involucrada, nadie ha formalizado una demanda contra los policías que “pusieron” un culpable “a modo”, ni en contra de un juez que no hace su tarea. Ante la evidencia, ¿deben permanecer en su cargo?
En síntesis, el documental Presunto culpable nos abre los ojos sobre la inútil reforma constitucional penal, sobre la ineficaz oralidad y sobre la ausencia de voluntad política en los tres Poderes, para lograr la transparencia que el mandato constitucional de administración de justicia requiere para cumplirse.
Como colofón. ¿Está a gusto el reportero Carlos Avilés en su cargo, o se percató ya de que lo hicieron cómplice de lo mismo que denunció en El Universal, referente a la endogamia dentro del Poder Judicial de la Federación?
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