Un tribunal revocó la suspensión del polémico documental que habían suspendido el día de ayer; cuanto antes, la cinta regresará a las salas de México.
Constanza Izquierdo / Daniel Sánchez
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión del documental Presunto Culpable, cinta que revela las fallas en el sistema judicial de México.
Anteriormente, la jueza Blanca Lobo había solicitado que se retirara el filme de los cines, y éste fue retirado de las salas el día de ayer.
Sin embargo, el Tribunal encargado de revisar la sentencia, determinó que suspender la película-documental "causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público".
Sin embargo, cabe destacar que esta orden no borra el juicio de amparo al que tendrán que acudir los productores de Presunto Culpable el próximo viernes; lo que implica que podría darse el caso de que se volviera a retirar la película.
Sin embargo, Roberto Hernández, productor y director de la cinta, declaró a través de su cuenta en Twitter @porquesmichamba: "¡Ganamos! Recurso de queja contra la juez Blanca Lobo prosperó a nuestro favor. Sin embargo, prevalece la amenaza de que el viernes reincida".
Cuando la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y Cinépolis reciban la notificación oficial, la película regresará a las salas cinematográficas de México.
Por su parte, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob) celebró la decisión de el tribunal de regresar la cinta a los cines y calificó como “buenas noticias” esta acción.
Reacciones y antecedentes del polémico caso
Después de que el día de ayer, la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez fallara a favor de la suspensión provisional de la exhibición del documental Presunto Culpable, políticos, organizaciones civiles y la sociedad reprobaron tal decisión.
Este primer fallo incluso ha sido tomado como un acto claro de censura a la libertad de expresión en México. La primera organización en manifestar su desacuerdo fue Amnistía Internacional; su director ejecutivo en México, Alberto Herrera Aragón, calificó de lamentable la decisión tomada por la juez.
Sin embargo, sus comentarios fluyeron en torno a una advertencia y un exhorto para que la opinión pública mexicana no vea este tema como una moda del momento, como una mera coyuntura política.
“Es un tema extremadamente estructural e institucional, que mientras no sea abordado de esa manera, está condenado a repetirse una y otra vez", afirmó el activista.
Herrera Aragón apuntó que vivimos en un “país de las coyunturas”, donde estos temas se alimentan del escándalo fomentado por los medios de comunicación, mismos que al encontrar otro tema fresco de mayor rentabilidad para su medio, lo cambian y desechan de inmediato.
“Debemos quedarnos con el mensaje que nos ofrece el documental, “no abandonemos el tema cuando el escándalo sea superado, hay que insistir en una solución de fondo a este problema”, declaró.
Por su parte, el Senado de la República exigió una revisión minuciosa al recurso de amparo que dejó fuera de cartelera a la cinta. El senador Francisco Arroyo, vicepresidente de la Cámara, pidió a la autoridad judicial “una justa valoración entre las partes involucradas; esto es entre el derecho a la privacidad del ciudadano que exige la suspensión provisional, y el interés público que significa la libertad de expresión”.
El legislador pugnó por encontrar un punto de equilibrio que le permita el regreso del controversial documental a las salas de cine lo antes posible. Para este miércoles 9 de marzo, la cinta deberá estar ya nuevamente en todas las carteleras del país.
Mientras tanto, la controversia ya tocó la puerta de los funcionarios de más alto rango en el sistema judicial de la capital del país. La misma jueza que emitió la orden de suspensión ha emplazado a comparecer al mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, para que de cuentas de quien o quienes fueron los responsables de autorizar que el proceso sobre el que versa el documental fuera filmado.
Elías Azar afirmó que él no dio el aval, sino su antecesor, Guadalupe Carrera, de quien afirmó, lo hizo con la intención de transparentar los procesos judiciales en nuestro país con estricto apego a derecho.
Constanza Izquierdo / Daniel Sánchez
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión del documental Presunto Culpable, cinta que revela las fallas en el sistema judicial de México.
Anteriormente, la jueza Blanca Lobo había solicitado que se retirara el filme de los cines, y éste fue retirado de las salas el día de ayer.
Sin embargo, el Tribunal encargado de revisar la sentencia, determinó que suspender la película-documental "causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público".
Sin embargo, cabe destacar que esta orden no borra el juicio de amparo al que tendrán que acudir los productores de Presunto Culpable el próximo viernes; lo que implica que podría darse el caso de que se volviera a retirar la película.
Sin embargo, Roberto Hernández, productor y director de la cinta, declaró a través de su cuenta en Twitter @porquesmichamba: "¡Ganamos! Recurso de queja contra la juez Blanca Lobo prosperó a nuestro favor. Sin embargo, prevalece la amenaza de que el viernes reincida".
Cuando la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y Cinépolis reciban la notificación oficial, la película regresará a las salas cinematográficas de México.
Por su parte, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob) celebró la decisión de el tribunal de regresar la cinta a los cines y calificó como “buenas noticias” esta acción.
Reacciones y antecedentes del polémico caso
Después de que el día de ayer, la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez fallara a favor de la suspensión provisional de la exhibición del documental Presunto Culpable, políticos, organizaciones civiles y la sociedad reprobaron tal decisión.
Este primer fallo incluso ha sido tomado como un acto claro de censura a la libertad de expresión en México. La primera organización en manifestar su desacuerdo fue Amnistía Internacional; su director ejecutivo en México, Alberto Herrera Aragón, calificó de lamentable la decisión tomada por la juez.
Sin embargo, sus comentarios fluyeron en torno a una advertencia y un exhorto para que la opinión pública mexicana no vea este tema como una moda del momento, como una mera coyuntura política.
“Es un tema extremadamente estructural e institucional, que mientras no sea abordado de esa manera, está condenado a repetirse una y otra vez", afirmó el activista.
Herrera Aragón apuntó que vivimos en un “país de las coyunturas”, donde estos temas se alimentan del escándalo fomentado por los medios de comunicación, mismos que al encontrar otro tema fresco de mayor rentabilidad para su medio, lo cambian y desechan de inmediato.
“Debemos quedarnos con el mensaje que nos ofrece el documental, “no abandonemos el tema cuando el escándalo sea superado, hay que insistir en una solución de fondo a este problema”, declaró.
Por su parte, el Senado de la República exigió una revisión minuciosa al recurso de amparo que dejó fuera de cartelera a la cinta. El senador Francisco Arroyo, vicepresidente de la Cámara, pidió a la autoridad judicial “una justa valoración entre las partes involucradas; esto es entre el derecho a la privacidad del ciudadano que exige la suspensión provisional, y el interés público que significa la libertad de expresión”.
El legislador pugnó por encontrar un punto de equilibrio que le permita el regreso del controversial documental a las salas de cine lo antes posible. Para este miércoles 9 de marzo, la cinta deberá estar ya nuevamente en todas las carteleras del país.
Mientras tanto, la controversia ya tocó la puerta de los funcionarios de más alto rango en el sistema judicial de la capital del país. La misma jueza que emitió la orden de suspensión ha emplazado a comparecer al mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, para que de cuentas de quien o quienes fueron los responsables de autorizar que el proceso sobre el que versa el documental fuera filmado.
Elías Azar afirmó que él no dio el aval, sino su antecesor, Guadalupe Carrera, de quien afirmó, lo hizo con la intención de transparentar los procesos judiciales en nuestro país con estricto apego a derecho.
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