Álvaro Cepeda Neri
No es, aunque lo parezca un simple filme. Presunto culpable es un documental. La filmación de dos juicios penales, por el mismo juez: Héctor Palomares, titular de la primera instancia número 26, integrante del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Aparece la Ministerio Público como parte acusadora, con policías judiciales incompetentes y corruptos en el desempeño de su función, y con testigos de antemano manipulados para que den su “testimonio” a todas luces arreglado a modo de la acusación. Esa titular del MP presentó ante ese juez a un ciudadano que esa policía detuvo, golpeó y llevó ante la agencia investigadora. A lo largo del documental (que previamente autorizó el presidente del TSJDF: Edgar Elías), se exhibe la falta de sentido jurídico del juez y su necedad en conformar la sentencia de 20 años como sanción de un homicidio que no cometió José Antonio Zúñiga.
Es un caso judicial parecido a millones, y recientemente al que un tribunal colegiado absolvió de un homicidio probado, en el asesinato de la señorita Ruby, en Ciudad Juárez (donde no hay instituciones y es territorio de las delincuencias que matan por matar con toda impunidad. Presunto culpable echa por tierra el principio constitucional de que todo individuo es inocente hasta que le prueben lo contrario, y ser escuchado y vencido en un juicio imparcial, en el contexto de sus garantías procesales (los defensores de oficio, por lo general, hunden a su defendido). No fue así en el caso del documental donde el testigo, en la revisión del juicio, se desdijo y declaró que no había visto quién asesinó a su primo, mientras en la primera declaración sostuvo lo contrario y señaló a José Antonio Zúñiga.
Si de muchas maneras todo el sistema judicial arrastraba deficiencias, sobre todo a partir de Miguel de la Madrid: 1982-88, en la década panista, la descomposición ha llegado al extremo de sus perversidades, corrupción (de tanto más cuánto) e ineficacia, víctima de sus policías al servicio del mejor postor, drogadictos y sin preparación (mucho muy mal pagados, además) que arrestan al que se les pega la gana y ya en las garras del Ministerio Público, del fuero común o federal, el detenido, sin orden de aprehensión, en un 99 por ciento es sentenciado y va a parar a cárceles como la exhibida en el filme.
En algunos juzgados y tribunales federales se ordenó grabar los juicios pero sólo para consumo del sistema judicial, al que no tienen acceso las partes y mucho menos ejercer el derecho a la información. El caso que narramos, fue una excepción (se sabe que el Procurador Mancera y su jefe Ebrard, han decidido no permitir otra filmación) y que los jueces y magistrados están sumamente molestos porque se exhibió su organización judicial que muestra que sus integrantes son corruptos, incapaces e incompetentes. Los mexicanos somos “Presuntos culpables”, y más ahora que la no guerra calderonista arrea con delincuentes in fraganti y ciudadanos que, ejerciendo su derecho al libre tránsito, han sido asesinados y catalogados como “daños colaterales”.
No es, aunque lo parezca un simple filme. Presunto culpable es un documental. La filmación de dos juicios penales, por el mismo juez: Héctor Palomares, titular de la primera instancia número 26, integrante del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Aparece la Ministerio Público como parte acusadora, con policías judiciales incompetentes y corruptos en el desempeño de su función, y con testigos de antemano manipulados para que den su “testimonio” a todas luces arreglado a modo de la acusación. Esa titular del MP presentó ante ese juez a un ciudadano que esa policía detuvo, golpeó y llevó ante la agencia investigadora. A lo largo del documental (que previamente autorizó el presidente del TSJDF: Edgar Elías), se exhibe la falta de sentido jurídico del juez y su necedad en conformar la sentencia de 20 años como sanción de un homicidio que no cometió José Antonio Zúñiga.
Es un caso judicial parecido a millones, y recientemente al que un tribunal colegiado absolvió de un homicidio probado, en el asesinato de la señorita Ruby, en Ciudad Juárez (donde no hay instituciones y es territorio de las delincuencias que matan por matar con toda impunidad. Presunto culpable echa por tierra el principio constitucional de que todo individuo es inocente hasta que le prueben lo contrario, y ser escuchado y vencido en un juicio imparcial, en el contexto de sus garantías procesales (los defensores de oficio, por lo general, hunden a su defendido). No fue así en el caso del documental donde el testigo, en la revisión del juicio, se desdijo y declaró que no había visto quién asesinó a su primo, mientras en la primera declaración sostuvo lo contrario y señaló a José Antonio Zúñiga.
Si de muchas maneras todo el sistema judicial arrastraba deficiencias, sobre todo a partir de Miguel de la Madrid: 1982-88, en la década panista, la descomposición ha llegado al extremo de sus perversidades, corrupción (de tanto más cuánto) e ineficacia, víctima de sus policías al servicio del mejor postor, drogadictos y sin preparación (mucho muy mal pagados, además) que arrestan al que se les pega la gana y ya en las garras del Ministerio Público, del fuero común o federal, el detenido, sin orden de aprehensión, en un 99 por ciento es sentenciado y va a parar a cárceles como la exhibida en el filme.
En algunos juzgados y tribunales federales se ordenó grabar los juicios pero sólo para consumo del sistema judicial, al que no tienen acceso las partes y mucho menos ejercer el derecho a la información. El caso que narramos, fue una excepción (se sabe que el Procurador Mancera y su jefe Ebrard, han decidido no permitir otra filmación) y que los jueces y magistrados están sumamente molestos porque se exhibió su organización judicial que muestra que sus integrantes son corruptos, incapaces e incompetentes. Los mexicanos somos “Presuntos culpables”, y más ahora que la no guerra calderonista arrea con delincuentes in fraganti y ciudadanos que, ejerciendo su derecho al libre tránsito, han sido asesinados y catalogados como “daños colaterales”.
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