Ocho ciudadanos muy destacados subrayaron, en una carta al Senado, la debilidad más relevante de la reforma electoral de hace tres años y medio. Las reformas constitucionales aprobadas en noviembre de 2007 establecieron un nuevo esquema de comunicación política al disponer que la propaganda de los partidos se difundiría en los espacios que ya tenía el Estado en radio y televisión. A cambio de ello, se prohibió la compra de propaganda en esos medios. Los partidos dejaron de gastar toneladas de dinero fiscal que ahora desde luego extrañan las televisoras. Además, disminuyó considerablemente la capacidad de influencia política de los consorcios mediáticos y de los grupos de poder con dinero para pagar anuncios con los que podrían respaldar o denostar a un candidato o partido.
El problema es que la única propaganda que se puede difundir en esos espacios es la que puede caber en brevísimos anuncios de unos cuantos segundos. Cuando diseñaron la reforma de 2007, los legisladores solamente pensaron en proporcionar a los partidos segmentos que no rebasaran dos o tres minutos cada hora. Es decir, concibieron un modelo sustentado en spots pero impermeable a la existencia de programas para la deliberación política.
Además a partir de expectativas desmedidas, entusiasmados con la abundancia de spots que podrían suscitar o simplemente por descuido, los legisladores asignaron a los partidos y las autoridades electorales una enorme cantidad de tiempo en radio y televisión. El cálculo inicial no parecía exagerado: 48 minutos diarios en cada estación. Pero ese tiempo se repite, disperso en spots de 20 o 30 segundos, durante casi todos los días del proceso electoral desde fines de enero y hasta comienzos de julio en los años en que hay elecciones federales. Eso ha significado 124 horas, conformadas por breves spots, en cada frecuencia de radio y televisión en cada campaña federal. De todas esas horas, tal y como están organizadas de acuerdo con la Constitución y la ley electoral, 71 han tenido que ser empleadas por las autoridades electorales. Una porción menor, de 53 horas, correspondió a los partidos.
Es demasiado. Y a la vez, esa enorme cantidad de tiempo se encuentra tan fragmentada, que cada porción resulta demasiado pequeña para que los partidos hagan algo más que ensalzarse con unos cuantos adjetivos o descalificar a sus contendientes también con simples y breves frases.
Los ocho personajes que el 28 de febrero pasado le manifestaron al Senado que “se trata de elevar el nivel del debate e incluso de irradiar una pedagogía que nos ayude a todos a comprender los complejos retos que el país afronta”, reconocen uno de esos dos grandes problemas. Con “la llamada ‘spotización’ de la propaganda electoral”, debido a la distribución del tiempo para los partidos en segmentos de 20 y 30 segundos, “la publicidad tendió a parecerse más a la de tipo comercial que a la deseable comunicación política. Se adelgazó el debate, los mensajes se transformaron en ‘comerciales’ y las posibilidades de los análisis se redujeron hasta convertirse en frases ‘ocurrentes’ ”.
Ese es el diagnóstico que suscribieron Héctor Aguilar Camín, Miguel Alemán Velasco, Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Diego Valadés y José Woldenberg. En una comunicación a la que de inmediato acusó recibo Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, dichos ciudadanos proponen que antes de que inicie el proceso electoral federal “sería conveniente que se ajustara ese aspecto de la reforma” para que el tiempo estatal que utilizan los partidos “fuera distribuido de tal manera que se fomentaran los programas de debate entre ellos” y hubiera espacios “para que cada partido pudiese exponer sus tesis…”
Esa propuesta es de la mayor importancia. Pero no resultará sencilla. La reforma constitucional estableció un candado que evita que, para las campañas, se pueda utilizar el tiempo estatal de otra forma que no sea en breves spots. El Apartado A del artículo 41 Constitucional dice en su inciso a):
“A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado”.
El inciso “d” establece que la propaganda electoral se difundirá de 6 de la mañana a 12 de la noche. Es decir, los 48 minutos diarios que la Constitución les asigna a partidos y autoridades electorales deben dosificarse en el transcurso de esas 18 horas. El párrafo antes transcrito es inequívoco: esos 48 minutos tienen que difundirse en segmentos de dos o tres minutos.
La única manera para que el tiempo estatal contribuya a la deliberación y la exposición de razones es que pueda utilizarse en programas de 30 o 60 minutos. Y eso no es posible con la norma constitucional tal y como está. Así que a los legisladores, si quieren propiciar un cambio serio en ese asunto, no les queda mas que proponer una reforma constitucional.
La necesidad de esa reforma es evidente. Los obstáculos que enfrenta, también. Si los legisladores modifican el requisito para que los espacios de propaganda política sean de dos o tres minutos habrá quienes propongan que, de una vez, cancelen la prohibición para que los particulares puedan comprar espacios de esa índole. Tendría que haber un compromiso explícito y sólido de las fuerzas políticas a fin de mantener el principio esencial del esquema de propaganda política que es el empleo exclusivo de tiempo estatal.
Habría otros inconvenientes. Si, como resultaría indispensable, los programas de discusión política debieran transmitirse en horarios preferentes, las radiodifusoras y televisoras se opondrían de inmediato. Insertar dos o tres minutos de propaganda política les ha resultado incómodo pero no les ha obligado a modificar sus programaciones. En cambio un espacio de media hora, o de una hora, significaría cambios importantes en sus barras de programación, sobre todo si se mantienen las más de 120 horas de tiempo para asuntos electorales en cada campaña federal.
Una opción sería reducir sustancialmente los tiempos dedicados a la propaganda política. En vez de 48 minutos diarios durante 5 meses, podría pensarse en programas de 60 minutos. ¿No serían más útiles 10 programas de una hora cada uno en tiempos preferenciales, entre 8 y 10 de la noche, en cada canal de televisión, durante las dos o tres semanas previas a la elección? En la radio los horarios podrían ser diferentes.
Los spots, tanto de los partidos como de la autoridad electoral, podrían difundirse en segmentos que no alcanzaran más de 10 minutos diarios en cada estación. En total, entre los 10 programas de una hora cada uno y 10 minutos diarios de spots, tendríamos 36 horas de propaganda política en cada estación en vez de las 124 horas que existen hoy en día. El resto del tiempo seguiría siendo administrado por el Estado.
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