Si bien es necesario no hacer apología de ella y evitar reproducir los mensajes del narco, uno de los aliados de la violencia es la falta de información de calidad y la confusión que generan los actores políticos en la competencia por controlar la agenda pública para orientar la percepción.
José Buendía Hegewisch
El problema de la violencia se parece a una “caja negra”, en la que todo puede caber y una vez dentro casi nada ve. En lo que se informa de ella prevalece la versión oficial, la estadística sobre inseguridad no es homogénea, abunda el uso de fuentes anónimas, la voz de las víctimas suele estar ausente y la investigación periodística es limitada.
Si bien es necesario no hacer apología de ella y evitar reproducir los mensajes del narco, uno de los aliados de la violencia es la falta de información de calidad y la confusión que generan los actores políticos en la competencia por controlar la agenda pública para orientar la percepción.
La criminalidad es un asunto fáctico, también de percepción. El manejo de la información y de las cifras es parte de las estrategias políticas por establecer la agenda. Tan sólo en 2009, según el INEGI, el índice de crímenes dolosos era de los más bajos de la historia del país. Si en la década de los 90 había 40 crímenes por cada 100 mil habitantes, la proporción se redujo a 12 ese año. A pesar de ello, la percepción sobre la violencia era otra. Ése fue el tercer año de la “guerra” contra el narco y el discurso oficial contra la violencia y los “golpes” a las drogas ya copaban los espacios informativos.
A partir del 2010 el discurso oficial se modificó y rechazó que México fuera uno de los países más violentos del mundo, como se pinta en los medios internacionales. El diagnóstico de la comunicación gubernamental atribuía la contradicción a un problema de “percepción”, que dijeron “debía corregirse”. Se responsabilizó a los medios de crear atmósferas de las que surgían esas percepciones y explícitamente el gobierno les pidió más “objetividad”, no exagerar. Otros pidieron sacar la “nota roja” de las primeras planas.
Paradójicamente, otras cifras indican que el descenso del índice de homicidios se revirtió en 2008 y se disparó en 2009 fuera de “toda lógica estadística” (Nexos, enero 2011), sobre todo en los lugares donde se desplegaron los operativos militares y policiacos contra el narco. Ya no era sólo un problema de percepción, sino un repunte real y extraordinario, pero del que poco se advirtió e informó.
Esta semana más de 50 de los medios más importantes del país —encabezados por las más fuertes televisoras— acordaron adoptar un protocolo para las coberturas sobre la violencia que, sobre todo, debía proponerse elevar la calidad de la información, del análisis de la cifras de inseguridad y la investigación periodística junto con mecanismos para la protección de los periodistas.
Ese compromiso ético debe contribuir a que, por ejemplo, no ocurran cosas, como en diciembre pasado, cuando la estadística oficial sobre muertos relacionados con el narco saltó varios miles sin mediar explicación ni cuestionamiento. Sin verificar datos y hechos, investigar y analizar, la crítica y supervisión del poder es débil. Sin cuidar la legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso, la información se pervierte.
Como ocurrió en Colombia en los 90, el objetivo del acuerdo debe ser publicar más y mejor información, así se cierra el paso al amarillismo y a la autocensura. Frente a las amenazas del crimen organizado contra las instituciones y los medios, y variantes como el narcoterrorismo, la fórmula es generar más y no menos información. La mejor manera de enfrentar al crimen es con mejor información. La ética y la responsabilidad que destaca el acuerdo tiene que ser, por principio, un compromiso con el profesionalismo. Y si bien ello pasa por evitar la apología de la violencia o servir de vehículo a los mensajes del crimen, se debe buscar un mejor acceso a las fuentes de información y dar voz a las miles de víctimas ausentes.
La mayoría de la información sobre la “guerra” proviene de fuentes oficiales —PGR o Ejército—y escasea el testimonio de las víctimas. Son pocos los medios que investigan sobre el tema, cotejan cifras, denuncian inconsistencias en las versiones oficiales; y son más los que explotan el amarillismo de la tragedia. En la “caja negra” de la violencia están las víctimas del narco, pero también las que sufren la amenaza de otros poderes, así como los propios periodistas asesinados. Pero en casi todos esos casos, su existencia es estadística.
La solidaridad entre los medios es bienvenido si busca hacer acopio de fuerza para luchar contra el engañoso mundo de la percepción, a través de resistir a la tentación de la autocensura que acarrea la violencia o limitarse a reproducir declaraciones oficiales.
José Buendía Hegewisch
El problema de la violencia se parece a una “caja negra”, en la que todo puede caber y una vez dentro casi nada ve. En lo que se informa de ella prevalece la versión oficial, la estadística sobre inseguridad no es homogénea, abunda el uso de fuentes anónimas, la voz de las víctimas suele estar ausente y la investigación periodística es limitada.
Si bien es necesario no hacer apología de ella y evitar reproducir los mensajes del narco, uno de los aliados de la violencia es la falta de información de calidad y la confusión que generan los actores políticos en la competencia por controlar la agenda pública para orientar la percepción.
La criminalidad es un asunto fáctico, también de percepción. El manejo de la información y de las cifras es parte de las estrategias políticas por establecer la agenda. Tan sólo en 2009, según el INEGI, el índice de crímenes dolosos era de los más bajos de la historia del país. Si en la década de los 90 había 40 crímenes por cada 100 mil habitantes, la proporción se redujo a 12 ese año. A pesar de ello, la percepción sobre la violencia era otra. Ése fue el tercer año de la “guerra” contra el narco y el discurso oficial contra la violencia y los “golpes” a las drogas ya copaban los espacios informativos.
A partir del 2010 el discurso oficial se modificó y rechazó que México fuera uno de los países más violentos del mundo, como se pinta en los medios internacionales. El diagnóstico de la comunicación gubernamental atribuía la contradicción a un problema de “percepción”, que dijeron “debía corregirse”. Se responsabilizó a los medios de crear atmósferas de las que surgían esas percepciones y explícitamente el gobierno les pidió más “objetividad”, no exagerar. Otros pidieron sacar la “nota roja” de las primeras planas.
Paradójicamente, otras cifras indican que el descenso del índice de homicidios se revirtió en 2008 y se disparó en 2009 fuera de “toda lógica estadística” (Nexos, enero 2011), sobre todo en los lugares donde se desplegaron los operativos militares y policiacos contra el narco. Ya no era sólo un problema de percepción, sino un repunte real y extraordinario, pero del que poco se advirtió e informó.
Esta semana más de 50 de los medios más importantes del país —encabezados por las más fuertes televisoras— acordaron adoptar un protocolo para las coberturas sobre la violencia que, sobre todo, debía proponerse elevar la calidad de la información, del análisis de la cifras de inseguridad y la investigación periodística junto con mecanismos para la protección de los periodistas.
Ese compromiso ético debe contribuir a que, por ejemplo, no ocurran cosas, como en diciembre pasado, cuando la estadística oficial sobre muertos relacionados con el narco saltó varios miles sin mediar explicación ni cuestionamiento. Sin verificar datos y hechos, investigar y analizar, la crítica y supervisión del poder es débil. Sin cuidar la legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso, la información se pervierte.
Como ocurrió en Colombia en los 90, el objetivo del acuerdo debe ser publicar más y mejor información, así se cierra el paso al amarillismo y a la autocensura. Frente a las amenazas del crimen organizado contra las instituciones y los medios, y variantes como el narcoterrorismo, la fórmula es generar más y no menos información. La mejor manera de enfrentar al crimen es con mejor información. La ética y la responsabilidad que destaca el acuerdo tiene que ser, por principio, un compromiso con el profesionalismo. Y si bien ello pasa por evitar la apología de la violencia o servir de vehículo a los mensajes del crimen, se debe buscar un mejor acceso a las fuentes de información y dar voz a las miles de víctimas ausentes.
La mayoría de la información sobre la “guerra” proviene de fuentes oficiales —PGR o Ejército—y escasea el testimonio de las víctimas. Son pocos los medios que investigan sobre el tema, cotejan cifras, denuncian inconsistencias en las versiones oficiales; y son más los que explotan el amarillismo de la tragedia. En la “caja negra” de la violencia están las víctimas del narco, pero también las que sufren la amenaza de otros poderes, así como los propios periodistas asesinados. Pero en casi todos esos casos, su existencia es estadística.
La solidaridad entre los medios es bienvenido si busca hacer acopio de fuerza para luchar contra el engañoso mundo de la percepción, a través de resistir a la tentación de la autocensura que acarrea la violencia o limitarse a reproducir declaraciones oficiales.
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