Francisco Garfias
La decisión de la jueza Blanca Lobo Martínez de retirar de las salas de cine el documental Presunto Culpable, ha sido rechazada categóricamente por la sociedad en su conjunto. La percepción generalizada es que se trata de un acto de censura contra esta exitosa película que, dicen sus productores, pone al desnudo el sistema judicial que padecemos los mexicanos.
Pero más allá de la repudiable decisión, derivada de un orden judicial que exige reformas de fondo, han sucedido cosas que nos obligan a reflexionar sobre los verdaderos motivos de quienes promueven el retiro del famosísimo documental, que ya ha dejado en taquilla decenas de millones de pesos.
En los pasillos de La Corte juran que la demanda de amparo que presentó el testigo de cargo, Víctor Daniel Reyes Bravo, es impecable. “Era imposible que la jueza no concediera la suspensión provisional”, nos dicen, en descargo de Blanca Lobo.
Alegan que el quejoso, quien tenía una relación de parentesco con la persona asesinada a la que hace referencia el documental, nunca dio su consentimiento para ser filmado y mucho menos para aparecer en una película. Reyes Bravo considera que la exhibición de su persona ante el público, lo desacredita, atenta contra su dignidad humana, y lo pone en peligro. “En la calle me reconocen y me agreden”, ha dicho.
“Hay un caso de eventual coalición de derechos. Esa es la cuestión de fondo. Se tiene que ponderar el derecho del quejoso a la intimidad y la vida privada. Pero también hay que considerar el punto de vista de los creadores y productores de la película, y el de todos los interesados en verla y recibir la información que de la misma se deriva”, destacan las fuentes judiciales.
En el Tribunal Supremo, donde ya se ha proyectado tres veces el famoso documental, nos hicieron notar que el quejoso trae a los mejores abogados, los más caros, los que saben cómo. Y vaya que sabían que la única forma de parar la exhibición de la película era poniendo como responsable a RTC.
“No es un amparo que cueste tres pesos”, destacan.
Otro dato: el padre del asesinado presentó una segunda demanda de amparo para que Presunto Culpable sea retirada de la cartelera. Ya lo había intentado una vez. No lo logró. El hombre alega exactamente lo mismo: la película afecta su imagen y su dignidad.
En el Poder Judicial no ha faltado quien insinúe que detrás de este vergonzoso embrollo hay un asunto estrictamente mercantil: “Dame una lana y retiro el amparo…”
¿Será?
* * *
Por cierto que en la Corte no han faltado las criticas al “road show” de Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad y Medios de la Segob. Sienten que explota políticamente el asunto, en detrimento del Poder Judicial.
Villarreal no solo anuncio que Presunto Culpable seguirá en las salas de cine por lo menos otras 24 horas, sino que públicamente se ha manifestado en contra del otorgamiento de la suspensión provisional. “Pensamos que no tiene fundamento y nos movemos en la convicción de la defensa total de la libertad de expresión”, declaró el funcionario.
La suspensión provisional no termina el asunto. El 11 de marzo, en aplicación de la Ley de Amparo, la jueza resolverá si la decisión será definitiva. La propia Ley de Amparo establece reglas que posibilitan que, cualquier persona involucrada en el litigio que esté inconforme con la suspensión decretada, presente un recurso de queja para que un tribunal superior a la jueza decida al respecto.
* * *
El “desfase” de Alfredo del Mazo en las encuestas comienza a complicarle las cosas a Enrique Peña Nieto. Ya hay mucho nerviosismo al interior del Revolucionario Institucional. Los cinco “suspirantes” se han mantenido disciplinados, pero sus fuerzas de infantería y artillería se dan con todo. “El pataleo abajo está cabrón”, reconoce uno de los priistas encargados del proceso.
Este alboroto ha obligado al tricolor a revisar la decisión de llevar el destape hasta el final, a fin de evitar la “pepena” de candidatos por parte del PAN y el PRD. Ninguno de estos dos partidos tiene una figura realmente competitiva. Josefina Vázquez Mota ya dio un “no” definitivo a su eventual postulación; Alejandro Encinas ya dijo que no va con el PAN, pero tampoco sin el PRD.
No les quedan opciones competitivas. De allí los temores del PRI de que, una vez que se conozca al ungido, sus adversarios busquen algún “priista despechado”.
“Los dolores del parto ya comienzan a sentirse”, señala Enrique Martínez y Martínez, delegado del CEN del PRI en el Estado de México. Pero en el entorno del gobernador nos aseguran que la decisión definitiva aún no está tomada.
La decisión de la jueza Blanca Lobo Martínez de retirar de las salas de cine el documental Presunto Culpable, ha sido rechazada categóricamente por la sociedad en su conjunto. La percepción generalizada es que se trata de un acto de censura contra esta exitosa película que, dicen sus productores, pone al desnudo el sistema judicial que padecemos los mexicanos.
Pero más allá de la repudiable decisión, derivada de un orden judicial que exige reformas de fondo, han sucedido cosas que nos obligan a reflexionar sobre los verdaderos motivos de quienes promueven el retiro del famosísimo documental, que ya ha dejado en taquilla decenas de millones de pesos.
En los pasillos de La Corte juran que la demanda de amparo que presentó el testigo de cargo, Víctor Daniel Reyes Bravo, es impecable. “Era imposible que la jueza no concediera la suspensión provisional”, nos dicen, en descargo de Blanca Lobo.
Alegan que el quejoso, quien tenía una relación de parentesco con la persona asesinada a la que hace referencia el documental, nunca dio su consentimiento para ser filmado y mucho menos para aparecer en una película. Reyes Bravo considera que la exhibición de su persona ante el público, lo desacredita, atenta contra su dignidad humana, y lo pone en peligro. “En la calle me reconocen y me agreden”, ha dicho.
“Hay un caso de eventual coalición de derechos. Esa es la cuestión de fondo. Se tiene que ponderar el derecho del quejoso a la intimidad y la vida privada. Pero también hay que considerar el punto de vista de los creadores y productores de la película, y el de todos los interesados en verla y recibir la información que de la misma se deriva”, destacan las fuentes judiciales.
En el Tribunal Supremo, donde ya se ha proyectado tres veces el famoso documental, nos hicieron notar que el quejoso trae a los mejores abogados, los más caros, los que saben cómo. Y vaya que sabían que la única forma de parar la exhibición de la película era poniendo como responsable a RTC.
“No es un amparo que cueste tres pesos”, destacan.
Otro dato: el padre del asesinado presentó una segunda demanda de amparo para que Presunto Culpable sea retirada de la cartelera. Ya lo había intentado una vez. No lo logró. El hombre alega exactamente lo mismo: la película afecta su imagen y su dignidad.
En el Poder Judicial no ha faltado quien insinúe que detrás de este vergonzoso embrollo hay un asunto estrictamente mercantil: “Dame una lana y retiro el amparo…”
¿Será?
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Por cierto que en la Corte no han faltado las criticas al “road show” de Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad y Medios de la Segob. Sienten que explota políticamente el asunto, en detrimento del Poder Judicial.
Villarreal no solo anuncio que Presunto Culpable seguirá en las salas de cine por lo menos otras 24 horas, sino que públicamente se ha manifestado en contra del otorgamiento de la suspensión provisional. “Pensamos que no tiene fundamento y nos movemos en la convicción de la defensa total de la libertad de expresión”, declaró el funcionario.
La suspensión provisional no termina el asunto. El 11 de marzo, en aplicación de la Ley de Amparo, la jueza resolverá si la decisión será definitiva. La propia Ley de Amparo establece reglas que posibilitan que, cualquier persona involucrada en el litigio que esté inconforme con la suspensión decretada, presente un recurso de queja para que un tribunal superior a la jueza decida al respecto.
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El “desfase” de Alfredo del Mazo en las encuestas comienza a complicarle las cosas a Enrique Peña Nieto. Ya hay mucho nerviosismo al interior del Revolucionario Institucional. Los cinco “suspirantes” se han mantenido disciplinados, pero sus fuerzas de infantería y artillería se dan con todo. “El pataleo abajo está cabrón”, reconoce uno de los priistas encargados del proceso.
Este alboroto ha obligado al tricolor a revisar la decisión de llevar el destape hasta el final, a fin de evitar la “pepena” de candidatos por parte del PAN y el PRD. Ninguno de estos dos partidos tiene una figura realmente competitiva. Josefina Vázquez Mota ya dio un “no” definitivo a su eventual postulación; Alejandro Encinas ya dijo que no va con el PAN, pero tampoco sin el PRD.
No les quedan opciones competitivas. De allí los temores del PRI de que, una vez que se conozca al ungido, sus adversarios busquen algún “priista despechado”.
“Los dolores del parto ya comienzan a sentirse”, señala Enrique Martínez y Martínez, delegado del CEN del PRI en el Estado de México. Pero en el entorno del gobernador nos aseguran que la decisión definitiva aún no está tomada.
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