Rubén Cortés
Simplifiquemos: la pelea de 24 operadoras de telefonía y cableras por la interconexión se debe a que a ellas les cuesta un peso la llamada, mientras Telmex no paga nada. ¿Por qué? Porque Telmex es dueña de las instalaciones de interconexión.
Esto provoca que los usuarios de telefonía móvil paguen un sobrecosto anual de seis mil millones de dólares, debido a las altas tarifas que prevalecen y son 43.5 por ciento superiores a las que aplican los países de la OCDE.
Si bajara ese sobrecosto, los ahorros para cada usuario se traducirían en 50 pesos adicionales al mes. Entonces, no se sabe quién ganará al fin este pleito. Pero lo que sí se sabe es quién lo está perdiendo: ¡Los consumidores!
Por eso es lamentable la parálisis oficial en este asunto, que es antiguo, pues se acumulan 19 procedimientos por conflictos de interconexión y los cuatro últimos titulares de la SCT no pudieron resolverlos: Pedro Cerisola, Luís Téllez, Juan Molinar y el actual, Dionisio Pérez Jácome.
La posición ha sido considerar el tema “entre particulares”, lo cual resulta irracional si se tiene en cuenta que en México existen 88 millones de teléfonos celulares. Así que por supuesto que no es “entre particulares”, sino un asunto de Estado.
¿Cómo no va a serlo si en México existen 88 millones de teléfonos celulares? Además, la interconexión es una red pública, que funciona con una concesión pública.
Por lo mismo, la autoridad también se equivoca al entender “entre particulares” la virtual quiebra de Mexicana de Aviación, ya que ésta constituye el 40 por ciento de la industria aérea del país. Entonces, es igualmente es un problema de Estado y de seguridad nacional.
Pero tan serio es lo de la interconexión que, ante la displicencia oficial en el tema, las filiales de Televisa y Iusacell, así como Nextel, dejaron de lado su pugna por la reciente licitación de frecuencias y se comprometieron a bajar el costo de telefonía a 90 millones de mexicanos.
Y la Corte ha tenido que atraer el análisis de los servicios de interconexión y serán los ministros quienes resolverán sobre las tarifas que deben regir, bajo criterios de competencia abierta y equitativa en beneficio de los usuarios.
Lo cual no está bien, porque el Ejecutivo tiene que agotar sus amplísimos recursos políticos y legales para resolver esas cuestiones antes de que lleguen al Poder Judicial. Ya sucedió antes con la Licitación 21 del espectro, detenida por más de 70 procedimientos jurídicos en su contra.
Es un daño notable para el país: el mensaje enviado al mundo es qué invertir en México puede terminar siendo un lío porque, como la autoridad se lava las manos… todo acaba en los tribunales.
Simplifiquemos: la pelea de 24 operadoras de telefonía y cableras por la interconexión se debe a que a ellas les cuesta un peso la llamada, mientras Telmex no paga nada. ¿Por qué? Porque Telmex es dueña de las instalaciones de interconexión.
Esto provoca que los usuarios de telefonía móvil paguen un sobrecosto anual de seis mil millones de dólares, debido a las altas tarifas que prevalecen y son 43.5 por ciento superiores a las que aplican los países de la OCDE.
Si bajara ese sobrecosto, los ahorros para cada usuario se traducirían en 50 pesos adicionales al mes. Entonces, no se sabe quién ganará al fin este pleito. Pero lo que sí se sabe es quién lo está perdiendo: ¡Los consumidores!
Por eso es lamentable la parálisis oficial en este asunto, que es antiguo, pues se acumulan 19 procedimientos por conflictos de interconexión y los cuatro últimos titulares de la SCT no pudieron resolverlos: Pedro Cerisola, Luís Téllez, Juan Molinar y el actual, Dionisio Pérez Jácome.
La posición ha sido considerar el tema “entre particulares”, lo cual resulta irracional si se tiene en cuenta que en México existen 88 millones de teléfonos celulares. Así que por supuesto que no es “entre particulares”, sino un asunto de Estado.
¿Cómo no va a serlo si en México existen 88 millones de teléfonos celulares? Además, la interconexión es una red pública, que funciona con una concesión pública.
Por lo mismo, la autoridad también se equivoca al entender “entre particulares” la virtual quiebra de Mexicana de Aviación, ya que ésta constituye el 40 por ciento de la industria aérea del país. Entonces, es igualmente es un problema de Estado y de seguridad nacional.
Pero tan serio es lo de la interconexión que, ante la displicencia oficial en el tema, las filiales de Televisa y Iusacell, así como Nextel, dejaron de lado su pugna por la reciente licitación de frecuencias y se comprometieron a bajar el costo de telefonía a 90 millones de mexicanos.
Y la Corte ha tenido que atraer el análisis de los servicios de interconexión y serán los ministros quienes resolverán sobre las tarifas que deben regir, bajo criterios de competencia abierta y equitativa en beneficio de los usuarios.
Lo cual no está bien, porque el Ejecutivo tiene que agotar sus amplísimos recursos políticos y legales para resolver esas cuestiones antes de que lleguen al Poder Judicial. Ya sucedió antes con la Licitación 21 del espectro, detenida por más de 70 procedimientos jurídicos en su contra.
Es un daño notable para el país: el mensaje enviado al mundo es qué invertir en México puede terminar siendo un lío porque, como la autoridad se lava las manos… todo acaba en los tribunales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario