Álvaro Cepeda Neri
Como sabemos, en términos generales la maquinaria judicial no se mueve salvo aceitándola con dinero y sobornos de toda clase. De todo lo que está podrido de corrupción nada hay como los órganos del Ministerio Público que, estatalmente, dependen del desgobernador en turno y, federalmente, son un apéndice del inquilino de Los Pinos (con todo y el búnker que Calderón mandó construir para refugiarse). Esos ministerios públicos persiguen, por oficio, es decir, por iniciativa propia, los delitos, sobre todo penales y los que son denunciados. Y son los encargados de recabar las pruebas, las declaraciones y todo el material que de antemano fijan las leyes para formar los expedientes que entregan a los jueces, a magistrados y hasta a los ministros de la Suprema Corte.
En esa primera instancia, los ciudadanos encuentran el primer obstáculo para iniciar sus acciones penales, civiles, mercantiles, etc. Y si el “gober” tiene algún interés por encubrir a los presuntos responsables, entonces la averiguación no prospera. Igual pasa con las investigaciones del ministerio público federal, donde el “señor presidente” mete las manos para proteger sus intereses o para iniciar averiguaciones contra sus enemigos y críticos, especialmente contra periodistas a los que difama usando las declaraciones de testigos protegidos. Los jueces reciben, pues, los expedientes y cuando están mal integrados, entonces los dizque impartidores de justicia, en lugar de regresarlos para que el Ministerio Público los complete, simplemente resuelve absolviendo a los presuntos culpables… ¡por falta de pruebas!
Verbigracia: el caso de Marisela Escobedo, donde en un juicio oral, tres jueces con un expediente incompleto (es de presumirse que por haber corrupción de por medio), declararon inocente al asesino de su hija. Otro caso: los 49 niños de la guardería sonorense y los 79 más que quedaron marcados de por vida por las quemaduras recibidas y el humo que respiraron. Como entre las corresponsables está la prima-hermana de la esposa de Calderón, el Ministerio Público federal, es decir: la PGR, no ha iniciado la averiguación, no obstante la denuncia de los padres (que han estado ayunando en la capital de Sonora y en la ciudad de México, donde prepararan un juicio público en la Plaza de la Constitución, para el próximo 5 de marzo).
Si alguna Reforma del Estado es necesarísima, es desde dentro del también anquilosado sistema judicial en su totalidad, empezando por su eslabón de los ministerios públicos; estos y los jueces han pervertido sus funciones para que en lugar de impartir justicia distribuyan injusticias por incapacidad, flojera, complicidades en los sobornos y porque, como hasta ahora, el pueblo ha soportado y aceptado mansamente ese estado de cosas, nada les importa cumplir con sus obligaciones y prestos cobran a dos manos: los miserables sueldos que les pagan y que completan hasta enriquecerse con lo que reciben de quienes, en los juicios, son los presuntos responsables y quieren ser declarados inocentes.
Como sabemos, en términos generales la maquinaria judicial no se mueve salvo aceitándola con dinero y sobornos de toda clase. De todo lo que está podrido de corrupción nada hay como los órganos del Ministerio Público que, estatalmente, dependen del desgobernador en turno y, federalmente, son un apéndice del inquilino de Los Pinos (con todo y el búnker que Calderón mandó construir para refugiarse). Esos ministerios públicos persiguen, por oficio, es decir, por iniciativa propia, los delitos, sobre todo penales y los que son denunciados. Y son los encargados de recabar las pruebas, las declaraciones y todo el material que de antemano fijan las leyes para formar los expedientes que entregan a los jueces, a magistrados y hasta a los ministros de la Suprema Corte.
En esa primera instancia, los ciudadanos encuentran el primer obstáculo para iniciar sus acciones penales, civiles, mercantiles, etc. Y si el “gober” tiene algún interés por encubrir a los presuntos responsables, entonces la averiguación no prospera. Igual pasa con las investigaciones del ministerio público federal, donde el “señor presidente” mete las manos para proteger sus intereses o para iniciar averiguaciones contra sus enemigos y críticos, especialmente contra periodistas a los que difama usando las declaraciones de testigos protegidos. Los jueces reciben, pues, los expedientes y cuando están mal integrados, entonces los dizque impartidores de justicia, en lugar de regresarlos para que el Ministerio Público los complete, simplemente resuelve absolviendo a los presuntos culpables… ¡por falta de pruebas!
Verbigracia: el caso de Marisela Escobedo, donde en un juicio oral, tres jueces con un expediente incompleto (es de presumirse que por haber corrupción de por medio), declararon inocente al asesino de su hija. Otro caso: los 49 niños de la guardería sonorense y los 79 más que quedaron marcados de por vida por las quemaduras recibidas y el humo que respiraron. Como entre las corresponsables está la prima-hermana de la esposa de Calderón, el Ministerio Público federal, es decir: la PGR, no ha iniciado la averiguación, no obstante la denuncia de los padres (que han estado ayunando en la capital de Sonora y en la ciudad de México, donde prepararan un juicio público en la Plaza de la Constitución, para el próximo 5 de marzo).
Si alguna Reforma del Estado es necesarísima, es desde dentro del también anquilosado sistema judicial en su totalidad, empezando por su eslabón de los ministerios públicos; estos y los jueces han pervertido sus funciones para que en lugar de impartir justicia distribuyan injusticias por incapacidad, flojera, complicidades en los sobornos y porque, como hasta ahora, el pueblo ha soportado y aceptado mansamente ese estado de cosas, nada les importa cumplir con sus obligaciones y prestos cobran a dos manos: los miserables sueldos que les pagan y que completan hasta enriquecerse con lo que reciben de quienes, en los juicios, son los presuntos responsables y quieren ser declarados inocentes.
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