Rubén Cortés
L’affaire Cassez se habría evitado si, el 14 de abril de 2007, el Senado, presidido entonces por el panista Santiago Creel, no hubiese elevado a Ley Suprema de la Nación el Tratado de Estrasburgo: principal argumento de Francia para que su ciudadana cumpla la condena allá.
Se trataba de un decreto presentado por el Ejecutivo -el Presidente Felipe Calderón- para validar un convenio firmado desde 1983, pero ningún partido en el Senado reparó en que su contenido nos metía en problemas.
Porque resulta un convenio impracticable, tanto para México como para Francia: los dos se rigen por sistemas jurídicos asentados en preceptos opuestos.
Aquí rige el “derecho escrito”, que privilegia las declaraciones de las víctimas: por eso Cassez fue condenada a 60 años con base en declaraciones de personas que nunca la vieron, pero oyeron su voz. Sólo una, la vio “siguiendo” a una mujer que luego fue secuestrada.
Allá rige el sistema “garantista”, que antepone las garantías del acusado y que los procedimientos, desde su detención hasta su condena, sean cumplidos escrupulosamente, aun cuando las pruebas lo inculpen.
De ahí que la supuesta recreación televisiva de la captura de Cassez fuese aceptada como prueba por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que le ratificó la condena el 10 de febrero pasado.
Y, sin embargo, para los reclamos de Francia es esencial ese punto (junto a la existencia de testigos de oídas), ya que allá hubieran sido suficientes para anular el proceso, dada su observancia puntillosa de las garantías de los acusados.
Es sorprendente que nuestros tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) les pasara de noche, desde hace 28 años, el hecho de haber signado un compromiso jurídico con un país de escasos puntos de contacto en nuestro sistema de justicia.
El Tratado de Estrasburgo prevé la posibilidad de que un reo sentenciado en uno de los dos países sea trasladado al otro para terminar de cumplir su pena: “Artículo 3, inciso f. El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado”.
Pero, por aquello de “si no hay remedio disfrútalo”, L’affaire Cassez está siendo aprovechado por dos presidentes en baja, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, para servir a sus gobernados una cucharada de nacionalismo. ¡Y eso nunca falla!
Sarkozy vive su peor momento, con apenas 36 por ciento de aprobación, y la popularidad de Calderón va en picada, con una aceptación del 52 por ciento en enero, el indicador más bajo de los últimos dos años, según la encuestadora Buendía & Laredo.
Los dos terminan su gestión en 2012. Pero Sarkozy está peor: el sí puede reelegirse.
Y, para ello, depende bastante de que Cassez vuelva a casa.
L’affaire Cassez se habría evitado si, el 14 de abril de 2007, el Senado, presidido entonces por el panista Santiago Creel, no hubiese elevado a Ley Suprema de la Nación el Tratado de Estrasburgo: principal argumento de Francia para que su ciudadana cumpla la condena allá.
Se trataba de un decreto presentado por el Ejecutivo -el Presidente Felipe Calderón- para validar un convenio firmado desde 1983, pero ningún partido en el Senado reparó en que su contenido nos metía en problemas.
Porque resulta un convenio impracticable, tanto para México como para Francia: los dos se rigen por sistemas jurídicos asentados en preceptos opuestos.
Aquí rige el “derecho escrito”, que privilegia las declaraciones de las víctimas: por eso Cassez fue condenada a 60 años con base en declaraciones de personas que nunca la vieron, pero oyeron su voz. Sólo una, la vio “siguiendo” a una mujer que luego fue secuestrada.
Allá rige el sistema “garantista”, que antepone las garantías del acusado y que los procedimientos, desde su detención hasta su condena, sean cumplidos escrupulosamente, aun cuando las pruebas lo inculpen.
De ahí que la supuesta recreación televisiva de la captura de Cassez fuese aceptada como prueba por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que le ratificó la condena el 10 de febrero pasado.
Y, sin embargo, para los reclamos de Francia es esencial ese punto (junto a la existencia de testigos de oídas), ya que allá hubieran sido suficientes para anular el proceso, dada su observancia puntillosa de las garantías de los acusados.
Es sorprendente que nuestros tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) les pasara de noche, desde hace 28 años, el hecho de haber signado un compromiso jurídico con un país de escasos puntos de contacto en nuestro sistema de justicia.
El Tratado de Estrasburgo prevé la posibilidad de que un reo sentenciado en uno de los dos países sea trasladado al otro para terminar de cumplir su pena: “Artículo 3, inciso f. El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado”.
Pero, por aquello de “si no hay remedio disfrútalo”, L’affaire Cassez está siendo aprovechado por dos presidentes en baja, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, para servir a sus gobernados una cucharada de nacionalismo. ¡Y eso nunca falla!
Sarkozy vive su peor momento, con apenas 36 por ciento de aprobación, y la popularidad de Calderón va en picada, con una aceptación del 52 por ciento en enero, el indicador más bajo de los últimos dos años, según la encuestadora Buendía & Laredo.
Los dos terminan su gestión en 2012. Pero Sarkozy está peor: el sí puede reelegirse.
Y, para ello, depende bastante de que Cassez vuelva a casa.
1 comentario:
Muchas personas dicen que si Calderón decide o no devolver a Cassez a Francia. La verdad y todos lo sabemos es que la decisión no es de él. Además que México es un país soberano que tiene los poderes separados. Esta es una decisión del poder judicial. Este país ya no es como cuando estaba el PRI en el poder.
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