Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
A excepción de quienes ordenaron la ejecución y los mataron -en el caso de la muerte de Alfredo Zavala y Enrique “Kiki” Camarena Salazar-, todos compraron las mentiras, nadie se interesó por conocer la información. Ernesto Fonseca Álvarez, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo son responsables de otros delitos, pero ellos no decidieron esas ejecuciones, ni mucho menos indicaron tirar en El Mareño sus cadáveres.
En esa época “Kiki” Camarena no fue el único agente de la DEA silenciado por los suyos. Sante Bario, quien estuvo asignado a la estación de esa agencia federal estadounidense en el Distrito Federal, fue enjuiciado y condenado a purgar pena en una cárcel de Amarillo, Tejas, donde para asegurarse de que nada diría, murió envenenado con un emparedado de mantequilla de cacahuate.
El destino de Camarena Salazar quedó sellado en el momento en que se detectó que recibía dinero de Rafael Caro Quintero, en el momento en que se comprobó que no era un policía limpio; no es cierto que Sara Cossío fuese la causa de su muerte y que el narcotraficante y el agente de la DEA disputaran por su amor.
De quienes se dice que estuvieron presentes en esa ejecución, el único vivo es Rubén Zuno, él podría aclarar lo sucedido, pero por ello las autoridades estadounidenses se han empeñado en guardarlo dentro de su territorio.
En la edición 1690 de “Z”, Jesús Blancornelas escribió: “Casi parecido sucedió con Rubén Zuno Arce. Cuñado del ex Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Nada más porque lo citaron fue de buena gente a una corte estadounidense. Pero nada más llegó y a la cárcel. Luego vino el juicio. En la corte dos fulanos mexicanos afirmaron que estuvo presente cuando mataron en Guadalajara a Camarena. Por eso lo refundieron. Nada de catorce años. Cadena perpetua.
“Pasaron los años. Entonces los acusadores se arrepintieron. Declararon públicamente: “Nos pagaron para decir que lo vimos”. La prensa lo informó. Pero nuestro gobierno no dijo nada. Siguió encerrado.
“Un día le escribí y me contestó con detalle su infortunio. También que funcionarios norteamericanos ofrecieron liberarlo. Solamente debía acusar a los ex presidente Echeverría, López Portillo y De la Madrid. Que estaban metidos en el narcotráfico hasta arriba del techo. Naturalmente no aceptó. Por andarse negando cierto día lo visitaron varios prisioneros. Quién sabe cómo le hicieron para entrar a su celda. Le sorrajaron tremenda golpiza. Naturalmente los custodios no se dieron cuenta. Así como en las películas. Pero ni por eso le devolvieron el favor en México al pobre Zuno. Hablé del asunto con su cuñado don Luis Echeverría. Lo lamentó. Simplemente consideró injusto aquello. No hizo más comentario. López Portillo y De la Madrid nunca quisieron contestar mis llamados telefónicos”.
En Crimen de Estado se asienta: “Les informa, sin prisa, que el gobierno está enterado que fueron James Ayala y Tony Kuykendall -durante sus viajes a Guadalajara permanecían en casa de Rubén Zuno- quienes instrumentaron la ejecución de Enrique Salazar y Alfredo Zavala… porque a la DEA y a los servicios de inteligencia de ese país les urge desarticular la Dirección Federal de Seguridad, por ser una institución creada y dirigida por civiles para preservar la seguridad de México”.
Lo que hoy ocurre con Jaime J. Zapata no es distinto a lo sucedido en 1985. Sólo sus jefes debieron estar enterados de su ruta y del cronograma del viaje; únicamente ellos podían describir el vehículo y dar el número de placas; sólo a sus jefes interesa crear un conflicto entre Estados Unidos y México, atizado por declaraciones estentóreas pero sin sustancia de Janet Napolitano, quien califica el hecho de intolerable. El propósito es justificar la presencia abierta de “Marines” en el país.
También va más allá. Para ellos es un asunto de fe en ellos mismos, en su dinero, de tal manera que proceden como lo hizo Abraham con Isaac, con la certeza que día a día reiteran durante sus transacciones comerciales y políticas, ajustadas a la frase numismática: 'In God we trust', y así esperan que el ángel del señor les diga 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo'. Es el sic transit para Jaime J. Zapata.
Pero otras son las vertientes del asunto que debieran preocuparnos a los mexicanos y a nuestras autoridades, pues Jaime J. Zapata y el sobreviviente Víctor Ávila estaban en territorio nacional para un operativo decidido y determinado por su oficina en Tejas, lo que es harto inquietante, pues agentes de corporaciones estadounidenses trabajan en territorio nacional por la libre, o es que existen acuerdos secretos entre el Ejecutivo y las agencias de seguridad de Estados Unidos, sin considerar siquiera el visto bueno del Senado de la República.
Bien escribió y describió lo que ocurre en México Carlos Ferreyra Carrasco en su texto del jueves último, donde sostiene, no sin razón, que de manera silenciosa la intervención ya está en México. La ejecución de Jaime J. Zapata así lo confirma. Ahora seremos testigos del ominoso trato de los “gringos” a las autoridades mexicanas, y de lo que se nos anuncia ya como un paso más hacia el autoritarismo.
A excepción de quienes ordenaron la ejecución y los mataron -en el caso de la muerte de Alfredo Zavala y Enrique “Kiki” Camarena Salazar-, todos compraron las mentiras, nadie se interesó por conocer la información. Ernesto Fonseca Álvarez, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo son responsables de otros delitos, pero ellos no decidieron esas ejecuciones, ni mucho menos indicaron tirar en El Mareño sus cadáveres.
En esa época “Kiki” Camarena no fue el único agente de la DEA silenciado por los suyos. Sante Bario, quien estuvo asignado a la estación de esa agencia federal estadounidense en el Distrito Federal, fue enjuiciado y condenado a purgar pena en una cárcel de Amarillo, Tejas, donde para asegurarse de que nada diría, murió envenenado con un emparedado de mantequilla de cacahuate.
El destino de Camarena Salazar quedó sellado en el momento en que se detectó que recibía dinero de Rafael Caro Quintero, en el momento en que se comprobó que no era un policía limpio; no es cierto que Sara Cossío fuese la causa de su muerte y que el narcotraficante y el agente de la DEA disputaran por su amor.
De quienes se dice que estuvieron presentes en esa ejecución, el único vivo es Rubén Zuno, él podría aclarar lo sucedido, pero por ello las autoridades estadounidenses se han empeñado en guardarlo dentro de su territorio.
En la edición 1690 de “Z”, Jesús Blancornelas escribió: “Casi parecido sucedió con Rubén Zuno Arce. Cuñado del ex Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Nada más porque lo citaron fue de buena gente a una corte estadounidense. Pero nada más llegó y a la cárcel. Luego vino el juicio. En la corte dos fulanos mexicanos afirmaron que estuvo presente cuando mataron en Guadalajara a Camarena. Por eso lo refundieron. Nada de catorce años. Cadena perpetua.
“Pasaron los años. Entonces los acusadores se arrepintieron. Declararon públicamente: “Nos pagaron para decir que lo vimos”. La prensa lo informó. Pero nuestro gobierno no dijo nada. Siguió encerrado.
“Un día le escribí y me contestó con detalle su infortunio. También que funcionarios norteamericanos ofrecieron liberarlo. Solamente debía acusar a los ex presidente Echeverría, López Portillo y De la Madrid. Que estaban metidos en el narcotráfico hasta arriba del techo. Naturalmente no aceptó. Por andarse negando cierto día lo visitaron varios prisioneros. Quién sabe cómo le hicieron para entrar a su celda. Le sorrajaron tremenda golpiza. Naturalmente los custodios no se dieron cuenta. Así como en las películas. Pero ni por eso le devolvieron el favor en México al pobre Zuno. Hablé del asunto con su cuñado don Luis Echeverría. Lo lamentó. Simplemente consideró injusto aquello. No hizo más comentario. López Portillo y De la Madrid nunca quisieron contestar mis llamados telefónicos”.
En Crimen de Estado se asienta: “Les informa, sin prisa, que el gobierno está enterado que fueron James Ayala y Tony Kuykendall -durante sus viajes a Guadalajara permanecían en casa de Rubén Zuno- quienes instrumentaron la ejecución de Enrique Salazar y Alfredo Zavala… porque a la DEA y a los servicios de inteligencia de ese país les urge desarticular la Dirección Federal de Seguridad, por ser una institución creada y dirigida por civiles para preservar la seguridad de México”.
Lo que hoy ocurre con Jaime J. Zapata no es distinto a lo sucedido en 1985. Sólo sus jefes debieron estar enterados de su ruta y del cronograma del viaje; únicamente ellos podían describir el vehículo y dar el número de placas; sólo a sus jefes interesa crear un conflicto entre Estados Unidos y México, atizado por declaraciones estentóreas pero sin sustancia de Janet Napolitano, quien califica el hecho de intolerable. El propósito es justificar la presencia abierta de “Marines” en el país.
También va más allá. Para ellos es un asunto de fe en ellos mismos, en su dinero, de tal manera que proceden como lo hizo Abraham con Isaac, con la certeza que día a día reiteran durante sus transacciones comerciales y políticas, ajustadas a la frase numismática: 'In God we trust', y así esperan que el ángel del señor les diga 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo'. Es el sic transit para Jaime J. Zapata.
Pero otras son las vertientes del asunto que debieran preocuparnos a los mexicanos y a nuestras autoridades, pues Jaime J. Zapata y el sobreviviente Víctor Ávila estaban en territorio nacional para un operativo decidido y determinado por su oficina en Tejas, lo que es harto inquietante, pues agentes de corporaciones estadounidenses trabajan en territorio nacional por la libre, o es que existen acuerdos secretos entre el Ejecutivo y las agencias de seguridad de Estados Unidos, sin considerar siquiera el visto bueno del Senado de la República.
Bien escribió y describió lo que ocurre en México Carlos Ferreyra Carrasco en su texto del jueves último, donde sostiene, no sin razón, que de manera silenciosa la intervención ya está en México. La ejecución de Jaime J. Zapata así lo confirma. Ahora seremos testigos del ominoso trato de los “gringos” a las autoridades mexicanas, y de lo que se nos anuncia ya como un paso más hacia el autoritarismo.
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