Eduardo Ibarra Aguirre
Con eficacia sin precedente, el Ejército detuvo a Julián Zapata Espinoza, presunto asesino del agente estadunidense que operaba abiertamente en México, Jaime Zapata, así como a Jesús Iván Quezada Peña y Rubén Darío Venegas, partícipes de la agresión al agente de Brownsville, Texas, y siete personas más, de las que no fueron presentadas la esposa del primero y un menor de edad.
Los reporteros Jesús Aranda y Guadalupe González consignaron que los “detenidos presentados estaban visiblemente golpeados”, práctica que forma parte del paisaje que divulgan sin el más mínimo rubor los conductores de los noticiarios del duopolio de la televisión, cuyas cabezas mayores están en pugna con el magnate de magnates de la aldea global.
Los extraordinarios resultados se obtuvieron en apenas ocho días por la Secretaría de la Defensa Nacional --en su faceta de Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de la autoritaria decisión de Felipe Calderón cual dictador de país del Medio Oriente apuntalado por Estados Unidos--, con “cuatro operaciones de precisión”, labores de inteligencia y producto de información obtenida desde el 4 de diciembre de 2010 y que se utilizó hasta que Washington presionó al máximo al general de cinco estrellas. Falta, por supuesto, que el Ministerio Público federal demuestre ante los jueces, sin más torturas castrenses o policiacas de por medio, que los mencionados son los responsables. Y no le suceda lo que en diciembre de 2009, cuando Zapata Espinoza fue detenido por delitos contra la salud, se le dictó auto de formal prisión y un juez le otorgó la libertad bajo fianza.
Sobran razones a los que, como el potosino Jaime Chalita Zarur, estiman que con esta meteórica investigación y detención castrenses se reconfirma que “los mexicanos somos ciudadanos de segunda en nuestra propia patria, ante la rápida acción de la justicia cuando se trata de un estadunidense”. Recuerda el presidente de la Federación de Logias que “Más de 35 mil mexicanos asesinados permanecen en lista de espera de la justicia mexicana, más de 11 mil inmigrantes centro y suramericanos tampoco encuentran respuesta a sus justos y legítimos reclamos para frenar la poderosa y floreciente industria del secuestro”.
Sólo que esos 46 mil latinoamericanos no están ni remotamente en las múltiples preocupaciones del Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca y menos ahora que sus aliados durante tres décadas se derrumban en Medio Oriente. Sin hipérbole, se puede afirmar que les importan un bledo, como lo demostró también la Cámara de Representantes al votar, el sábado 19, en contra del establecimiento de regulaciones mínimas a la venta de armas en los estados fronterizos con México, para que los vendedores informen sobre las compras de dos o más rifles de asalto por una misma persona.
Por encima de la tragedia que padecen más de un centenar de municipios e impacta a todo el país, está el redituable negocio de la venta de armas a los cárteles aztecas. Y sin contratiempos, éstos abastecen de drogas al floreciente consumo estadunidense. Para no hablar de la indolencia frente al lavado de dinero en los circuitos financieros.
La visita de Calderón Hinojosa a Washington el 2 y 3 de marzo, para sostener el quinto encuentro con Barack Hussein Obama desde enero de 2009, es el verdadero trasfondo de la investigación sin precedente y la detención de los presuntos Zetas, misma que personalmente le comunicó el primero al segundo por vía telefónica y sin inmutarse.
Todo para “refrendar el apoyo que México necesita de Estados Unidos”, como dice la Casa Blanca, y que ésta regatea en forma miserable, pese a que Calderón le hace el trabajo sucio.
Con eficacia sin precedente, el Ejército detuvo a Julián Zapata Espinoza, presunto asesino del agente estadunidense que operaba abiertamente en México, Jaime Zapata, así como a Jesús Iván Quezada Peña y Rubén Darío Venegas, partícipes de la agresión al agente de Brownsville, Texas, y siete personas más, de las que no fueron presentadas la esposa del primero y un menor de edad.
Los reporteros Jesús Aranda y Guadalupe González consignaron que los “detenidos presentados estaban visiblemente golpeados”, práctica que forma parte del paisaje que divulgan sin el más mínimo rubor los conductores de los noticiarios del duopolio de la televisión, cuyas cabezas mayores están en pugna con el magnate de magnates de la aldea global.
Los extraordinarios resultados se obtuvieron en apenas ocho días por la Secretaría de la Defensa Nacional --en su faceta de Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de la autoritaria decisión de Felipe Calderón cual dictador de país del Medio Oriente apuntalado por Estados Unidos--, con “cuatro operaciones de precisión”, labores de inteligencia y producto de información obtenida desde el 4 de diciembre de 2010 y que se utilizó hasta que Washington presionó al máximo al general de cinco estrellas. Falta, por supuesto, que el Ministerio Público federal demuestre ante los jueces, sin más torturas castrenses o policiacas de por medio, que los mencionados son los responsables. Y no le suceda lo que en diciembre de 2009, cuando Zapata Espinoza fue detenido por delitos contra la salud, se le dictó auto de formal prisión y un juez le otorgó la libertad bajo fianza.
Sobran razones a los que, como el potosino Jaime Chalita Zarur, estiman que con esta meteórica investigación y detención castrenses se reconfirma que “los mexicanos somos ciudadanos de segunda en nuestra propia patria, ante la rápida acción de la justicia cuando se trata de un estadunidense”. Recuerda el presidente de la Federación de Logias que “Más de 35 mil mexicanos asesinados permanecen en lista de espera de la justicia mexicana, más de 11 mil inmigrantes centro y suramericanos tampoco encuentran respuesta a sus justos y legítimos reclamos para frenar la poderosa y floreciente industria del secuestro”.
Sólo que esos 46 mil latinoamericanos no están ni remotamente en las múltiples preocupaciones del Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca y menos ahora que sus aliados durante tres décadas se derrumban en Medio Oriente. Sin hipérbole, se puede afirmar que les importan un bledo, como lo demostró también la Cámara de Representantes al votar, el sábado 19, en contra del establecimiento de regulaciones mínimas a la venta de armas en los estados fronterizos con México, para que los vendedores informen sobre las compras de dos o más rifles de asalto por una misma persona.
Por encima de la tragedia que padecen más de un centenar de municipios e impacta a todo el país, está el redituable negocio de la venta de armas a los cárteles aztecas. Y sin contratiempos, éstos abastecen de drogas al floreciente consumo estadunidense. Para no hablar de la indolencia frente al lavado de dinero en los circuitos financieros.
La visita de Calderón Hinojosa a Washington el 2 y 3 de marzo, para sostener el quinto encuentro con Barack Hussein Obama desde enero de 2009, es el verdadero trasfondo de la investigación sin precedente y la detención de los presuntos Zetas, misma que personalmente le comunicó el primero al segundo por vía telefónica y sin inmutarse.
Todo para “refrendar el apoyo que México necesita de Estados Unidos”, como dice la Casa Blanca, y que ésta regatea en forma miserable, pese a que Calderón le hace el trabajo sucio.
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