Eduardo Sánchez Hernández
Desde hace 15 años soy abogado de la familia Vargas, por lo que he sido testigo de buena parte de los acontecimientos derivados de la suspensión del programa de Carmen Aristegui. Con esos ojos, he analizado las reacciones a favor y en contra de los involucrados.
De acuerdo con la información a la que he tenido acceso, la familia Vargas recibió más de 10 mil tuits reclamándole la salida de la periodista. Dato interesante. Sin embargo, parece ser que la manipulación ha llegado a las redes sociales, pues estos más de 10 mil tuits fueron enviados por una escuadra de tan sólo 292 personas. Por otro lado, me genera suspicacia la espontaneidad de la marcha-manifestación que partió de las instalaciones de MVS Radio hacia Los Pinos, y en la que se pintarrajearon paredes, se arrojaron huevos, insultos y consignas, y que al final se disipó tranquilamente para continuar prestando apoyo a un plantón del SME.
Varios intelectuales de conocido prestigio han manifestado sus posiciones obedeciendo a sus reconocidos intereses. Unos, a favor del grupo intolerante que sistemáticamente ataca todo aquello que no se ajusta a sus paradigmas ideológicos; otro que obedece a quienes se oponen a que la familia Vargas debilite, por la vía de la competencia, posiciones anticompetitivas y de privilegio; otro compuesto por los enemigos incondicionales de la periodista; otro más de los defensores y emisarios del gobierno federal; otro conformado por el grupo que no quiere perder el único espacio radiofónico importante a través del cual se da paso preferencial a la difusión de sus recalcitrantes filias y fobias; otro, abundante, que busca las ganancias del río revuelto y también, es justo reconocerlo, el de quienes legítimamente manifiestan sus opiniones en ausencia de consignas, simpatías o antipatías. Pero al final del camino, todo este evento deja escapar el tufo inconfundible de la manipulación y la promiscuidad de tantos intereses.
Pero más allá del embrollo, quedan varios temas sobre la mesa que debieran debatirse serenamente. ¿Tiene una empresa de comunicación derecho a prescindir de los servicios de un comunicador cuando lo considere conveniente? —habría que recordar que en ocasiones anteriores, Aristegui ha decidido terminar su relación con MVS, por así convenir a sus intereses—. ¿La responsabilidad editorial de una empresa debe acoplarse al libre arbitrio de sus "líderes de opinión"? ¿El auditorio tiene algún derecho? Los —mal llamados— Códigos de Ética de los medios de comunicación ¿deben hacerse públicos? ¿El auditorio tiene derecho a conocer los procedimientos que siguen los comunicadores al manejar la información que nos transmiten? Porque finalmente somos el público quienes consumimos la información que medios de comunicación y comunicadores nos entregan a su antojo —y de cuya calidad y pureza sólo ellos conocen—. ¿Medios y comunicadores estarán dispuestos a ajustarse a una especie de "distintivo H" que certifique la limpieza y autenticidad de sus procedimientos? Me parece que ha llegado el momento de hacer algo más que afirmar aquello de: "Nos debemos al público que nos sintoniza" y de veras poner a la disposición del auditorio instrumentos eficaces que sirvan para que la gente haga valer esta intención. La figura del ombudsman de la audiencia sigue incomodando a quienes buscan la protección de doña impunidad, así como la idea de comprometerse a seguir invariablemente una metodología —rigor periodístico— en la transmisión de la información. Como lo es: no manipular, dar los puntos de vista de todos los involucrados, respetar la vida privada, cerciorarse de la veracidad de la información con anticipación a difundirla, etcétera.
Después de presenciar esta feria de intereses en la que se rasgaron vestiduras, crucificaron culpables y purificaron conciencias, me atrevo a preguntar si medios y comunicadores estarán dispuestos a transparentar sus procedimientos, o si este deber sólo corresponde a los servidores públicos. No vaya a ser que quienes buscan protección en la excepción, sostengan aquello de: "Señor: hágase tu voluntad en las mulas de mi compadre", y éste sea el código a seguir por quienes todavía se consideran impermeables al escrutinio público.
Desde hace 15 años soy abogado de la familia Vargas, por lo que he sido testigo de buena parte de los acontecimientos derivados de la suspensión del programa de Carmen Aristegui. Con esos ojos, he analizado las reacciones a favor y en contra de los involucrados.
De acuerdo con la información a la que he tenido acceso, la familia Vargas recibió más de 10 mil tuits reclamándole la salida de la periodista. Dato interesante. Sin embargo, parece ser que la manipulación ha llegado a las redes sociales, pues estos más de 10 mil tuits fueron enviados por una escuadra de tan sólo 292 personas. Por otro lado, me genera suspicacia la espontaneidad de la marcha-manifestación que partió de las instalaciones de MVS Radio hacia Los Pinos, y en la que se pintarrajearon paredes, se arrojaron huevos, insultos y consignas, y que al final se disipó tranquilamente para continuar prestando apoyo a un plantón del SME.
Varios intelectuales de conocido prestigio han manifestado sus posiciones obedeciendo a sus reconocidos intereses. Unos, a favor del grupo intolerante que sistemáticamente ataca todo aquello que no se ajusta a sus paradigmas ideológicos; otro que obedece a quienes se oponen a que la familia Vargas debilite, por la vía de la competencia, posiciones anticompetitivas y de privilegio; otro compuesto por los enemigos incondicionales de la periodista; otro más de los defensores y emisarios del gobierno federal; otro conformado por el grupo que no quiere perder el único espacio radiofónico importante a través del cual se da paso preferencial a la difusión de sus recalcitrantes filias y fobias; otro, abundante, que busca las ganancias del río revuelto y también, es justo reconocerlo, el de quienes legítimamente manifiestan sus opiniones en ausencia de consignas, simpatías o antipatías. Pero al final del camino, todo este evento deja escapar el tufo inconfundible de la manipulación y la promiscuidad de tantos intereses.
Pero más allá del embrollo, quedan varios temas sobre la mesa que debieran debatirse serenamente. ¿Tiene una empresa de comunicación derecho a prescindir de los servicios de un comunicador cuando lo considere conveniente? —habría que recordar que en ocasiones anteriores, Aristegui ha decidido terminar su relación con MVS, por así convenir a sus intereses—. ¿La responsabilidad editorial de una empresa debe acoplarse al libre arbitrio de sus "líderes de opinión"? ¿El auditorio tiene algún derecho? Los —mal llamados— Códigos de Ética de los medios de comunicación ¿deben hacerse públicos? ¿El auditorio tiene derecho a conocer los procedimientos que siguen los comunicadores al manejar la información que nos transmiten? Porque finalmente somos el público quienes consumimos la información que medios de comunicación y comunicadores nos entregan a su antojo —y de cuya calidad y pureza sólo ellos conocen—. ¿Medios y comunicadores estarán dispuestos a ajustarse a una especie de "distintivo H" que certifique la limpieza y autenticidad de sus procedimientos? Me parece que ha llegado el momento de hacer algo más que afirmar aquello de: "Nos debemos al público que nos sintoniza" y de veras poner a la disposición del auditorio instrumentos eficaces que sirvan para que la gente haga valer esta intención. La figura del ombudsman de la audiencia sigue incomodando a quienes buscan la protección de doña impunidad, así como la idea de comprometerse a seguir invariablemente una metodología —rigor periodístico— en la transmisión de la información. Como lo es: no manipular, dar los puntos de vista de todos los involucrados, respetar la vida privada, cerciorarse de la veracidad de la información con anticipación a difundirla, etcétera.
Después de presenciar esta feria de intereses en la que se rasgaron vestiduras, crucificaron culpables y purificaron conciencias, me atrevo a preguntar si medios y comunicadores estarán dispuestos a transparentar sus procedimientos, o si este deber sólo corresponde a los servidores públicos. No vaya a ser que quienes buscan protección en la excepción, sostengan aquello de: "Señor: hágase tu voluntad en las mulas de mi compadre", y éste sea el código a seguir por quienes todavía se consideran impermeables al escrutinio público.
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