Martha Anaya / Crónica de Política
“Mi gobierno se opuso a que el Ejército mexicano efectuara investigaciones y combatiera a las bandas de narcotraficantes. Era innecesario otorgarle responsabilidades que en un país de leyes competen a las policías especializadas. Además, no podía soslayarse el riesgo de que los traficantes intentaran corromper a miembros del Ejército, institución fundamental para la salvaguarda de cualquier país.”
Tal decisión –y su respectiva argumentación– la tomó Carlos Salinas de Gortari durante su gobierno (1988-1994). Venía de la mano con otra determinación que haría pública en los primeros meses de su gestión: convertir el tema del narcotráfico en una prioridad nacional.
Las razones que lo llevarían a tomar esa medida, según escribe en su libro MÉXICO un paso difícil a la modernidad, fueron: porque el tráfico de estupefacientes se había convertido en un peligro para la vida democrática del país, porque amenazaba la seguridad del país, y porque tenía la certeza de que esa lucha era “fundamental para garantizar el futuro del país”.
El contraste en la manera de ver el problema frente a su antecesor resulta más que notable. Tanto que la decisión parece más bien inducida por actores de gran peso en este tipo de políticas como nuestros vecinos del norte.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid el narcotráfico era un problema con el que se lidiaba, en lo cotidiano, con la erradicación de cultivos; y de manera profunda y cuidadosa, en el ámbito diplomático, pues el tema lo habían convertido los norteamericanos en la vía interferir y presionar a México en sus posiciones internacionales, según los testimonios del entonces Presidente.
Con Carlos Salinas el tema se situó en el terreno de la seguridad nacional con un grado de prioridad y arrancó la “guerra” –él utiliza ya esta denominación en su libro– contra el narco con la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo. Luego se sumaron Miguel Ángel Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loaera El Chapo, Francisco Arellano Félix y Humberto García Abrego. Los números de confiscaciones y destrucción de droga alcanzaron cifras inéditas entre 1989 y 1994.
“Hubo que enfrentar al narcotráfico en todas las esferas –diría Salinas—tanto en el ámbito público como en el privado. Se actuó incluso contra ciertos individuos considerados como ‘intocables’ por pertenecer a los niveles más altos de la Policía Judicial Federal o del Poder Judicial de la Federación”.
Los logros durante su sexenio en el combate al narcotráfico fueron elogiados una y otra vez por distintas agencias y funcionarios estadounidenses involucrados en el asunto, aún cuando “no se ganó la guerra”, como el propio Salinas reconoce en su libro.
Pero lo peor en esta historia del combate al narcotráfico que emprendió Salinas –y más allá de declaraciones públicas y certificaciones por parte de los Estados Unidos–, ocurrió unos meses antes de la firma del Tratado de Libre Comercio: fue el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo.
El 24 de mayo de 1993, según las investigaciones, pistoleros de dos de los principales cárteles –el de los hermanos Arellano Félix y el del “Chapo” Guzmán—se enfrentaron en el aeropuerto de Guadalajara y víctima del fuego cruzado, o por una confusión, caería abatido el Arzobispo de Guadalajara.
Con este episodio iniciaría la pesadilla que envolvió a Salinas –y luego a su hermano Raúl– hasta el final de su presidencia y aún años después.
En cuanto al papel que jugó el Ejército mexicano, éste se ocupó de la destrucción de plantíos ilegales, tal y como venía haciendo desde décadas atrás. El gobierno de Salinas, como mencionamos al inicio, “se opuso” a que el Ejército efectuara investigaciones y combatiera a las bandas de narcotraficantes. Las razones que tuvo para ello ya las señalamos.
Pero lo que llama la atención en la referencia de esta decisión, es la frase con que inicia el párrafo: “Mi gobierno se opuso…”
La pregunta es obligada: ¿Quién o quiénes le propusieron, demandaron, o presionaron para que metiera al Ejército en el combate al narcotráfico? ¿Fue el gobierno de Estados Unidos?
Si la respuesta es positiva, cabe preguntarse: ¿Desde entonces los Estados Unidos tenían interés en que el Ejército mexicano participara en el combate al narcotráfico?
¿Ante quiénes se opuso el gobierno de Carlos Salinas a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico?
“Mi gobierno se opuso a que el Ejército mexicano efectuara investigaciones y combatiera a las bandas de narcotraficantes. Era innecesario otorgarle responsabilidades que en un país de leyes competen a las policías especializadas. Además, no podía soslayarse el riesgo de que los traficantes intentaran corromper a miembros del Ejército, institución fundamental para la salvaguarda de cualquier país.”
Tal decisión –y su respectiva argumentación– la tomó Carlos Salinas de Gortari durante su gobierno (1988-1994). Venía de la mano con otra determinación que haría pública en los primeros meses de su gestión: convertir el tema del narcotráfico en una prioridad nacional.
Las razones que lo llevarían a tomar esa medida, según escribe en su libro MÉXICO un paso difícil a la modernidad, fueron: porque el tráfico de estupefacientes se había convertido en un peligro para la vida democrática del país, porque amenazaba la seguridad del país, y porque tenía la certeza de que esa lucha era “fundamental para garantizar el futuro del país”.
El contraste en la manera de ver el problema frente a su antecesor resulta más que notable. Tanto que la decisión parece más bien inducida por actores de gran peso en este tipo de políticas como nuestros vecinos del norte.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid el narcotráfico era un problema con el que se lidiaba, en lo cotidiano, con la erradicación de cultivos; y de manera profunda y cuidadosa, en el ámbito diplomático, pues el tema lo habían convertido los norteamericanos en la vía interferir y presionar a México en sus posiciones internacionales, según los testimonios del entonces Presidente.
Con Carlos Salinas el tema se situó en el terreno de la seguridad nacional con un grado de prioridad y arrancó la “guerra” –él utiliza ya esta denominación en su libro– contra el narco con la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo. Luego se sumaron Miguel Ángel Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loaera El Chapo, Francisco Arellano Félix y Humberto García Abrego. Los números de confiscaciones y destrucción de droga alcanzaron cifras inéditas entre 1989 y 1994.
“Hubo que enfrentar al narcotráfico en todas las esferas –diría Salinas—tanto en el ámbito público como en el privado. Se actuó incluso contra ciertos individuos considerados como ‘intocables’ por pertenecer a los niveles más altos de la Policía Judicial Federal o del Poder Judicial de la Federación”.
Los logros durante su sexenio en el combate al narcotráfico fueron elogiados una y otra vez por distintas agencias y funcionarios estadounidenses involucrados en el asunto, aún cuando “no se ganó la guerra”, como el propio Salinas reconoce en su libro.
Pero lo peor en esta historia del combate al narcotráfico que emprendió Salinas –y más allá de declaraciones públicas y certificaciones por parte de los Estados Unidos–, ocurrió unos meses antes de la firma del Tratado de Libre Comercio: fue el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo.
El 24 de mayo de 1993, según las investigaciones, pistoleros de dos de los principales cárteles –el de los hermanos Arellano Félix y el del “Chapo” Guzmán—se enfrentaron en el aeropuerto de Guadalajara y víctima del fuego cruzado, o por una confusión, caería abatido el Arzobispo de Guadalajara.
Con este episodio iniciaría la pesadilla que envolvió a Salinas –y luego a su hermano Raúl– hasta el final de su presidencia y aún años después.
En cuanto al papel que jugó el Ejército mexicano, éste se ocupó de la destrucción de plantíos ilegales, tal y como venía haciendo desde décadas atrás. El gobierno de Salinas, como mencionamos al inicio, “se opuso” a que el Ejército efectuara investigaciones y combatiera a las bandas de narcotraficantes. Las razones que tuvo para ello ya las señalamos.
Pero lo que llama la atención en la referencia de esta decisión, es la frase con que inicia el párrafo: “Mi gobierno se opuso…”
La pregunta es obligada: ¿Quién o quiénes le propusieron, demandaron, o presionaron para que metiera al Ejército en el combate al narcotráfico? ¿Fue el gobierno de Estados Unidos?
Si la respuesta es positiva, cabe preguntarse: ¿Desde entonces los Estados Unidos tenían interés en que el Ejército mexicano participara en el combate al narcotráfico?
¿Ante quiénes se opuso el gobierno de Carlos Salinas a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico?
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