Pedro Matías
El secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé, reconoció que en el sexenio la dependencia benefició a constructoras ligadas a Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del gobernador del estado, Ulises Ruiz, y a Eviel Pérez Magaña, candidato perdedor del PRI a la gubernatura.
Durante la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso local, el diputado del PRD, Alejandro López Jarquín, preguntó si le fueron asignadas obras a seis empresas vinculadas al presidente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, y al hermano del gobernador.
Las seis empresas que citó son: Nexicho Asociados S.A. de C.V.,; Grupo Basoo Asociados S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Oaxes S.A. de C.V.; PEOM Construcciones S. A. de C.V.; Davizao Construcciones S.A. de C.V. y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural S.A. de C.V.
La respuesta de González Bernabé fue: “Las empresas que mencionó (el perredista) sí han tenido contratos con la Secretaría de Obras Públicas".
Además, el funcionario dijo que no contaba con el nombre de las 10 empresas solicitadas ni el número de obras asignadas, mucho menos los montos ni el estado que guardan las mismas.
Respecto del techado del auditorio Guelaguetza, González dijo que los trabajos concluirán hasta el próximo 30 de diciembre y que ahora costarán más.
Detalló que el techado del auditorio Guelaguetza se realiza con un presupuesto de 66 millones de pesos en la construcción de la primera etapa, más otros 40 millones de la segunda etapa. “En el audio son 10 millones de pesos, pero lo pueden ver en el portal”.
Señaló que no se concluyó en el tiempo previsto porque "en la ejecución de toda obra se suceden imponderables relacionados con factores climáticos e inclusive sociales, que se reflejan en el avance de la obra, pero lo relativo a su periodo contractual su vigencia es al 30 de diciembre".
En la comparecencia como parte de la glosa del VI Informe de Gobierno, González Bernabé dijo: “Nuestros rezagos son ancestrales, pero en las presentes circunstancias hemos puesto nuestro mejor empeño para entregar resultados positivos a la sociedad, que ha sabido reconocer los aciertos y señalar sin cortapisas las insuficiencias”.
Respecto de los daños carreteros, dijo que de casi 24 mil kilómetros de la red carretera resultaron dañados siete mil 130 kilómetros en 267 municipios. Añadió que se requieren para su atención dos mil 234 millones de pesos sólo en lo que corresponde a la red carretera alimentadoras y caminos rurales, y más de 840 millones para atender la red troncal o federal.
Antes, compareció el secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado, Javier Rueda Velásquez, quien fue cuestionado sobre los asesinatos de líderes sociales, el secuestro del diputado local Manuel Benítez Manzanares y el caso Copala, así como el manejo de los recursos públicos, la falta de capacitación y los sueldos precarios de los elementos policiacos.
En su exposición, Rueda Velásquez indicó que el modelo policial implementado en Oaxaca desde 2008 es un “trabajo fundamental de especialistas”, que ha dado resultados, pero necesita fortalecerse.
Resaltó que bajo el mando único, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) atendió 514 casos relevantes, desarticulado 215 bandas y logrado la detención de 944 personas.
Además, destacó la creación de la Unidad Especializada de Atención al Delito de Secuestro, que permitió resolver 81 casos de privaciones de la libertad y la detención de 196 presuntos responsables, mientras que en el delito de extorsión en 35 casos se detuvo a 52 presuntos responsables, y en materia de investigación la AEI realizó 70 operativos.
Informó que se ejecutaron mandamientos judiciales y ministeriales para la localización y presentación de 2 mil 280 personas; se ejecutaron 4 mil 635 órdenes de aprehensión; se detuvo en flagrancia a 2 mil 125 personas; se recuperaron mil 907 vehículos robados, y se detuvo y presentaron a mil 327 adolescentes.
Por otra parte, dijo, se atendieron y resolvieron 6 mil 537 oficios de investigación girados por el Ministerio Público y se dio cumplimiento a 43 mil 932 citatorios y 6 mil 940 comparecencias.
Durante la comparecencia, los legisladores del PAN, PRD, PT y Convergencia, coincidieron en señalar que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido rebasada por los actos de violencia en la entidad.
Finalmente, compareció la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), María de la Luz Candelaria Chiñas, quien fue cuestionada sobre los nulos resultados en las investigaciones de los casos de asesinatos, agresiones a periodistas, trata de personas, pederastia y corrupción.
La procuradora dio cifras diferentes a las que proporcionó el secretario de Seguridad Pública, al manifestar que la Unidad Especializada de Investigación para el delito de Secuestro ha tenido un “significativo resultado” al desarticular 11 bandas, ejercitar acción penal en contra de 83 probables responsables y liberar a tres víctimas del delito.
De enero a la fecha, abundó, el Ministerio Público inició 38 mil 150 averiguaciones previas.
En este año, informó, se dictaron tres mil 312 autos de formal prisión y 786 autos de libertad, además de que se libraron tres mil 14 órdenes de aprehensión y 348 de reaprehensión, motivando dos mil 59 sentencias condenatorias y 187 absolutorias, que representan más del 91% en la pretensión punitiva de la representación social.
El secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé, reconoció que en el sexenio la dependencia benefició a constructoras ligadas a Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del gobernador del estado, Ulises Ruiz, y a Eviel Pérez Magaña, candidato perdedor del PRI a la gubernatura.
Durante la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso local, el diputado del PRD, Alejandro López Jarquín, preguntó si le fueron asignadas obras a seis empresas vinculadas al presidente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, y al hermano del gobernador.
Las seis empresas que citó son: Nexicho Asociados S.A. de C.V.,; Grupo Basoo Asociados S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Oaxes S.A. de C.V.; PEOM Construcciones S. A. de C.V.; Davizao Construcciones S.A. de C.V. y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural S.A. de C.V.
La respuesta de González Bernabé fue: “Las empresas que mencionó (el perredista) sí han tenido contratos con la Secretaría de Obras Públicas".
Además, el funcionario dijo que no contaba con el nombre de las 10 empresas solicitadas ni el número de obras asignadas, mucho menos los montos ni el estado que guardan las mismas.
Respecto del techado del auditorio Guelaguetza, González dijo que los trabajos concluirán hasta el próximo 30 de diciembre y que ahora costarán más.
Detalló que el techado del auditorio Guelaguetza se realiza con un presupuesto de 66 millones de pesos en la construcción de la primera etapa, más otros 40 millones de la segunda etapa. “En el audio son 10 millones de pesos, pero lo pueden ver en el portal”.
Señaló que no se concluyó en el tiempo previsto porque "en la ejecución de toda obra se suceden imponderables relacionados con factores climáticos e inclusive sociales, que se reflejan en el avance de la obra, pero lo relativo a su periodo contractual su vigencia es al 30 de diciembre".
En la comparecencia como parte de la glosa del VI Informe de Gobierno, González Bernabé dijo: “Nuestros rezagos son ancestrales, pero en las presentes circunstancias hemos puesto nuestro mejor empeño para entregar resultados positivos a la sociedad, que ha sabido reconocer los aciertos y señalar sin cortapisas las insuficiencias”.
Respecto de los daños carreteros, dijo que de casi 24 mil kilómetros de la red carretera resultaron dañados siete mil 130 kilómetros en 267 municipios. Añadió que se requieren para su atención dos mil 234 millones de pesos sólo en lo que corresponde a la red carretera alimentadoras y caminos rurales, y más de 840 millones para atender la red troncal o federal.
Antes, compareció el secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado, Javier Rueda Velásquez, quien fue cuestionado sobre los asesinatos de líderes sociales, el secuestro del diputado local Manuel Benítez Manzanares y el caso Copala, así como el manejo de los recursos públicos, la falta de capacitación y los sueldos precarios de los elementos policiacos.
En su exposición, Rueda Velásquez indicó que el modelo policial implementado en Oaxaca desde 2008 es un “trabajo fundamental de especialistas”, que ha dado resultados, pero necesita fortalecerse.
Resaltó que bajo el mando único, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) atendió 514 casos relevantes, desarticulado 215 bandas y logrado la detención de 944 personas.
Además, destacó la creación de la Unidad Especializada de Atención al Delito de Secuestro, que permitió resolver 81 casos de privaciones de la libertad y la detención de 196 presuntos responsables, mientras que en el delito de extorsión en 35 casos se detuvo a 52 presuntos responsables, y en materia de investigación la AEI realizó 70 operativos.
Informó que se ejecutaron mandamientos judiciales y ministeriales para la localización y presentación de 2 mil 280 personas; se ejecutaron 4 mil 635 órdenes de aprehensión; se detuvo en flagrancia a 2 mil 125 personas; se recuperaron mil 907 vehículos robados, y se detuvo y presentaron a mil 327 adolescentes.
Por otra parte, dijo, se atendieron y resolvieron 6 mil 537 oficios de investigación girados por el Ministerio Público y se dio cumplimiento a 43 mil 932 citatorios y 6 mil 940 comparecencias.
Durante la comparecencia, los legisladores del PAN, PRD, PT y Convergencia, coincidieron en señalar que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido rebasada por los actos de violencia en la entidad.
Finalmente, compareció la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), María de la Luz Candelaria Chiñas, quien fue cuestionada sobre los nulos resultados en las investigaciones de los casos de asesinatos, agresiones a periodistas, trata de personas, pederastia y corrupción.
La procuradora dio cifras diferentes a las que proporcionó el secretario de Seguridad Pública, al manifestar que la Unidad Especializada de Investigación para el delito de Secuestro ha tenido un “significativo resultado” al desarticular 11 bandas, ejercitar acción penal en contra de 83 probables responsables y liberar a tres víctimas del delito.
De enero a la fecha, abundó, el Ministerio Público inició 38 mil 150 averiguaciones previas.
En este año, informó, se dictaron tres mil 312 autos de formal prisión y 786 autos de libertad, además de que se libraron tres mil 14 órdenes de aprehensión y 348 de reaprehensión, motivando dos mil 59 sentencias condenatorias y 187 absolutorias, que representan más del 91% en la pretensión punitiva de la representación social.
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