Jorge Alejandro Medellín
Numerosos investigadores y académicos han señalado desde hace poco más de diez años los riesgos y desventajas de enviar a los militares a cumplir labores policiacas, especialmente enfocadas a combatir al crimen organizado y en particular a los cárteles de la droga.
La rigidez de la doctrina y formación militar se reflejan en las operaciones contra el crimen organizado efectuadas con mayor intensidad en este sexenio. La formación castrense y su impacto en la dinámica de lucha contra los cárteles de la droga se han traducido en situaciones de uso de la fuerza que va más allá de lo debido y termina por cobrar vidas de ciudadanos inocentes.
La participación de mandos militares en funciones policiacas no es nueva. Generales, Coroneles, Mayores y Capitanes, ya sean retiro o con licencia, han encabezado y encabezan corporaciones y organismos de seguridad en todo el territorio nacional. Tampoco son recientes los abusos, vejaciones y crímenes cometidos por militares en funciones policiacas.
Los casos del Grupo Jaguar, creado por el extinto General Mauro Enrique Tello Quiñonez, o las incursiones de militares habilitados como policías en la colonia Buenos Aires para detener y asesinar luego a seis personas, se suman a numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del combate a la delincuencia.
Otros episodios lamentables de exceso militar en funciones policiacas se dieron con las incursiones del Grupo Tiburón en Iztapalapa, en donde tropas habilitadas como policías detuvieron y desaparecieron a varios jóvenes.
Lo anterior por lo que toca al ámbito urbano. Los excesos, agresiones y asesinatos cometidos por militares habilitados como policías o por militares en funciones de seguridad pública han colocado a la Defensa Nacional en el primer sitio en materia de Quejas y Recomendaciones recibidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
(http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=008n1pol)
y en (http://www.eluniversal.com.mx/notas/619498.html).
Entre los riesgos y consecuencias de militarizar a las instituciones policiacas y de seguridad del país se pueden citar cuando menos cuatro de repercusión inmediata y de mediano plazo:
1.- Atraso o estancamiento en la formación de nuevos cuadros policíacos.
2.- Rezago en la modernización de instituciones policiales debido a la entrada de militares ya sea como mandos o como parte de las corporaciones de combate a la delincuencia.
3.- Disparidad en la doctrina, métodos, tácticas, procedimientos y objetivos de seguridad en instituciones policiales militarizadas. La definición de metas y objetivos no es la misma y tampoco coincide con los estándares de seguridad y profesionalización del servicio.
4.- Al asumir funciones policiales y estar en contacto más estrecho con grupos de la delincuencia organizada, los militares se exponen a involucrarse en dinámicas de corrupción. En la actual administración alrededor de medio centenar de militares han sido detenidos y procesados por vínculos con cárteles de la droga, por ejemplo.
5.- Violaciones a los derechos humanos como resultado de la aplicación de métodos y formas de combate de tipo militar, no policial.
6.- Rispideces y desencuentros entre instituciones policiacas y tropas militares. Es de sobra conocido el divorcio que existe entre militares y policías en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero y Morelos, por citar algunos casos.
Dada la corrupción y la falta de capacidad de los cuerpos policiacos municipales y estatales, así como de algunos núcleos federales, los mandos militares desconfían por completo de éstos para efectuar operaciones conjuntas o siquiera para brindar apoyo en anillos y perímetros de seguridad.
CENTINELA.-
Al menos cuatro generales en retiro fueron consultados por el alto mando en la Sedena para saber si estarían dispuestos a tomar las riendas de la seguridad pública en Chihuahua. Ninguno le entró al reto.
Amablemente, personajes como el ex Subsecretario de la Defensa y ahora militar en retiro, el general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (ha sido Subjefe de Estado Mayor de Zona Militar, Subdirector de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, Comandante de Batallón de Infantería, Comandante de Zona Militar, Comandante de Guarnición Militar, Comandante de Brigada de Infantería Ligera, Subjefe Administrativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional y En diciembre del 2002, Jefe del Estado mayor de la Defensa Nacional) declinaron la invitación.
Con él, previamente consultados, otros generales le dijeron no al DN-1, Guillermo Galván, y prefirieron seguir en el retiro al que acaban de pasar desde el 16 de septiembre.
En Chihuahua, donde se esperaba la llegada del General Ramón Arrieta Hurtado como secretario de Seguridad Pública, las señales cambiaron porque el gobierno del priista recién electo César Duarte decidió darle un giro de 180 grados a la estrategia anticrimen y eliminar a dicha secretaría y a la procuraduría de justicia estatal para crear la Fiscalía General del Estado, que asumirá y controlará las funciones de las instancias suprimidas.
En cambio, quien sí llegó a Chihuahua como Jefe de la Policía Única o Unificada es el General Juan David Rivera Bretón, ex comandante en los estados de Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua, en donde fue secretario de Seguridad Pública en la conflictiva y violenta Ciudad Juárez.
Rivera Bretón es un militar duro, experimentado en contrainsurgencia y con un historial de choques desarrollado en la zona norte del país, en la región dominada por el narco.
Ha sido Jefe de Operaciones del XXVI Batallón de Infantería Delicias, Chihuahua; comandante de la Fuerza de Tarea Marte XXIV en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango; Primer Comandante en Operaciones de Restauración del Orden en la Fuerza de Tarea Arcoíris, en Chiapas, contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También ha sido Comandante de las zonas militares XIX Tuxpan, Veracruz; IV de Hermosillo, Sonora; XVIII Pachuca, Hidalgo y XLII de Parral, Chihuahua. Con él al frente de la Policía Unificada, el gobierno de Chihuahua y la Sedena avanzan (como ocurre en Coahuila) hacia una paulatina y cuidadosa desmilitarización que implique también la creación de cuerpos policiacos renovados, eficientes, eficaces, libres de duda o sombra de corrupción y ligas con el crimen organizado y preparados para revertir la desastrosa situación de desgaste operativo, ingobernabilidad y crispación que domina en muchas ciudades de la frontera con los Estados Unidos.
Numerosos investigadores y académicos han señalado desde hace poco más de diez años los riesgos y desventajas de enviar a los militares a cumplir labores policiacas, especialmente enfocadas a combatir al crimen organizado y en particular a los cárteles de la droga.
La rigidez de la doctrina y formación militar se reflejan en las operaciones contra el crimen organizado efectuadas con mayor intensidad en este sexenio. La formación castrense y su impacto en la dinámica de lucha contra los cárteles de la droga se han traducido en situaciones de uso de la fuerza que va más allá de lo debido y termina por cobrar vidas de ciudadanos inocentes.
La participación de mandos militares en funciones policiacas no es nueva. Generales, Coroneles, Mayores y Capitanes, ya sean retiro o con licencia, han encabezado y encabezan corporaciones y organismos de seguridad en todo el territorio nacional. Tampoco son recientes los abusos, vejaciones y crímenes cometidos por militares en funciones policiacas.
Los casos del Grupo Jaguar, creado por el extinto General Mauro Enrique Tello Quiñonez, o las incursiones de militares habilitados como policías en la colonia Buenos Aires para detener y asesinar luego a seis personas, se suman a numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del combate a la delincuencia.
Otros episodios lamentables de exceso militar en funciones policiacas se dieron con las incursiones del Grupo Tiburón en Iztapalapa, en donde tropas habilitadas como policías detuvieron y desaparecieron a varios jóvenes.
Lo anterior por lo que toca al ámbito urbano. Los excesos, agresiones y asesinatos cometidos por militares habilitados como policías o por militares en funciones de seguridad pública han colocado a la Defensa Nacional en el primer sitio en materia de Quejas y Recomendaciones recibidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
(http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=008n1pol)
y en (http://www.eluniversal.com.mx/notas/619498.html).
Entre los riesgos y consecuencias de militarizar a las instituciones policiacas y de seguridad del país se pueden citar cuando menos cuatro de repercusión inmediata y de mediano plazo:
1.- Atraso o estancamiento en la formación de nuevos cuadros policíacos.
2.- Rezago en la modernización de instituciones policiales debido a la entrada de militares ya sea como mandos o como parte de las corporaciones de combate a la delincuencia.
3.- Disparidad en la doctrina, métodos, tácticas, procedimientos y objetivos de seguridad en instituciones policiales militarizadas. La definición de metas y objetivos no es la misma y tampoco coincide con los estándares de seguridad y profesionalización del servicio.
4.- Al asumir funciones policiales y estar en contacto más estrecho con grupos de la delincuencia organizada, los militares se exponen a involucrarse en dinámicas de corrupción. En la actual administración alrededor de medio centenar de militares han sido detenidos y procesados por vínculos con cárteles de la droga, por ejemplo.
5.- Violaciones a los derechos humanos como resultado de la aplicación de métodos y formas de combate de tipo militar, no policial.
6.- Rispideces y desencuentros entre instituciones policiacas y tropas militares. Es de sobra conocido el divorcio que existe entre militares y policías en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero y Morelos, por citar algunos casos.
Dada la corrupción y la falta de capacidad de los cuerpos policiacos municipales y estatales, así como de algunos núcleos federales, los mandos militares desconfían por completo de éstos para efectuar operaciones conjuntas o siquiera para brindar apoyo en anillos y perímetros de seguridad.
CENTINELA.-
Al menos cuatro generales en retiro fueron consultados por el alto mando en la Sedena para saber si estarían dispuestos a tomar las riendas de la seguridad pública en Chihuahua. Ninguno le entró al reto.
Amablemente, personajes como el ex Subsecretario de la Defensa y ahora militar en retiro, el general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (ha sido Subjefe de Estado Mayor de Zona Militar, Subdirector de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, Comandante de Batallón de Infantería, Comandante de Zona Militar, Comandante de Guarnición Militar, Comandante de Brigada de Infantería Ligera, Subjefe Administrativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional y En diciembre del 2002, Jefe del Estado mayor de la Defensa Nacional) declinaron la invitación.
Con él, previamente consultados, otros generales le dijeron no al DN-1, Guillermo Galván, y prefirieron seguir en el retiro al que acaban de pasar desde el 16 de septiembre.
En Chihuahua, donde se esperaba la llegada del General Ramón Arrieta Hurtado como secretario de Seguridad Pública, las señales cambiaron porque el gobierno del priista recién electo César Duarte decidió darle un giro de 180 grados a la estrategia anticrimen y eliminar a dicha secretaría y a la procuraduría de justicia estatal para crear la Fiscalía General del Estado, que asumirá y controlará las funciones de las instancias suprimidas.
En cambio, quien sí llegó a Chihuahua como Jefe de la Policía Única o Unificada es el General Juan David Rivera Bretón, ex comandante en los estados de Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua, en donde fue secretario de Seguridad Pública en la conflictiva y violenta Ciudad Juárez.
Rivera Bretón es un militar duro, experimentado en contrainsurgencia y con un historial de choques desarrollado en la zona norte del país, en la región dominada por el narco.
Ha sido Jefe de Operaciones del XXVI Batallón de Infantería Delicias, Chihuahua; comandante de la Fuerza de Tarea Marte XXIV en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango; Primer Comandante en Operaciones de Restauración del Orden en la Fuerza de Tarea Arcoíris, en Chiapas, contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También ha sido Comandante de las zonas militares XIX Tuxpan, Veracruz; IV de Hermosillo, Sonora; XVIII Pachuca, Hidalgo y XLII de Parral, Chihuahua. Con él al frente de la Policía Unificada, el gobierno de Chihuahua y la Sedena avanzan (como ocurre en Coahuila) hacia una paulatina y cuidadosa desmilitarización que implique también la creación de cuerpos policiacos renovados, eficientes, eficaces, libres de duda o sombra de corrupción y ligas con el crimen organizado y preparados para revertir la desastrosa situación de desgaste operativo, ingobernabilidad y crispación que domina en muchas ciudades de la frontera con los Estados Unidos.
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