R. Rodriguez Baños
Los militares cabildean para modificar la constitución de manera de dotar legalidad a su eventual actuación como factor de decisión electoral y la ultraderecha busca fracturar el municipio libre para hacerse del monopolio de la fuerza pública con la policía de mando único. El golpe de Estado está siendo preparado como alternativa de la previsible no reelección del PAN en 2012.
Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, insiste en restituir a la Ley de Seguridad Nacional los planteamientos de Calderón para que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico no sean auxiliares de las autoridades civiles, sino coordinadoras responsables de los operativos y cambiar el sentido artículo 69 de la misma, donde los senadores establecieron que el ejecutivo federal no podrá utilizar al ejército en caso de conflictos políticos, sociales o de orden electoral, para evitar que las fuerzas armadas sean enviadas a reprimir huelgas o protestas por fraudes en comicios; con base en lo cual, de aprobarse la minuta, insiste Galván, el ejército quedaría incapacitado legalmente para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados, y estaría limitado para atender antagonismos de seguridad de la nación, ya que sólo podría hacerlo cuando se emita una declaratoria de afectación a la seguridad nacional. Otra modificación propuesta es para permitir que el ejército solicite la intervención de comunicaciones privadas, de acuerdo con la nota de Andrea Becerril en La Jornada de 17 de octubre.
En el mismo diario, el 20 de este mes Jesús Aranda reseña las jornadas del seminario México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, en cuyo curso Raúl Benítez, director del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Casede, e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que a lo largo de la historia, las fuerzas armadas se han autoasignado misiones que no les corresponden, invadiendo espacios de otras dependencias que han inhibido y afectado la evolución del Estado mexicano en su conjunto y señala como territorios específicos de esta situación los de la salud pública, carreteras, infraestructura, persecución de delitos ambientales, etcétera, situación que ha llevado, comentó, a que en la política real el secretario de la Defensa tenga un rango superior en el gabinete presidencial que otros secretarios. Por otra parte, la mayoría de los participantes lamentaron, salvo el coronel Juan José Juárez Ramos, de la dirección de Derechos Humanos de la Sedena, que el tema del respeto a las garantías individuales no sea una prioridad para el gobierno de Felipe Calderón.
Inquietan asimismo otras informaciones, como la concerniente a que la base de datos Plataforma México constituya un acabado modelo de catálogo de virtudes fascistas donde cada ciudadano está siendo inventariado con el cruce de información personal que la burocracia e instancias colaterales de corte inquisitorial están efectuando tanto para, según vicios propios del sistema de treinta años para acá, comerciar con ellos en el mercado negro, o bien como otra herramienta del modelo policiaco de sociedad a donde se enderezan los gobiernos neoliberales.
Por eso exigen alcaldes a los senadores analizar el plan de mando único, que, dicen con razón, atenta contra autonomía. Por eso también es triste ver al ife convertido en un cuartucho de interrogatorios para los adversarios del sistema, a tales extremos de ignominia, que López Obrador debe decirles: Felipe Calderón es quien menoscaba la imagen presidencial y degrada las instituciones. Yo no daño la imagen presidencial; la denigra quien no ha sabido estar a la altura de los anhelos del pueblo; envilece la investidura quien me acusa de ser un peligro para México, dando así el banderazo de arranque a la nueva campaña de odio y rencor en contra nuestra. Y en la misma escena de miseria, las declaraciones de la cúpula chucha alegando que la virtual expulsión de Julio César Godoy fue para parar el golpeteo mediático. Y para pagar la cuota de sumisión al comprador del cascarón podrido, Felipe Calderón.
Estado de emergencia: la censura de las balas en México, actividad Una velada de solidaridad con periodistas mexicanos, fue organizado por el grupo de escritores PEN American Center, el Club PEN de México y el Comité de Protección de Periodistas en un foro de la Universidad Cooper Union en Nueva York. Demandan formalmente en España al juez Garzón por ordenar escuchas ilegales Garzón está acusado por tres de los sospechosos del escándalo llamado "Gürtel", que alcanzó al Partido Popular a principios de 2009, por ordenar escuchas telefónicas de conversaciones con sus abogados, violando los derechos de la defensa. En la misma línea, Cencos informa de la creación de un comité gubernamental especializado, dedicado a la protección de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, es una de las recomendaciones que diversos organismos intergubernamentales de derechos humanos han hecho al Estado mexicano durante los últimos dos años. Esta recomendación muestra una de las principales preocupaciones de diversas organizaciones de derechos humanos y periodistas debido a las agresiones que se dan en el país por ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos.
Y Javier Lozano se disculpó con el Senado de la República por las leperadas del subse Álvaro Castro, quien confundió al poder legislativo con un sindicato o alguna de las muchas ong que a diario comentan cómo se cotiza en mercados el jefe de todos ellos y de cada lépero en lo individual, pero al parecer de ahí no piensa pasar. Es más, al parecer simplemente no piensa.
Los militares cabildean para modificar la constitución de manera de dotar legalidad a su eventual actuación como factor de decisión electoral y la ultraderecha busca fracturar el municipio libre para hacerse del monopolio de la fuerza pública con la policía de mando único. El golpe de Estado está siendo preparado como alternativa de la previsible no reelección del PAN en 2012.
Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, insiste en restituir a la Ley de Seguridad Nacional los planteamientos de Calderón para que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico no sean auxiliares de las autoridades civiles, sino coordinadoras responsables de los operativos y cambiar el sentido artículo 69 de la misma, donde los senadores establecieron que el ejecutivo federal no podrá utilizar al ejército en caso de conflictos políticos, sociales o de orden electoral, para evitar que las fuerzas armadas sean enviadas a reprimir huelgas o protestas por fraudes en comicios; con base en lo cual, de aprobarse la minuta, insiste Galván, el ejército quedaría incapacitado legalmente para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados, y estaría limitado para atender antagonismos de seguridad de la nación, ya que sólo podría hacerlo cuando se emita una declaratoria de afectación a la seguridad nacional. Otra modificación propuesta es para permitir que el ejército solicite la intervención de comunicaciones privadas, de acuerdo con la nota de Andrea Becerril en La Jornada de 17 de octubre.
En el mismo diario, el 20 de este mes Jesús Aranda reseña las jornadas del seminario México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, en cuyo curso Raúl Benítez, director del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Casede, e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que a lo largo de la historia, las fuerzas armadas se han autoasignado misiones que no les corresponden, invadiendo espacios de otras dependencias que han inhibido y afectado la evolución del Estado mexicano en su conjunto y señala como territorios específicos de esta situación los de la salud pública, carreteras, infraestructura, persecución de delitos ambientales, etcétera, situación que ha llevado, comentó, a que en la política real el secretario de la Defensa tenga un rango superior en el gabinete presidencial que otros secretarios. Por otra parte, la mayoría de los participantes lamentaron, salvo el coronel Juan José Juárez Ramos, de la dirección de Derechos Humanos de la Sedena, que el tema del respeto a las garantías individuales no sea una prioridad para el gobierno de Felipe Calderón.
Inquietan asimismo otras informaciones, como la concerniente a que la base de datos Plataforma México constituya un acabado modelo de catálogo de virtudes fascistas donde cada ciudadano está siendo inventariado con el cruce de información personal que la burocracia e instancias colaterales de corte inquisitorial están efectuando tanto para, según vicios propios del sistema de treinta años para acá, comerciar con ellos en el mercado negro, o bien como otra herramienta del modelo policiaco de sociedad a donde se enderezan los gobiernos neoliberales.
Por eso exigen alcaldes a los senadores analizar el plan de mando único, que, dicen con razón, atenta contra autonomía. Por eso también es triste ver al ife convertido en un cuartucho de interrogatorios para los adversarios del sistema, a tales extremos de ignominia, que López Obrador debe decirles: Felipe Calderón es quien menoscaba la imagen presidencial y degrada las instituciones. Yo no daño la imagen presidencial; la denigra quien no ha sabido estar a la altura de los anhelos del pueblo; envilece la investidura quien me acusa de ser un peligro para México, dando así el banderazo de arranque a la nueva campaña de odio y rencor en contra nuestra. Y en la misma escena de miseria, las declaraciones de la cúpula chucha alegando que la virtual expulsión de Julio César Godoy fue para parar el golpeteo mediático. Y para pagar la cuota de sumisión al comprador del cascarón podrido, Felipe Calderón.
Estado de emergencia: la censura de las balas en México, actividad Una velada de solidaridad con periodistas mexicanos, fue organizado por el grupo de escritores PEN American Center, el Club PEN de México y el Comité de Protección de Periodistas en un foro de la Universidad Cooper Union en Nueva York. Demandan formalmente en España al juez Garzón por ordenar escuchas ilegales Garzón está acusado por tres de los sospechosos del escándalo llamado "Gürtel", que alcanzó al Partido Popular a principios de 2009, por ordenar escuchas telefónicas de conversaciones con sus abogados, violando los derechos de la defensa. En la misma línea, Cencos informa de la creación de un comité gubernamental especializado, dedicado a la protección de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, es una de las recomendaciones que diversos organismos intergubernamentales de derechos humanos han hecho al Estado mexicano durante los últimos dos años. Esta recomendación muestra una de las principales preocupaciones de diversas organizaciones de derechos humanos y periodistas debido a las agresiones que se dan en el país por ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos.
Y Javier Lozano se disculpó con el Senado de la República por las leperadas del subse Álvaro Castro, quien confundió al poder legislativo con un sindicato o alguna de las muchas ong que a diario comentan cómo se cotiza en mercados el jefe de todos ellos y de cada lépero en lo individual, pero al parecer de ahí no piensa pasar. Es más, al parecer simplemente no piensa.
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