Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
En un año de gobierno,ha cumplido sólo cuatro de sus 187 promesas de campaña, dijo Carlos Lasso, presidente del grupo Nuevo León Mejor, una asociación de organizaciones civiles. Y sentenció: “Le hemos sacado la tarjeta roja”. Los organismos cúpula de los industriales, los patrones y los comerciantes lo desafiaron: “Y no admitimos excusas ni discursos; Nuevo León necesita resultados”. En un par de días fue el uno-dos contra Medina, por su gestión y por el clima de inseguridad que vive el estado.
Dos enfrentamientos armados entre criminales y una víctima como saldo, sirvieron de pretexto para detonar un periodo de inestabilidad política que venían cocinando en su contra desde hace casi un mes. Un empresario confió hace dos semanas: “Ya no lo queremos. Estamos viendo cómo podemos destituirlo”. El dicho, repetido por otros, comenzó a circular en forma viral por la prensa nacional, que actuó como megáfono de esos intereses.
A lo largo de varias semanas varios medios regios fueron construyendo las condiciones de crisis política, minando la autoridad de Medina a través de rumores que socavaban su autoridad, como el que su familia se había ido a vivir a McCallen, y que él viajaba todas las noches en helicóptero a esas ciudad fronteriza texana, para pernoctar con ella.
La implosión del Cártel del Golfo y la batalla contra sus viejos aliados Los Zetas, se desparramó desde Tamaulipas hasta Nuevo León, donde atrapó a Medina a escasos meses de haber asumido la gubernatura, quien equipado con excedentes de ingenuidad política en el tema de seguridad, se entregó tal Ejército y a la Marina para que diseñaran las nuevas estrategias de seguridad. Pero una vez más, sus enemigos políticos se encargaron de esconder ese hecho.
En un desplegado, el sector privado le pidió al presidente Felipe Calderón que los militares tomaran el control de la seguridad, como si no ya lo tuvieran. Le dijeron incapaz, sin recordar que fue uno de los principales promotores del mando único policial en los estados. En apoyo al sector privado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza uno de los principales amigos del Presidente y experimentado operador político, Juan Miguel Alcántara, reprochó que Monterrey no ha cumplido con sus metas de profesionalización de policías, pues sólo el cuatro por ciento pasaron por los controles de confianza.
Como todas las críticas, la crítica fue fraseada para golpear al gobernador, omitiendo que el alcalde de la capital neoleonesa, Fernando Larrazábal, es panista. Medina no ha leído políticamente el cuatro de desestabilización que está viviendo, deliberado o coincidente, finalmente perjudicial para su gestión, que en unos cuantos días llegará a sus primeros 12 meses.
Más allá de esta embestida múltiple, Medina tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que parecía ser una promesa al tomar posesión hace un año, no ha dado pruebas de estar pudiendo con el paquete que le heredó su padrino, Natividad González Parás.
El ex gobernador y su primer secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, hoy diputado federal, permitieron que creciera el narcotráfico en la entidad, que no estalló en los niveles actuales porque quienes lo controlaban eran socios y no, como hoy, enemigos a muerte. Medina aceptó también que su gabinete de seguridad fuera hecho a la medida de González Parás, nombrando a quienes administraron el desastre en el gobierno anterior.
González Parás, no Medina, sigue gobernando en Nuevo León –cuando menos conceptualmente- en la parte más crítica de la administración, a través de sus ex colaboradores y de su equipo. Su procurador, el controvertido Arturo Garza y Garza, quien lo mete en problemas cada vez que declara a la prensa, era el subprocurador de González Parás. El titular de esa dependencia en la anterior administración, Luis Carlos Treviño Berchelman, es el secretario de Seguridad Pública. Al asumir la gubernatura, Medina recibió un cuerpo político y policial infectado y no lo cambió.
El problema de seguridad ha sido el pretexto para ir por la cabeza de Medina, pero hay más razones de fondo por la insatisfacción de su gestión. La clase empresarial se queja que nunca se distanció de González Parás y que se volvió una extensión de aquél gobierno, con el cual chocaron porque la familia del ex gobernador se metió en la actividad empresarial lastimando sus intereses. Ya les urgía que se fuera González Parás, pero descubrieron que Medina, por debilidad o falta de visión, le inyectó vida transexenal a ese modelo de gobierno.
Tronaron los empresarios y comenzaron a reunirse y a conspirar la caía de Medina similar a como hace poco más de 35 años hicieron los mismo sus predecesores contra el entonces presidente Luis Echeverría en una casa en el parque Chipinque. Hoy, sin embargo, hay una gran diferencia. El presidente no es de su partido, sino del adversario, y su principal apoyo se llama Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y puntero en la sucesión presidencial.
Es decir, tumbar a Medina beneficia al sector empresarial con el que está enfrentado y al gobierno federal. Medina es desechable como político, pero sería un buen revés para Peña Nieto y el PRI si lograran el objetivo. No es fácil, porque tienen que crearse las condiciones de ingobernabilidad suficientes para que proceda un juicio político que permita su destitución. Pero tampoco es muy difícil, porque Medina no ha mostrado los arrestos de un político que pueda nadar en la tormenta y sobrevivir. Con esa fórmula, si hay o no un plan de desestabilización es secundario. El gobernador contribuye, involuntariamente, a que eso suceda.
En un año de gobierno,ha cumplido sólo cuatro de sus 187 promesas de campaña, dijo Carlos Lasso, presidente del grupo Nuevo León Mejor, una asociación de organizaciones civiles. Y sentenció: “Le hemos sacado la tarjeta roja”. Los organismos cúpula de los industriales, los patrones y los comerciantes lo desafiaron: “Y no admitimos excusas ni discursos; Nuevo León necesita resultados”. En un par de días fue el uno-dos contra Medina, por su gestión y por el clima de inseguridad que vive el estado.
Dos enfrentamientos armados entre criminales y una víctima como saldo, sirvieron de pretexto para detonar un periodo de inestabilidad política que venían cocinando en su contra desde hace casi un mes. Un empresario confió hace dos semanas: “Ya no lo queremos. Estamos viendo cómo podemos destituirlo”. El dicho, repetido por otros, comenzó a circular en forma viral por la prensa nacional, que actuó como megáfono de esos intereses.
A lo largo de varias semanas varios medios regios fueron construyendo las condiciones de crisis política, minando la autoridad de Medina a través de rumores que socavaban su autoridad, como el que su familia se había ido a vivir a McCallen, y que él viajaba todas las noches en helicóptero a esas ciudad fronteriza texana, para pernoctar con ella.
La implosión del Cártel del Golfo y la batalla contra sus viejos aliados Los Zetas, se desparramó desde Tamaulipas hasta Nuevo León, donde atrapó a Medina a escasos meses de haber asumido la gubernatura, quien equipado con excedentes de ingenuidad política en el tema de seguridad, se entregó tal Ejército y a la Marina para que diseñaran las nuevas estrategias de seguridad. Pero una vez más, sus enemigos políticos se encargaron de esconder ese hecho.
En un desplegado, el sector privado le pidió al presidente Felipe Calderón que los militares tomaran el control de la seguridad, como si no ya lo tuvieran. Le dijeron incapaz, sin recordar que fue uno de los principales promotores del mando único policial en los estados. En apoyo al sector privado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza uno de los principales amigos del Presidente y experimentado operador político, Juan Miguel Alcántara, reprochó que Monterrey no ha cumplido con sus metas de profesionalización de policías, pues sólo el cuatro por ciento pasaron por los controles de confianza.
Como todas las críticas, la crítica fue fraseada para golpear al gobernador, omitiendo que el alcalde de la capital neoleonesa, Fernando Larrazábal, es panista. Medina no ha leído políticamente el cuatro de desestabilización que está viviendo, deliberado o coincidente, finalmente perjudicial para su gestión, que en unos cuantos días llegará a sus primeros 12 meses.
Más allá de esta embestida múltiple, Medina tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que parecía ser una promesa al tomar posesión hace un año, no ha dado pruebas de estar pudiendo con el paquete que le heredó su padrino, Natividad González Parás.
El ex gobernador y su primer secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, hoy diputado federal, permitieron que creciera el narcotráfico en la entidad, que no estalló en los niveles actuales porque quienes lo controlaban eran socios y no, como hoy, enemigos a muerte. Medina aceptó también que su gabinete de seguridad fuera hecho a la medida de González Parás, nombrando a quienes administraron el desastre en el gobierno anterior.
González Parás, no Medina, sigue gobernando en Nuevo León –cuando menos conceptualmente- en la parte más crítica de la administración, a través de sus ex colaboradores y de su equipo. Su procurador, el controvertido Arturo Garza y Garza, quien lo mete en problemas cada vez que declara a la prensa, era el subprocurador de González Parás. El titular de esa dependencia en la anterior administración, Luis Carlos Treviño Berchelman, es el secretario de Seguridad Pública. Al asumir la gubernatura, Medina recibió un cuerpo político y policial infectado y no lo cambió.
El problema de seguridad ha sido el pretexto para ir por la cabeza de Medina, pero hay más razones de fondo por la insatisfacción de su gestión. La clase empresarial se queja que nunca se distanció de González Parás y que se volvió una extensión de aquél gobierno, con el cual chocaron porque la familia del ex gobernador se metió en la actividad empresarial lastimando sus intereses. Ya les urgía que se fuera González Parás, pero descubrieron que Medina, por debilidad o falta de visión, le inyectó vida transexenal a ese modelo de gobierno.
Tronaron los empresarios y comenzaron a reunirse y a conspirar la caía de Medina similar a como hace poco más de 35 años hicieron los mismo sus predecesores contra el entonces presidente Luis Echeverría en una casa en el parque Chipinque. Hoy, sin embargo, hay una gran diferencia. El presidente no es de su partido, sino del adversario, y su principal apoyo se llama Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y puntero en la sucesión presidencial.
Es decir, tumbar a Medina beneficia al sector empresarial con el que está enfrentado y al gobierno federal. Medina es desechable como político, pero sería un buen revés para Peña Nieto y el PRI si lograran el objetivo. No es fácil, porque tienen que crearse las condiciones de ingobernabilidad suficientes para que proceda un juicio político que permita su destitución. Pero tampoco es muy difícil, porque Medina no ha mostrado los arrestos de un político que pueda nadar en la tormenta y sobrevivir. Con esa fórmula, si hay o no un plan de desestabilización es secundario. El gobernador contribuye, involuntariamente, a que eso suceda.
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