Alberto Híjar Serrano
Unos 370 mil universitarios entre estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores y empleados de confianza (¿de quién?) son gobernados por un “jefe nato”, según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la UNAM del 6 de enero de 1945. El mando se apoya en una Junta de Gobierno con 15 miembros electos entre ellos mismos y, claro, con la anuencia del jefe nato mejor conocido como rector. Hay un Consejo Universitario donde están representados los diferentes conjuntos y, salvo cortesías, también lo preside el jefe nato conocido como rector, convencido de que los directores propuestos por él y electos de una terna por la Junta y el Consejo, siempre estarán de su parte salvo excepciones sin consecuencias estructurales. Para estar en la terna hay que pasar por una entrevista con el Señor Rector quien pregunta: ¿por qué quiere usted ser director? La seguridad interna y externa de la UNAM excluye cualquier otra representación y procura complacer a los grupos de poder económico-político. La UNAM se porta bien y el Auditorio Che Guevara desmantelado por las fuerzas de seguridad interna coordinadas con la externa, es un lastimoso vestigio de cuando una asamblea le cambió el nombre de Justo Sierra, en 1968.
La Ley Orgánica de 1945 es también un vestigio de autoritarismo fundamentado en el mito de la aristocracia del Espíritu bien distinta a la chusma estudiantil. Si la mayoría de estudiantes clasemedieros o menos que eso intentan organizar alguna protesta, serán señalados como chusma y abundarán los abajofirmantes clamando por la salvaguarda del espíritu universitario albergado en un cerrado grupo de egregios privilegiados. A cambio, nunca antes como ahora, el profesorado se estanca en el destajo de los contratos por hora-semana-mes porque los concursos de oposición brillan por su ausencia y los estímulos ratifican a los de por sí privilegiados. Todo esto se oculta tras los discursos del Señor Rector erigido como defensor de la educación superior pública, laica, plural e incluyente. No tanto, como lo prueban las cátedras libres organizadas por grupos estudiantiles críticos, con gran éxito, a pesar de los horarios incómodos y la ausencia de reconocimiento curricular. Esto es todo lo que queda del Autogobierno de Arquitectura y de la Preparatoria Popular, pruebas prácticas del ejercicio de la autonomía universitaria.
Lo grave es que del congreso pactado como fin del Movimiento Estudiantil de entre siglos, no queda nada. La Rectoría dispuso una oficina para recibir ponencias y salvo uno que otro profesor o investigador y algún grupo estudiantil sospechoso de ser refor, presentaron ponencias. No pasó nada y los ultras fingieron precongresos contestatarios nada serios. De balde fue el Taller Ricardo Zavala con el nombre del estudiante masacrado en El Charco, Guerrero. El taller empezó discutiendo la Ley Orgánica y el Estatuto y consolidó a la Brigada Multidisciplinaria que trabajó en intensas jornadas en la Zona Tepehua-otomí, emulando las Caravanas a Chiapas y a otros apartados y pobres lugares para concretar así el calificativo de nacional que tiene la Universidad. Pero nada de esto significa la actualización democrática de la UNAM. Luego de la ocupación militar de los campus universitarios, de la prisión y maltrato de mil universitarios, de los procesos penales y expulsiones de unos 300 estudiantes y del nombramiento del exsecretario de Salud del gobierno de Fox como Rector, por supuesto aprobado por la Junta de Gobierno, con todo y su secretario también proveniente del llamado Sector Salud de donde saltaría a la Rectoría como garantía de continuidad autoritaria, todo lo que se ha venido cocinando es un nuevo estatuto para los trabajadores como contentamiento del sindicato dócil y corrupto.
En los setenta del lejano siglo pasado, logramos la aprobación del Autogobierno de Arquitectura una vez que distinguidos y excepcionales consejeros universitarios como Luis Villoro, consideraron que no se oponía ni a la Ley Orgánica ni al Estatuto. Nadie ha sabido aprovechar este resquicio democratizador. Una arquitectura y un urbanismo opuesto a los contratos corruptos y a las residencias de los explotadores abrieron el paso en América Latina a una crítica teórica y práctica esperanzadora. Un poco después construimos el cogobierno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y lo mejor del auge de las ciencias sociales enfrentó con éxito al indigenismo demagógico. Nada de esto sirve ahora para proponer la transformación democrática de la centenaria UNAM que se queda tal cual con su lema espiritualista y racista.
Unos 370 mil universitarios entre estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores y empleados de confianza (¿de quién?) son gobernados por un “jefe nato”, según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la UNAM del 6 de enero de 1945. El mando se apoya en una Junta de Gobierno con 15 miembros electos entre ellos mismos y, claro, con la anuencia del jefe nato mejor conocido como rector. Hay un Consejo Universitario donde están representados los diferentes conjuntos y, salvo cortesías, también lo preside el jefe nato conocido como rector, convencido de que los directores propuestos por él y electos de una terna por la Junta y el Consejo, siempre estarán de su parte salvo excepciones sin consecuencias estructurales. Para estar en la terna hay que pasar por una entrevista con el Señor Rector quien pregunta: ¿por qué quiere usted ser director? La seguridad interna y externa de la UNAM excluye cualquier otra representación y procura complacer a los grupos de poder económico-político. La UNAM se porta bien y el Auditorio Che Guevara desmantelado por las fuerzas de seguridad interna coordinadas con la externa, es un lastimoso vestigio de cuando una asamblea le cambió el nombre de Justo Sierra, en 1968.
La Ley Orgánica de 1945 es también un vestigio de autoritarismo fundamentado en el mito de la aristocracia del Espíritu bien distinta a la chusma estudiantil. Si la mayoría de estudiantes clasemedieros o menos que eso intentan organizar alguna protesta, serán señalados como chusma y abundarán los abajofirmantes clamando por la salvaguarda del espíritu universitario albergado en un cerrado grupo de egregios privilegiados. A cambio, nunca antes como ahora, el profesorado se estanca en el destajo de los contratos por hora-semana-mes porque los concursos de oposición brillan por su ausencia y los estímulos ratifican a los de por sí privilegiados. Todo esto se oculta tras los discursos del Señor Rector erigido como defensor de la educación superior pública, laica, plural e incluyente. No tanto, como lo prueban las cátedras libres organizadas por grupos estudiantiles críticos, con gran éxito, a pesar de los horarios incómodos y la ausencia de reconocimiento curricular. Esto es todo lo que queda del Autogobierno de Arquitectura y de la Preparatoria Popular, pruebas prácticas del ejercicio de la autonomía universitaria.
Lo grave es que del congreso pactado como fin del Movimiento Estudiantil de entre siglos, no queda nada. La Rectoría dispuso una oficina para recibir ponencias y salvo uno que otro profesor o investigador y algún grupo estudiantil sospechoso de ser refor, presentaron ponencias. No pasó nada y los ultras fingieron precongresos contestatarios nada serios. De balde fue el Taller Ricardo Zavala con el nombre del estudiante masacrado en El Charco, Guerrero. El taller empezó discutiendo la Ley Orgánica y el Estatuto y consolidó a la Brigada Multidisciplinaria que trabajó en intensas jornadas en la Zona Tepehua-otomí, emulando las Caravanas a Chiapas y a otros apartados y pobres lugares para concretar así el calificativo de nacional que tiene la Universidad. Pero nada de esto significa la actualización democrática de la UNAM. Luego de la ocupación militar de los campus universitarios, de la prisión y maltrato de mil universitarios, de los procesos penales y expulsiones de unos 300 estudiantes y del nombramiento del exsecretario de Salud del gobierno de Fox como Rector, por supuesto aprobado por la Junta de Gobierno, con todo y su secretario también proveniente del llamado Sector Salud de donde saltaría a la Rectoría como garantía de continuidad autoritaria, todo lo que se ha venido cocinando es un nuevo estatuto para los trabajadores como contentamiento del sindicato dócil y corrupto.
En los setenta del lejano siglo pasado, logramos la aprobación del Autogobierno de Arquitectura una vez que distinguidos y excepcionales consejeros universitarios como Luis Villoro, consideraron que no se oponía ni a la Ley Orgánica ni al Estatuto. Nadie ha sabido aprovechar este resquicio democratizador. Una arquitectura y un urbanismo opuesto a los contratos corruptos y a las residencias de los explotadores abrieron el paso en América Latina a una crítica teórica y práctica esperanzadora. Un poco después construimos el cogobierno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y lo mejor del auge de las ciencias sociales enfrentó con éxito al indigenismo demagógico. Nada de esto sirve ahora para proponer la transformación democrática de la centenaria UNAM que se queda tal cual con su lema espiritualista y racista.
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