Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El panismo de toda laya está urgido de desacreditar al PRI, con o sin razones para hacerlo, sustentados en mentiras o en medias verdades, agazapados en el “síndrome del chavo del 8”, porque todos sus errores y traiciones son “sin querer queriendo”, o porque de todo tiene la culpa el vecino, pero no ellos, nunca ellos, a pesar de tener el gobierno y al futuro del país en sus manos.
Como no han podido construir, para ellos es importante destruir, con la lengua o con acciones, con trampas legales o por encima de la ley, incluso acostándose con el enemigo ideológico y político, con tal de destruir al nefando PRI. Que no se llamen a sorprendidos si la respuesta política sube de tono y nivel, y además de la propuesta de disminuir el IVA en un punto porcentual, con argumentos lógicos y en beneficio de la sociedad, se procede a exhibir los errores documentados de los gobiernos del PAN, que en su primera edición no se detuvo en la alianza con lo peor del catolicismo contemporáneo: Marcial Maciel y sus terribles debilidades humanas, con tal de obtener -desconocemos el costo para ambos actores del hipócrita suceso- anulaciones matrimoniales sin merecerlas, exclusivamente por consideraciones políticas y amarradas a una moderna simonía.
Sorprende que el senador Santiago Creel sostenga con todo desparpajo, sin elementos de juicio para probar sus deslenguados asertos, que es en las entidades gobernadas por el PRI donde el combate a la delincuencia organizada se distingue por su violencia y por el incontenible avance del narcotráfico, pero ni siquiera se atreve a recordar que, por ejemplo, en Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, el resquebrajamiento del tejido social se inicio durante los gobiernos -municipal y estatal- de Francisco Barrio y su manifiesto desinterés por poner un hasta aquí a los feminicidios.
Claro que tampoco querrá recordar que las familias de los barones de la droga buscaron asentarse en Monterrey, cuando Acción Nacional era el partido dominante; bueno, ni siquiera considerará llevar a su memoria que Baja California Norte, específicamente Tijuana, fueron santuario de los cárteles cuando Ernesto Rufo venció a Margarita Ortega y se convirtió en el primer gobernador panista.
Naturalmente la pregunta dura al senador Creel -porque él tiene, conoce y es responsable de esa estadística-, consiste en solicitarle que explique a sus representados y a la sociedad entera, en cuánto creció la inseguridad nacional y cómo se fracturó el pacto social durante sus funciones como secretario de Gobernación, cargo que no desempeñó a cabalidad por estar más preocupado en ser candidato que en ser leal a Vicente Fox, para lo que hubiera debido cumplir con un mandato constitucional que dejó de lado.
Los escuché, a él y a María Amparo Casar -ella mucho más culta e inteligente que su patrón- durante una larga comida en la que pronto mostró sus intenciones por hacerse con el poder. Fue en el comedor privado del secretario de Gobernación.
Pulcro el senador Creel, fácilmente identificable con la imagen del “repelente niño Vicente”, incapaz de considerar siquiera el estudio que el 6 de abril de 2010 hizo público la compañía estadounidense Stratfor, empresa dedicada al análisis estratégico y de inteligencia, avalado con la firma de George Friedman, quien da por sentado que el Estado mexicano se acomodó -en la guerra contra los cárteles- a la pérdida del control de territorios, en especial en la frontera norte, porque como afirma el analista, el trasiego de drogas aporta miles de millones de dólares anuales a la economía mexicana, la que necesita mucho billete verde en una crisis como la que hoy vive el mundo.
Mientras el senador Santiago Creel sostiene que todo este desorden es responsabilidad del viejo y el nuevo PRI, George Friedman apunta que los esfuerzos de los gobernantes de esta nación frente a la lucha entre barones de la droga por el control de territorios, se perfilan para convertir un problema nacional en recursos frescos para atenuar los tropiezos de México, pues no es cierto que la situación convierta al país en un Estado fallido, ya que las estrategias diseñadas por el gobierno federal tienen el objetivo dual de superar las consecuencias de la brutal violencia y maximizar sus beneficios en el área económica.
El autor del documento presentado por Stratfor, puntualiza que el tráfico de drogas debe seguir para beneficiar a la economía mexicana sin los efectos trágicos de la violencia. Ese es, a fin de cuentas, el objetivo último del gobierno mexicano. Lo único que faltó añadir al señor Friedman, es que dos años antes esta hipótesis, idéntica, fue narrada en la novela Crimen de Estado, que hoy no se encuentra por ningún lado porque así lo dispuso la censura panista.
¿Cómo entonces senador Santiago Creel la responsabilidad de la violencia es de los gobiernos estatales priistas, cuando un estudio de seria firma estadounidense dice exactamente lo contrario? ¿Quién miente, Stratfor, o usted?
El panismo de toda laya está urgido de desacreditar al PRI, con o sin razones para hacerlo, sustentados en mentiras o en medias verdades, agazapados en el “síndrome del chavo del 8”, porque todos sus errores y traiciones son “sin querer queriendo”, o porque de todo tiene la culpa el vecino, pero no ellos, nunca ellos, a pesar de tener el gobierno y al futuro del país en sus manos.
Como no han podido construir, para ellos es importante destruir, con la lengua o con acciones, con trampas legales o por encima de la ley, incluso acostándose con el enemigo ideológico y político, con tal de destruir al nefando PRI. Que no se llamen a sorprendidos si la respuesta política sube de tono y nivel, y además de la propuesta de disminuir el IVA en un punto porcentual, con argumentos lógicos y en beneficio de la sociedad, se procede a exhibir los errores documentados de los gobiernos del PAN, que en su primera edición no se detuvo en la alianza con lo peor del catolicismo contemporáneo: Marcial Maciel y sus terribles debilidades humanas, con tal de obtener -desconocemos el costo para ambos actores del hipócrita suceso- anulaciones matrimoniales sin merecerlas, exclusivamente por consideraciones políticas y amarradas a una moderna simonía.
Sorprende que el senador Santiago Creel sostenga con todo desparpajo, sin elementos de juicio para probar sus deslenguados asertos, que es en las entidades gobernadas por el PRI donde el combate a la delincuencia organizada se distingue por su violencia y por el incontenible avance del narcotráfico, pero ni siquiera se atreve a recordar que, por ejemplo, en Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, el resquebrajamiento del tejido social se inicio durante los gobiernos -municipal y estatal- de Francisco Barrio y su manifiesto desinterés por poner un hasta aquí a los feminicidios.
Claro que tampoco querrá recordar que las familias de los barones de la droga buscaron asentarse en Monterrey, cuando Acción Nacional era el partido dominante; bueno, ni siquiera considerará llevar a su memoria que Baja California Norte, específicamente Tijuana, fueron santuario de los cárteles cuando Ernesto Rufo venció a Margarita Ortega y se convirtió en el primer gobernador panista.
Naturalmente la pregunta dura al senador Creel -porque él tiene, conoce y es responsable de esa estadística-, consiste en solicitarle que explique a sus representados y a la sociedad entera, en cuánto creció la inseguridad nacional y cómo se fracturó el pacto social durante sus funciones como secretario de Gobernación, cargo que no desempeñó a cabalidad por estar más preocupado en ser candidato que en ser leal a Vicente Fox, para lo que hubiera debido cumplir con un mandato constitucional que dejó de lado.
Los escuché, a él y a María Amparo Casar -ella mucho más culta e inteligente que su patrón- durante una larga comida en la que pronto mostró sus intenciones por hacerse con el poder. Fue en el comedor privado del secretario de Gobernación.
Pulcro el senador Creel, fácilmente identificable con la imagen del “repelente niño Vicente”, incapaz de considerar siquiera el estudio que el 6 de abril de 2010 hizo público la compañía estadounidense Stratfor, empresa dedicada al análisis estratégico y de inteligencia, avalado con la firma de George Friedman, quien da por sentado que el Estado mexicano se acomodó -en la guerra contra los cárteles- a la pérdida del control de territorios, en especial en la frontera norte, porque como afirma el analista, el trasiego de drogas aporta miles de millones de dólares anuales a la economía mexicana, la que necesita mucho billete verde en una crisis como la que hoy vive el mundo.
Mientras el senador Santiago Creel sostiene que todo este desorden es responsabilidad del viejo y el nuevo PRI, George Friedman apunta que los esfuerzos de los gobernantes de esta nación frente a la lucha entre barones de la droga por el control de territorios, se perfilan para convertir un problema nacional en recursos frescos para atenuar los tropiezos de México, pues no es cierto que la situación convierta al país en un Estado fallido, ya que las estrategias diseñadas por el gobierno federal tienen el objetivo dual de superar las consecuencias de la brutal violencia y maximizar sus beneficios en el área económica.
El autor del documento presentado por Stratfor, puntualiza que el tráfico de drogas debe seguir para beneficiar a la economía mexicana sin los efectos trágicos de la violencia. Ese es, a fin de cuentas, el objetivo último del gobierno mexicano. Lo único que faltó añadir al señor Friedman, es que dos años antes esta hipótesis, idéntica, fue narrada en la novela Crimen de Estado, que hoy no se encuentra por ningún lado porque así lo dispuso la censura panista.
¿Cómo entonces senador Santiago Creel la responsabilidad de la violencia es de los gobiernos estatales priistas, cuando un estudio de seria firma estadounidense dice exactamente lo contrario? ¿Quién miente, Stratfor, o usted?
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