Rubén Cortés
Tras 27 meses de una desaliñada licitación para otorgar tres bloques de 30 Mhz del espectro radioeléctrico nacional, la SCT, a través de su brazo ejecutor, Cofetel, pareció creer por primera vez que la ley sí puede parar sus decisiones.
Porque el otorgamiento de otras dos medidas cautelares a favor de Iusacell para impedir la entrega de títulos de concesión de la licitación 21, coincidió ayer con la aceptación por parte del titular de Cofetel de que los procedimientos jurídicos pueden serle desfavorables.
Mony de Swaan intentó curarse en salud al pedir que si hoy una jueza de distrito ratifica la suspensión para detener la licitación, el Estado debería recibir una garantía de mil millones de pesos, “pues de ese tamaño sería el daño patrimonial al país”.
Pero no está en lo cierto: de todos modos sus reglas de competencia nunca fueron parejas, limitando la participación de otras empresas, por lo que mantuvo durante 27 meses el irrisorio precio inicial de 180 millones de pesos.
Eso permitió a los ganadores pagar sólo esa cantidad, mientras a otra empresa interesada, Telefónica, fue obligaba a desembolsar mil 273 millones de pesos: una disparidad que atenta contra el interés nacional y de los consumidores.
Tampoco se sustenta el argumento de De Swaan de que si triunfan los procedimientos jurídicos, “el Estado debe recibir una garantía de mil millones de pesos por daño patrimonial”.
Para nada, porque el consorcio favorecido pagará, por 20 años de concesión, 27 millones 300 mil pesos por cada Mhz, en tanto que (por citar dos ejemplos) a Telcel le costaría 42 millones de pesos y a Telefónica más de 57 millones de pesos.
Por lo pronto, las disposiciones legales continuaron cercando ayer al deseado proceso diseñado por SCT: el Juez 27 de lo Civil y el Décimo de Distrito en Materia Administrativa del DF impidieron la entrega de los títulos de concesión.
Esto se sumó a la resolución del 23 de septiembre, en la que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa también ordenó la suspensión (que deberá ratificar o desechar hoy), además de que PRI, PAN, PRD y PT también exigieron lo mismo al Presidente Calderón.
O sea, un menjunje envenenado para la SCT y Cofetel: político, por el reclamo de cuatro partidos en la Comisión Permanente, y judicial, por la media docena de medidas cautelares en contra, dos de ellas, por cierto, fueron desoídas en la secretaría comandada por Juan Molinar.
Y es lo que más llama la atención: que un secretario de Estado siga adelante en un desacato de tal magnitud, pese a innúmeras opiniones expertas y sustentadas de académicos de renombre y legisladores que lo alertaron de su irresponsabilidad.
¡Y así quería ser presidenciable!
Tras 27 meses de una desaliñada licitación para otorgar tres bloques de 30 Mhz del espectro radioeléctrico nacional, la SCT, a través de su brazo ejecutor, Cofetel, pareció creer por primera vez que la ley sí puede parar sus decisiones.
Porque el otorgamiento de otras dos medidas cautelares a favor de Iusacell para impedir la entrega de títulos de concesión de la licitación 21, coincidió ayer con la aceptación por parte del titular de Cofetel de que los procedimientos jurídicos pueden serle desfavorables.
Mony de Swaan intentó curarse en salud al pedir que si hoy una jueza de distrito ratifica la suspensión para detener la licitación, el Estado debería recibir una garantía de mil millones de pesos, “pues de ese tamaño sería el daño patrimonial al país”.
Pero no está en lo cierto: de todos modos sus reglas de competencia nunca fueron parejas, limitando la participación de otras empresas, por lo que mantuvo durante 27 meses el irrisorio precio inicial de 180 millones de pesos.
Eso permitió a los ganadores pagar sólo esa cantidad, mientras a otra empresa interesada, Telefónica, fue obligaba a desembolsar mil 273 millones de pesos: una disparidad que atenta contra el interés nacional y de los consumidores.
Tampoco se sustenta el argumento de De Swaan de que si triunfan los procedimientos jurídicos, “el Estado debe recibir una garantía de mil millones de pesos por daño patrimonial”.
Para nada, porque el consorcio favorecido pagará, por 20 años de concesión, 27 millones 300 mil pesos por cada Mhz, en tanto que (por citar dos ejemplos) a Telcel le costaría 42 millones de pesos y a Telefónica más de 57 millones de pesos.
Por lo pronto, las disposiciones legales continuaron cercando ayer al deseado proceso diseñado por SCT: el Juez 27 de lo Civil y el Décimo de Distrito en Materia Administrativa del DF impidieron la entrega de los títulos de concesión.
Esto se sumó a la resolución del 23 de septiembre, en la que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa también ordenó la suspensión (que deberá ratificar o desechar hoy), además de que PRI, PAN, PRD y PT también exigieron lo mismo al Presidente Calderón.
O sea, un menjunje envenenado para la SCT y Cofetel: político, por el reclamo de cuatro partidos en la Comisión Permanente, y judicial, por la media docena de medidas cautelares en contra, dos de ellas, por cierto, fueron desoídas en la secretaría comandada por Juan Molinar.
Y es lo que más llama la atención: que un secretario de Estado siga adelante en un desacato de tal magnitud, pese a innúmeras opiniones expertas y sustentadas de académicos de renombre y legisladores que lo alertaron de su irresponsabilidad.
¡Y así quería ser presidenciable!
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