Jorge Alejandro Medellín / De orden superior
En medio de una fuerte campaña mediática para reposicionar a las fuerzas armadas mexicanas ante la sociedad civil de cara a los festejos del 15 y 16 de septiembre, los muchachos del general Galván y de su Comandante Supremo, Felipe Calderón, volvieron a hacer de las suyas y acribillaron a una familia en un retén ubicado en el municipio de General Escobedo, en Nuevo León, porque no se detuvo para una revisión de rutina.
Esa es la versión oficial. La de los sobrevivientes al ataque señala que no había ningún retén y que los militares dispararon porque el auto en que viajaban las víctimas intentó rebasar a un convoy del Ejército y esto bastó para ser rafagueados.
Este es el tercer episodio de agresión mortal de militares a civiles que protagonizan tropas de a Séptima Zona, con base en Escobedo, bajo el mando, otra vez, del Coronel de Infantería DEM, Saúl Luna Jaimes.
Sus soldados participaron en la balacera en la que murieron los estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, el 19 de marzo de este año.
El 3 de marzo de 2010, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, fueron acribillados los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza, en un hecho en el que pudieran haber estado involucrados soldados del 16º batallón de infantería.
En el automóvil atacado por los militares viajaba la familia León Castellanos. El vehículo circulaba alrededor de las 10:30 de la noche sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, cuando pasó por un retén del Ejército perteneciente a una de las 30 Bases de Operación Mixtas (BOM) existentes en la entidad.
Las versiones oficiales, de la Sedena y del gobierno de Nuevo León, indican que los militares ordenaron al conductor del auto Malibú detenerse para una revisión, pero esto no ocurrió y metros adelante los ocupantes fueron baleados por los soldados. Murieron Vicente de León Ramírez, de 52 años de edad, y su hijo de 15 años, Alejandro Gabriel León Castellanos.
Este nuevo hecho de sangre cometido por tropas en contra de ciudadanos civiles, se suma a al menos cuatro agresiones de militares hacia la población en diversas circunstancias.
En los anteriores acribillamientos la reacción de los gobiernos estatales de Tamaulipas, de Sinaloa, de Nuevo León y de Chihuahua, aspi como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron tardías, inverosímiles e impertinentes (el 30 de abril, Día del Niño, tras haber disparado y dado muerte a los hermanos Brian y Martín Almanza, de 5 y 9 años de edad, en Tamaulipas) o no se produjeron.
En esta ocasión, la única diferencia con esos episodios ha sido la pronta respuesta de la Defensa Nacional a través del gobierno estatal, reconociendo de inmediato que se cometió un error al dispar contra la familia León Castellanos y asumiendo toda la responsabilidad de los gastos médicos, por los heridos, y funerarios en cuanto a las víctimas.
Eso era lo menos que podían hacer los mandos castrenses luego de sumarle otra raya al tigre al emplear métodos en los que el uso de la fuerza no solo es excesivo, sino criminal. Pero hay más; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, no perdió tiempo y accionó con prontitud para aplicar una adecuada estrategia mediática de control de daños ante la prensa nacional y extranjera.
El objetivo era que la brutalidad de los militares bajo el mando del Coronel Saúl Luna Jaimes, Comandante del 16 Batallón de Infantería perteneciente a la Séptima Zona Militar, en Escobedo, Nuevo León, no empañara de nuevo la cercana fecha de los festejos Centenario y Bicentenario de la Revolución y la Independencia del país.
Poiré casi lo consigue, porque la versión de los sobrevivientes del ataque comienza a ser difundida con fuerza dentro y fuera de México y con ello se reaviva al fuego de en torno al tema del Fuero Militar, de la pertinencia o no de que en casos como éste, las tropas abusivas sean juzgadas por civiles y no en Consejos de Guerra Ordinarios en los que la Sedena en siempre juez y parte.
También regresa con este doble asesinato, el tema de las medidas de fuerza desproporcionadas con las que militares y navales buscan detener vehículos sospechosos y que terminan produciendo daños colaterales, como los llamó el General Guillermo Galván hace más de un año.
En cualquiera de los dos casos sobre cómo se originó el ataque militar, las versiones terminan confirmando un hecho: que los soldados no fueron agredidos, que nadie les disparó primero y que el fuego a discreción surgió cuando el vehículo de la familia León Castellanos ya había rebasado o estaba por terminar de rebasar o pasar el punto en el que se encontraban las tropas del 16 Batallón de Infantería.
Los militares responsables están detenidos en el cuartel de Escobedo, Nuevo León, y se les trasladará al Distrito Federal en las próximas horas para interrogarlos y presionarlos para que digan exactamente cómo ocurrieron los hechos.
Como en el caso de los niños Brian y Martín Almanza Salazar, en esta ocasión también hubo sobrevivientes pero con un agravante para la Sedena y para el Coronel Luna Jaimes y sus muchachos: ahora no existe el pretexto de un fuego cruzado contra sicarios del Cartel del Golfo (CDG) para tratar de explicar el acribillamiento de otra familia inocente.
¿Y la Trata de Personas?
El presidente Calderón y sus asesores en materia de seguridad y justicia omitieron abordar en el Cuarto Informe de Labores datos, cifras, avances, estadísticas referencias acera de lo que se ha hecho en la actual administración para combatir el delito de Trata de Personas.
La omisión es justificable para los asesores y operadores de Los Pinos, ya que en el documento sobre el cuarto año de gestión calderonista se pondera con todo la agenda de seguridad, iniciando con todo lo referente al combate a los cárteles de la droga y a la captura de capos, operadores, jefes de sicarios y sicarios relevantes.
La lista contiene los nombres de 38 personajes del narco clasificados como Líderes Nacionales, Líderes Regionales, Lugartenientes Estatales y Lugartenientes o Encargados de Plaza, de los nueve cárteles de la droga que operan en México.
Pero del creciente delito de la Trata de Personas, íntimamente vinculado a las actividades de los cárteles la droga, el presidente Calderón no citó o escribió una sola palabra pese a que datos de organizaciones civiles han señalado insistentemente que en México las cifras de su incidencia rebasan los 70 mil casos al año, todos ligados a estructuras criminales asociadas al narco.
El dato fue citado por el Ombudsman capitalino Luis González Plasencia durante Cuarto Diplomado “Trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes con perspectivas de género”.
En el informe de Calderón la incidencia de este fenómeno delictivo no aparece tampoco en los cuadros estadísticos que uno puede hallar en los Anexos del documento. Esto es grave. La masacre de 72 indocumentados centro y sudamericanos ocurrida en la ingobernable e ingobernada Tamaulipas (estado fallido ubicado al Noreste de México) confirmó la presencia y control de cárteles como el de los Zetas en torno a ese delito.
El secuestro, la extorsión, la trata de personas –que acaba de ascender mundialmente del tercero al segundo sitio en la deshonrosa pirámide de los delitos de mayor impacto en el mundo, de acuerdo con la ONU– son las fuentes alternas de recursos para sicarios, operadores y narcomenudistas bajo presión.
Ignorar presidencialmente estos hechos incontrovertibles abre la puerta a percepciones erróneas en las que el combate a un delito central permite la expansión de los otros, convierte en una historia sin fin su erradicación o control y hace posibles nuevas masacres o ajusticiamientos como el ocurrido en Tamaulipas.
Por lo pronto, diputados federales encabezados por la panista Rosi Orozco exigirán a diversas autoridades mediante un exhorto, la urgente actualización de las cifras oficiales en torno este delito ya que los 70 mil casos mencionados por González Plascencia rebasan cualquier estimación que hasta hace unos días se tenía sobre la gravedad de este tema.
En medio de una fuerte campaña mediática para reposicionar a las fuerzas armadas mexicanas ante la sociedad civil de cara a los festejos del 15 y 16 de septiembre, los muchachos del general Galván y de su Comandante Supremo, Felipe Calderón, volvieron a hacer de las suyas y acribillaron a una familia en un retén ubicado en el municipio de General Escobedo, en Nuevo León, porque no se detuvo para una revisión de rutina.
Esa es la versión oficial. La de los sobrevivientes al ataque señala que no había ningún retén y que los militares dispararon porque el auto en que viajaban las víctimas intentó rebasar a un convoy del Ejército y esto bastó para ser rafagueados.
Este es el tercer episodio de agresión mortal de militares a civiles que protagonizan tropas de a Séptima Zona, con base en Escobedo, bajo el mando, otra vez, del Coronel de Infantería DEM, Saúl Luna Jaimes.
Sus soldados participaron en la balacera en la que murieron los estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, el 19 de marzo de este año.
El 3 de marzo de 2010, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, fueron acribillados los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza, en un hecho en el que pudieran haber estado involucrados soldados del 16º batallón de infantería.
En el automóvil atacado por los militares viajaba la familia León Castellanos. El vehículo circulaba alrededor de las 10:30 de la noche sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, cuando pasó por un retén del Ejército perteneciente a una de las 30 Bases de Operación Mixtas (BOM) existentes en la entidad.
Las versiones oficiales, de la Sedena y del gobierno de Nuevo León, indican que los militares ordenaron al conductor del auto Malibú detenerse para una revisión, pero esto no ocurrió y metros adelante los ocupantes fueron baleados por los soldados. Murieron Vicente de León Ramírez, de 52 años de edad, y su hijo de 15 años, Alejandro Gabriel León Castellanos.
Este nuevo hecho de sangre cometido por tropas en contra de ciudadanos civiles, se suma a al menos cuatro agresiones de militares hacia la población en diversas circunstancias.
En los anteriores acribillamientos la reacción de los gobiernos estatales de Tamaulipas, de Sinaloa, de Nuevo León y de Chihuahua, aspi como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron tardías, inverosímiles e impertinentes (el 30 de abril, Día del Niño, tras haber disparado y dado muerte a los hermanos Brian y Martín Almanza, de 5 y 9 años de edad, en Tamaulipas) o no se produjeron.
En esta ocasión, la única diferencia con esos episodios ha sido la pronta respuesta de la Defensa Nacional a través del gobierno estatal, reconociendo de inmediato que se cometió un error al dispar contra la familia León Castellanos y asumiendo toda la responsabilidad de los gastos médicos, por los heridos, y funerarios en cuanto a las víctimas.
Eso era lo menos que podían hacer los mandos castrenses luego de sumarle otra raya al tigre al emplear métodos en los que el uso de la fuerza no solo es excesivo, sino criminal. Pero hay más; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, no perdió tiempo y accionó con prontitud para aplicar una adecuada estrategia mediática de control de daños ante la prensa nacional y extranjera.
El objetivo era que la brutalidad de los militares bajo el mando del Coronel Saúl Luna Jaimes, Comandante del 16 Batallón de Infantería perteneciente a la Séptima Zona Militar, en Escobedo, Nuevo León, no empañara de nuevo la cercana fecha de los festejos Centenario y Bicentenario de la Revolución y la Independencia del país.
Poiré casi lo consigue, porque la versión de los sobrevivientes del ataque comienza a ser difundida con fuerza dentro y fuera de México y con ello se reaviva al fuego de en torno al tema del Fuero Militar, de la pertinencia o no de que en casos como éste, las tropas abusivas sean juzgadas por civiles y no en Consejos de Guerra Ordinarios en los que la Sedena en siempre juez y parte.
También regresa con este doble asesinato, el tema de las medidas de fuerza desproporcionadas con las que militares y navales buscan detener vehículos sospechosos y que terminan produciendo daños colaterales, como los llamó el General Guillermo Galván hace más de un año.
En cualquiera de los dos casos sobre cómo se originó el ataque militar, las versiones terminan confirmando un hecho: que los soldados no fueron agredidos, que nadie les disparó primero y que el fuego a discreción surgió cuando el vehículo de la familia León Castellanos ya había rebasado o estaba por terminar de rebasar o pasar el punto en el que se encontraban las tropas del 16 Batallón de Infantería.
Los militares responsables están detenidos en el cuartel de Escobedo, Nuevo León, y se les trasladará al Distrito Federal en las próximas horas para interrogarlos y presionarlos para que digan exactamente cómo ocurrieron los hechos.
Como en el caso de los niños Brian y Martín Almanza Salazar, en esta ocasión también hubo sobrevivientes pero con un agravante para la Sedena y para el Coronel Luna Jaimes y sus muchachos: ahora no existe el pretexto de un fuego cruzado contra sicarios del Cartel del Golfo (CDG) para tratar de explicar el acribillamiento de otra familia inocente.
¿Y la Trata de Personas?
El presidente Calderón y sus asesores en materia de seguridad y justicia omitieron abordar en el Cuarto Informe de Labores datos, cifras, avances, estadísticas referencias acera de lo que se ha hecho en la actual administración para combatir el delito de Trata de Personas.
La omisión es justificable para los asesores y operadores de Los Pinos, ya que en el documento sobre el cuarto año de gestión calderonista se pondera con todo la agenda de seguridad, iniciando con todo lo referente al combate a los cárteles de la droga y a la captura de capos, operadores, jefes de sicarios y sicarios relevantes.
La lista contiene los nombres de 38 personajes del narco clasificados como Líderes Nacionales, Líderes Regionales, Lugartenientes Estatales y Lugartenientes o Encargados de Plaza, de los nueve cárteles de la droga que operan en México.
Pero del creciente delito de la Trata de Personas, íntimamente vinculado a las actividades de los cárteles la droga, el presidente Calderón no citó o escribió una sola palabra pese a que datos de organizaciones civiles han señalado insistentemente que en México las cifras de su incidencia rebasan los 70 mil casos al año, todos ligados a estructuras criminales asociadas al narco.
El dato fue citado por el Ombudsman capitalino Luis González Plasencia durante Cuarto Diplomado “Trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes con perspectivas de género”.
En el informe de Calderón la incidencia de este fenómeno delictivo no aparece tampoco en los cuadros estadísticos que uno puede hallar en los Anexos del documento. Esto es grave. La masacre de 72 indocumentados centro y sudamericanos ocurrida en la ingobernable e ingobernada Tamaulipas (estado fallido ubicado al Noreste de México) confirmó la presencia y control de cárteles como el de los Zetas en torno a ese delito.
El secuestro, la extorsión, la trata de personas –que acaba de ascender mundialmente del tercero al segundo sitio en la deshonrosa pirámide de los delitos de mayor impacto en el mundo, de acuerdo con la ONU– son las fuentes alternas de recursos para sicarios, operadores y narcomenudistas bajo presión.
Ignorar presidencialmente estos hechos incontrovertibles abre la puerta a percepciones erróneas en las que el combate a un delito central permite la expansión de los otros, convierte en una historia sin fin su erradicación o control y hace posibles nuevas masacres o ajusticiamientos como el ocurrido en Tamaulipas.
Por lo pronto, diputados federales encabezados por la panista Rosi Orozco exigirán a diversas autoridades mediante un exhorto, la urgente actualización de las cifras oficiales en torno este delito ya que los 70 mil casos mencionados por González Plascencia rebasan cualquier estimación que hasta hace unos días se tenía sobre la gravedad de este tema.
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