POLÍTICOS, COMO DIEGO Fernández de Cevallos, y periodistas de prácticamente todo el país, se han convertido en víctimas de secuestro, aparentemente a manos de “la ridícula minoría” que, junto a Felipe Calderón, se han convertido en un peligro para la Nación.
Delincuentes o guerrilleros –aunque el experto Jorge Lofredo pone en tela de duda que, en el caso del político panista la responsabilidad recaiga en una organización político-militar clandestina–, por afectar a la polis, los secuestros han sido eminentemente políticos. Una categoría que, además de la retención del sujeto, se orientan hacia la propaganda, el chantaje y aún el castigo a las víctimas o a lo que ellas representan.
Un secuestro con fines propagandísticos, como dicen que fueron los de cuatro trabajadores de los medios de comunicación en la zona de La Laguna hace una semana, se sitúa en el plano de la comunicación, de modo que la acción violenta sustituye o derrota el silencio de los medios del establishment o status quo a fin de llamar la atención sobre una causa o para hacerle eco a una proclama. En este caso concreto se trataba de que dos televisoras indudablemente ligadas al “establecimiento” difundieran videos de circulación restringida.
El secuestro por chantaje suple o en algunos casos complementa a otros instrumentos de presión, como la acción de las masas o el combate militar, para conseguir del Estado, de una institución o de una empresa, alguna reivindicación corporativa, una petición política o la libertad de unos prisioneros.
El tercer tipo de secuestro político, el que castiga o escarmienta, es el vehículo para desarrollar una venganza –mezcla de rabia y de cálculo– contra el “régimen enemigo“, en la persona de alguien que presuntamente lo represente.
Muy lamentablemente, este último puede convertirse –dada su naturaleza de “castigo“– en asesinato, y así, muy pronto, deja de ser un simple secuestro para ser un atentado individual con acentos típicamente terroristas. En este caso, el secuestro como mero instrumento se agota rápidamente y se transforma en la tétrica antesala para la ejecución de otro delito mayor, el asesinato político.
No está de más conocer esas características de los secuestros políticos, justo ahora que la fallida Administración calderonista admite en sesiones más o menos públicas el fracaso de sus estrategias en contra de la delincuencia organizada, que de acuerdo al CISEN ha dejado ya 28 mil muertos, muchos desaparecidos, incontables “levantados” y no pocos secuestrados… sin que la mentada “guerra” vea próximo un final.
Típicos secuestros seguidos del asesinato de los cautivos fueron el de Dan Mitrione, acusado de ser agente de la CIA por los Tupamaros en Uruguay y el de Aldo Moro, jefe de la Democracia Cristiana en Italia y hombre fuerte del régimen, asesinado por las Brigadas Rojas, después de 40 días de cautiverio, en la propia ciudad de Roma.
Por fortuna, los secuestros de los cuatro trabajadores de los medios de comunicación tuvieron un desenlace feliz –lo que se ha prestado a dudas y sospechas de un nuevo montaje escenográfico garcíalunesco–, lo que aún no puede decirse del caso del llamado “Jefe Diego”.
Y es que, no obstante la fotografía añeja, la carta a su primogénito y el irónico comunicado de sus captores, existen ciertas versiones de que su secuestro político lamentablemente pudiera ya haber escalado al grado de asesinato polític, lo que no se desea evidentemente.
El secuestro como “castigo“, si es seguido por el asesinato, cierra toda posibilidad para que la liberación de la víctima constituya la salida lógica que debe seguir al chantaje propuesto por el realizador de un secuestro, en medio del juego diabólico que se propone.
Los otros dos tipos de secuestro político –el de propaganda y el de chantaje– envuelven una eficacia instrumental, solo en función de transmitir un mensaje o de dar un golpe de opinión, si se trata del primer caso; o de conseguir la reivindicación buscada por medio del chantaje, si se trata del segundo.
El hecho mismo de arrebatarle ilegalmente la libertad a alguien debería, en principio, ser apenas un medio subordinado por entero al fin; y no ser un medio que se convierta en fin.
Índice Flamígero: Otro secuestro político en curso. El ocupante de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que a partir de ayer está dispuesto a participar para conciliar en el conflicto de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) con sobrecargos y pilotos para que prevalezca un diálogo social sin imposiciones y en donde los trabajadores cedan en aras de preservar su fuente laboral “y para tener a la empresa andando (sic)”. Cuidado, señoras y señores de ASPA y ASSA, asociaciones sindicales titulares del contrato con CMA, Lozano intenta secuestrarlos para favorecer a sus captores… Y ya saben, “coopelan o cuello”.
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