Lupita Rodríguez Martínez
Tras su veredicto de no determinar responsabilidad alguna contra funcionarios que violaron garantías individuales de las víctimas infantiles en el siniestro de la Guardería ABC, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca asestar un duro golpe a trabajadores y trabajadoras. El principal eslabón del sistema de seguridad social mexicano está siendo asediado por el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación, al buscar imponer un tope de 10 salarios mínimos a las pensiones de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Tal pretensión se puso al descubierto el pasado 9 de junio del presente año, cuando el ministro Sergio Vals emitió la jurisprudencia 143/2010, con base en el artículo 33 de la Ley del IMSS de 1973, derogada en 1977. Con este fallo, el tope salarial para quienes se pensionen por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada o muerte se reduciría, pasando de 25 a 10 salarios mínimos, es decir de 43 a 17 mil pesos mensuales como máximo, a pesar de que hayan cotizado toda su vida laboral con el tope de hasta 25 salarios mínimos. Dicha resolución es el colofón que el órgano superior de justicia en México dio a dos demandas interpuestas por trabajadores afiliados al IMSS, que en el 2009 acusaron al Instituto de reducir el monto de sus pensiones. Sin embargo, el artículo tercero transitorio de la legislación vigente (la Ley del IMSS de 1977), establece que "los asegurados inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley... para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley (la de 1973) o al esquema de pensiones vigente en este ordenamiento". Lo grave de la situación es que del 2009 a la fecha existe registro de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había recibido al menos un centenar de demandas de trabajadores jubilados inconformes por el recorte a las pensiones, hecho delicado que evidencia que el IMSS ya venía actuando en contra de su propia legislación y de sus derechohabientes. Empero, lo más preocupante para quienes están a punto de jubilarse y para todos los futuros jubilados, es que tendrán muy pocas posibilidades de defenderse jurídicamente por el cambio en el cálculo de las pensiones del IMSS, ya que los tribunales están obligados a acatar las resoluciones de la Corte. Aunque la SCJN necesita emitir cuatro jurisprudencias más, en las que reitere que el tope salarial será de 10 salarios mínimos para que el criterio pueda aplicarse al total de cotizantes del IMSS, para nosotras resulta inquietante que la Corte no imparta justicia y, por el contrario, aplique recovecos legales para cometer un robo descaradamente 'legalizado'. De aprobarse dicha jurisprudencia, el trabajador o la trabajadora que gane los 25 salarios mínimos, en lugar de recibir 480 mil pesos de pensión al año, recibiría 193 mil pesos, es decir, hasta 60 por ciento menos de lo que cotizaron a lo largo de su vida laboral. Se trata de un artero golpe contra obreras y obreros, pues no sólo perderían la mitad del ahorro que generaron durante su vida productiva, sino porque legalmente estarían indefensos para revertir la situación, ya que de acuerdo con los expertos son poco viables el recurso de inconformidad ante los consejos consultivos del IMSS, la demanda laboral ante la Junta Federal o el amparo ante los tribunales colegiados, salvo que el Congreso de la Unión reforme los artículos transitorios de la Ley de 1977 y fije en forma explícita que quienes se acojan a la Ley de 1973 podrán recibir la pensión hasta por un límite máximo de 25 salarios mínimos. Sería imperdonable condenar a miles y miles de mexicanos jubilados a una pensión de sobrevivencia y que los verdugos sean los ministros de la SCJN, que ganan al año sumas millonarias de pesos y cuyas pensiones no equivalen a 10 ni a 25 salarios mínimos mensuales. No extraña que el PAN y Calderón, con su silencio cómplice y mal simulada austeridad, avalen este robo en 'despoblado', pues el recorte a las pensiones equivaldría a 5 por ciento del PIB, algo así como 600 mil millones de pesos de ahorro para el gobierno federal, lo cual significa que miles de jubilados pasarán automáticamente a formar parte de las filas de la pobreza.
Tras su veredicto de no determinar responsabilidad alguna contra funcionarios que violaron garantías individuales de las víctimas infantiles en el siniestro de la Guardería ABC, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca asestar un duro golpe a trabajadores y trabajadoras. El principal eslabón del sistema de seguridad social mexicano está siendo asediado por el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación, al buscar imponer un tope de 10 salarios mínimos a las pensiones de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Tal pretensión se puso al descubierto el pasado 9 de junio del presente año, cuando el ministro Sergio Vals emitió la jurisprudencia 143/2010, con base en el artículo 33 de la Ley del IMSS de 1973, derogada en 1977. Con este fallo, el tope salarial para quienes se pensionen por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada o muerte se reduciría, pasando de 25 a 10 salarios mínimos, es decir de 43 a 17 mil pesos mensuales como máximo, a pesar de que hayan cotizado toda su vida laboral con el tope de hasta 25 salarios mínimos. Dicha resolución es el colofón que el órgano superior de justicia en México dio a dos demandas interpuestas por trabajadores afiliados al IMSS, que en el 2009 acusaron al Instituto de reducir el monto de sus pensiones. Sin embargo, el artículo tercero transitorio de la legislación vigente (la Ley del IMSS de 1977), establece que "los asegurados inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley... para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley (la de 1973) o al esquema de pensiones vigente en este ordenamiento". Lo grave de la situación es que del 2009 a la fecha existe registro de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había recibido al menos un centenar de demandas de trabajadores jubilados inconformes por el recorte a las pensiones, hecho delicado que evidencia que el IMSS ya venía actuando en contra de su propia legislación y de sus derechohabientes. Empero, lo más preocupante para quienes están a punto de jubilarse y para todos los futuros jubilados, es que tendrán muy pocas posibilidades de defenderse jurídicamente por el cambio en el cálculo de las pensiones del IMSS, ya que los tribunales están obligados a acatar las resoluciones de la Corte. Aunque la SCJN necesita emitir cuatro jurisprudencias más, en las que reitere que el tope salarial será de 10 salarios mínimos para que el criterio pueda aplicarse al total de cotizantes del IMSS, para nosotras resulta inquietante que la Corte no imparta justicia y, por el contrario, aplique recovecos legales para cometer un robo descaradamente 'legalizado'. De aprobarse dicha jurisprudencia, el trabajador o la trabajadora que gane los 25 salarios mínimos, en lugar de recibir 480 mil pesos de pensión al año, recibiría 193 mil pesos, es decir, hasta 60 por ciento menos de lo que cotizaron a lo largo de su vida laboral. Se trata de un artero golpe contra obreras y obreros, pues no sólo perderían la mitad del ahorro que generaron durante su vida productiva, sino porque legalmente estarían indefensos para revertir la situación, ya que de acuerdo con los expertos son poco viables el recurso de inconformidad ante los consejos consultivos del IMSS, la demanda laboral ante la Junta Federal o el amparo ante los tribunales colegiados, salvo que el Congreso de la Unión reforme los artículos transitorios de la Ley de 1977 y fije en forma explícita que quienes se acojan a la Ley de 1973 podrán recibir la pensión hasta por un límite máximo de 25 salarios mínimos. Sería imperdonable condenar a miles y miles de mexicanos jubilados a una pensión de sobrevivencia y que los verdugos sean los ministros de la SCJN, que ganan al año sumas millonarias de pesos y cuyas pensiones no equivalen a 10 ni a 25 salarios mínimos mensuales. No extraña que el PAN y Calderón, con su silencio cómplice y mal simulada austeridad, avalen este robo en 'despoblado', pues el recorte a las pensiones equivaldría a 5 por ciento del PIB, algo así como 600 mil millones de pesos de ahorro para el gobierno federal, lo cual significa que miles de jubilados pasarán automáticamente a formar parte de las filas de la pobreza.
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