Lupita Rodríguez
El revés que concretó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) a los lineamientos para el expendio de alimentos en las escuelas públicas y privadas de educación básica, deja en claro la gran influencia que ejerce la industria alimentaria. Influencia que exhibió no solamente sobre los lineamientos promovidos por las secretarías de Educación Pública y de Salud, sino incluso sobre la reforma a la Ley General de Salud aprobada por la Cámara de Diputados, la cual llevaba el propósito de promover mejores hábitos alimentarios y la práctica de 30 minutos de ejercicio diario entre los escolares, pero que debido a la presión que ejercieron las compañías refresqueras se mantiene ‘congelada’ en la Cámara de Senadores. La valoración nutricional que México ocupa a nivel mundial en este problema de salud pública, nos ubica en un segundo lugar en obesidad infantil, al tener cerca de seis millones de niñas y niños con este mal. Si bien no se puede soslayar que la desnutrición infantil se deriva de la pobreza en México y que de no atenderse tempranamente las consecuencias serán irreversibles para el crecimiento y desarrollo de los niños, la obesidad infantil es un problema significativamente creciente y no necesariamente a causa de la pobreza, pero si como resultado de prácticas nutricionales inadecuadas, influenciadas por la mercadotecnia que impulsa el consumo de la comida chatarra y, que a la vez, promueve cambios negativos en los hábitos familiares en materia nutricional. A pesar de que por lo pronto no se podrán implementar en las escuelas las medidas anunciadas por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Salud, en cuanto a restricciones de alimentos chatarras, es preciso señalar que se mantiene un importante programa transversal orientado a la salud y a la nutrición de los educandos, el cual se propone que se difunda más allá del aula a través de los maestros y de las maestras, así como mediante los Consejos Escolares de Participación Social, es decir, que trascienda al ámbito de la familia y de la comunidad transmitiendo los conceptos que comprende una cultura nutricional adecuada. Que importante sería que las empresas de alimentación chatarra asumieron su responsabilidad social, adaptando sus productos a los requerimientos de nutrición y de salud básicos para la niñez y puedan venderse dentro de los planteles escolares. A pesar de que la COFEMER se someta a intereses económicos y siga permitiendo alimentos y bebidas con elevadas cantidades de calorías y bajo nivel nutricional, los directivos, maestros y padres de familia tienen la facultad de decidir y aplicar criterio sobre la introducción de alimentos saludables en las tiendas escolares. Ante esta problemática social que a futuro se proyecta como seria, resulta fundamental unificar esfuerzos por parte de autoridades, familias y escuelas con el fin de construir una cultura nutricional fuerte y sólida que blinde a nuestros infantes de los malos hábitos alimentarios promovidos a través de poderosas campañas publicitarias. Mientras tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública deberán continuar con la lucha de sacar los alimentos chatarra de las escuelas para prevenir y combatir la obesidad infantil. Es una lucha que no debe quedar trunca. De ninguna manera debe quedar como ejemplo que los poderes Legislativo y Ejecutivo tomen decisiones con las más buenas intenciones sociales, si al final de cuentas el poder económico de la industria alimentaria es el que se impone a la hora de su aplicación. Ya en anteriores colaboraciones hemos señalado que prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad infantil es un problema multifactorial y multilateral, por lo cual debe atacarse de manera transversal, es decir, con la participación decidida y coordinada de todos los involucrados. Si el problema radica en los hábitos alimenticios en el hogar o en la falta de una cultura nutricional sólida, se hace necesario reforzar el programa transversal de nutrición saludable, cuyo punto de partida debe ser el respeto a los derechos infantiles y en donde siempre prevalezca el interés superior de la niñez.
El revés que concretó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) a los lineamientos para el expendio de alimentos en las escuelas públicas y privadas de educación básica, deja en claro la gran influencia que ejerce la industria alimentaria. Influencia que exhibió no solamente sobre los lineamientos promovidos por las secretarías de Educación Pública y de Salud, sino incluso sobre la reforma a la Ley General de Salud aprobada por la Cámara de Diputados, la cual llevaba el propósito de promover mejores hábitos alimentarios y la práctica de 30 minutos de ejercicio diario entre los escolares, pero que debido a la presión que ejercieron las compañías refresqueras se mantiene ‘congelada’ en la Cámara de Senadores. La valoración nutricional que México ocupa a nivel mundial en este problema de salud pública, nos ubica en un segundo lugar en obesidad infantil, al tener cerca de seis millones de niñas y niños con este mal. Si bien no se puede soslayar que la desnutrición infantil se deriva de la pobreza en México y que de no atenderse tempranamente las consecuencias serán irreversibles para el crecimiento y desarrollo de los niños, la obesidad infantil es un problema significativamente creciente y no necesariamente a causa de la pobreza, pero si como resultado de prácticas nutricionales inadecuadas, influenciadas por la mercadotecnia que impulsa el consumo de la comida chatarra y, que a la vez, promueve cambios negativos en los hábitos familiares en materia nutricional. A pesar de que por lo pronto no se podrán implementar en las escuelas las medidas anunciadas por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Salud, en cuanto a restricciones de alimentos chatarras, es preciso señalar que se mantiene un importante programa transversal orientado a la salud y a la nutrición de los educandos, el cual se propone que se difunda más allá del aula a través de los maestros y de las maestras, así como mediante los Consejos Escolares de Participación Social, es decir, que trascienda al ámbito de la familia y de la comunidad transmitiendo los conceptos que comprende una cultura nutricional adecuada. Que importante sería que las empresas de alimentación chatarra asumieron su responsabilidad social, adaptando sus productos a los requerimientos de nutrición y de salud básicos para la niñez y puedan venderse dentro de los planteles escolares. A pesar de que la COFEMER se someta a intereses económicos y siga permitiendo alimentos y bebidas con elevadas cantidades de calorías y bajo nivel nutricional, los directivos, maestros y padres de familia tienen la facultad de decidir y aplicar criterio sobre la introducción de alimentos saludables en las tiendas escolares. Ante esta problemática social que a futuro se proyecta como seria, resulta fundamental unificar esfuerzos por parte de autoridades, familias y escuelas con el fin de construir una cultura nutricional fuerte y sólida que blinde a nuestros infantes de los malos hábitos alimentarios promovidos a través de poderosas campañas publicitarias. Mientras tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública deberán continuar con la lucha de sacar los alimentos chatarra de las escuelas para prevenir y combatir la obesidad infantil. Es una lucha que no debe quedar trunca. De ninguna manera debe quedar como ejemplo que los poderes Legislativo y Ejecutivo tomen decisiones con las más buenas intenciones sociales, si al final de cuentas el poder económico de la industria alimentaria es el que se impone a la hora de su aplicación. Ya en anteriores colaboraciones hemos señalado que prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad infantil es un problema multifactorial y multilateral, por lo cual debe atacarse de manera transversal, es decir, con la participación decidida y coordinada de todos los involucrados. Si el problema radica en los hábitos alimenticios en el hogar o en la falta de una cultura nutricional sólida, se hace necesario reforzar el programa transversal de nutrición saludable, cuyo punto de partida debe ser el respeto a los derechos infantiles y en donde siempre prevalezca el interés superior de la niñez.
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