José Antonio Crespo / Horizonte Político
Si bien el asesinato de Rodolfo Torre es un fuerte revés a la endeble democracia mexicana, ésta ha sido sistemáticamente golpeada por la clase política. Antes y después de la tragedia, hemos visto una galería de mezquindades políticas por parte de todos los partidos y muchos gobiernos. Tras diez años de la primera alternancia democrática en nuestra historia, estamos ahora enfrentando un panorama no muy distinto al que prevaleció hace veinte años en materia electoral. Enfrentamos auténticas elecciones de Estado, donde no hay mínimas garantías de equidad, transparencia e imparcialidad, pues además de la utilización directa de recursos públicos a favor de partidos y candidatos oficiales, existen indicios de que las autoridades electorales han quedado bajo control del poder Ejecutivo en diversas entidades. Eso impide una credibilidad mínima suficiente en los procesos electorales. La confianza electoral se esfuma por la guerra ilegal entre partidos que luchan descarnadamente por el jugoso botín político y presupuestal, pasando por encima de todo.
Por otro lado, el narco alcanza a los comicios mismos con probable dinero negro en las campañas, candidatos acusados de vinculación con los cárteles y, peor aún, abanderados de creciente nivel asesinados por sicarios. Los aguijones de las agitadas avispas son cada vez más grandes, y cada vez menos los espacios de la casa nacional que se salvan del embate de los peligrosos himenópteros. Ante la violencia electoral del narco, y en virtud de las elecciones de Estado llevadas a cabo en múltiples entidades, ¿qué garantías de limpieza, de seguridad, de validez pueden tener los comicios del domingo? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos frente a todo ello? No hace mucho el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, auguró que a partir de este mes empezaríamos a ver cómo desciende el nivel de violencia. Y para alentar la participación electoral en tan precarias condiciones, señaló: "Hay Estado para protegerlos, salgan a votar, salgan a cumplir con sus deberes políticos" (25/Jun/10). La realidad pronto se encargó de desmentir al secretario, tanto en lo que hace a la disminución de la violencia como en la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. Si el Estado se hizo a un lado en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, si no puede ofrecer seguridad a un inminente gobernador, si no puede cuidar la vida de sus reos, si son ejecutadas personas que intentan curar su adicción a las drogas en centros de rehabilitación, si no puede evitar que una ciudad como Monterrey sea estrangulada en sus vías de comunicación por el narco, ¿cabría culpar a los ciudadanos que en las zonas más afectadas por la violencia los ciudadanos deciden mejor no arriesgarse? Eso ya ocurrió el año pasado, pues las ciudades más golpeadas por la narcoviolencia registraron las una muy baja tasa de participación, como Ciudad Juárez (27 %), Acapulco (28 %), Tijuana (29 %), Nuevo Laredo, Reynosa (36 %) y Culiacán (37 %). Aunque no se descarta que, al menos en Tamaulipas, la reacción del electorado sea la contraria; manifestar su indignación y su disposición a no dejarse alterar por el crimen organizado, concurriendo masivamente a las urnas.
Ambas razones que deterioran la democracia - la falta de respeto de la normatividad electoral por parte de partidos, gobernadores y candidatos, y la inseguridad derivada del narcotráfico -, afectan la credibilidad de los procesos y el entusiasmo electoral. Eso de que "los votos siempre serán más potentes que las balas" suena muy bien, pero quien le ha restado fuerza al voto ha sido la propia clase política, más que el narcotráfico. Por eso mismo, han resurgido movimientos de voto nulo como medio de protesta; en Chihuahua, por la incapacidad de los gobiernos de todo nivel para cuidar la seguridad de la población, y por el creciente rechazo a la estrategia vigente; y en Puebla, debido a la falta de confiabilidad del proceso mismo y la ausencia de un auténtico compromiso de la clase política con el electorado. Difícil encrucijada enfrentará el elector el domingo próximo; votar por la oposición para mover las cosas a través de una esperanzadora alternancia; abstenerse por temor a las balas; anular el voto por falta de credibilidad en el proceso o por falta de alternativas convincentes; o bien volcarse a las urnas y sufragar por el partido que sea para fortalecer la cada vez más frágil institucionalidad política. Habrá que ver.
Si bien el asesinato de Rodolfo Torre es un fuerte revés a la endeble democracia mexicana, ésta ha sido sistemáticamente golpeada por la clase política. Antes y después de la tragedia, hemos visto una galería de mezquindades políticas por parte de todos los partidos y muchos gobiernos. Tras diez años de la primera alternancia democrática en nuestra historia, estamos ahora enfrentando un panorama no muy distinto al que prevaleció hace veinte años en materia electoral. Enfrentamos auténticas elecciones de Estado, donde no hay mínimas garantías de equidad, transparencia e imparcialidad, pues además de la utilización directa de recursos públicos a favor de partidos y candidatos oficiales, existen indicios de que las autoridades electorales han quedado bajo control del poder Ejecutivo en diversas entidades. Eso impide una credibilidad mínima suficiente en los procesos electorales. La confianza electoral se esfuma por la guerra ilegal entre partidos que luchan descarnadamente por el jugoso botín político y presupuestal, pasando por encima de todo.
Por otro lado, el narco alcanza a los comicios mismos con probable dinero negro en las campañas, candidatos acusados de vinculación con los cárteles y, peor aún, abanderados de creciente nivel asesinados por sicarios. Los aguijones de las agitadas avispas son cada vez más grandes, y cada vez menos los espacios de la casa nacional que se salvan del embate de los peligrosos himenópteros. Ante la violencia electoral del narco, y en virtud de las elecciones de Estado llevadas a cabo en múltiples entidades, ¿qué garantías de limpieza, de seguridad, de validez pueden tener los comicios del domingo? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos frente a todo ello? No hace mucho el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, auguró que a partir de este mes empezaríamos a ver cómo desciende el nivel de violencia. Y para alentar la participación electoral en tan precarias condiciones, señaló: "Hay Estado para protegerlos, salgan a votar, salgan a cumplir con sus deberes políticos" (25/Jun/10). La realidad pronto se encargó de desmentir al secretario, tanto en lo que hace a la disminución de la violencia como en la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. Si el Estado se hizo a un lado en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, si no puede ofrecer seguridad a un inminente gobernador, si no puede cuidar la vida de sus reos, si son ejecutadas personas que intentan curar su adicción a las drogas en centros de rehabilitación, si no puede evitar que una ciudad como Monterrey sea estrangulada en sus vías de comunicación por el narco, ¿cabría culpar a los ciudadanos que en las zonas más afectadas por la violencia los ciudadanos deciden mejor no arriesgarse? Eso ya ocurrió el año pasado, pues las ciudades más golpeadas por la narcoviolencia registraron las una muy baja tasa de participación, como Ciudad Juárez (27 %), Acapulco (28 %), Tijuana (29 %), Nuevo Laredo, Reynosa (36 %) y Culiacán (37 %). Aunque no se descarta que, al menos en Tamaulipas, la reacción del electorado sea la contraria; manifestar su indignación y su disposición a no dejarse alterar por el crimen organizado, concurriendo masivamente a las urnas.
Ambas razones que deterioran la democracia - la falta de respeto de la normatividad electoral por parte de partidos, gobernadores y candidatos, y la inseguridad derivada del narcotráfico -, afectan la credibilidad de los procesos y el entusiasmo electoral. Eso de que "los votos siempre serán más potentes que las balas" suena muy bien, pero quien le ha restado fuerza al voto ha sido la propia clase política, más que el narcotráfico. Por eso mismo, han resurgido movimientos de voto nulo como medio de protesta; en Chihuahua, por la incapacidad de los gobiernos de todo nivel para cuidar la seguridad de la población, y por el creciente rechazo a la estrategia vigente; y en Puebla, debido a la falta de confiabilidad del proceso mismo y la ausencia de un auténtico compromiso de la clase política con el electorado. Difícil encrucijada enfrentará el elector el domingo próximo; votar por la oposición para mover las cosas a través de una esperanzadora alternancia; abstenerse por temor a las balas; anular el voto por falta de credibilidad en el proceso o por falta de alternativas convincentes; o bien volcarse a las urnas y sufragar por el partido que sea para fortalecer la cada vez más frágil institucionalidad política. Habrá que ver.
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