David Aponte / Contraflujo
La Ley Arizona es una reminiscencia del racismo contra las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. La legislación estatal que entrará en vigor el 29 de julio ofrece “carta blanca” a las autoridades, a las policías locales, para generar estereotipos por la apariencia física de las personas e inevitablemente vendrá a generar una mayor cantidad de arrestos y procesos legales contra integrantes de otros grupos étnicos. ¿De dónde provienen los señalamientos? Se trata de los argumentos de la cancillería mexicana contra la entrada en vigor de la ley estatal. Nunca antes el gobierno de México se había lanzado contra un gobierno estadounidense, como ahora lo hace por la SB1070.
En el Amicus Curiae, presentado por la autoridad mexicana en una Corte Federal de Estados Unidos, el gobierno federal presentó siete consideraciones contra la Ley Arizona:
Frena las relaciones internacionales; dificulta severamente el comercio y el turismo entre México y Arizona; descarrila los esfuerzos hacia una reforma migratoria amplia; obstruye la colaboración internacional para combatir a las organizaciones del tráfico de drogas y a la violencia relacionada con narcotráfico; obstaculiza la protección de los derechos humanos de los mexicanos en territorio estadounidense, conforme a Constitución de EU; muestra recuerdos de la discriminación afroamericana, y promueve la violencia y una promoción negativa contra las comunidades hispanas.
La última semana de junio, la cancillería mexicana presentó el recurso legal en apoyo a las demandas interpuestas por organizaciones civiles y legales de Estados Unidos, entre ellas el Fondo para la Defensa Legal y la Educación México Americano (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC). La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que pidió a la Corte la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y que impida la entrada en vigor, programada para el 29 de julio. “México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”.
La juez Susan R. Bolton, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, dio su autorización al gobierno de México para exponer sus argumentos, contenidos en el Amicus Curiae. Desde luego, el recurso legal enviado por el gobierno de México el 22 de junio provocó la ira y el rechazo de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien dijo sentirse decepcionada del gobierno mexicano, luego de la confirmación de su respaldo a la demanda de organismos civiles de Estados Unidos. El gobierno de Washington también ha impugnado la legislación, con la petición de nulidad de la SB1070.
¿Cuáles son los puntos medulares del documento entregada por el gobierno de México a la Corte Federal? La SRE expone que el tema de la migración es uno de los focos más importantes del diálogo entre el presidente Felipe Calderón y el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Hay un compromiso de la parte mexicana por crear empleos en su territorio y otro de la parte estadounidense por arreglar el sistema de inmigración. La SB1070 corre en sentido contrario y afecta seriamente los esfuerzos de ambos países: la colaboración bilateral en el tema es indispensable para alcanzar una reforma migratoria en EU que no tenga un impacto negativo en las economías de ambos lados de la frontera.
El gobierno mexicano tiene un interés legítimo en proteger los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, bajo las garantías de libertad e igualdad ante la ley que ofrece la Constitución estadounidense. La legislación Arizona viola las garantías fundamentales y propicia actitudes hostiles de la sociedad contra los inmigrantes. En términos generales, la SB1070 genera estereotipos y la percepción de que los indocumentados mexicanos representan una amenaza para Estados Unidos. De esa forma, la legislación permitiría a las autoridades policíacas determinar quién tiene o quién no tiene apariencia mexicana, para realizar sus arrestos.
Al final del documento, el gobierno mexicano expuso que por estas razones pide que la Corte declare la inconstitucionalidad de la SB1070 y que no permita la entrada en vigor. ¿Qué viene, cuál es la perspectiva? La juez del caso decidirá el 22 de julio si permite la aplicación de la Ley Arizona, para luego pasar a la Suprema Corte de Justicia estadounidense, que determinará la nulidad de la legislación estatal.
Pero hay una mala noticia: la mitad de los estadounidenses rechaza el recurso judicial del gobierno de Obama contra la ley antiinmigrante y solamente 33% apoya la demanda de Washington, de acuerdo a un sondeo de la firma Gallup. La única certeza es que la parte mexicana ha utilizado los argumentos más duros de los últimos años para frenar la entrada en vigor de una nueva etapa de racismo en Estados Unidos.
La Ley Arizona es una reminiscencia del racismo contra las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. La legislación estatal que entrará en vigor el 29 de julio ofrece “carta blanca” a las autoridades, a las policías locales, para generar estereotipos por la apariencia física de las personas e inevitablemente vendrá a generar una mayor cantidad de arrestos y procesos legales contra integrantes de otros grupos étnicos. ¿De dónde provienen los señalamientos? Se trata de los argumentos de la cancillería mexicana contra la entrada en vigor de la ley estatal. Nunca antes el gobierno de México se había lanzado contra un gobierno estadounidense, como ahora lo hace por la SB1070.
En el Amicus Curiae, presentado por la autoridad mexicana en una Corte Federal de Estados Unidos, el gobierno federal presentó siete consideraciones contra la Ley Arizona:
Frena las relaciones internacionales; dificulta severamente el comercio y el turismo entre México y Arizona; descarrila los esfuerzos hacia una reforma migratoria amplia; obstruye la colaboración internacional para combatir a las organizaciones del tráfico de drogas y a la violencia relacionada con narcotráfico; obstaculiza la protección de los derechos humanos de los mexicanos en territorio estadounidense, conforme a Constitución de EU; muestra recuerdos de la discriminación afroamericana, y promueve la violencia y una promoción negativa contra las comunidades hispanas.
La última semana de junio, la cancillería mexicana presentó el recurso legal en apoyo a las demandas interpuestas por organizaciones civiles y legales de Estados Unidos, entre ellas el Fondo para la Defensa Legal y la Educación México Americano (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC). La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que pidió a la Corte la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y que impida la entrada en vigor, programada para el 29 de julio. “México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”.
La juez Susan R. Bolton, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, dio su autorización al gobierno de México para exponer sus argumentos, contenidos en el Amicus Curiae. Desde luego, el recurso legal enviado por el gobierno de México el 22 de junio provocó la ira y el rechazo de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien dijo sentirse decepcionada del gobierno mexicano, luego de la confirmación de su respaldo a la demanda de organismos civiles de Estados Unidos. El gobierno de Washington también ha impugnado la legislación, con la petición de nulidad de la SB1070.
¿Cuáles son los puntos medulares del documento entregada por el gobierno de México a la Corte Federal? La SRE expone que el tema de la migración es uno de los focos más importantes del diálogo entre el presidente Felipe Calderón y el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Hay un compromiso de la parte mexicana por crear empleos en su territorio y otro de la parte estadounidense por arreglar el sistema de inmigración. La SB1070 corre en sentido contrario y afecta seriamente los esfuerzos de ambos países: la colaboración bilateral en el tema es indispensable para alcanzar una reforma migratoria en EU que no tenga un impacto negativo en las economías de ambos lados de la frontera.
El gobierno mexicano tiene un interés legítimo en proteger los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, bajo las garantías de libertad e igualdad ante la ley que ofrece la Constitución estadounidense. La legislación Arizona viola las garantías fundamentales y propicia actitudes hostiles de la sociedad contra los inmigrantes. En términos generales, la SB1070 genera estereotipos y la percepción de que los indocumentados mexicanos representan una amenaza para Estados Unidos. De esa forma, la legislación permitiría a las autoridades policíacas determinar quién tiene o quién no tiene apariencia mexicana, para realizar sus arrestos.
Al final del documento, el gobierno mexicano expuso que por estas razones pide que la Corte declare la inconstitucionalidad de la SB1070 y que no permita la entrada en vigor. ¿Qué viene, cuál es la perspectiva? La juez del caso decidirá el 22 de julio si permite la aplicación de la Ley Arizona, para luego pasar a la Suprema Corte de Justicia estadounidense, que determinará la nulidad de la legislación estatal.
Pero hay una mala noticia: la mitad de los estadounidenses rechaza el recurso judicial del gobierno de Obama contra la ley antiinmigrante y solamente 33% apoya la demanda de Washington, de acuerdo a un sondeo de la firma Gallup. La única certeza es que la parte mexicana ha utilizado los argumentos más duros de los últimos años para frenar la entrada en vigor de una nueva etapa de racismo en Estados Unidos.
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