Álvaro Cepeda Neri
No hay acto público en el que el señor Calderón no remache su repetida afirmación de que la lucha contra la violencia de las delincuencias, encabezadas por el narcotráfico y sus matones, no es sólo una tarea del gobierno federal (tiene la facultad y obligación de combatir el comercio, tráfico, consumo y producción de drogas), por lo que pide que la sociedad participe. Solicita la comprensión y el apoyo ciudadano (sin guardarse su odio a los medios de comunicación que informan y critican los resultados de esa lucha), pues bien sabe que los mexicanos ya están hartos del método, a tontas y locas, que sólo provocan baños de sangre donde lo mismo mueren narcos y sus sicarios, militares y policías e inocentes mexicanos que han enlutado a familias por todo el país.
Calderón aprovechó su visita a Sonora, para no comprometerse a impartir justicia a los padres de los niños incinerados en el incendio de la Guardería ABC, y de paso, ante los empresarios panistas que le acarreó el ya desgobernador panista Guillermo Padrés, insistió en que no es sólo de él la responsabilidad de luchar por establecer la gobernabilidad y la paz social. Cuando, hablando en plata, los que están llevando esa obligación son los militares y demás uniformados y Calderón nada más da la orden presidencial de que vayan al frente (Zabludowsky, el locutor ahora en la oposición, se refiere a sus corresponsales como reporteros del “frente en Chihuahua, del frente en Sinaloa, del frente en Sonora, etc.”). Lo cierto es que constitucional y penalmente, como es de su exclusiva competencia el combate al narcotráfico, entonces es obligación presidencial ejercerla.
Y mientras Calderón sea titular del Ejecutivo Federal debe cumplir con esa obligación, sin echar constantemente en cara a los ciudadanos que dejemos de criticar su estrategia fallida. En una democracia, es obligación de los ciudadanos criticar a sus gobernantes. Y exigirles que cumplan o, como le dijeron en una reunión sobre sus magros resultados al respecto: “si no puede, que renuncie”. Se habla cada vez más de que ésta (la renuncia) puede darse al final de este cuarto año. Pero mientras se da o no, y mientras sea el encargado de la Presidencia, su obligación es, no tratar, sino en verdad restablecer la paz social, restaurar la gobernabilidad e imponer la ley a la delincuencia antes de que ésta nos lleve al desastre.
En la capital sonorense, donde no se refirió a resolver la demanda de justicia por los 49 homicidios de niños, Calderón pidió el apoyo de los gobernados, cuando éstos, indefensos, tienen a los gobernantes para que hagan valer sus obligaciones y facultades. Y no deben pedir que los ciudadanos apoyen incondicionalmente, a ciegas, sin criticar, sin desacuerdos, todo lo que los gobernantes hagan y deshagan. Pero, sobre todo, cuando hay ineficacia y malos resultados, los gobernados han de externar sus opiniones y exigir resultados para beneficio de la convivencia pacífica. Y el calderonismo ya no garantiza un mínimo del buen gobierno republicano para esa convivencia.
No hay acto público en el que el señor Calderón no remache su repetida afirmación de que la lucha contra la violencia de las delincuencias, encabezadas por el narcotráfico y sus matones, no es sólo una tarea del gobierno federal (tiene la facultad y obligación de combatir el comercio, tráfico, consumo y producción de drogas), por lo que pide que la sociedad participe. Solicita la comprensión y el apoyo ciudadano (sin guardarse su odio a los medios de comunicación que informan y critican los resultados de esa lucha), pues bien sabe que los mexicanos ya están hartos del método, a tontas y locas, que sólo provocan baños de sangre donde lo mismo mueren narcos y sus sicarios, militares y policías e inocentes mexicanos que han enlutado a familias por todo el país.
Calderón aprovechó su visita a Sonora, para no comprometerse a impartir justicia a los padres de los niños incinerados en el incendio de la Guardería ABC, y de paso, ante los empresarios panistas que le acarreó el ya desgobernador panista Guillermo Padrés, insistió en que no es sólo de él la responsabilidad de luchar por establecer la gobernabilidad y la paz social. Cuando, hablando en plata, los que están llevando esa obligación son los militares y demás uniformados y Calderón nada más da la orden presidencial de que vayan al frente (Zabludowsky, el locutor ahora en la oposición, se refiere a sus corresponsales como reporteros del “frente en Chihuahua, del frente en Sinaloa, del frente en Sonora, etc.”). Lo cierto es que constitucional y penalmente, como es de su exclusiva competencia el combate al narcotráfico, entonces es obligación presidencial ejercerla.
Y mientras Calderón sea titular del Ejecutivo Federal debe cumplir con esa obligación, sin echar constantemente en cara a los ciudadanos que dejemos de criticar su estrategia fallida. En una democracia, es obligación de los ciudadanos criticar a sus gobernantes. Y exigirles que cumplan o, como le dijeron en una reunión sobre sus magros resultados al respecto: “si no puede, que renuncie”. Se habla cada vez más de que ésta (la renuncia) puede darse al final de este cuarto año. Pero mientras se da o no, y mientras sea el encargado de la Presidencia, su obligación es, no tratar, sino en verdad restablecer la paz social, restaurar la gobernabilidad e imponer la ley a la delincuencia antes de que ésta nos lleve al desastre.
En la capital sonorense, donde no se refirió a resolver la demanda de justicia por los 49 homicidios de niños, Calderón pidió el apoyo de los gobernados, cuando éstos, indefensos, tienen a los gobernantes para que hagan valer sus obligaciones y facultades. Y no deben pedir que los ciudadanos apoyen incondicionalmente, a ciegas, sin criticar, sin desacuerdos, todo lo que los gobernantes hagan y deshagan. Pero, sobre todo, cuando hay ineficacia y malos resultados, los gobernados han de externar sus opiniones y exigir resultados para beneficio de la convivencia pacífica. Y el calderonismo ya no garantiza un mínimo del buen gobierno republicano para esa convivencia.
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