Francisco Garfias
Otra vez la violencia incontrolable del crimen organizado acaparó los titulares de los periódicos. El jueves fue el coche bomba que explotó en Ciudad Juárez. Cuatro muertos. Tres días después la masacre en una fiesta de Torreón, 18 muertos; y la batalla entre soldados y sicarios en Nuevo Laredo, 12 muertos. Y eso, sin contar los asesinatos en Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, que no alcanzaron los honores de la primera plana.
Y es que los muertos, los muertos ya no espantan en México. “Lo que asusta ahora es la forma terrorista de matarlos”, escribió Pablo Ordaz, corresponsal del diario español El Pais, en su reporte sobre el Coche Bomba en Ciudad Juárez.
El sofisticado método utilizado para matar a policías federales, en aparente represalia por la detención de “el 35”, uno de los jefes del Cártel de la Línea, llevó a varios medios, nacionales y extranjeros, a hablar, en forma apresurada, de la aparición de “narcoterrorismo” en México.
Los asesinos de Juárez utilizaron un celular para detonar diez kilos de explosivos ocultos en un vehículo. Mataron a dos policías federales, y a otros dos civiles, que pasaron a formar parte de las estadísticas de lo que, eufemísticamente, el gobierno federal denomina “daños colaterales.”
En artículos y columnas, pero también en los despachos de los corresponsales extranjeros, comenzó a manejarse la especie de que los cárteles de la droga habían decidido adoptar los métodos terroristas, para responder a los embates del estado y proteger, así, sus actividades ilícitas.
No faltó quien evocara los años de Pablo Escobar en Colombia para describir la situación en México, a pesar de tratarse de un hecho que no es novedoso y que parece aislado. Periodistas con memoria de archivo, como el prestigiado Miguel Ángel Granados Chapa, recordaron que en Mayo de 1992, en Culiacán; y en junio de 1994, en Guadalajara, hubo explosiones de origen semejante.
Las autoridades, preocupadas por el impacto que el término “narcoterrorismo” pudiera tener para la imagen del país, intentan articular una campaña para desmentir que haya una nueva etapa de violencia en México. Lo hizo el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhan; lo está haciendo en México, Roberto Gil, subsecretario de gobierno de la Segob.
Gil se muestra incluso sorprendido de que los observadores hayan utilizado con tanta ligereza el término “narcoterrorismo” para describir “un hecho aislado.” ¿Por qué no reconocer la realidad del acoso que sufren los cárteles de la droga? preguntó el subsecretario, convencido de que el crimen organizado ha tenido que recurrir a métodos cada vez más violentos, para responder a una realidad de acoso por parte del Estado.
“Ya no quieren estar en el frente de batalla; prefieren matar de lejitos”, recalcó el subsecretario.
Mas allá de la polémica sobre la naturaleza de la violencia, lo que es incontrovertible es que el sentimiento de horror e impotencia se extiende en las zonas fuertemente azotadas por el crimen organizado, donde la población está a merced de los delincuentes
Otra vez la violencia incontrolable del crimen organizado acaparó los titulares de los periódicos. El jueves fue el coche bomba que explotó en Ciudad Juárez. Cuatro muertos. Tres días después la masacre en una fiesta de Torreón, 18 muertos; y la batalla entre soldados y sicarios en Nuevo Laredo, 12 muertos. Y eso, sin contar los asesinatos en Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, que no alcanzaron los honores de la primera plana.
Y es que los muertos, los muertos ya no espantan en México. “Lo que asusta ahora es la forma terrorista de matarlos”, escribió Pablo Ordaz, corresponsal del diario español El Pais, en su reporte sobre el Coche Bomba en Ciudad Juárez.
El sofisticado método utilizado para matar a policías federales, en aparente represalia por la detención de “el 35”, uno de los jefes del Cártel de la Línea, llevó a varios medios, nacionales y extranjeros, a hablar, en forma apresurada, de la aparición de “narcoterrorismo” en México.
Los asesinos de Juárez utilizaron un celular para detonar diez kilos de explosivos ocultos en un vehículo. Mataron a dos policías federales, y a otros dos civiles, que pasaron a formar parte de las estadísticas de lo que, eufemísticamente, el gobierno federal denomina “daños colaterales.”
En artículos y columnas, pero también en los despachos de los corresponsales extranjeros, comenzó a manejarse la especie de que los cárteles de la droga habían decidido adoptar los métodos terroristas, para responder a los embates del estado y proteger, así, sus actividades ilícitas.
No faltó quien evocara los años de Pablo Escobar en Colombia para describir la situación en México, a pesar de tratarse de un hecho que no es novedoso y que parece aislado. Periodistas con memoria de archivo, como el prestigiado Miguel Ángel Granados Chapa, recordaron que en Mayo de 1992, en Culiacán; y en junio de 1994, en Guadalajara, hubo explosiones de origen semejante.
Las autoridades, preocupadas por el impacto que el término “narcoterrorismo” pudiera tener para la imagen del país, intentan articular una campaña para desmentir que haya una nueva etapa de violencia en México. Lo hizo el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhan; lo está haciendo en México, Roberto Gil, subsecretario de gobierno de la Segob.
Gil se muestra incluso sorprendido de que los observadores hayan utilizado con tanta ligereza el término “narcoterrorismo” para describir “un hecho aislado.” ¿Por qué no reconocer la realidad del acoso que sufren los cárteles de la droga? preguntó el subsecretario, convencido de que el crimen organizado ha tenido que recurrir a métodos cada vez más violentos, para responder a una realidad de acoso por parte del Estado.
“Ya no quieren estar en el frente de batalla; prefieren matar de lejitos”, recalcó el subsecretario.
Mas allá de la polémica sobre la naturaleza de la violencia, lo que es incontrovertible es que el sentimiento de horror e impotencia se extiende en las zonas fuertemente azotadas por el crimen organizado, donde la población está a merced de los delincuentes
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