Ricardo Andrade Jardí
La corte nos hace saber que para recibir la protección del estado frente al abuso de autoridad es necesario ser un ladrón banquero, un destacado narcotraficante o un funcionario a modo de lo que la mafia del poder demande. Pero que un trabajador no tiene derechos.
En el México del desempleo, del fraude patriótico, de la “moderna” y espuria izquierda electoral, la protección del Estado es para los impresentables. Impresentables que incluso el homicidio propician. Como Molinar Horcasitas y el resto de los funcionarios estatales y federales que lucraron con la pobreza de las familias de los niños ejecutados en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Aunque, haya que decirlo, sólo la ingenuidad pudo hacernos suponer que la suprema corte de injusticia impartiría Justicia en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La decisión ya estaba tomada y la tomaron los verdaderos dueños del país. La telecracia quiere la fibra óptica, hasta hace unos meses en manos del Estado mexicano. Hoy ya prácticamente en manos de los empresarios concesionarios, convertidos en dictadores de la bananera república, en que ellos mismos, gracias a Chabelo y Chespirito, nos han convertido.
A Luz y Fuerza se le desapareció porque el usurpador en turno está obligado a pagar su deuda. Todo fraude electoral genera compromisos y es claro que uno de esos compromisos es regalarle a Televisa la fibra óptica, que hemos pagado todos los mexicanos y que en los próximos meses volveremos a pagar con los caros y malos servicios que nos “ofrecerá” la telecracia.
La fibra óptica es un gran instrumento tecnológico que, en lugar de ser usado en beneficio de los mexicanos, será usado en beneficio exclusivo de los bolsillos de los empresarios de la telecracia, verdadero poder de facto en el México de la usurpación fecalista. Los que no contentos, con controlar más del 90% de los medios electrónicos de comunicación (abierta) o por cable, ahora intentarán también controlar la internet para seguir impulsando la deseducación de los mexicanos.
Al SME, al igual que a los mineros y que al resto de los trabajadores mexicanos, no les queda de otra que entender de una vez que no habrá justicia que no conquisten con su lucha, que el pacto social en México está roto y que el estado mexicano no responde ya, si es que alguna vez lo hizo, a la protección de los trabajadores, sino a la de los patrones, que son al mismo tiempo los dueños de la nación y que los “gobernantes” son en realidad los administradores de sus perversos intereses.
La negativa de otorgar el amparo y la cretina declaración de la legalidad del decreto de extinción de LyFC es a todas luces ilegal e inmoral y también es el anuncio de cómo será tratados los gremios laborales si se opone a las nuevas “formas” del fallido estado o si pretende defender alguna de las demandas laborales que se fueron conquistado desde el la promulgación de la constitución de 1917 hasta finales de los años 80.
Si el resto de los sindicatos y de los trabajadores mexicanos, no son capaces de ver, en lo acontecido a LyFC, y en el golpe dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, el futuro que nos espera e iniciar la resistencia civil urgente, buscando ganar la simpatía de todos los sectores sociales, igualmente explotados, y regresando al abandonado trabajo de concientización clasista y de lucha de clases, entonces deberán prepararse para un futuro sin derechos, no muy diferente al presente del SME. Para el resto de los mexicanos trabajadores no sindicalizados y pretendidamente ajenos al a la suerte del SME, la suerte será la misma, si no comprendemos que con el SME, el desgobierno neoliberal está ensayando el futuro que pretenden imponernos, si optamos por seguir vendandinos los ojos y esparando que los goles resuelvan lo que nosotros no nos atrevemos a trasformar, a resolver, entonces deberemos, ante nuestra ceguera, prepararnos para años de injusticia y explotación, con la que ni soñó el dictador Porfirio Díaz…
La corte nos hace saber que para recibir la protección del estado frente al abuso de autoridad es necesario ser un ladrón banquero, un destacado narcotraficante o un funcionario a modo de lo que la mafia del poder demande. Pero que un trabajador no tiene derechos.
En el México del desempleo, del fraude patriótico, de la “moderna” y espuria izquierda electoral, la protección del Estado es para los impresentables. Impresentables que incluso el homicidio propician. Como Molinar Horcasitas y el resto de los funcionarios estatales y federales que lucraron con la pobreza de las familias de los niños ejecutados en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Aunque, haya que decirlo, sólo la ingenuidad pudo hacernos suponer que la suprema corte de injusticia impartiría Justicia en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La decisión ya estaba tomada y la tomaron los verdaderos dueños del país. La telecracia quiere la fibra óptica, hasta hace unos meses en manos del Estado mexicano. Hoy ya prácticamente en manos de los empresarios concesionarios, convertidos en dictadores de la bananera república, en que ellos mismos, gracias a Chabelo y Chespirito, nos han convertido.
A Luz y Fuerza se le desapareció porque el usurpador en turno está obligado a pagar su deuda. Todo fraude electoral genera compromisos y es claro que uno de esos compromisos es regalarle a Televisa la fibra óptica, que hemos pagado todos los mexicanos y que en los próximos meses volveremos a pagar con los caros y malos servicios que nos “ofrecerá” la telecracia.
La fibra óptica es un gran instrumento tecnológico que, en lugar de ser usado en beneficio de los mexicanos, será usado en beneficio exclusivo de los bolsillos de los empresarios de la telecracia, verdadero poder de facto en el México de la usurpación fecalista. Los que no contentos, con controlar más del 90% de los medios electrónicos de comunicación (abierta) o por cable, ahora intentarán también controlar la internet para seguir impulsando la deseducación de los mexicanos.
Al SME, al igual que a los mineros y que al resto de los trabajadores mexicanos, no les queda de otra que entender de una vez que no habrá justicia que no conquisten con su lucha, que el pacto social en México está roto y que el estado mexicano no responde ya, si es que alguna vez lo hizo, a la protección de los trabajadores, sino a la de los patrones, que son al mismo tiempo los dueños de la nación y que los “gobernantes” son en realidad los administradores de sus perversos intereses.
La negativa de otorgar el amparo y la cretina declaración de la legalidad del decreto de extinción de LyFC es a todas luces ilegal e inmoral y también es el anuncio de cómo será tratados los gremios laborales si se opone a las nuevas “formas” del fallido estado o si pretende defender alguna de las demandas laborales que se fueron conquistado desde el la promulgación de la constitución de 1917 hasta finales de los años 80.
Si el resto de los sindicatos y de los trabajadores mexicanos, no son capaces de ver, en lo acontecido a LyFC, y en el golpe dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, el futuro que nos espera e iniciar la resistencia civil urgente, buscando ganar la simpatía de todos los sectores sociales, igualmente explotados, y regresando al abandonado trabajo de concientización clasista y de lucha de clases, entonces deberán prepararse para un futuro sin derechos, no muy diferente al presente del SME. Para el resto de los mexicanos trabajadores no sindicalizados y pretendidamente ajenos al a la suerte del SME, la suerte será la misma, si no comprendemos que con el SME, el desgobierno neoliberal está ensayando el futuro que pretenden imponernos, si optamos por seguir vendandinos los ojos y esparando que los goles resuelvan lo que nosotros no nos atrevemos a trasformar, a resolver, entonces deberemos, ante nuestra ceguera, prepararnos para años de injusticia y explotación, con la que ni soñó el dictador Porfirio Díaz…
No hay comentarios:
Publicar un comentario