Gerardo Peláez Ramos
La represión en contra del magisterio democrático en México ha sido y es realmente gigantesca, si tomamos como punto de partida el año 1971. E l 8 de octubre de ese año, en La Barca, Jalisco, se produjo el asesinato de César Augusto Manzanero, militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio. El 30 de junio de 1973, fue liquidado el profesor Joaquín Sánchez, dirigente del MRM, en Tlapa, Guerrero, luego de ser torturado. La Policía Judicial del Estado de Guerrero secuestró, el 2 de septiembre de 1974, a Jacob Nájera Hernández, militante del MRM y de la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG; su cuerpo jamás aparecería. Tras sufrir horribles torturas cayó, el 5 de enero de 1975, el líder sindical Hilario Moreno Aguirre, a quien la policía intentaba hacer que delatara la labor de solidaridad del Partido Comunista Mexicano con el Partido Guatemalteco del Trabajo; al no lograr que Hilario hablara, “se les pasó la mano” y el militante murió en la sala de tortura.
Cabe aclarar que es tomado el año 1971 como punto de arranque, porque en 1972 arribó a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el Movimiento 22 de Septiembre, que en 1974 se convertiría en Vanguardia Revolucionaria del SNTE, bajo la jefatura de Carlos Jonguitud Barrios; perdió la vida Genaro Vázquez Rojas, y dio comienzo el proceso de insurgencia sindical con la democratización de la Sección 67 (Fundidora Monterrey) del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el enfrentamiento ferrocarrilero de la capital de Nuevo León, la formación del Sindicato Nacional de Empleados de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (proyecto que no fructificó por restricciones legales) y la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nacida en diciembre de 1979, ha sido y es objeto de medidas represivas prácticamente desde su fundación. El 30 de enero de 1981, en el estado de México, fue asesinado el dirigente magisterial Misael Núñez Acosta. El 15 de febrero de 1982, en Hidalgo, fue herido el profesor Pedro Palma, quien moriría un mes después. El 30 de marzo de 1987, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue acribillado el compañero Celso Wenceslao López Díaz.
Durante ciertos períodos la represión llegó a extremos criminales. En un documento de la Comisión Permanente de la CNTE, fechado el 22 de octubre de 1987, se informaba: “La represión se ha venido recrudeciendo en los últimos días con los atentados del día 15 de octubre, en donde resultaron asesinados los profesores René Abacú, Cruz Cisneros y Adelina Olmos Martínez en la desviación de Achayuco en Jamiltepec, Oaxaca, acribillados con escopeta calibre 16-20 y R-15; los maestros pertenecían a la Zona Escolar 1010 de Jamiltepec. Los hechos sucedieron a las 8:00 horas.
“El 18 de octubre a las 8:30 horas, el trabajador de intendencia de la Escuela Normal de Cacahuatepec, Oaxaca, C. Respicio Peláez Carrillo y el padre de familia de esa escuela, C. Baltazar López, fueron asesinados por tres pistoleros que dispararon por la espalda en el autobús en que viajaban los hoy occisos. También resultó herida la profesora Cecilia Melo Torres.
“El 20 de octubre a las 8:30 horas una manifestación de maestros democráticos, que se realizaba en la población de San Agustín Atenango, Silacayoapan, Oaxaca, fue agredida por un grupo de “vanguardistas”, resultando muerto el profesor Cenobio Fito López Reyes, y heridos los profesores Manuel Crisóforo Narváez, Zeferino Aceves Vázquez, José Martínez Hernández, Pablo Díaz Solano, Eduardo Cortés Ocaña y Ricardo Pérez Rojas. Los asesinos materiales son los “vanguardistas” Félix Gálvez Lagunas y Carmelo Vázquez Palma… ”
Los caídos del magisterio, a lo largo de cuatro décadas, son más de cien en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, estado de México, Hidalgo y otras entidades federativas, por no hablar de las represiones violentas de manifestaciones, mítines y plantones; desalojos de instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, el SNTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras dependencias oficiales; así como de secuestros, desapariciones, detenciones, juicios, encarcelamientos, persecuciones, golpizas y actos terroristas contra las casas-habitación de dirigentes. Los últimos gobiernos populistas y los sexenios neoliberales del Partido Revolucionario Institucional no se diferencian gran cosa de los gobiernos proempresariales, antiobreros y entreguistas de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque estos dos “políticos” sí han desatado una enorme matazón de mexicanos en una supuesta guerra contra el crimen organizado, han soltado a la reacción ensotanada, han suscrito acuerdos vendepatrias con Estados Unidos y se han embarcado en actividades foráneas en las cuales coinciden con los gobiernos reaccionarios de Colombia, España, Costa Rica y Panamá, y, desde luego, con el de EU.
En fechas recientes el gobierno de Calderón la ha emprendido en contra del magisterio democrático, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato minero y otros organismos sindicales. En un remitido la CNTE plantea: “El espurio gobierno federal y sus aliados parecen estar dispuestos a llevar al país a la polarización social en extremo. Lejos de resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales a través del respeto a los derechos de los mexicanos y al orden constitucional en general, insisten en criminalizar la protesta social derivada, precisamente, de las acciones antipopulares y anticonstitucionales promovidas por el mal gobierno”.
El pasado 6 de julio fue aprehendido el profesor Ignacio Díaz Montes, de la Sección XIX (Morelos) del SNTE, siendo liberado bajo fianza al día siguiente.
Los jerarcas institucionales de la Sección VII (Chiapas) del SNTE, Rosendo Galíndez y Javier Álvarez Ramos, envueltos en actos de corrupción y amafiados con el gobierno de Juan Sabines, impulsaron la privación ilegal de la libertad de Alberto Mirón Vázquez, quien desde el 7 de julio permanece secuestrado en la Quinta El Pitiquito, de Chiapa de Corzo, y aún no alcanza ser excarcelado. Policías federales y estatales asaltaron domicilios de sus familiares, amenazaron con armas de fuego y rompieron puertas y ventanas. Los charros locales, con el aval de Elba Esther Gordillo y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, se proponen controlar la organización de los trabajadores encuadrados en la expresión local de la CNTE.
Cerca de las 21:00 horas del 12 de julio, en las inmediaciones del domicilio social del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue detenido el profesor Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo de la Sección XVIII (Michoacán) del SNTE y miembro de la Comisión Negociadora en la reciente Jornada de Lucha Nacional, por policías federales, con pistolas reglamentarias y a bordo de una camioneta sin insignia alguna. Fue trasladado al Reclusorio Sur siendo acusado de dañar el patrimonio cultural de la nación, acusación completamente falsa. Tres días después fue liberado bajo fianza.
Para seguir en la misma línea de agresiones a la CNTE, el 16 de julio fueron aprehendidos los profesores Pedro Gómez Bamaca y Misael Palma López, integrantes de la dirección política estatal del Bloque Democrático del magisterio chiapaneco. Asimismo, fueron apresados el doctor Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y Caralampio Gómez Hernández, líder de la Organización Proletaria Emiliano Zapata.
Con el objeto de poner alto a la persecución y aprehensión de más trabajadores de la enseñanza, a quienes se acusa, sin fundamentos, de asociación delictuosa, atentado contra la paz y otros delitos sólo existentes en la mente de los gobernantes chiapanecos y federales, el secretario general de la Sección XXII (Oaxaca) del SNTE, Azael Santiago Chepi, se trasladó a Chiapas para sostener negociaciones con los funcionarios correspondientes y buscar una salida política.
Los cargos inventados, las detenciones y las amenazas de generalizar la represión contra el magisterio tienen que ver, como dicen los corresponsales de La Jornada, A. Mariscal y E. Henríquez, “…con la movilización de mayo pasado, en la que exigieron a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.
“Ante estas acciones, los mentores, apoyados por los sindicalistas del sector salud y campesinos, realizaron protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los profesores efectuaron un plantón programado para ser indefinido, pero fue suspendido más tarde ante la detención de Misael Palma López y Víctor Hugo Zavaleta.
“La noche de este sábado, unos cien profesores del bloque democrático se encontraban dentro de las instalaciones de una secundaria técnica en Tuxtla Gutiérrez, sitiados por policías estatales y personas vestidas de civil a bordo de motocicletas y vehículos sin placas, con el riesgo de ser detenidos”.
Son claras las intenciones del gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa: liquidar los sindicatos de clase, promover la ausencia de organizaciones representativas de los trabajadores y, de existir asociaciones de estos últimos, estimular la creación de sindicatos blancos, con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes como centro de aglutinación del sindicalismo de inspiración patronal.
Pero con el resurgir de la acción obrera y los sindicatos clasistas en Grecia, España, Colombia, Perú y otros países, incluido el país con el mayor número de obreros y empleados asalariados en el mundo, China, la caricatura panista de gobierno federal se apresta no a resolver la crisis, sino a aplicar medidas de endurecimiento político, en tanto continúa favoreciendo el enriquecimiento de Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea, Jerónimo Arango y Emilio Azcárraga Jean, de la gran burguesía mexicana en general y de los monopolios extranjeros, mientras los trabajadores ven disminuir los salarios, reformular de forma regresiva los contratos colectivos de trabajo, empeorar las condiciones de higiene y seguridad, y privatizar y empobrecer los instituciones de seguridad social, como parte inseparable del proyecto y programa neoliberales.
La represión en contra del magisterio democrático en México ha sido y es realmente gigantesca, si tomamos como punto de partida el año 1971. E l 8 de octubre de ese año, en La Barca, Jalisco, se produjo el asesinato de César Augusto Manzanero, militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio. El 30 de junio de 1973, fue liquidado el profesor Joaquín Sánchez, dirigente del MRM, en Tlapa, Guerrero, luego de ser torturado. La Policía Judicial del Estado de Guerrero secuestró, el 2 de septiembre de 1974, a Jacob Nájera Hernández, militante del MRM y de la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG; su cuerpo jamás aparecería. Tras sufrir horribles torturas cayó, el 5 de enero de 1975, el líder sindical Hilario Moreno Aguirre, a quien la policía intentaba hacer que delatara la labor de solidaridad del Partido Comunista Mexicano con el Partido Guatemalteco del Trabajo; al no lograr que Hilario hablara, “se les pasó la mano” y el militante murió en la sala de tortura.
Cabe aclarar que es tomado el año 1971 como punto de arranque, porque en 1972 arribó a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el Movimiento 22 de Septiembre, que en 1974 se convertiría en Vanguardia Revolucionaria del SNTE, bajo la jefatura de Carlos Jonguitud Barrios; perdió la vida Genaro Vázquez Rojas, y dio comienzo el proceso de insurgencia sindical con la democratización de la Sección 67 (Fundidora Monterrey) del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el enfrentamiento ferrocarrilero de la capital de Nuevo León, la formación del Sindicato Nacional de Empleados de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (proyecto que no fructificó por restricciones legales) y la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nacida en diciembre de 1979, ha sido y es objeto de medidas represivas prácticamente desde su fundación. El 30 de enero de 1981, en el estado de México, fue asesinado el dirigente magisterial Misael Núñez Acosta. El 15 de febrero de 1982, en Hidalgo, fue herido el profesor Pedro Palma, quien moriría un mes después. El 30 de marzo de 1987, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue acribillado el compañero Celso Wenceslao López Díaz.
Durante ciertos períodos la represión llegó a extremos criminales. En un documento de la Comisión Permanente de la CNTE, fechado el 22 de octubre de 1987, se informaba: “La represión se ha venido recrudeciendo en los últimos días con los atentados del día 15 de octubre, en donde resultaron asesinados los profesores René Abacú, Cruz Cisneros y Adelina Olmos Martínez en la desviación de Achayuco en Jamiltepec, Oaxaca, acribillados con escopeta calibre 16-20 y R-15; los maestros pertenecían a la Zona Escolar 1010 de Jamiltepec. Los hechos sucedieron a las 8:00 horas.
“El 18 de octubre a las 8:30 horas, el trabajador de intendencia de la Escuela Normal de Cacahuatepec, Oaxaca, C. Respicio Peláez Carrillo y el padre de familia de esa escuela, C. Baltazar López, fueron asesinados por tres pistoleros que dispararon por la espalda en el autobús en que viajaban los hoy occisos. También resultó herida la profesora Cecilia Melo Torres.
“El 20 de octubre a las 8:30 horas una manifestación de maestros democráticos, que se realizaba en la población de San Agustín Atenango, Silacayoapan, Oaxaca, fue agredida por un grupo de “vanguardistas”, resultando muerto el profesor Cenobio Fito López Reyes, y heridos los profesores Manuel Crisóforo Narváez, Zeferino Aceves Vázquez, José Martínez Hernández, Pablo Díaz Solano, Eduardo Cortés Ocaña y Ricardo Pérez Rojas. Los asesinos materiales son los “vanguardistas” Félix Gálvez Lagunas y Carmelo Vázquez Palma… ”
Los caídos del magisterio, a lo largo de cuatro décadas, son más de cien en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, estado de México, Hidalgo y otras entidades federativas, por no hablar de las represiones violentas de manifestaciones, mítines y plantones; desalojos de instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, el SNTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras dependencias oficiales; así como de secuestros, desapariciones, detenciones, juicios, encarcelamientos, persecuciones, golpizas y actos terroristas contra las casas-habitación de dirigentes. Los últimos gobiernos populistas y los sexenios neoliberales del Partido Revolucionario Institucional no se diferencian gran cosa de los gobiernos proempresariales, antiobreros y entreguistas de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque estos dos “políticos” sí han desatado una enorme matazón de mexicanos en una supuesta guerra contra el crimen organizado, han soltado a la reacción ensotanada, han suscrito acuerdos vendepatrias con Estados Unidos y se han embarcado en actividades foráneas en las cuales coinciden con los gobiernos reaccionarios de Colombia, España, Costa Rica y Panamá, y, desde luego, con el de EU.
En fechas recientes el gobierno de Calderón la ha emprendido en contra del magisterio democrático, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato minero y otros organismos sindicales. En un remitido la CNTE plantea: “El espurio gobierno federal y sus aliados parecen estar dispuestos a llevar al país a la polarización social en extremo. Lejos de resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales a través del respeto a los derechos de los mexicanos y al orden constitucional en general, insisten en criminalizar la protesta social derivada, precisamente, de las acciones antipopulares y anticonstitucionales promovidas por el mal gobierno”.
El pasado 6 de julio fue aprehendido el profesor Ignacio Díaz Montes, de la Sección XIX (Morelos) del SNTE, siendo liberado bajo fianza al día siguiente.
Los jerarcas institucionales de la Sección VII (Chiapas) del SNTE, Rosendo Galíndez y Javier Álvarez Ramos, envueltos en actos de corrupción y amafiados con el gobierno de Juan Sabines, impulsaron la privación ilegal de la libertad de Alberto Mirón Vázquez, quien desde el 7 de julio permanece secuestrado en la Quinta El Pitiquito, de Chiapa de Corzo, y aún no alcanza ser excarcelado. Policías federales y estatales asaltaron domicilios de sus familiares, amenazaron con armas de fuego y rompieron puertas y ventanas. Los charros locales, con el aval de Elba Esther Gordillo y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, se proponen controlar la organización de los trabajadores encuadrados en la expresión local de la CNTE.
Cerca de las 21:00 horas del 12 de julio, en las inmediaciones del domicilio social del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue detenido el profesor Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo de la Sección XVIII (Michoacán) del SNTE y miembro de la Comisión Negociadora en la reciente Jornada de Lucha Nacional, por policías federales, con pistolas reglamentarias y a bordo de una camioneta sin insignia alguna. Fue trasladado al Reclusorio Sur siendo acusado de dañar el patrimonio cultural de la nación, acusación completamente falsa. Tres días después fue liberado bajo fianza.
Para seguir en la misma línea de agresiones a la CNTE, el 16 de julio fueron aprehendidos los profesores Pedro Gómez Bamaca y Misael Palma López, integrantes de la dirección política estatal del Bloque Democrático del magisterio chiapaneco. Asimismo, fueron apresados el doctor Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y Caralampio Gómez Hernández, líder de la Organización Proletaria Emiliano Zapata.
Con el objeto de poner alto a la persecución y aprehensión de más trabajadores de la enseñanza, a quienes se acusa, sin fundamentos, de asociación delictuosa, atentado contra la paz y otros delitos sólo existentes en la mente de los gobernantes chiapanecos y federales, el secretario general de la Sección XXII (Oaxaca) del SNTE, Azael Santiago Chepi, se trasladó a Chiapas para sostener negociaciones con los funcionarios correspondientes y buscar una salida política.
Los cargos inventados, las detenciones y las amenazas de generalizar la represión contra el magisterio tienen que ver, como dicen los corresponsales de La Jornada, A. Mariscal y E. Henríquez, “…con la movilización de mayo pasado, en la que exigieron a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.
“Ante estas acciones, los mentores, apoyados por los sindicalistas del sector salud y campesinos, realizaron protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los profesores efectuaron un plantón programado para ser indefinido, pero fue suspendido más tarde ante la detención de Misael Palma López y Víctor Hugo Zavaleta.
“La noche de este sábado, unos cien profesores del bloque democrático se encontraban dentro de las instalaciones de una secundaria técnica en Tuxtla Gutiérrez, sitiados por policías estatales y personas vestidas de civil a bordo de motocicletas y vehículos sin placas, con el riesgo de ser detenidos”.
Son claras las intenciones del gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa: liquidar los sindicatos de clase, promover la ausencia de organizaciones representativas de los trabajadores y, de existir asociaciones de estos últimos, estimular la creación de sindicatos blancos, con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes como centro de aglutinación del sindicalismo de inspiración patronal.
Pero con el resurgir de la acción obrera y los sindicatos clasistas en Grecia, España, Colombia, Perú y otros países, incluido el país con el mayor número de obreros y empleados asalariados en el mundo, China, la caricatura panista de gobierno federal se apresta no a resolver la crisis, sino a aplicar medidas de endurecimiento político, en tanto continúa favoreciendo el enriquecimiento de Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea, Jerónimo Arango y Emilio Azcárraga Jean, de la gran burguesía mexicana en general y de los monopolios extranjeros, mientras los trabajadores ven disminuir los salarios, reformular de forma regresiva los contratos colectivos de trabajo, empeorar las condiciones de higiene y seguridad, y privatizar y empobrecer los instituciones de seguridad social, como parte inseparable del proyecto y programa neoliberales.
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