Miguel Ángel Granados Chapa
El martes pasado comenzó el tercer periodo de sesiones ordinarias de la 57ª. legislatura del Estado de México. Como está gestándose una audaz y abusiva aberración jurídico-política, habrá que mantener alerta los sentidos por si se quiere proceder desde ahora a ministrar el antídoto del gobierno de Enrique Peña Nieto al veneno que para sus aspiraciones significaron las alianzas del 2010.
A fin de impedir que en julio del año próximo una alianza opositora derrote al candidato del gobernador saliente, y éste quede en mala posición para sacar avante sus pretensiones presidenciales, se delibera en el Palacio de Gobierno de Toluca si se propone la modificación del calendario constitucional, aplazando la elección de gobernador al mismo día de julio de 2012 en que se elija presidente de la república.
De ese modo, Peña Nieto entregaría el poder a un interino y llegaría sano y salvo, si bien sin la gloria que significaría derrotar a la oposición, a la contienda interna del PRI. El alto costo político de alterar el ritmo constitucional para no arriesgar a Peña Nieto a ser vencido por la alianza opositora, quedaría compensado, según el cálculo en curso, por la certidumbre de su candidatura en el seno priísta y su posterior victoria en la elección constitucional. Quienes trazan ese escenario tienen en pésima opinión a los ciudadanos, que votarían por un tramposo como si su descomunal treta careciera de importancia.
Como la modificación constitucional puede ser realizada hasta noventa días antes de la jornada electoral prevista; es decir hasta comienzos de mayo de 2011, y los estrategas de Peña Nieto medirán en cuál de los tres periodos de sesiones (el que apenas comienza y los dos próximos) conviene realizar la reforma, y aun considerarán si es pertinente emprenderla, por ahora dejamos el apunte de esa posibilidad para pasar a los hechos que ya están produciéndose en torno a la coalición del PAN, el PRD, Convergencia y PT que se da por sentado organizar.
Si bien nadie resta importancia a la plataforma común necesaria para presentar a los ciudadanos una oferta electoral creíble y atractiva, hay conciencia generalizada en que no habrá problema para trazar ese eventual programa de gobierno, y que la dificultad central está en la selección del candidato o candidata de la coalición. A pesar de que falta un año para la jornada electoral, ya hay quienes promueven su presencia en el periodo preelectoral. Y hay quienes, como la diputada Josefina Vázquez Mota se niegan a ser siquiera mencionados en el elenco de los aspirantes.
Es difícil que la candidatura recaiga en un militante de uno de los dos partidos que darían tono y potencia a la alianza, porque ninguno de los dos, PAN y PRD, quiere aparecer como simplemente adherido a una candidatura ajena. Lo apropiado, en consecuencia, será empeñarse desde ahora en la búsqueda de un aspirante sin partido o que pertenezca a uno de los de menor presencia en la entidad. Se requiere, he oído decir, de una especie de Gabino Cue mexiquense. Mutatis mutandis, lo hay, y ambos pertenecen a Convergencia.
Ya ha habido grupos y personas, no encuadrados en el partido fundado por Dante Delgado, que se acercaron al diputado Alejandro Gertz Manero para explorar su disposición. Si se tiene en cuenta por ahora sólo su trayectoria y no necesariamente su capacidad para entusiasmar a los mexiquenses para que lo elijan, se trata de una propuesta certera, se diría que idónea.
La pluralidad de sus intereses, la diversidad de sus relaciones, la nobleza de algunas de sus tareas lo colocan en posibilidad de ser aceptado desde las posiciones más encontradas. Se formó como abogado en la escuela libre de derecho y se doctoró en la Universidad nacional. Sirvió en funciones técnico-jurídicas en la Procuraduría general de la república (en una etapa incipiente de persecución al narcotráfico, en los años setenta) donde también persiguió el tráfico ilegal del patrimonio arqueológico.
En 1997, al ser elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo designó secretario de Seguridad Pública, cargo en que lo confirmó Rosario Robles. Tres años después, otro momento inaugural de la República, la alternancia en la Presidencia de la República, contó asimismo con su presencia, pues Vicente Fox lo colocó a la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia que concentró las funciones de ese ramo hasta entonces depositadas en Gobernación. En ambos ámbitos, el local y el federal, fue notoria su tarea de contención a la delincuencia, la común y la organizada. Dejó el gobierno de Fox al cabo de tres años y medio en que sus atribuciones chocaron con el apoyo irrestricto dado por el general procurador de la República Rafael Macedo de la Concha al director de la entonces nueva Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, hoy su sucesor en la SSPf.
Como secretario en la administración foxista formuló un proyecto de ley que no tuvo eco en el Gobierno pero sí en el partido Convergencia, que el año pasado lo colocó a la cabeza de su planilla de candidatos plurinominales, por lo cual hoy pertenece a la LXI legislatura federal. Al mismo tiempo, es rector de la sede capitalina de la Universidad de las Américas, cargo que cuadra bien a su perfil de profesor universitario, autor de varios libros.
Domiciliado en el estado de México, sería, es ya, una de las figuras políticas en torno de las cuales puede girar la discusión de los aliancistas mexiquenses.
El martes pasado comenzó el tercer periodo de sesiones ordinarias de la 57ª. legislatura del Estado de México. Como está gestándose una audaz y abusiva aberración jurídico-política, habrá que mantener alerta los sentidos por si se quiere proceder desde ahora a ministrar el antídoto del gobierno de Enrique Peña Nieto al veneno que para sus aspiraciones significaron las alianzas del 2010.
A fin de impedir que en julio del año próximo una alianza opositora derrote al candidato del gobernador saliente, y éste quede en mala posición para sacar avante sus pretensiones presidenciales, se delibera en el Palacio de Gobierno de Toluca si se propone la modificación del calendario constitucional, aplazando la elección de gobernador al mismo día de julio de 2012 en que se elija presidente de la república.
De ese modo, Peña Nieto entregaría el poder a un interino y llegaría sano y salvo, si bien sin la gloria que significaría derrotar a la oposición, a la contienda interna del PRI. El alto costo político de alterar el ritmo constitucional para no arriesgar a Peña Nieto a ser vencido por la alianza opositora, quedaría compensado, según el cálculo en curso, por la certidumbre de su candidatura en el seno priísta y su posterior victoria en la elección constitucional. Quienes trazan ese escenario tienen en pésima opinión a los ciudadanos, que votarían por un tramposo como si su descomunal treta careciera de importancia.
Como la modificación constitucional puede ser realizada hasta noventa días antes de la jornada electoral prevista; es decir hasta comienzos de mayo de 2011, y los estrategas de Peña Nieto medirán en cuál de los tres periodos de sesiones (el que apenas comienza y los dos próximos) conviene realizar la reforma, y aun considerarán si es pertinente emprenderla, por ahora dejamos el apunte de esa posibilidad para pasar a los hechos que ya están produciéndose en torno a la coalición del PAN, el PRD, Convergencia y PT que se da por sentado organizar.
Si bien nadie resta importancia a la plataforma común necesaria para presentar a los ciudadanos una oferta electoral creíble y atractiva, hay conciencia generalizada en que no habrá problema para trazar ese eventual programa de gobierno, y que la dificultad central está en la selección del candidato o candidata de la coalición. A pesar de que falta un año para la jornada electoral, ya hay quienes promueven su presencia en el periodo preelectoral. Y hay quienes, como la diputada Josefina Vázquez Mota se niegan a ser siquiera mencionados en el elenco de los aspirantes.
Es difícil que la candidatura recaiga en un militante de uno de los dos partidos que darían tono y potencia a la alianza, porque ninguno de los dos, PAN y PRD, quiere aparecer como simplemente adherido a una candidatura ajena. Lo apropiado, en consecuencia, será empeñarse desde ahora en la búsqueda de un aspirante sin partido o que pertenezca a uno de los de menor presencia en la entidad. Se requiere, he oído decir, de una especie de Gabino Cue mexiquense. Mutatis mutandis, lo hay, y ambos pertenecen a Convergencia.
Ya ha habido grupos y personas, no encuadrados en el partido fundado por Dante Delgado, que se acercaron al diputado Alejandro Gertz Manero para explorar su disposición. Si se tiene en cuenta por ahora sólo su trayectoria y no necesariamente su capacidad para entusiasmar a los mexiquenses para que lo elijan, se trata de una propuesta certera, se diría que idónea.
La pluralidad de sus intereses, la diversidad de sus relaciones, la nobleza de algunas de sus tareas lo colocan en posibilidad de ser aceptado desde las posiciones más encontradas. Se formó como abogado en la escuela libre de derecho y se doctoró en la Universidad nacional. Sirvió en funciones técnico-jurídicas en la Procuraduría general de la república (en una etapa incipiente de persecución al narcotráfico, en los años setenta) donde también persiguió el tráfico ilegal del patrimonio arqueológico.
En 1997, al ser elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo designó secretario de Seguridad Pública, cargo en que lo confirmó Rosario Robles. Tres años después, otro momento inaugural de la República, la alternancia en la Presidencia de la República, contó asimismo con su presencia, pues Vicente Fox lo colocó a la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia que concentró las funciones de ese ramo hasta entonces depositadas en Gobernación. En ambos ámbitos, el local y el federal, fue notoria su tarea de contención a la delincuencia, la común y la organizada. Dejó el gobierno de Fox al cabo de tres años y medio en que sus atribuciones chocaron con el apoyo irrestricto dado por el general procurador de la República Rafael Macedo de la Concha al director de la entonces nueva Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, hoy su sucesor en la SSPf.
Como secretario en la administración foxista formuló un proyecto de ley que no tuvo eco en el Gobierno pero sí en el partido Convergencia, que el año pasado lo colocó a la cabeza de su planilla de candidatos plurinominales, por lo cual hoy pertenece a la LXI legislatura federal. Al mismo tiempo, es rector de la sede capitalina de la Universidad de las Américas, cargo que cuadra bien a su perfil de profesor universitario, autor de varios libros.
Domiciliado en el estado de México, sería, es ya, una de las figuras políticas en torno de las cuales puede girar la discusión de los aliancistas mexiquenses.
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