David Aponte / Contraflujo
Una llamada telefónica ha puesto contra la pared a muchos pequeños empresarios y comerciantes en distintos estados del país. Ellos están aterrorizados y observan como los grupos del crimen organizado cubren con su manto de miedo y poder las distintas regiones, lo mismo en el Estado de México, Michoacán, Durango, Coahuila o Nuevo León. La delincuencia está mermando, estrangulando sus negocios, ante la nula actuación de los gobiernos estatales y federal. El crimen impone sus reglas y los montos que los ciudadanos deben pagar en esta especie de nuevo impuesto, hoy conocido como derecho de piso.
Los testimonios de los afectados son estremecedores y muestran algunas de las formas de operar de las bandas criminales dedicadas a la extorsión, que en la mayoría de las ocasiones dicen en sus llamadas telefónicas que pertenecen a la mafia conocida como La Familia. Por supuesto, los delincuentes no caminan a ciegas y siempre utilizan información de las personas a las que buscan, a quienes ponen en la mira para comenzar a exprimirlos.
Algunas conversaciones de empresarios en Durango enseñan la operación de las bandas:
“¿Eres Pedro? No vayas a colgar hijo de la chingada. Tenemos tus datos. Sabemos quien es tu mujer, quienes son tus hijos y tus negocios. Queremos una cuota mensual de 30 mil pesos, para que no les pase nada, para que todos estén y estemos tranquilos”.
Posteriormente, comienzan a dictar los detalles de los cobros mensuales. En algunas ocasiones, los delincuentes proponen a los empresarios y comerciantes que incluyan a una persona en la nómina, algo así como si tuvieran un nuevo empleado, un aviador de la mafia. Muchos se sienten presionados, fundamentalmente por el nivel de información que manejan los delincuentes, y ceden ante las extorsiones.
Otros empresarios se resisten un poco e intentan poner bajo resguardo a su familia, principalmente aquellos que forman parte de los negocios. Comienzan a mandarlos a otros lugares y abandonan sus empleos, dejan sus vidas por las amenazas de los grupos criminales. Otros son asesinados y nadie investiga. Las autoridades permanecen mudas y al final son cómplices por la inacción, por la paralización.
La historia no es distinta en Monterrey, Nuevo León. Los pequeños empresarios son presionados para entregar hasta 100 mil pesos al mes, para que los delincuentes no ataquen a sus familiares, no provoquen sabotajes o incendios en sus comercios, en sus restaurantes, en sus bares. “Llegaron, dijeron que debía dar una cuota, lo que me estás pidiendo no lo recibo ni para mí, cómo quieres que te dé tanto dinero, opté por cerrar”, narró uno de ellos.
“En la esquina estaba un negocio de abarrotes y este negocio ya lo habían amenazado, también. Incluso la cuota que piden es injusta, es totalmente desproporcionada. Entonces se les hace que pueden pedir mucho dinero, es una cantidad que el negocio no lo genera”, dijo otro un testigo.
Un dirigente de la Cámara de Comercio de Nuevo León narró la extensión del crimen organizado en la capital del estado: “En muchos municipios nos hemos dado cuenta que alrededor del 40% de los negocios enfrentan esa problemática, involuntariamente, no decimos que los negocios estén cooperando pero por amenazas de salir afectados en su familia o su patrimonio quizá acceden a hacer los pagos de cuota”.
Los michoacanos también padecen las extorsiones, aquí sí de la organización criminal denominada La Familia. Las células aplican “tandas” o “cuotas” a comercios, tiendas de abarrotes, casas de citas y antros (hay una especial persecución hacia los establecimientos que venden vinos y licores). Los jefes de la organización criminal extendieron el modus operandi al Estado de México. Los delincuentes cobran derecho de piso a los aserraderos, las refaccionarias y, hasta, los puestos en los mercados sobre ruedas, con la consabida cantaleta de la protección.
¿Cuáles son los montos de las cuotas? Las refaccionarias pagan entre tres mil y cinco mil pesos. Los bares, restaurantes y antros entregan de cuota hasta 15 mil pesos. Los aserraderos tienen que pagar hasta 30 mil pesos al mes. Los vendedores en los tianguis deben pagar una mensualidad de 300 pesos por la apertura.
¿Qué ocurre si los empresarios y comerciantes se niegan a pagar? Los criminales los acosan con llamadas y recados. Si ellos no se reportan, acuden por ellos para levantarlos. Muchos otros pagan, por miedo. Muchos hablan por sí mismos para pagar, para ofrecer la cabeza y la cuota. Este es el México del derecho de piso.
Una llamada telefónica ha puesto contra la pared a muchos pequeños empresarios y comerciantes en distintos estados del país. Ellos están aterrorizados y observan como los grupos del crimen organizado cubren con su manto de miedo y poder las distintas regiones, lo mismo en el Estado de México, Michoacán, Durango, Coahuila o Nuevo León. La delincuencia está mermando, estrangulando sus negocios, ante la nula actuación de los gobiernos estatales y federal. El crimen impone sus reglas y los montos que los ciudadanos deben pagar en esta especie de nuevo impuesto, hoy conocido como derecho de piso.
Los testimonios de los afectados son estremecedores y muestran algunas de las formas de operar de las bandas criminales dedicadas a la extorsión, que en la mayoría de las ocasiones dicen en sus llamadas telefónicas que pertenecen a la mafia conocida como La Familia. Por supuesto, los delincuentes no caminan a ciegas y siempre utilizan información de las personas a las que buscan, a quienes ponen en la mira para comenzar a exprimirlos.
Algunas conversaciones de empresarios en Durango enseñan la operación de las bandas:
“¿Eres Pedro? No vayas a colgar hijo de la chingada. Tenemos tus datos. Sabemos quien es tu mujer, quienes son tus hijos y tus negocios. Queremos una cuota mensual de 30 mil pesos, para que no les pase nada, para que todos estén y estemos tranquilos”.
Posteriormente, comienzan a dictar los detalles de los cobros mensuales. En algunas ocasiones, los delincuentes proponen a los empresarios y comerciantes que incluyan a una persona en la nómina, algo así como si tuvieran un nuevo empleado, un aviador de la mafia. Muchos se sienten presionados, fundamentalmente por el nivel de información que manejan los delincuentes, y ceden ante las extorsiones.
Otros empresarios se resisten un poco e intentan poner bajo resguardo a su familia, principalmente aquellos que forman parte de los negocios. Comienzan a mandarlos a otros lugares y abandonan sus empleos, dejan sus vidas por las amenazas de los grupos criminales. Otros son asesinados y nadie investiga. Las autoridades permanecen mudas y al final son cómplices por la inacción, por la paralización.
La historia no es distinta en Monterrey, Nuevo León. Los pequeños empresarios son presionados para entregar hasta 100 mil pesos al mes, para que los delincuentes no ataquen a sus familiares, no provoquen sabotajes o incendios en sus comercios, en sus restaurantes, en sus bares. “Llegaron, dijeron que debía dar una cuota, lo que me estás pidiendo no lo recibo ni para mí, cómo quieres que te dé tanto dinero, opté por cerrar”, narró uno de ellos.
“En la esquina estaba un negocio de abarrotes y este negocio ya lo habían amenazado, también. Incluso la cuota que piden es injusta, es totalmente desproporcionada. Entonces se les hace que pueden pedir mucho dinero, es una cantidad que el negocio no lo genera”, dijo otro un testigo.
Un dirigente de la Cámara de Comercio de Nuevo León narró la extensión del crimen organizado en la capital del estado: “En muchos municipios nos hemos dado cuenta que alrededor del 40% de los negocios enfrentan esa problemática, involuntariamente, no decimos que los negocios estén cooperando pero por amenazas de salir afectados en su familia o su patrimonio quizá acceden a hacer los pagos de cuota”.
Los michoacanos también padecen las extorsiones, aquí sí de la organización criminal denominada La Familia. Las células aplican “tandas” o “cuotas” a comercios, tiendas de abarrotes, casas de citas y antros (hay una especial persecución hacia los establecimientos que venden vinos y licores). Los jefes de la organización criminal extendieron el modus operandi al Estado de México. Los delincuentes cobran derecho de piso a los aserraderos, las refaccionarias y, hasta, los puestos en los mercados sobre ruedas, con la consabida cantaleta de la protección.
¿Cuáles son los montos de las cuotas? Las refaccionarias pagan entre tres mil y cinco mil pesos. Los bares, restaurantes y antros entregan de cuota hasta 15 mil pesos. Los aserraderos tienen que pagar hasta 30 mil pesos al mes. Los vendedores en los tianguis deben pagar una mensualidad de 300 pesos por la apertura.
¿Qué ocurre si los empresarios y comerciantes se niegan a pagar? Los criminales los acosan con llamadas y recados. Si ellos no se reportan, acuden por ellos para levantarlos. Muchos otros pagan, por miedo. Muchos hablan por sí mismos para pagar, para ofrecer la cabeza y la cuota. Este es el México del derecho de piso.
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