Manuel Justo Gaggero
En un día como hoy hace ya 34 años, el 19 de julio de 1976, un “ grupo de tareas” integrados por efectivos del Batallón de Inteligencia 601 y el personal del Servicio de Inteligencia del Estado -SIDE- irrumpió en un departamento, ubicado en la calle, Venezuela al 3100, de Villa Martelli. En él se encontraban, Mario Roberto Santucho y su compañera Lilian Delfino, Benito Urteaga y su hijo de solo 3 años José, Domingo Menna y su compañera Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de 6 meses.
La patota la encabezaba el capitán Juan Carlos Leonetti -entrenado en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la siniestra CIA- que encabezaba un equipo especial cuya tarea era “asesinar” a la cúpula del Partido Revolucionario de los Trabajadores -dirección político militar del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Aún hoy el predio sobre el que funciona el Batallón de Caballería Motorizada con asiento en la ciudad de Paraná lleva su nombre y en democracia se le han rendido homenajes en la localidad entrerriana de María Grande.
Se produjo un tiroteo, y como consecuencia del mismo, resultó asesinado Benito Urteaga y muerto, el citado Leonetti, posiblemente por disparos de su propio grupo.
Resultó también seriamente herido el Secretario General del PRT-ERP Mario Roberto Santucho. Él, junto con sus acompañantes, fue trasladado a la Unidad Militar de Campo de Mayo, falleciendo pocas horas después de su ingreso, sin que se le prestara asistencia médica. Su compañera y la pareja Menna-Lanzilotto integran la larga lista de “desaparecidos”.
El hecho fue informado por todos los medios, como un gran éxito en la lucha contra la “subversión judeomarxista” y el propio Videla, reconoció, en el juicio que estamos sustanciando en el Juzgado Federal de San Martín, que redactó el comunicado que daba cuenta del operativo.
La supuesta “victoria” se “festejó” en la Embajada de los Estados Unidos cuyo, titular era Robert Hill -la información aparece en la documentación desclasificada por el Departamento de Estado-.
Luego de 7 días no se habló más del tema. Los diarios dejaron de hacer conjeturas sobre lo que se interpretaba, como la mayor “victoria” mediante la cuál se había “aniquilado” a la dirección de la organización revolucionaria PRT-ERP.
¿Qué cambió en una semana? Sin duda el Estado Mayor General del Ejército y la Junta Militar gobernante variaron la táctica y estrategia.
Al reconstruir los hechos, 20 años más tarde, en la Información Sumaria que se sustancia en San Martín y en el Habeas Data que está radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº: 1, surge como evidencia que la Dictadura, con la concepción dominante, decidió conservar los restos de Santucho y Urteaga como trofeos de guerra y prenda de la posible negociación con el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Para el General Santiago Omar Riveros, en ese momento el “capanga” de Campo de Mayo y responsable de las torturas y “desaparición de más de 5000 compatriotas”, “Robi”, como lo llamaban sus compañeros a Santucho, era el “Comandante del Ejército Rebelde”-así lo manifestó en las actuaciones judiciales citadas-.
Por su parte, para el genocida Antonio Domingo Bussi, que exhibió el cadáver de Santucho, al inaugurar el “Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti” en 1979, “no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían 3 copias, una quedaba en la Unidad Militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta, y la tercera se remitía al Estado Mayor General (declaraciones prestadas en los autos Santucho, Ana Cristina y otro s/ Información Sumaria”.
Desde hace 15 años están en curso 2 procesos judiciales dirigidos a recuperar los restos de “Robi” y de Benito y, a saber, cual fue el destino de Liliana, el “Gringo” y su compañera.
Uno se sustancia en el Juzgado Federal de San Martín. En 1500 fojas hemos logrado reconstruir que pasó luego de que llegaran a Campo de Mayo los compañeros. Por el testimonio del Dr. Carlos Sparrow, médico en esa época de la policía de San Martín, sabemos que lo obligaron a redactar las 2 partidas de defunción NN; ya que los médicos militares le manifestaron que temían “la represalia del ERP”.
En las mismas, que están agregadas al expediente, se describen los rasgos físicos de nuestros compañeros, atribuyendo su muerte a los disparos de armas de fuego que recibieron.
En todo este tiempo nos hemos preguntado que fue de los “expedientes reservados” de los que habló el genocida Bussi en su testimonio. ¿Puede haber sido incinerada esa documentación por Bignone?
En un reciente testimonio prestado en el juicio que se sustancia en Tucumán, en el que el principal imputado es el citado Bussi, Juan Carlos Clemente acompañó documentos en el que se dan los nombres de 293 víctimas del Terrorismo de Estado.
Este hecho nos reafirma en lo que hemos venido planteando desde hace décadas, en las dos causas en las que tratamos de localizar los cadáveres de Robi y Benito y saber que les pasó a sus acompañantes.
Los militares, por tradición, documentan todo y mas, cuándo, como en este período estaban “defendiendo el modo de vida occidental y cristiano” e “impidiendo que la bandera roja reemplace la azul y blanca”, como dijera el genocida Videla en la declaración que prestara el pasado 12 de julio en el juicio que se le sigue en Córdoba.
Es evidente que ninguno de los gobiernos que surgieron luego del 10 de diciembre de 1983 tuvo la voluntad política de exigir a las Fuerzas Armadas la entrega de la documentación -los expedientes reservados- que sin duda registran cada uno de los casos de secuestrados-desaparecidos y cuál fue la “disposición final”, como describe al asesinato, la documentación aportada en el juicio en Tucumán.
Alfonsín, con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y su adhesión a la teoría de los “dos demonios”, trató de circunscribir la responsabilidad de los “excesos” en los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Menem, por su parte, mediante el indulto intentó cerrar lo que sin duda es el período más oscuro y trágico de la Historia Argentina del Siglo XX, sin Verdad y Justicia.
Durante este siglo el Congreso Nacional anuló las leyes de la impunidad y la Corte Suprema de Justicia declaró a los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado como “de lesa humanidad”. El gobierno de Néstor Kirchner y el posterior de su esposa acompañaron las decisiones que avanzaron por el camino de la Justicia, pero sin Verdad.
Es fundamental para los familiares de las víctimas y para todo nuestro pueblo que el Gobierno Nacional exija, bajo pena de destitución en caso de negativa, a los mandos de las tres Armas que entreguen la documentación que en algún lugar han preservado y así poder saber que pasó con nuestros padres, hijos, hermanos, compañeros y amigos.
De esta forma se haría un concreto aporte en el camino de la Memoria, Verdad y Justicia, más allá de lo meramente declarativo y de sólo circunscribir la cuestión a juicios, que con toda lentitud en el procedimiento, van “condenando” a patéticos personajes que están “mas cerca del arpa que de la guitarra”.
Esta decisión debe ser acompañada con una profunda depuración de las “fuerzas de seguridad” -Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y provinciales- las que hoy todavía albergan en sus filas a quiénes tuvieron una activa participación en la represión.
De esa forma podremos decir que se ha hecho Justicia con mayúscula.
Manuel Justo Gaggero es abogado de las familias Santucho y Arteaga. Ex Director del diario EL MUNDO y de la revista NUEVO HOMBRE.
En un día como hoy hace ya 34 años, el 19 de julio de 1976, un “ grupo de tareas” integrados por efectivos del Batallón de Inteligencia 601 y el personal del Servicio de Inteligencia del Estado -SIDE- irrumpió en un departamento, ubicado en la calle, Venezuela al 3100, de Villa Martelli. En él se encontraban, Mario Roberto Santucho y su compañera Lilian Delfino, Benito Urteaga y su hijo de solo 3 años José, Domingo Menna y su compañera Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de 6 meses.
La patota la encabezaba el capitán Juan Carlos Leonetti -entrenado en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la siniestra CIA- que encabezaba un equipo especial cuya tarea era “asesinar” a la cúpula del Partido Revolucionario de los Trabajadores -dirección político militar del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Aún hoy el predio sobre el que funciona el Batallón de Caballería Motorizada con asiento en la ciudad de Paraná lleva su nombre y en democracia se le han rendido homenajes en la localidad entrerriana de María Grande.
Se produjo un tiroteo, y como consecuencia del mismo, resultó asesinado Benito Urteaga y muerto, el citado Leonetti, posiblemente por disparos de su propio grupo.
Resultó también seriamente herido el Secretario General del PRT-ERP Mario Roberto Santucho. Él, junto con sus acompañantes, fue trasladado a la Unidad Militar de Campo de Mayo, falleciendo pocas horas después de su ingreso, sin que se le prestara asistencia médica. Su compañera y la pareja Menna-Lanzilotto integran la larga lista de “desaparecidos”.
El hecho fue informado por todos los medios, como un gran éxito en la lucha contra la “subversión judeomarxista” y el propio Videla, reconoció, en el juicio que estamos sustanciando en el Juzgado Federal de San Martín, que redactó el comunicado que daba cuenta del operativo.
La supuesta “victoria” se “festejó” en la Embajada de los Estados Unidos cuyo, titular era Robert Hill -la información aparece en la documentación desclasificada por el Departamento de Estado-.
Luego de 7 días no se habló más del tema. Los diarios dejaron de hacer conjeturas sobre lo que se interpretaba, como la mayor “victoria” mediante la cuál se había “aniquilado” a la dirección de la organización revolucionaria PRT-ERP.
¿Qué cambió en una semana? Sin duda el Estado Mayor General del Ejército y la Junta Militar gobernante variaron la táctica y estrategia.
Al reconstruir los hechos, 20 años más tarde, en la Información Sumaria que se sustancia en San Martín y en el Habeas Data que está radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº: 1, surge como evidencia que la Dictadura, con la concepción dominante, decidió conservar los restos de Santucho y Urteaga como trofeos de guerra y prenda de la posible negociación con el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Para el General Santiago Omar Riveros, en ese momento el “capanga” de Campo de Mayo y responsable de las torturas y “desaparición de más de 5000 compatriotas”, “Robi”, como lo llamaban sus compañeros a Santucho, era el “Comandante del Ejército Rebelde”-así lo manifestó en las actuaciones judiciales citadas-.
Por su parte, para el genocida Antonio Domingo Bussi, que exhibió el cadáver de Santucho, al inaugurar el “Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti” en 1979, “no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían 3 copias, una quedaba en la Unidad Militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta, y la tercera se remitía al Estado Mayor General (declaraciones prestadas en los autos Santucho, Ana Cristina y otro s/ Información Sumaria”.
Desde hace 15 años están en curso 2 procesos judiciales dirigidos a recuperar los restos de “Robi” y de Benito y, a saber, cual fue el destino de Liliana, el “Gringo” y su compañera.
Uno se sustancia en el Juzgado Federal de San Martín. En 1500 fojas hemos logrado reconstruir que pasó luego de que llegaran a Campo de Mayo los compañeros. Por el testimonio del Dr. Carlos Sparrow, médico en esa época de la policía de San Martín, sabemos que lo obligaron a redactar las 2 partidas de defunción NN; ya que los médicos militares le manifestaron que temían “la represalia del ERP”.
En las mismas, que están agregadas al expediente, se describen los rasgos físicos de nuestros compañeros, atribuyendo su muerte a los disparos de armas de fuego que recibieron.
En todo este tiempo nos hemos preguntado que fue de los “expedientes reservados” de los que habló el genocida Bussi en su testimonio. ¿Puede haber sido incinerada esa documentación por Bignone?
En un reciente testimonio prestado en el juicio que se sustancia en Tucumán, en el que el principal imputado es el citado Bussi, Juan Carlos Clemente acompañó documentos en el que se dan los nombres de 293 víctimas del Terrorismo de Estado.
Este hecho nos reafirma en lo que hemos venido planteando desde hace décadas, en las dos causas en las que tratamos de localizar los cadáveres de Robi y Benito y saber que les pasó a sus acompañantes.
Los militares, por tradición, documentan todo y mas, cuándo, como en este período estaban “defendiendo el modo de vida occidental y cristiano” e “impidiendo que la bandera roja reemplace la azul y blanca”, como dijera el genocida Videla en la declaración que prestara el pasado 12 de julio en el juicio que se le sigue en Córdoba.
Es evidente que ninguno de los gobiernos que surgieron luego del 10 de diciembre de 1983 tuvo la voluntad política de exigir a las Fuerzas Armadas la entrega de la documentación -los expedientes reservados- que sin duda registran cada uno de los casos de secuestrados-desaparecidos y cuál fue la “disposición final”, como describe al asesinato, la documentación aportada en el juicio en Tucumán.
Alfonsín, con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y su adhesión a la teoría de los “dos demonios”, trató de circunscribir la responsabilidad de los “excesos” en los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Menem, por su parte, mediante el indulto intentó cerrar lo que sin duda es el período más oscuro y trágico de la Historia Argentina del Siglo XX, sin Verdad y Justicia.
Durante este siglo el Congreso Nacional anuló las leyes de la impunidad y la Corte Suprema de Justicia declaró a los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado como “de lesa humanidad”. El gobierno de Néstor Kirchner y el posterior de su esposa acompañaron las decisiones que avanzaron por el camino de la Justicia, pero sin Verdad.
Es fundamental para los familiares de las víctimas y para todo nuestro pueblo que el Gobierno Nacional exija, bajo pena de destitución en caso de negativa, a los mandos de las tres Armas que entreguen la documentación que en algún lugar han preservado y así poder saber que pasó con nuestros padres, hijos, hermanos, compañeros y amigos.
De esta forma se haría un concreto aporte en el camino de la Memoria, Verdad y Justicia, más allá de lo meramente declarativo y de sólo circunscribir la cuestión a juicios, que con toda lentitud en el procedimiento, van “condenando” a patéticos personajes que están “mas cerca del arpa que de la guitarra”.
Esta decisión debe ser acompañada con una profunda depuración de las “fuerzas de seguridad” -Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y provinciales- las que hoy todavía albergan en sus filas a quiénes tuvieron una activa participación en la represión.
De esa forma podremos decir que se ha hecho Justicia con mayúscula.
Manuel Justo Gaggero es abogado de las familias Santucho y Arteaga. Ex Director del diario EL MUNDO y de la revista NUEVO HOMBRE.
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