David Aponte / Contraflujo
La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo no tuvo ninguna consecuencia política, moral y, mucho menos, legal. La impunidad quedó en la sociedad como la receta más sabrosa en un México dominado por los grupos políticos y empresariales. Pero tuvo sus costos y premios en bonos para los magistrados encargados de la reconstrucción de los hechos, para los funcionarios que tuvieron la encomienda de encontrar la verdad y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos estatales y federales en la peor tragedia en las instituciones de seguridad social del país. El hombre y la mujer que condujeron la pesquisa recibieron, cada uno de ellos, una gratificación oficial de 734 mil pesos por seis meses de trabajo y gastaron millones de pesos en la encomienda.
Fuera de reglamentos, normas o disposiciones internas, como si se tratase de recursos propios o generados por el Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte dispusieron de un bono para los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, encargados de las pesquisas.
Al final de un doloroso proceso para los padres de los niños muertos y heridos en la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo unos cuantos servidores públicos terminaron lucrando con la tragedia. Los funcionarios recibieron más dinero por hacer su trabajo. ¿Quién en este país reciben quincenas extras por cumplir con sus deberes? Ellos, los que manejan a su antojo y sin transparencia los presupuestos públicos.
Sin regla alguna, quizá atenidos a que los ministros tienen facultades para generar sus propios acuerdos, los magistrados se fueron a casa con una cuenta bancaria un poco más abultada. Hablamos de funcionarios que tienen percepciones mucho más elevadas que el promedio de los mexicanos. Hablamos de una élite que tiene prestaciones, fondos de ahorro y jubilaciones que no tienen otros mexicanos.
Los tabuladores del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial, muestra que los magistrados tienen ingresos suficientes para tener una vida holgada: salario mensual neto de 201 mil pesos y otras compensaciones nominales que representan ingresos anuales por dos millones 400 mil pesos. Entre agosto de 2009 y marzo de 2010, periodo en que realizaron la investigación del caso Guardería ABC, recibieron el extra.
¿Cuánto destino la Corte en total para realizar una investigación, cuyo contenido fue rechazado por la mayoría de los ministros? ¿De qué sirvió el derroche?
El Poder Judicial destinó casi nueve millones y medio para tratar de esclarecer el incendio que produjo la muerte de 49 niños. Derramó millones de pesos para tratar de encontrar a los responsables del siniestro. Según la información oficial, solicitada por la vía de transparencia, los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla dispusieron de boletos de avión por 429 mil 582 pesos con 73 centavos, gastos por hospedaje y viáticos por 285 mil 449 pesos con 89 centavos, servicios y costo de peritaje solicitado por los padres de las víctimas por un millón 959 mil 951 pesos con 12 centavos, materiales y equipo por 30 mil 730 pesos con 24 centavos, honorarios por un millón 595 mil 478 pesos con 16 centavos y compensaciones en general por tres millones 674 mil 766 pesos con 63 centavos.
Por supuesto, los administradores no reportaron el desglose pormenorizado de los gastos. Tampoco dieron a conocer el número de personas que colaboraron con la investigación de los magistrados. ¿Honorarios por un millón y medio? ¿Tres millones en compensaciones? Hay un uso discrecional de los recursos y datos opacos.
Los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla se habían comprometido con los padres de familia de las víctimas con una investigación que llevara el deslinde de responsabilidades. De hecho, se mostraron agradecidos porque los familiares de los niños que murieron y resultaron heridos depositaron su confianza en los encargados de la investigación. “Y ustedes lo van a corroborar cuando la SCJN emita el veredicto que debe emitir”.
Fueron millones y millones de pesos que al final no llegaron a ningún sitio. El caso de la Guardería ABC deja un mal sabor de boca entre la sociedad. Deja en la desesperanza a los padres de familia de los niños que murieron en una casa que debiera ser la más cuidada, sí la más cuidada por el IMSS. Deja en todos un mensaje de impunidad y derroche.
La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo no tuvo ninguna consecuencia política, moral y, mucho menos, legal. La impunidad quedó en la sociedad como la receta más sabrosa en un México dominado por los grupos políticos y empresariales. Pero tuvo sus costos y premios en bonos para los magistrados encargados de la reconstrucción de los hechos, para los funcionarios que tuvieron la encomienda de encontrar la verdad y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos estatales y federales en la peor tragedia en las instituciones de seguridad social del país. El hombre y la mujer que condujeron la pesquisa recibieron, cada uno de ellos, una gratificación oficial de 734 mil pesos por seis meses de trabajo y gastaron millones de pesos en la encomienda.
Fuera de reglamentos, normas o disposiciones internas, como si se tratase de recursos propios o generados por el Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte dispusieron de un bono para los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, encargados de las pesquisas.
Al final de un doloroso proceso para los padres de los niños muertos y heridos en la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo unos cuantos servidores públicos terminaron lucrando con la tragedia. Los funcionarios recibieron más dinero por hacer su trabajo. ¿Quién en este país reciben quincenas extras por cumplir con sus deberes? Ellos, los que manejan a su antojo y sin transparencia los presupuestos públicos.
Sin regla alguna, quizá atenidos a que los ministros tienen facultades para generar sus propios acuerdos, los magistrados se fueron a casa con una cuenta bancaria un poco más abultada. Hablamos de funcionarios que tienen percepciones mucho más elevadas que el promedio de los mexicanos. Hablamos de una élite que tiene prestaciones, fondos de ahorro y jubilaciones que no tienen otros mexicanos.
Los tabuladores del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial, muestra que los magistrados tienen ingresos suficientes para tener una vida holgada: salario mensual neto de 201 mil pesos y otras compensaciones nominales que representan ingresos anuales por dos millones 400 mil pesos. Entre agosto de 2009 y marzo de 2010, periodo en que realizaron la investigación del caso Guardería ABC, recibieron el extra.
¿Cuánto destino la Corte en total para realizar una investigación, cuyo contenido fue rechazado por la mayoría de los ministros? ¿De qué sirvió el derroche?
El Poder Judicial destinó casi nueve millones y medio para tratar de esclarecer el incendio que produjo la muerte de 49 niños. Derramó millones de pesos para tratar de encontrar a los responsables del siniestro. Según la información oficial, solicitada por la vía de transparencia, los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla dispusieron de boletos de avión por 429 mil 582 pesos con 73 centavos, gastos por hospedaje y viáticos por 285 mil 449 pesos con 89 centavos, servicios y costo de peritaje solicitado por los padres de las víctimas por un millón 959 mil 951 pesos con 12 centavos, materiales y equipo por 30 mil 730 pesos con 24 centavos, honorarios por un millón 595 mil 478 pesos con 16 centavos y compensaciones en general por tres millones 674 mil 766 pesos con 63 centavos.
Por supuesto, los administradores no reportaron el desglose pormenorizado de los gastos. Tampoco dieron a conocer el número de personas que colaboraron con la investigación de los magistrados. ¿Honorarios por un millón y medio? ¿Tres millones en compensaciones? Hay un uso discrecional de los recursos y datos opacos.
Los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla se habían comprometido con los padres de familia de las víctimas con una investigación que llevara el deslinde de responsabilidades. De hecho, se mostraron agradecidos porque los familiares de los niños que murieron y resultaron heridos depositaron su confianza en los encargados de la investigación. “Y ustedes lo van a corroborar cuando la SCJN emita el veredicto que debe emitir”.
Fueron millones y millones de pesos que al final no llegaron a ningún sitio. El caso de la Guardería ABC deja un mal sabor de boca entre la sociedad. Deja en la desesperanza a los padres de familia de los niños que murieron en una casa que debiera ser la más cuidada, sí la más cuidada por el IMSS. Deja en todos un mensaje de impunidad y derroche.
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